José Joel Martínez Montes

Expediente 322/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
322/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
29/05/2019

Partes del expediente

  • José Joel Martínez Montes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Notifíquese personalmente al quejoso.

  2. Principal

    Ciudad de México, a quince de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la diligencia actuarial de cuenta, de la que se advierte que Ivonne Vázquez Cruz aceptó el cargo conferido como defensora, para que asista al quejoso en el presente asunto; por tanto, se le tiene dando cumplimiento a lo ordenado el tres de mayo del año en curso. Asimismo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. Ahora, de la lectura integral del escrito de demanda, se aprecia que el acto reclamado es el siguiente: - La negativa verbal emitida el veintinueve de marzo del año en curso, en que personal de la oficialía de partes de la autoridad señalada como responsable se rehusó recibir el escrito signado por el quejoso (que adjuntó a la demanda). No se soslaya que el quejoso pretendió que dicho acto se analizara como una omisión; sin embargo, no constituye una abstención, sino un acto positivo, acorde con las consideraciones expuestas en la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, impresa en la página 660 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990, que establece: "ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la formula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos". Precisado lo anterior, este juzgado considera que en el caso se actualiza en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, dado que el quejoso consintió tal acto, que se insiste, tiene carácter positivo, al no haber promovido la demanda de que se trata en el plazo genérico de quince días que prevé el diverso numeral 17 de la ley reglamentaria citada. Así se estima, porque el promovente de amparo, bajo protesta de decir verdad, manifestó que tuvo conocimiento del acto reclamado, el veintinueve de marzo del año en curso, ya que expresó que ".Mi familiar, posteriormente en fecha 29 de marzo del mismo año, volvió acudir ante la autoridad responsable para insistir en la recepción de la petición.", aseveración que tiene pleno valor probatorio, acorde con el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De lo que se obtiene que, en el caso, el plazo al que se ha hecho referencia para instar la acción constitucional transcurrió del uno al veinticuatro de abril pasado, al no computar los días inhábiles, que fueron seis, siete, trece, catorce, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno del mes citado. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada el treinta de abril del presente año, es inconcuso que la acción constitucional instada es extemporánea, por lo que se concluye que la parte quejosa consintió tácitamente el acto reclamado. Sin que en el caso se actualice alguno de los casos de excepción que prevé el artículo 17 de la ley de la materia. Es aplicable dado que no se opone la legislación de la materia vigente, la jurisprudencia que aparece publicada en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2011, Tomo XXXIII, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo, por los motivos expuestos.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente al quejoso.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente al quejoso.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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