José Jorge Huarte García
Expediente 202/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 202/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 04/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Jorge Huarte García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación con que se da cuenta, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que tuvo por no presentada la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible, ya que se tuvo por no presentada la demanda que le dio origen. Finalmente, devuélvanse al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada y la Desaparición Cometida por Particulares, con sede en Cuautitlán, Estado de México, las constancias que remitió, consistentes en copia certificada de diversas documentales que integran la carpeta de investigación CUA/CUA/CUA/031/049525/20/02, constantes de dos tomos.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante escrito de demanda signado por Pedro ..., se solicitó el amparo y protección de la justicia federal, a favor de José Jorge ..., en la que se señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables: Fiscal General de Justicia del Estado de México; Fiscal General de la República; Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México; y, Titular de la Guardia Nacional. Actos reclamados: La desaparición forzada de Jorge Huarte ... a partir del dieciocho de febrero de dos mil veinte, a las ocho de la mañana aproximadamente. Así, mediante acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veinte, se radicó la demanda, se concedió la suspensión de plano de los actos combatidos y se requirió a las autoridades su informe relativo, asimismo, se comisionó a los fedatarios de la adscripción a efecto de que se constituyeran en aquellos lugares en los que pudiera ser localizado el directo quejoso con la finalidad de que ratificara la demanda presentada en su favor, de igual forma, se giró exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México para el mismo efecto, sin que de dichas búsquedas se haya obtenido un resultado favorable como se advierte de autos. Ahora, es importante señalar que la figura de la desaparición forzada fue analizada en el Caso Radilla Pacheco vs. México, en sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil nueve, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuyo párrafo 140 se estableció que la caracterización pluriofensiva y continuada o permanente de la desaparición forzada se desprende no sólo de la propia definición del artículo III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, sino también de otras definiciones contenidas en diferentes instrumentos internacionales que señalan como elementos concurrentes y constitutivos de ésta: a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes estatales o por la aquiescencia de éstos; y, c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona interesada. Además, precisó que la jurisprudencia del Sistema Europeo de Derechos Humanos, al igual que varias Cortes Constitucionales de los Estados americanos y altos tribunales nacionales, coinciden con la caracterización indicada. A raíz de dicha sentencia se decidió potenciar el juicio de amparo a efecto de que éste pudiera versar sobre desaparición de personas, es así que, a las obligaciones del juzgador de amparo se sumó la de emprender una búsqueda del desaparecido haciendo uso de sus facultades judiciales. Sin embargo, no debe soslayarse que la autoridad judicial tiene la capacidad de actuar frente a una denuncia de desaparición forzada sometida vía amparo ante su potestad, cuándo estuvieren involucrados agentes estatales o al menos se presuma su participación, no así desapariciones ocasionadas por particulares o producto de ilícitos comunes, esto es, la autoridad de amparo no podrá investigar delitos del orden común como secuestros, homicidios, etcétera, pues dicha circunstancia escapa de su competencia constitucional. En el caso concreto, el promovente del amparo, a manera de antecedentes, señaló bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "como ya indiqué mi hermano JOSÉ JORGE HUARTE GARCÍA, de actividad comerciante en varios, salió de su domicilio a pasear a su mascota, aproximadamente a las ocho de la mañana del dieciocho de febrero del 2020, de su domicilio ubicado en Unidad Habitacional Hogares de casera, manzana "D", Lote 7, Número 29, Municipio de Tultitlán, Estado de México; y hasta la fecha en que estoy promoviendo esta demanda, no se sabe en donde se encuentra el citado." Así, de la narrativa de hechos planteada por el promovente, bajo la protesta de ley, no se desprende que haga referencia a la participación de agentes estatales o que haya tenido conocimiento de alguna detención o privación de libertad del desaparecido por parte de la policía o alguna otra autoridad, por lo que no establece un nexo causal entre la desaparición del directo quejoso y algún acto de autoridad. Por su parte, las autoridades señaladas como responsables Fiscal General de Justicia del Estado de México (f. 23), Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México (f. 49), Fiscal General de la República (f. 60); y Comandante de la Guardia Nacional (f. 105), al momento de rendir sus informes respecto de la suspensión de plano, negaron totalmente los actos reclamados, sin que se haya ofrecido o allegado prueba o indicio alguno que permita si quiera presumir alguna detención u orden privativa girada o ejecutada en perjuicio del directo quejoso. Igualmente, en auto de once de marzo de dos mil veinte, se requirió a diversas autoridades ministeriales a efecto de que informaran si en cualquiera de sus sedes contaban con registro alguno del directo quejoso, sin que ninguna de ellas haya otorgado una respuesta positiva (f. 280, 282, 288, 290, 298, 303 y 322). Debe recordarse que el veinticinco de febrero de dos mil veinte se recibió escrito en el que la parte quejosa informó que realizó la denuncia de hechos ante el Agente del Ministerio Público, la que correspondió conocer al Agente del Ministerio Público Cuautitlán México, adscrito a la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada y la Desaparición cometida por Particulares, con lo que se dio origen a la carpeta de investigación NUC: CUA/CUA/CUA/031/049525/20/02. De las constancias de dicha carpeta, a las cuales se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se desprende que se llevaron a cabo diversas diligencias, entre ellas: -Relato circunstanciado llevado a cabo por Alejandra Huarte Cedillo, hija del directo quejoso, del que se desprende, en esencia, que el diecinueve de febrero de dos mil veinte, su madre volvió al domicilio donde habita con José Jorge Huarte García, sin que éste se encontrara en casa, por lo que supuso que había salido a pasear al perro, sin embargo no volvió, por lo que le hicieron varias llamadas pero la mandaba a buzón, por lo que lo buscaron con familiares y en hospitales cercanos, sin obtener respuesta positiva, asimismo, que el señor se dedicaba al hogar, por lo que no trabajaba fuera. (f. 6 anexo I) -Entrevista de Angélica María Cedillo Arteaga, esposa del directo quejoso, de la que se desprende, en esencia, que el diecinueve de febrero de dos mil veinte, llegó a su domicilio aproximadamente a las catorce horas y se percató de que su esposo José Jorge Huarte García, no se encontraba, ni su perro, lo que le pareció extraño ya que su esposo acostumbra sacar a caminar al perro por la mañana, después de esperarlo comenzó a preocuparse y se comunicó con sus hijas y familiares, sin que nadie le hubiera visto, por lo que comenzaron a buscarlo en las veterinarias cercanas, con familia y con amigos, sin obtener resultados favorables (f. 7 anexo I). - Informe de Policía de Investigación de veintisiete de febrero de dos mil veinte, donde se menciona que de la revisión de las cámaras de vigilancia del C2, del municipio de Tultitlán, el dieciocho de febrero de dos mil veinte, se observa a una persona del sexo masculino bajar de un mototaxi y caminar por algunas avenidas en compañía de un perro gris, persona que fue identificada por su hija, refiriendo que se trata del desaparecido. (f. 8 anexo I) - Entrevista de Testigo César Cedillo Arteaga, de cinco de marzo de dos mil veinte, de la que se desprende que el cuñado del buscado recibió una llamada anónima en donde un masculino le informó que vio al desaparecido salir de la veterinaria MONSAR y tras él salió otro sujeto quien lo golpeó por la espalda y al momento que cayó al suelo lo pateó en la cara para posteriormente arrastrarlo y meterlo en un portón de color blanco. (f. 8 anexo I y f. 122 - 123 y 251-252 y 255 de autos) Así, si bien podría acreditase el primero de los elementos que conforman la desaparición forzada, consistente en la privación de la libertad del quejoso, en razón de que éste no fue localizado por su familia ni visto por amigos o familiares, ni regresó a su domicilio, lo cierto es que no se colman el resto de elementos, esto es, la intervención directa de agentes estatales o por la aquiescencia de éstos y, por ende, la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona interesada. Además, pese a que el quejoso haya sido privado de su libertad, dicha circunstancia no justifica la competencia constitucional con que cuenta este órgano para actuar ante una desaparición forzada, pues como se dijo, los elementos que la conforman son concurrentes, esto es, que no pueden ser considerados de manera aislada. De ahí que, en las investigaciones ministeriales no se hace alusión ni se desprende que se encuentre involucrado mandato de autoridad alguno, ni mucho menos la intervención de algún agente del estado ni la aquiescencia de éstos, ni se advierte que las autoridades se estén negando a reconocer detención alguna, por lo que es claro que no se está en presencia de una desaparición forzada, conforme a las características que de ella se han establecido. Sentado lo anterior, es importante resaltar que mediante promoción 565, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la investigación y Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada y la Desaparición Cometida por Particulares, informó que la carpeta de investigación NUC: CUA/CUA/CUA/031/049525/20/02, había sido remitida a la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Homicidios Valle de México con sede en Cuautitlán, Estado de México, esto por haber sido localizado el cuerpo sin vida del quejoso, lo que originó la diversa indagatoria NUC: ECA/FHM/FHM/034/048504/20/02, por el delito de homicidio en contra de quien resulte responsable. Ante ello, se desprende que la desaparición del directo quejoso se encuentra relacionada con delitos del orden común, los que deben ser investigados por el Ministerio Público, y no por el suscrito juzgador. Sin que ello implique que se deje en estado de indefensión a los familiares del quejoso, o víctimas indirectas del delito, pues de autos se desprende que se encuentra en curso la indagatoria correspondiente a cargo de la autoridad competente. Así, dado que resulta imposible la ratificación de la demanda por parte del directo quejoso y, además, que no existen elementos suficientes para presumir la existencia la desaparición forzada, dado que este órgano carece de facultades para investigar delitos del orden común y que de constancias se desprende que obra el acta de defunción del directo quejoso y que se han localizado sus restos mortales, debe tenerse por no presentada la demanda, pues es evidente que no compete a esta autoridad la búsqueda y localización de la persona desaparecida, sin que en el caso resulte necesario llevar a cabo el procedimiento establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo, ante la evidencia de lo acontecido.
- Principal
Con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b de la Ley de Amparo vigente procedo a notificar por lista y por lista en página electrónica al quejoso Pedro..., el auto de doce de abril de dos mil veintiuno; misma PUBLICACIÓN que aparecerá en la lista que se coloca en los estrados del juzgado de mi adscripción el día hábil siguiente al de la fecha en que se levanta la presente, y que se fija a las nueve horas del dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Doy fe. SÍNTESIS DEL AUTO DE DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO: "....Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante escrito de demanda signado por Pedro ..., se solicitó el amparo y protección de la justicia federal, a favor de José Jorge ..., en la que se señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables: Fiscal General de Justicia del Estado de México; Fiscal General de la República; Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México; y, Titular de la Guardia Nacional. Actos reclamados: La desaparición forzada de Jorge Huarte ... a partir del dieciocho de febrero de dos mil veinte, a las ocho de la mañana aproximadamente. Así, mediante acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veinte, se radicó la demanda, se concedió la suspensión de plano de los actos combatidos y se requirió a las autoridades su informe relativo, asimismo, se comisionó a los fedatarios de la adscripción a efecto de que se constituyeran en aquellos lugares en los que pudiera ser localizado el directo quejoso con la finalidad de que ratificara la demanda presentada en su favor, de igual forma, se giró exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México para el mismo efecto, sin que de dichas búsquedas se haya obtenido un resultado favorable como se advierte de autos. Ahora, es importante señalar que la figura de la desaparición forzada fue analizada en el Caso Radilla Pacheco vs. México, en sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil nueve, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuyo párrafo 140 se estableció que la caracterización pluriofensiva y continuada o permanente de la desaparición forzada se desprende no sólo de la propia definición del artículo III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, sino también de otras definiciones contenidas en diferentes instrumentos internacionales que señalan como elementos concurrentes y constitutivos de ésta: a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes estatales o por la aquiescencia de éstos; y, c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona interesada. Además, precisó que la jurisprudencia del Sistema Europeo de Derechos Humanos, al igual que varias Cortes Constitucionales de los Estados americanos y altos tribunales nacionales, coinciden con la caracterización indicada. A raíz de dicha sentencia se decidió potenciar el juicio de amparo a efecto de que éste pudiera versar sobre desaparición de personas, es así que, a las obligaciones del juzgador de amparo se sumó la de emprender una búsqueda del desaparecido haciendo uso de sus facultades judiciales. Sin embargo, no debe soslayarse que la autoridad judicial tiene la capacidad de actuar frente a una denuncia de desaparición forzada sometida vía amparo ante su potestad, cuándo estuvieren involucrados agentes estatales o al menos se presuma su participación, no así desapariciones ocasionadas por particulares o producto de ilícitos comunes, esto es, la autoridad de amparo no podrá investigar delitos del orden común como secuestros, homicidios, etcétera, pues dicha circunstancia escapa de su competencia constitucional. En el caso concreto, el promovente del amparo, a manera de antecedentes, señaló bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "como ya indiqué mi hermano JOSÉ JORGE HUARTE GARCÍA, de actividad comerciante en varios, salió de su domicilio a pasear a su mascota, aproximadamente a las ocho de la mañana del dieciocho de febrero del 2020, de su domicilio ubicado en Unidad Habitacional Hogares de casera, manzana "D", Lote 7, Número 29, Municipio de Tultitlán, Estado de México; y hasta la fecha en que estoy promoviendo esta demanda, no se sabe en donde se encuentra el citado." Así, de la narrativa de hechos planteada por el promovente, bajo la protesta de ley, no se desprende que haga referencia a la participación de agentes estatales o que haya tenido conocimiento de alguna detención o privación de libertad del desaparecido por parte de la policía o alguna otra autoridad, por lo que no establece un nexo causal entre la desaparición del directo quejoso y algún acto de autoridad. Por su parte, las autoridades señaladas como responsables Fiscal General de Justicia del Estado de México (f. 23), Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México (f. 49), Fiscal General de la República (f. 60); y Comandante de la Guardia Nacional (f. 105), al momento de rendir sus informes respecto de la suspensión de plano, negaron totalmente los actos reclamados, sin que se haya ofrecido o allegado prueba o indicio alguno que permita si quiera presumir alguna detención u orden privativa girada o ejecutada en perjuicio del directo quejoso. Igualmente, en auto de once de marzo de dos mil veinte, se requirió a diversas autoridades ministeriales a efecto de que informaran si en cualquiera de sus sedes contaban con registro alguno del directo quejoso, sin que ninguna de ellas haya otorgado una respuesta positiva (f. 280, 282, 288, 290, 298, 303 y 322). Debe recordarse que el veinticinco de febrero de dos mil veinte se recibió escrito en el que la parte quejosa informó que realizó la denuncia de hechos ante el Agente del Ministerio Público, la que correspondió conocer al Agente del Ministerio Público Cuautitlán México, adscrito a la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada y la Desaparición cometida por Particulares, con lo que se dio origen a la carpeta de investigación NUC: CUA/CUA/CUA/031/049525/20/02. De las constancias de dicha carpeta, a las cuales se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se desprende que se llevaron a cabo diversas diligencias, entre ellas: -Relato circunstanciado llevado a cabo por Alejandra Huarte Cedillo, hija del directo quejoso, del que se desprende, en esencia, que el diecinueve de febrero de dos mil veinte, su madre volvió al domicilio donde habita con José Jorge Huarte García, sin que éste se encontrara en casa, por lo que supuso que había salido a pasear al perro, sin embargo no volvió, por lo que le hicieron varias llamadas pero la mandaba a buzón, por lo que lo buscaron con familiares y en hospitales cercanos, sin obtener respuesta positiva, asimismo, que el señor se dedicaba al hogar, por lo que no trabajaba fuera. (f. 6 anexo I) -Entrevista de Angélica María Cedillo Arteaga, esposa del directo quejoso, de la que se desprende, en esencia, que el diecinueve de febrero de dos mil veinte, llegó a su domicilio aproximadamente a las catorce horas y se percató de que su esposo José Jorge Huarte García, no se encontraba, ni su perro, lo que le pareció extraño ya que su esposo acostumbra sacar a caminar al perro por la mañana, después de esperarlo comenzó a preocuparse y se comunicó con sus hijas y familiares, sin que nadie le hubiera visto, por lo que comenzaron a buscarlo en las veterinarias cercanas, con familia y con amigos, sin obtener resultados favorables (f. 7 anexo I). - Informe de Policía de Investigación de veintisiete de febrero de dos mil veinte, donde se menciona que de la revisión de las cámaras de vigilancia del C2, del municipio de Tultitlán, el dieciocho de febrero de dos mil veinte, se observa a una persona del sexo masculino bajar de un mototaxi y caminar por algunas avenidas en compañía de un perro gris, persona que fue identificada por su hija, refiriendo que se trata del desaparecido. (f. 8 anexo I) - Entrevista de Testigo César Cedillo Arteaga, de cinco de marzo de dos mil veinte, de la que se desprende que el cuñado del buscado recibió una llamada anónima en donde un masculino le informó que vio al desaparecido salir de la veterinaria MONSAR y tras él salió otro sujeto quien lo golpeó por la espalda y al momento que cayó al suelo lo pateó en la cara para posteriormente arrastrarlo y meterlo en un portón de color blanco. (f. 8 anexo I y f. 122 - 123 y 251-252 y 255 de autos) Así, si bien podría acreditase el primero de los elementos que conforman la desaparición forzada, consistente en la privación de la libertad del quejoso, en razón de que éste no fue localizado por su familia ni visto por amigos o familiares, ni regresó a su domicilio, lo cierto es que no se colman el resto de elementos, esto es, la intervención directa de agentes estatales o por la aquiescencia de éstos y, por ende, la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona interesada. Además, pese a que el quejoso haya sido privado de su libertad, dicha circunstancia no justifica la competencia constitucional con que cuenta este órgano para actuar ante una desaparición forzada, pues como se dijo, los elementos que la conforman son concurrentes, esto es, que no pueden ser considerados de manera aislada. De ahí que, en las investigaciones ministeriales no se hace alusión ni se desprende que se encuentre involucrado mandato de autoridad alguno, ni mucho menos la intervención de algún agente del estado ni la aquiescencia de éstos, ni se advierte que las autoridades se estén negando a reconocer detención alguna, por lo que es claro que no se está en presencia de una desaparición forzada, conforme a las características que de ella se han establecido. Sentado lo anterior, es importante resaltar que mediante promoción 565, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la investigación y Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada y la Desaparición Cometida por Particulares, informó que la carpeta de investigación NUC: CUA/CUA/CUA/031/049525/20/02, había sido remitida a la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Homicidios Valle de México con sede en Cuautitlán, Estado de México, esto por haber sido localizado el cuerpo sin vida del quejoso, lo que originó la diversa indagatoria NUC: ECA/FHM/FHM/034/048504/20/02, por el delito de homicidio en contra de quien resulte responsable. Ante ello, se desprende que la desaparición del directo quejoso se encuentra relacionada con delitos del orden común, los que deben ser investigados por el Ministerio Público, y no por el suscrito juzgador. Sin que ello implique que se deje en estado de indefensión a los familiares del quejoso, o víctimas indirectas del delito, pues de autos se desprende que se encuentra en curso la indagatoria correspondiente a cargo de la autoridad competente. Así, dado que resulta imposible la ratificación de la demanda por parte del directo quejoso y, además, que no existen elementos suficientes para presumir la existencia la desaparición forzada, dado que este órgano carece de facultades para investigar delitos del orden común y que de constancias se desprende que obra el acta de defunción del directo quejoso y que se han localizado sus restos mortales, debe tenerse por no presentada la demanda, pues es evidente que no compete a esta autoridad la búsqueda y localización de la persona desaparecida, sin que en el caso resulte necesario llevar a cabo el procedimiento establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo, ante la evidencia de lo acontecido..."
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por la Jefa del Departamento de Archivo de la Dirección General del Registro Civil del Estado de México, por medio del cual, en atención a lo requerido en auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, remite copia certificada del acta de defunción de José Jorge ..., en consecuencia, se tiene por cumplido el requerimiento señalado.
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