José Jorge Enrique Zárate Ramírez
Expediente 479/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 479/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- José Jorge Enrique Zárate Ramírez
Actuaciones
- Principal
P 479/2023, mesa 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. 1. Se autoriza vinculación. Agréguese el oficio firmado por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, por el cual solicita se haga disponible el expediente electrónico de este juicio de amparo; en su atención, se acuerda: Se instruye a la oficial judicial "A" de la adscripción tenga a bien hacer disponible electrónicamente este juicio de amparo a través de la plataforma del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que sea vinculado con el diverso juicio de amparo 626/2023 del juzgado remitente y realice la consulta correspondiente, durante el plazo de diez días. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de junio de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vistos los autos y tomando en consideración la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra la determinación de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, en la cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. 1.1. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. 2. Aspecto previo al archivo del expediente. Previo a establecer lo procedente sobre el archivo del expediente, comuníquese a las partes que en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, no se hace pronunciamiento respecto del archivo de los expedientes que se tramitan en los órganos del Poder Judicial de la Federación; por tanto, en relación con ese tópico, por el momento, se estará a lo previsto en a) el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y al b) "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal". 3. Publicación de los datos personales. Como la parte quejosa en este juicio de amparo no se opuso a la publicación de sus datos personales; por tanto, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución dictada en este juicio estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la resolución respectiva sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 4. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso d) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4.1. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 4.2. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del Acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será DESTRUIBLE, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda destruible. 5. Instrucción (certificación). Asimismo, se le instruye para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que en el expediente electrónico se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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Pral. 479/2023-mesa 6* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo recibida el dieciséis de mayo de este año en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnada a este Juzgado el diecisiete de mayo siguiente, promovida por ********************, por propio derecho y en su carácter de notario Público número ********************del Estado de Oaxaca, contra actos del juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, y de otras autoridades; fórmese expediente electrónico e impreso con el número ********************. 2. Precisión sobre la integración del expediente. Se precisa que lo relativo a la integración y consulta de los expedientes electrónicos se regirá por las bases establecidas en el numeral 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con las reformas previstas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós. 3. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al(la) secretario(a) de Juzgado adscrito(a), que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, a) haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que en el expediente electrónico, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, de la Ley de Amparo y el diverso numeral 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Asimismo, b) supervise el registro diario de movimientos de los expedientes a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; con las reformas del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. Al efecto, se puntualiza que la oficial judicial "A" adscrita a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. 4. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto; de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que ********************, por propio derecho y en su carácter de notario Público número ********************del Estado de Oaxaca, reclama lo siguiente: De las autoridades ordenadoras: A. Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca: La autorización para permitir, poner a la vista, facilitar y trasladar protocolos notariales fuera de la Notaria Pública número ********************del Estado de Oaxaca, a través del notario público quejoso. B. Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca: La orden de permitir, poner a la vista, facilitar y trasladar protocolos notariales fuera de la Notaria Pública número ********************del Estado de Oaxaca, a través del notario público quejoso. De las autoridades ejecutoras: C. Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones. D. Agentes Estatales de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción. E. Instituto de Servicios Periciales dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. La ejecución de esos actos. 4.1. Marco jurídico. De lo antes transcrito se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". (Transcripción) Del precepto legal citado se desprende que el juicio de amparo deviene improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, en términos de lo establecido en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo. De esta forma, es preciso distinguir lo que implica el interés jurídico e interés legítimo; al respecto, el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)." (Transcripción) De los anteriores normativos se desprende que el juicio de amparo podrá promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés jurídico) o, en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados (interés legítimo), el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Cabe mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica de la persona, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Debe entenderse que la fracción I del artículo 107 constitucional, al hacer referencia a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales, necesariamente, se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. El normativo constitucional aludido establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". (Transcripción) Entonces, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Por ello, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo; en ese tenor, como requisito de procedencia del juicio de amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. De este modo, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Importante es dejar en claro que en tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. Por tanto, es menester atender la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad que lo emite, para de este modo estar en aptitud de exigir al quejoso en el juicio de amparo que acredite fehacientemente el interés que le asista, ya sea jurídico o legítimo, y no inferirse con base en presunciones. En tratándose del interés jurídico, el quejoso estará obligado a demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el juicio de amparo intentado sea improcedente. Al respecto, resulta aplicable la tesis II.1º.23K(10a) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 35, tomo IV, octubre de 2016, página 2942, registro 2012855, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO". 4.2. Caso concreto. La parte quejosa reclama del juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, la autorización para permitir poner a la vista, facilitar y trasladar los protocolos notariales fuera de la Notaria Pública número ********************del Estado de Oaxaca, a través del notario público quejoso; en tanto que al agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca le atribuye la orden dictada para realizar dichos actos con motivo de la autorización efectuada por el juez de control ya referido; así como su ejecución a diversas autoridades. Ahora, conviene precisar que la parte quejosa en el escrito de demanda de amparo señala que los actos reclamados originan molestias en términos de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en relación a su función pública de notario, y que carece de fundamentación y motivación la orden emitida. Así, el acto reclamado y su ejecución, por su alcance y contenido natural, no encuadran en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, al no generarle una afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa. Para demostrar la actualización de esa causa de improcedencia, resulta relevante precisar que el artículo 252, fracción VI, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: ".Artículo 252. Actos de investigación que requieren autorización previa del Juez de control. Con excepción de los actos de investigación previstos en el artículo anterior, requieren de autorización previa del Juez de control todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, así como los siguientes: -- - - (.) VI. Las demás que señalen las leyes aplicables.". (Transcripción) La disposición normativa establece que existen actos de investigación que, necesariamente, requieren de la autorización del juez de Control. En ese sentido, el artículo prevé cinco hipótesis específicas y, en su fracción VI, deja abierta la posibilidad para aquéllos actos que se regulan en distintas leyes aplicables. Por su parte, los artículos 1, 2, 37, 38 y 54 de la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca disponen: "Artículo 1.- El ejercicio del Notariado en el Estado de Oaxaca es una función de orden público que compete al Estado, quien la delega a profesionales del derecho por virtud de la patente o fíat que para tal efecto expide el Titular del Poder Ejecutivo. Artículo 2.- Notario es el profesional del derecho investido de fe pública, facultado para hacer constar la autenticidad de los actos y hechos a los que por disposición de la Ley o por voluntad de los interesados, se les deba dar formalidad de carácter público. Artículo 37.- Los Notarios deberán examinar los documentos que se les presenten como antecedentes de los actos que deban autorizar e informarán a los interesados de la situación legal de los mismos. Artículo 38.- En el ejercicio de sus funciones, el Notario recibirá las confidencias de los interesados y guardará reservas sobre esas confidencias y sobre los actos pasados ante ellos. Dicha reserva no se guardará respecto de los actos y contratos que deberán ser inscritos de acuerdo con la ley, respecto de estos últimos actos y contratos, el Notario podrá informar a las personas que no habiendo intervenido en ellos, tengan algún interés legítimo debidamente comprobado a juicio del Notario, aunque dichas personas no hubieren comparecido al otorgamiento del acto respectivo. Los Notarios deben guardar secreto profesional sobre los actos de sus clientes y confidencias, estando sujetos a las disposiciones del Código Penal sobre el secreto profesional. Artículo 54.- Los Notarios no podrán negarse a la práctica de diligencias relacionadas con su protocolo, siempre que sean ordenadas por la autoridad judicial competente, mediante mandamiento fundado y motivado; estas diligencias se llevarán a efecto en la oficina del Notario y siempre en su presencia, sin que por ningún motivo pueda extraerse documento o protocolo de dicha oficina". (Transcripción) De los preceptos antes citados se aprecia, en lo sustancial, que el ejercicio del notariado es una función de orden público que compete al Estado, quien la delega a profesionales del derecho por virtud de la patente o fíat que, para tal efecto, expide el titular del Poder Ejecutivo; además, que dicho fedatario, en el ejercicio de sus funciones, recibirá las confidencias de los interesados y guardará reservas sobre esas confidencias y sobre los actos pasados ante ellos; empero, dicha reserva no se guardará respecto de los actos y contratos que deberán ser inscritos de acuerdo con la ley. Asimismo, establece que no podrá negarse a la práctica de diligencias relacionadas con su protocolo, siempre que sean ordenadas por la autoridad judicial competente, mediante mandamiento fundado y motivado. Ahora, de la correlación de ambas normativas se advierte que la autoridad judicial responsable está facultada para requerir a terceros información y documentación que obre en su poder, como en el caso, respecto de documentos e información que se encuentran a disposición de la parte quejosa en su calidad de notario público. Cabe precisar que una resolución jurisdiccional presupone la observancia de las reglas del debido proceso donde se plantea un conflicto entre las partes, en el cual éstas apoyan sus respectivas pretensiones en los derechos y excepciones previstas previamente por el legislador, lo que da lugar a que la autoridad que conoce del proceso se encuentre constreñida a hacer un estudio de la litis, sin que se requiera que ésta cumpla de manera exhaustiva con la fundamentación y motivación exigible para los actos formal y materialmente administrativos, ya que dentro el estudio que lleva a cabo la autoridad jurisdiccional no se agota en un solo acto, sino que puede estar desarrollado a lo largo de todo el procedimiento; aunado a que sus determinaciones pueden contener razonamientos que involucren disposiciones legales, aunque éstas no se citen de manera expresa en el propio acto. De modo que, se estima, la autorización que otorgó el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, al agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, para emitir la orden de poner a la vista, facilitar y trasladar protocolos notariales fuera de la Notaria Pública número ********************del Estado de Oaxaca, a través del notario público quejoso, así como su ejecución, no causan una afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior, pues el ejercicio del notariado compete originalmente al Estado, pero la delega a particulares a través de una patente, cuya naturaleza es de orden público; de tal manera que el deber de reserva y confidencialidad que, en principio, corresponde al notario público debe ceder ante el requerimiento que formule una autoridad judicial, ya que el primero de los mencionados no tiene derecho alguno sobre la información que tiene en resguardo, ya que no es su titular. En ese sentido, el requerimiento del juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, no transgrede el deber de reserva a que se refiere el numeral 38 de la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca; ya que ese tipo de actos -requerimiento-, no constituye un acto privativo de algún derecho del que sea titular la persona que encarna al notario público, pues el fin primordial es el esclarecimiento de un posible hecho que la ley señala como delito, como una obligación que emana de la propia Constitución Federal; por ello, se insiste, no causa una afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa. De ahí que cuando una autoridad jurisdiccional requiere, como en el caso, a un notario público para que proporcione información o documentación que tenga en su poder; tal requerimiento releva al fedatario público del deber de reserva y confidencialidad a que se refiere el artículo 38 de la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca; dado que de una interpretación sistemática de los artículos 38 y 54 del citado ordenamiento legal, el propio legislador dispuso que una diligencia no puede suspenderse cuando es ordenada por una autoridad judicial, como en el caso lo es el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, cumplimiento que realiza el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. Sirve de apoyo la tesis aislada XIII.2o.P.T.1 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, libro 11, marzo de 2022, tomo IV, página 3182, materia penal, del rubro: "ACTO DE INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. SU PRÁCTICA EN EL PROTOCOLO DE UN NOTARIO PÚBLICO REQUIERE DE CONTROL JUDICIAL PREVIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA)". Aunado a ello, se invocan en apoyo a lo determinado, las razones sostenidas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, al resolver el amparo en revisión ******************** (que se originó con motivo de la impugnación de la sentencia emitida en el juicio de amparo indirecto ******************** de la estadística de este órgano jurisdiccional), mismas que son coincidentes a los argumentos que ahora se exponen, pues el Tribunal determinó que la actuación en la que el quejoso de ese juicio fue requerido, como notario público, para exhibir información y documentación de un instrumento pasado ante su fe, no produce por sí sola una afectación a su esfera jurídica. 5. Desechamiento. Por lo expuesto y fundado se concluye que los actos reclamados no le irrogan a la parte quejosa un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual o en relación con su especial situación frente al orden jurídico, como lo exige el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, así como el 5°, fracción I, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, procede DESECHAR DE PLANO, por improcedente, la demanda de amparo promovida ********************, por propio derecho y en su carácter de notario Público número ********************del Estado de Oaxaca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, tomo II, libro 43, junio de 2017, página 1078, registro 2014433, del rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO". 5.2. Precisión final. No es inadvertido que la parte quejosa refiere promover la demanda de amparo "por propio derecho", sin embargo, de un análisis integral de la demanda se advierte que la afectación es directamente en su carácter de notario público, no como persona física, pues si ******************** no ostentara el cargo de notario público, no hubiera sido requerido para que exhiba los documentos que tiene bajo su resguardo como notario público. 6. Domicilio y personas autorizadas. Con apoyo en el numeral 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda; asimismo, con apoyo en el numeral 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado con las facultades amplias a ********************(cédula profesional ********************). Asimismo, con fundamente en el artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo se tiene como autorizados de la parte quejosa, únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que menciona, por así haberlo solicitado en el escrito de demanda. 7. Consulta y notificación electrónica. Con fundamento en los artículos 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado a través del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa para accesar al expediente electrónico de este juicio, con el nombre del usuario "********************", a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente. 8. Canales de comunicación alternos proporcionados. Por otro lado, no es dable tener a la parte quejosa señalando el número telefónico y correo electrónico que proporciona, para oír y recibir notificaciones, en razón que la Ley de Amparo no faculta ese medio de comunicación como una forma de realizar notificaciones en los juicios de amparo. Pese a lo anterior, se tiene ese medio para entablar comunicación no procesal, en términos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 9. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. 10. Publicación de versión pública de la sentencia. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; y que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no el acceso a la información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley avocada; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de las resoluciones que se lleguen a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión publica a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni las obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la sentencia o resolución que, en su caso, llegue a dictarse en este juicio de amparo, sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 11. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al(la) secretario(a) de guardia o al(la) actuario(a) adscrito(a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente; en el entendido que, conforme a los lineamientos establecidos en el multicitado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna; tomando en consideración que la firma electrónica da certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico. 12. Instrucción al(a) actuario(a). Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena al(la) actuario(a) de la adscripción que las notificaciones que se generen en este expediente, inmediatamente a su realización, las integre al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con el uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA (CITATORIO) Pral. 479/2023-mesa 6* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo recibida el dieciséis de mayo de este año en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnada a este Juzgado el diecisiete de mayo siguiente, promovida por ********************, por propio derecho y en su carácter de notario Público número ********************del Estado de Oaxaca, contra actos del juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, y de otras autoridades; fórmese expediente electrónico e impreso con el número ********************. 2. Precisión sobre la integración del expediente. Se precisa que lo relativo a la integración y consulta de los expedientes electrónicos se regirá por las bases establecidas en el numeral 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con las reformas previstas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós. 3. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al(la) secretario(a) de Juzgado adscrito(a), que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, a) haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que en el expediente electrónico, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, de la Ley de Amparo y el diverso numeral 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Asimismo, b) supervise el registro diario de movimientos de los expedientes a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; con las reformas del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. Al efecto, se puntualiza que la oficial judicial "A" adscrita a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. 4. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto; de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que ********************, por propio derecho y en su carácter de notario Público número ********************del Estado de Oaxaca, reclama lo siguiente: De las autoridades ordenadoras: A. Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca: La autorización para permitir, poner a la vista, facilitar y trasladar protocolos notariales fuera de la Notaria Pública número ********************del Estado de Oaxaca, a través del notario público quejoso. B. Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca: La orden de permitir, poner a la vista, facilitar y trasladar protocolos notariales fuera de la Notaria Pública número ********************del Estado de Oaxaca, a través del notario público quejoso. De las autoridades ejecutoras: C. Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones. D. Agentes Estatales de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción. E. Instituto de Servicios Periciales dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. La ejecución de esos actos. 4.1. Marco jurídico. De lo antes transcrito se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". (Transcripción) Del precepto legal citado se desprende que el juicio de amparo deviene improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, en términos de lo establecido en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo. De esta forma, es preciso distinguir lo que implica el interés jurídico e interés legítimo; al respecto, el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)." (Transcripción) De los anteriores normativos se desprende que el juicio de amparo podrá promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés jurídico) o, en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados (interés legítimo), el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Cabe mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica de la persona, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Debe entenderse que la fracción I del artículo 107 constitucional, al hacer referencia a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales, necesariamente, se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. El normativo constitucional aludido establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". (Transcripción) Entonces, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Por ello, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo; en ese tenor, como requisito de procedencia del juicio de amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. De este modo, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Importante es dejar en claro que en tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. Por tanto, es menester atender la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad que lo emite, para de este modo estar en aptitud de exigir al quejoso en el juicio de amparo que acredite fehacientemente el interés que le asista, ya sea jurídico o legítimo, y no inferirse con base en presunciones. En tratándose del interés jurídico, el quejoso estará obligado a demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el juicio de amparo intentado sea improcedente. Al respecto, resulta aplicable la tesis II.1º.23K(10a) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 35, tomo IV, octubre de 2016, página 2942, registro 2012855, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO". 4.2. Caso concreto. La parte quejosa reclama del juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, la autorización para permitir poner a la vista, facilitar y trasladar los protocolos notariales fuera de la Notaria Pública número ********************del Estado de Oaxaca, a través del notario público quejoso; en tanto que al agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca le atribuye la orden dictada para realizar dichos actos con motivo de la autorización efectuada por el juez de control ya referido; así como su ejecución a diversas autoridades. Ahora, conviene precisar que la parte quejosa en el escrito de demanda de amparo señala que los actos reclamados originan molestias en términos de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en relación a su función pública de notario, y que carece de fundamentación y motivación la orden emitida. Así, el acto reclamado y su ejecución, por su alcance y contenido natural, no encuadran en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, al no generarle una afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa. Para demostrar la actualización de esa causa de improcedencia, resulta relevante precisar que el artículo 252, fracción VI, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: ".Artículo 252. Actos de investigación que requieren autorización previa del Juez de control. Con excepción de los actos de investigación previstos en el artículo anterior, requieren de autorización previa del Juez de control todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, así como los siguientes: -- - - (.) VI. Las demás que señalen las leyes aplicables.". (Transcripción) La disposición normativa establece que existen actos de investigación que, necesariamente, requieren de la autorización del juez de Control. En ese sentido, el artículo prevé cinco hipótesis específicas y, en su fracción VI, deja abierta la posibilidad para aquéllos actos que se regulan en distintas leyes aplicables. Por su parte, los artículos 1, 2, 37, 38 y 54 de la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca disponen: "Artículo 1.- El ejercicio del Notariado en el Estado de Oaxaca es una función de orden público que compete al Estado, quien la delega a profesionales del derecho por virtud de la patente o fíat que para tal efecto expide el Titular del Poder Ejecutivo. Artículo 2.- Notario es el profesional del derecho investido de fe pública, facultado para hacer constar la autenticidad de los actos y hechos a los que por disposición de la Ley o por voluntad de los interesados, se les deba dar formalidad de carácter público. Artículo 37.- Los Notarios deberán examinar los documentos que se les presenten como antecedentes de los actos que deban autorizar e informarán a los interesados de la situación legal de los mismos. Artículo 38.- En el ejercicio de sus funciones, el Notario recibirá las confidencias de los interesados y guardará reservas sobre esas confidencias y sobre los actos pasados ante ellos. Dicha reserva no se guardará respecto de los actos y contratos que deberán ser inscritos de acuerdo con la ley, respecto de estos últimos actos y contratos, el Notario podrá informar a las personas que no habiendo intervenido en ellos, tengan algún interés legítimo debidamente comprobado a juicio del Notario, aunque dichas personas no hubieren comparecido al otorgamiento del acto respectivo. Los Notarios deben guardar secreto profesional sobre los actos de sus clientes y confidencias, estando sujetos a las disposiciones del Código Penal sobre el secreto profesional. Artículo 54.- Los Notarios no podrán negarse a la práctica de diligencias relacionadas con su protocolo, siempre que sean ordenadas por la autoridad judicial competente, mediante mandamiento fundado y motivado; estas diligencias se llevarán a efecto en la oficina del Notario y siempre en su presencia, sin que por ningún motivo pueda extraerse documento o protocolo de dicha oficina". (Transcripción) De los preceptos antes citados se aprecia, en lo sustancial, que el ejercicio del notariado es una función de orden público que compete al Estado, quien la delega a profesionales del derecho por virtud de la patente o fíat que, para tal efecto, expide el titular del Poder Ejecutivo; además, que dicho fedatario, en el ejercicio de sus funciones, recibirá las confidencias de los interesados y guardará reservas sobre esas confidencias y sobre los actos pasados ante ellos; empero, dicha reserva no se guardará respecto de los actos y contratos que deberán ser inscritos de acuerdo con la ley. Asimismo, establece que no podrá negarse a la práctica de diligencias relacionadas con su protocolo, siempre que sean ordenadas por la autoridad judicial competente, mediante mandamiento fundado y motivado. Ahora, de la correlación de ambas normativas se advierte que la autoridad judicial responsable está facultada para requerir a terceros información y documentación que obre en su poder, como en el caso, respecto de documentos e información que se encuentran a disposición de la parte quejosa en su calidad de notario público. Cabe precisar que una resolución jurisdiccional presupone la observancia de las reglas del debido proceso donde se plantea un conflicto entre las partes, en el cual éstas apoyan sus respectivas pretensiones en los derechos y excepciones previstas previamente por el legislador, lo que da lugar a que la autoridad que conoce del proceso se encuentre constreñida a hacer un estudio de la litis, sin que se requiera que ésta cumpla de manera exhaustiva con la fundamentación y motivación exigible para los actos formal y materialmente administrativos, ya que dentro el estudio que lleva a cabo la autoridad jurisdiccional no se agota en un solo acto, sino que puede estar desarrollado a lo largo de todo el procedimiento; aunado a que sus determinaciones pueden contener razonamientos que involucren disposiciones legales, aunque éstas no se citen de manera expresa en el propio acto. De modo que, se estima, la autorización que otorgó el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, al agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, para emitir la orden de poner a la vista, facilitar y trasladar protocolos notariales fuera de la Notaria Pública número ********************del Estado de Oaxaca, a través del notario público quejoso, así como su ejecución, no causan una afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior, pues el ejercicio del notariado compete originalmente al Estado, pero la delega a particulares a través de una patente, cuya naturaleza es de orden público; de tal manera que el deber de reserva y confidencialidad que, en principio, corresponde al notario público debe ceder ante el requerimiento que formule una autoridad judicial, ya que el primero de los mencionados no tiene derecho alguno sobre la información que tiene en resguardo, ya que no es su titular. En ese sentido, el requerimiento del juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, no transgrede el deber de reserva a que se refiere el numeral 38 de la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca; ya que ese tipo de actos -requerimiento-, no constituye un acto privativo de algún derecho del que sea titular la persona que encarna al notario público, pues el fin primordial es el esclarecimiento de un posible hecho que la ley señala como delito, como una obligación que emana de la propia Constitución Federal; por ello, se insiste, no causa una afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa. De ahí que cuando una autoridad jurisdiccional requiere, como en el caso, a un notario público para que proporcione información o documentación que tenga en su poder; tal requerimiento releva al fedatario público del deber de reserva y confidencialidad a que se refiere el artículo 38 de la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca; dado que de una interpretación sistemática de los artículos 38 y 54 del citado ordenamiento legal, el propio legislador dispuso que una diligencia no puede suspenderse cuando es ordenada por una autoridad judicial, como en el caso lo es el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, cumplimiento que realiza el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. Sirve de apoyo la tesis aislada XIII.2o.P.T.1 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, libro 11, marzo de 2022, tomo IV, página 3182, materia penal, del rubro: "ACTO DE INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. SU PRÁCTICA EN EL PROTOCOLO DE UN NOTARIO PÚBLICO REQUIERE DE CONTROL JUDICIAL PREVIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA)". Aunado a ello, se invocan en apoyo a lo determinado, las razones sostenidas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, al resolver el amparo en revisión ******************** (que se originó con motivo de la impugnación de la sentencia emitida en el juicio de amparo indirecto ******************** de la estadística de este órgano jurisdiccional), mismas que son coincidentes a los argumentos que ahora se exponen, pues el Tribunal determinó que la actuación en la que el quejoso de ese juicio fue requerido, como notario público, para exhibir información y documentación de un instrumento pasado ante su fe, no produce por sí sola una afectación a su esfera jurídica. 5. Desechamiento. Por lo expuesto y fundado se concluye que los actos reclamados no le irrogan a la parte quejosa un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual o en relación con su especial situación frente al orden jurídico, como lo exige el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, así como el 5°, fracción I, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, procede DESECHAR DE PLANO, por improcedente, la demanda de amparo promovida ********************, por propio derecho y en su carácter de notario Público número ********************del Estado de Oaxaca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, tomo II, libro 43, junio de 2017, página 1078, registro 2014433, del rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO". 5.2. Precisión final. No es inadvertido que la parte quejosa refiere promover la demanda de amparo "por propio derecho", sin embargo, de un análisis integral de la demanda se advierte que la afectación es directamente en su carácter de notario público, no como persona física, pues si ******************** no ostentara el cargo de notario público, no hubiera sido requerido para que exhiba los documentos que tiene bajo su resguardo como notario público. 6. Domicilio y personas autorizadas. Con apoyo en el numeral 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda; asimismo, con apoyo en el numeral 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado con las facultades amplias a ********************(cédula profesional ********************). Asimismo, con fundamente en el artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo se tiene como autorizados de la parte quejosa, únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que menciona, por así haberlo solicitado en el escrito de demanda. 7. Consulta y notificación electrónica. Con fundamento en los artículos 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado a través del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa para accesar al expediente electrónico de este juicio, con el nombre del usuario "********************", a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente. 8. Canales de comunicación alternos proporcionados. Por otro lado, no es dable tener a la parte quejosa señalando el número telefónico y correo electrónico que proporciona, para oír y recibir notificaciones, en razón que la Ley de Amparo no faculta ese medio de comunicación como una forma de realizar notificaciones en los juicios de amparo. Pese a lo anterior, se tiene ese medio para entablar comunicación no procesal, en términos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 9. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. 10. Publicación de versión pública de la sentencia. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; y que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no el acceso a la información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley avocada; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de las resoluciones que se lleguen a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión publica a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni las obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la sentencia o resolución que, en su caso, llegue a dictarse en este juicio de amparo, sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 11. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al(la) secretario(a) de guardia o al(la) actuario(a) adscrito(a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente; en el entendido que, conforme a los lineamientos establecidos en el multicitado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna; tomando en consideración que la firma electrónica da certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico. 12. Instrucción al(a) actuario(a). Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena al(la) actuario(a) de la adscripción que las notificaciones que se generen en este expediente, inmediatamente a su realización, las integre al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con el uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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