José Joel Hernández Dianda

Expediente 238/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
238/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
09/05/2022

Partes del expediente

  • José Joel Hernández Dianda

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio, que vía electrónica remite la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, mediante el cual, informa que se aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo presentada por *****************. En ese sentido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, en cumplimiento al artículo 21 inciso j) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años, contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo presentada por ********************, por su propio derecho; con fundamento en los artículos 107, fracción VII constitucional, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II y V, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 238/2022-VI. En ese sentido, dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer de la demanda de cuenta. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se pretende la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Así las cosas, en cuanto a la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo es indispensable determinar, en principio, si el acto reclamado requiere ejecución material o no, hecho lo cual, resultará aplicable alguna de las tres hipótesis competenciales referidas en el artículo 37 de la ley de la materia. En relación con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer que impone al quejoso una carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico; mientras que el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. Ahora bien, cabe destacar que en el caso concreto el quejoso reclama: - La orden de aprehensión, comparecencia y citación, dictadas en su contra y su ejecución. Señala como autoridades responsables ordenadoras a las siguientes: Juez de Oralidad Penal de la Tercera Región Sede Celaya, Guanajuato; Agente del Ministerio Público dela Unidad Especializada en Investigación de robo de vehículos de la Fiscalía Regional "C" de esta ciudad; Agente del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común de la Fiscalía Regional "C" de Celaya; Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Técnicas e Investigaciones Especializadas de la Fiscalía Especializada en Investigación de delitos de alto impacto, en Guanajuato, capital o en esta ciudad; Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Fiscalía Regional "C" en Celaya; Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Robo a casa habitación, industria y comercio de esta ciudad. Como ejecutoras en esta ciudad de Celaya. Al Coordinador Regional "C" de la Agencia de Investigación Criminal; Al Jefe de Célula de la agencia de Investigación Criminal adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Robo de vehículos de la Fiscalía Regional "C; Al Jefe de Célula adscrito a la Unidad de Investigación de Trámite Común de la Fiscalía Regional "C"; Al Jefe de Célula de la Agencia de Investigación Criminal adscrito a la Unidad Especializada en Técnicas e Investigaciones Especializadas de la Fiscalía Especializada en Investigación de delitos de alto impacto; Al Jefe de Célula adscrito a la agencia de Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Fiscalía Regional "C"; Al Jefe de Célula de la Agencia Especializada en Investigación de Robo a casa habitación, industria y comercio; En ese orden, el quejoso refiere que actualmente se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social de León, Guanajuato; atendiendo a ello, al Juez de Distrito que le corresponde conocer de la presente demanda es al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con residencia en León. Lo anterior es así, en razón de que en la ciudad de León, Guanajuato, donde se encuentra recluido el aquí quejoso, ejercen jurisdicción territorial los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, de conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo de la fracción XVI del punto cuarto del aludido Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por lo que, es evidente que el suscrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, toda vez que la orden de aprehensión reclamada tendrá ejecución fuera de la jurisdicción que ejerce este tribunal. Bajo ese contexto, este Juzgado de Distrito declara de plano su legal incompetencia, por lo que se declina la competencia al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, para los efectos del numeral 37 de la Ley de la materia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: Remitir a la autoridad aludida el expediente original 238/2022-VI, para lo que a bien tenga ordenar, con las quince copias de demanda respectivas. Solicitarle informe si acepta o no la competencia planteada; y, Formar el cuaderno de antecedentes respectivo. De igual forma, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, al contar con cédulas profesionales números ****************registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y a las demás personas que refiere, en términos de la última parte del segundo párrafo del mismo ordenamiento, al no encontrarse en ese supuesto. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,3 dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por otra parte, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita al promovente para que: I. De estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea: y, II. Proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada por ********************, por su propio derecho; con fundamento en los artículos 107, fracción VII constitucional, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II y V, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 238/2022-VI. En ese sentido, dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer de la demanda de cuenta. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se pretende la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Así las cosas, en cuanto a la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo es indispensable determinar, en principio, si el acto reclamado requiere ejecución material o no, hecho lo cual, resultará aplicable alguna de las tres hipótesis competenciales referidas en el artículo 37 de la ley de la materia. En relación con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer que impone al quejoso una carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico; mientras que el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. Ahora bien, cabe destacar que en el caso concreto el quejoso reclama: - La orden de aprehensión, comparecencia y citación, dictadas en su contra y su ejecución. Señala como autoridades responsables ordenadoras a las siguientes: Juez de Oralidad Penal de la Tercera Región Sede Celaya, Guanajuato; Agente del Ministerio Público dela Unidad Especializada en Investigación de robo de vehículos de la Fiscalía Regional "C" de esta ciudad; Agente del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común de la Fiscalía Regional "C" de Celaya; Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Técnicas e Investigaciones Especializadas de la Fiscalía Especializada en Investigación de delitos de alto impacto, en Guanajuato, capital o en esta ciudad; Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Fiscalía Regional "C" en Celaya; Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Robo a casa habitación, industria y comercio de esta ciudad. Como ejecutoras en esta ciudad de Celaya. Al Coordinador Regional "C" de la Agencia de Investigación Criminal; Al Jefe de Célula de la agencia de Investigación Criminal adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Robo de vehículos de la Fiscalía Regional "C; Al Jefe de Célula adscrito a la Unidad de Investigación de Trámite Común de la Fiscalía Regional "C"; Al Jefe de Célula de la Agencia de Investigación Criminal adscrito a la Unidad Especializada en Técnicas e Investigaciones Especializadas de la Fiscalía Especializada en Investigación de delitos de alto impacto; Al Jefe de Célula adscrito a la agencia de Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Fiscalía Regional "C"; Al Jefe de Célula de la Agencia Especializada en Investigación de Robo a casa habitación, industria y comercio; En ese orden, el quejoso refiere que actualmente se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social de León, Guanajuato; atendiendo a ello, al Juez de Distrito que le corresponde conocer de la presente demanda es al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con residencia en León. Lo anterior es así, en razón de que en la ciudad de León, Guanajuato, donde se encuentra recluido el aquí quejoso, ejercen jurisdicción territorial los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, de conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo de la fracción XVI del punto cuarto del aludido Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por lo que, es evidente que el suscrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, toda vez que la orden de aprehensión reclamada tendrá ejecución fuera de la jurisdicción que ejerce este tribunal. Bajo ese contexto, este Juzgado de Distrito declara de plano su legal incompetencia, por lo que se declina la competencia al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, para los efectos del numeral 37 de la Ley de la materia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: Remitir a la autoridad aludida el expediente original 238/2022-VI, para lo que a bien tenga ordenar, con las quince copias de demanda respectivas. Solicitarle informe si acepta o no la competencia planteada; y, Formar el cuaderno de antecedentes respectivo. De igual forma, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, al contar con cédulas profesionales números ****************registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y a las demás personas que refiere, en términos de la última parte del segundo párrafo del mismo ordenamiento, al no encontrarse en ese supuesto. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,3 dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por otra parte, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita al promovente para que: I. De estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea: y, II. Proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.

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