José Jorge Sonda Chavez
Expediente 796/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 796/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 18/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- José Jorge Sonda Chavez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
II-Agréguese el oficio 2483, signado por el secretario del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, con el que remite el juicio de amparo 796/2021-II-C, y la resolución celebrada en sesión de 13 de septiembre de 2023, pronunciada en el cuaderno auxiliar 21/2023-XXVII AUX. del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, relativo al amparo en revisión 311/2022, que se formó con motivo del recurso de revisión interpuesto por el quejoso, en contra de la sentencia de 28 de febrero de 2022. Los puntos resolutivos de la citada resolución, son los siguientes: "PRIMERO. Se REVOCA La sentencia recurrida. SEGUNDO. Se NIEGA la protección constitucional al quejoso JOSÉ JORGE SONDA CHÁVEZ, contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el resultando primero de esta resolución." En tal virtud, glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso interpuesto, únicamente por lo que hace a los documentos originales y acúsese el recibo de estilo correspondiente. En atención a lo anterior, hágase saber lo anterior a las partes para los fines legales procedentes, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por tanto, en virtud de que en el presente asunto se negó el amparo y protección de la justicia federal, y con fundamento en el artículo 17 fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; por tanto, se determina que el expediente es conservable, por lo que deberá mantenerse en forma íntegra, permaneciendo en el "Archivo de Trámite", por el plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. De igual forma, en observancia a lo previsto en el artículo 15 del mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado acuerdo. Una vez cumplido el plazo de tres años, previamente a la realización de la visita de inspección anual correspondiente, será transferido al "Archivo de Concentración", para su resguardo en el depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Lo anterior, previa solicitud de transferencia de este expediente al área coordinadora de archivos, tal y como lo dispone el artículo 26 del acuerdo normativo en mención, previas las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Hágase constar en la carátula del expediente principal, la leyenda "conservable", de conformidad con lo dispuesto por el cardinal 34 del citado acuerdo archivístico, para efectos de su transferencia. Ahora, de la certificación de cuenta se advierte que el presente expediente no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes. En otro aspecto, vista la certificación de cuenta se advierte que se verificó la coincidencia e identidad del expediente físico con el electrónico de este asunto, en la inteligencia que las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación generadas de la misma manera, obran en el expediente electrónico correspondiente a este asunto, no así, las recibidas electrónicamente, pues la documentación recibida por esa vía [electrónica o generada electrónicamente] constará únicamente en el expediente electrónico. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Por otra parte, toda vez que en acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable juez de Ejecución adscrita al Juzgado de Ejecución de Sentencias de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintan Roo, remitió dos tomos de pruebas y tres discos compactos, en apoyo a su informe justificado; en consecuencia, devuélvanse dichos discos a la autoridad citada, solicitándole el acuse de recibo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
II-Agréguese a los presentes autos el oficio remitido por la actuaria judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en el estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, mediante el cual transcribe el acuerdo de veintisiete de junio del año en curso, emitido en el amparo en revisión 311/2022, donde acusa recibo de las constancias remitidas para la substanciación del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veintidós e informa que se admitió a trámite. Situación de la que este órgano jurisdiccional toma debido conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
II-Visto lo de cuenta, agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por la parte quejosa, José Jorge Sonda Chávez, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Al respecto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I inciso a), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo, se dispone agregar una copia del oficio de revisión a este expediente principal y correr traslado a las demás partes con las restantes. Oportunamente y de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remítase el original de este expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en turno, con residencia en Cancún, Quintana Roo; así como del escrito de expresión de agravios para la substanciación del recurso respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.116/2004 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 12/2004-PL., de trece de agosto de dos mil cuatro, Novena Época, publicada en la página trescientos seis, Tomo XX, septiembre del dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "REVISIÓN EN AMPARO. El plazo de veinticuatro horas establecido por el primer párrafo del artículo 89 de la ley de la materia, para que el juez de distrito remita el expediente original a la suprema corte de justicia de la nación o al tribunal colegiado de circuito que corresponda, junto con el escrito de expresión de agravios y la copia para el ministerio público federal, debe computarse a partir de que aquél esté debidamente integrado". Finalmente, en atención a lo solicitado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a los Tribunales Colegiados del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, con el oficio 66/2022, de quince de febrero de dos mi veintidós, que se acordó en el cuaderno de varios de la sección de amparo de este órgano jurisdiccional, se autoriza el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, al referido representante social. En ese sentido, toda vez que previa búsqueda en el módulo de autorizados para consultar el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advirtió que el usuario "grithez", se encuentra registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 35, 36, 39, 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al citado usuario para consultar el presente expediente en línea. Hágase lo anterior del conocimiento del Analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, para que en términos del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes. Notifíquese por lista a la parte quejosa, personalmente a la parte tercero interesada y por oficios a las autoridades responsable y tercero interesada.
- Principal
II-Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Claudia Marisol Morales Hernández, en su carácter de defensora pública del aquí quejoso José Jorge Sonda Chávez, mediante el cual solicita se le reconozca el carácter de defensora pública y acceso a la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Al respecto, se reconoce el carácter con que promueve en su escrito de cuenta, toda vez que tiene reconocido la representación del aquí quejoso en la carpeta auxiliar de ejecución 13/2018, de donde deriva el acto reclamado. Por otra parte, atendiendo su solicitud de que se le dé acceso a la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, ya que no puede visualizarla de manera electrónica, se ordena a la actuaria judicial adscrita que proceda a notificarle personalmente el contenido de la referida sentencia; lo anterior, sin perjuicio de que mediante acuerdo de ocho de febrero del año en curso, se otorgó el acceso a la consulta electrónica del expediente en que se actúa y de que ya obra la constancia de notificación personal realizada al quejoso que se encuentra privado de su libertad, en la medida en que la presente decisión potencializa su acceso a la justicia. Tiene aplicación la tesis de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENAR QUE SE REALICEN TANTO A ÉSTOS EN EL CENTRO DE RECLUSIÓN RESPECTIVO, COMO A QUIEN, EN EL SUMARIO CONSTITUCIONAL, TENGA ASIGNADA SU DEFENSA (INTERPRETACIÓN PRO PERSONA DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO). Conforme a la doctrina establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la concurrencia de múltiples interpretaciones respecto de una disposición normativa, debe preferirse aquella que sea más extensiva y, especialmente, la que tienda a favorecer el acceso efectivo a la jurisdicción. Ahora bien, acorde con una directriz gramatical, en su vertiente semántica, deriva que el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo puede implicar dos escenarios: (i) uno, en el que la conjunción (o) contenida en dicho precepto, se entienda en su acepción alternativa y, por ende, quede a elección del Juez de Distrito instruir que las comunicaciones condignas se materialicen, ya sea al quejoso privado de su libertad en el lugar de internamiento correspondiente, o bien, a su defensor, representante legal o persona designada para esa finalidad; y, (ii) otro, en el que la conjunción de trato, lejos de representar una disyunción al resolutor federal, conlleve la obligación ineludible de que éste ordene su práctica, invariablemente, tanto al directo quejoso privado de su libertad como a la persona que tenga asignada su defensa, para efectos del juicio biinstancial; de ahí que a pesar de que ambas opciones interpretativas deriven de procesos hermenéuticos válidos, la exégesis que produce un mayor espectro protector al justiciable es la segunda, en la medida en que potencializa el acceso a la justicia al sujeto privado de su libertad personal, ya que con esa perspectiva se garantiza que, en todos los casos, tengan conocimiento de las determinaciones dictadas en el sumario de derechos fundamentales, la persona encargada de velar por los intereses del individuo sujeto a la rectoría de la autoridad penitenciaria, así como este último de manera directa, con lo cual, a su vez, se diluye la posibilidad de que, por un descuido o negligencia del primero, se le impida al segundo controvertir una decisión que tenga como desenlace un contexto desfavorable". Notifíquese; y personalmente a la defensora pública del quejoso.
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