José Jorge Cuautle Torres
Expediente 1996/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1996/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/12/2019
Partes del expediente
- José Jorge Cuautle Torres
Actuaciones
- Principal
DECLARACIÓN DE ESTADO. V i s t o s los presentes autos y advirtiéndose que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido el auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el mismo, HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se desechó la demanda en el presente juicio de garantías y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción I, del Acuerdo General.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA José Jorge Cuautle Torres, EL ACUERDO DE VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con lo de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. Se tiene al Secretario del Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, remitiendo el oficio 4891/2019 de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, así como el expediente del juicio de amparo indirecto 78/2019 y tres copias del escrito de demanda acúsese el recibo correspondiente. Visto el acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, mediante la cual, el Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, remite a este Juzgado la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, por las razones que expone en el acuerdo aludido; al respecto, se provee: La suscrita se avoca al conocimiento del presente juicio de amparo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA: Vista la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, se provee: En el caso, respecto del acto reclamado consistente en "la falta de admisión de la apelación de la sentencia interlocutoria respecto de la falta de personalidad de la tercer (sic) interesada en el juicio ejecutivo mercantil número 153/2017", se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - . - - - XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. - - - Se exceptúa de lo anterior: - - - a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; - - - b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; - - - c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. - - - d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. - - - Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Así es, el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado; este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia constitucional. Lo anterior, obedece a que los procesos de impugnación tienen como finalidad el brindar una seguridad jurídica a las partes en conflicto, la cual, en el ámbito del proceso jurisdiccional, no es otra cosa que la garantía dada al individuo que acude a los órganos jurisdiccionales de que sus derechos procesales no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas protección y reparación; medida que impone la necesidad de contar con ordenamientos procesales que contemplen la existencia de instrumentos que pretendan la corrección de los actos y resoluciones judiciales, ya sea ante el mismo juez que los emitiera, o bien, ante uno de mayor jerarquía. Es aplicable la tesis jurisprudencial I.6o.C. J/37 visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Así, los elementos que integran la causal de improcedencia del juicio de amparo en estudio, son los siguientes: a). Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b). Que la ley que rige el acto reclamado conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa; c). Que ese recurso o medio de defensa se prevea dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, d). Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. Estableciendo como excepciones: 1. Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 3. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. 4. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. 5. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; supuesto en el cual, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Precisado lo anterior el referido acto reclamado es susceptible de revocarse o modificarse mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, que señala: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." Y en el caso, la no admisión del recurso de apelación respecto de la sentencia interlocutoria de la falta de personalidad, dentro del expediente 153/2017 de su índice, al tratarse de un auto que no puede ser apelable, puede ser revocado en términos de la disposición normativa en cita, y de resultar fundado, tendría el efecto de revocar o modificar la determinación reclamada. Por tanto, el mencionado recurso tuvo que agotarse antes de acudir al juicio de amparo, pues la ley reglamentaria impide el estudio de cuestiones que carezcan de definitividad. De ahí que es inconcuso que se actualizan los elementos destacados que exige la causa de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado proviene de un tribunal judicial (Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla), respecto del cual la ley aplicable prevé un medio de defensa dentro del procedimiento del cual emane el acto de autoridad (recurso de revocación), mismo que de resultar fundado se podría obtener en su caso la revocación o modificación de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 101/2001, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 43/2001-PS, visible en la página 138, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: XIV, Diciembre de 2001, que dice: "REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO 'APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.'). Una nueva reflexión sobre el tema conlleva a esta Primera Sala a apartarse de las consideraciones que al respecto sustentara la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro 'APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.', en el sentido de que en contra de un auto que no admite el recurso de apelación, dictado dentro de un procedimiento mercantil, en primera instancia, resulta improcedente el recurso de revocación. Esto es así, ya que si bien nuestro Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica, la expeditez de los procedimientos mercantiles que prevé y que contiene un sistema 'cerrado' de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil, sin que se deba acudir a la ley supletoria, o sea la procesal común; sin embargo, la celeridad de los juicios no debe interpretarse de manera tal que se limite la facultad de las partes expresamente concedida por la legislación, de ejercer el derecho a impugnar las determinaciones que considere contrarias a sus intereses, pues con ello se vulnera lo que la doctrina ha denominado como 'principio de impugnación' que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. De ahí que si el auto pronunciado en un juicio mercantil, que no admite el recurso de apelación hecho valer en contra de la sentencia de primera instancia, constituye un auto que resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo pues impide la prosecución del procedimiento, es inconcuso que de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio puede ser recurrido mediante el recurso de revocación, por la parte que le cause agravio; dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin excluir expresamente a aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación." Asimismo, la Tesis II.1o.9 C (10a.), visible en la página 2366, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Materia Común, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "APELACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL AUTO QUE NO LA ADMITE ES RECURRIBLE MEDIANTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN, POR LO QUE NO OPERA EL CASO DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD A QUE SE REFIERE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO. Aun cuando el Código de Comercio reconoce como medios de impugnación la aclaración de sentencia, la revocación, la reposición y la apelación, en términos de los artículos 1331, 1332, 1334, 1335, 1336, 1340, 1341 y 1342, ninguno de ellos señala que contra el auto que no admite la apelación proceda uno de los mencionados recursos. Por otro lado, en la jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 43/2001-PS, difundida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 279, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apartó del criterio sustentado en la tesis de rubro: 'APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.', publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo IV, Materia Civil, página 42, para pronunciarse en el sentido de que en contra de un auto dictado en primera instancia, por el que no se admite el recurso de apelación en un procedimiento mercantil, es procedente el recurso de revocación, porque si bien el Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica la expeditez de sus procedimientos, la celeridad en esos juicios no puede interpretarse de manera que se limite la facultad de las partes, expresamente concedida por dicha legislación, de ejercer su derecho a impugnar las determinaciones que puedan resultar contrarias a sus intereses pues, con ello, se vulneraría lo que la doctrina ha denominado como principio de impugnación, consistente en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. Pronunciamiento que dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 101/2001, visible en la página 138 del Tomo XIV, diciembre de 2001, materia civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: 'REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO 'APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.').", la cual resulta obligatoria, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo; en esas condiciones, como en ella se concluye que el auto que no admite el recurso de apelación en un juicio mercantil, resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo, pues impide la prosecución del procedimiento, es inconcuso que puede ser recurrido mediante la revocación, en términos del artículo 1334 del Código de Comercio; por tanto, al no existir motivo legal para no tomar en cuenta dicha jurisprudencia al momento de pronunciarse sobre la causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se concluye que, con base en ella, no opera el caso de excepción a que se refiere el último párrafo de la norma en cuestión." Aunado a que en la especie no se actualiza alguno de los supuestos de excepción para el principio de definitividad estudiado, en razón que el acto reclamado en análisis no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menos aun de incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; ni se trata de un auto de vinculación a proceso. En ese contexto, el aquí quejoso ... no tiene el carácter de tercero extraño, en virtud que de autos se desprende que es parte actora en el juicio. Consecuentemente, no procede estimar que la recurrente se encontraba en un caso de excepción al principio de definitividad, al haber estado en aptitud de interponer el recurso ordinario correspondiente, antes de acudir al juicio de garantías, a partir de que tuvo conocimiento de los actos reclamados. En las relatadas condiciones, lo procedente es desechar la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado este proveído archívese este asunto como concluido. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito de demanda. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este Juzgado, a fin de que practiquen las notificaciones que correspondan al presente juicio en la zona conurbada del lugar de residencia de este Juzgado, cuando así se requiera. SE HABILITAN DIAS Y HORAS INHABILES. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita día y hora inhábil a fin de que el Actuario Judicial adscrito lleve a cabo la notificación encomendada. DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo y en relación con los diversos 89, 90 y Sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, intégrese y tramítese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 110 y 113 de la ley en cita. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
- Principal
Agréguese los autos el oficio con anexos de cuenta, visto su contenido se provee: Téngase a la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, remitiendo copia certificada del oficio girado a la Notario Público Número 212 de la Ciudad de México y Servicio de Administración Tributaria; sin embargo, del oficio girado al Servicio de Administración Tributaria Administración Desconcentrada de Auditoria Fiscal de Puebla 2, no se advierte sello de recepción, en consecuencia, se provee: REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO. Requiérase a la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que en el término de tres días legalmente computado, remita el acuse de recibo del oficio girado al Servicio de Administración Tributaria Administración Desconcentrada de Auditoria Fiscal de Puebla 2 del que se advierta el sello de recepción, o en su caso, de la información que las autoridades le remitan en cumplimiento a los requerimiento realizados en los oficios girados y remitan las constancias que así lo acrediten. Subsistiendo el apercibimiento de multa decretado en auto de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve.
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