José Joel Fernando Arizmendi Espinoza
Expediente 622/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 622/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 24/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Joel Fernando Arizmendi Espinoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo para recurrir el auto de diecinueve de julio del año en curso, sin que se hubiese interpuesto recurso alguno. Conclusión a la que se arriba, pues atendiendo al sentido del mismo, dichas autoridades y tercero interesado carecen de legitimación para promover el recurso de revisión en su contra. Apoyan a lo anterior, las tesis 2a./J.127/20061 y XX. J/742 , de rubros: "REVISIÓN. LA AUTORIDAD QUE NIEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER AQUEL RECURSO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA." y "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ." 2. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE LA MISMA HA CAUSADO EJECUTORIA. 3. Anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes: Se solicita al Oficial Judicial "A" de este órgano jurisdiccional, encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), haga las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico que se lleva en este órgano jurisdiccional. 4. Archivo del expediente. Por lo anterior se advierte que el juicio de amparo en que se actúa, ha quedado definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, procédase al archivo definitivo del expediente. 5. Destino del expediente. Acorde a lo establecido en el capítulo sexto, en el artículo 20, fracción I), del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el presente expediente ES DESTRUIBLE. 6. Destrucción de expediente principal. Lo que así habrá de acontecer pasados tres años de dictado el presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del multicitado Acuerdo General. 7. Precisión de relevancia documental del expediente. De conformidad con el artículo 12, 14 y 15, del Acuerdo General que antecede, se hace constar que el presente expediente no es de relevancia documental, lo que deberá asentarse en la carátula, de conformidad con el numeral 35 del mencionado acuerdo. 8. Calificación del original del incidente de suspensión. Por otra parte, por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión es CONSERVABLE, en virtud de que se ubica en lo establecido en el artículo 17, fracción III), inciso b) del Acuerdo General antes aludido, toda vez que se concedió la medida cautelar dictada en el incidente de suspensión; en consecuencia, para efectos de su conservación, se determina que el incidente de suspensión no debe permanecer glosado al presente juicio. 9. Transferencia. Hecho que sea lo anterior solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Entretanto, resguárdese en el recinto archivístico de este órgano jurisdiccional (archivo reciente). Parte Tipo de notificación Quejosa Vía electrónica Autoridades responsables Oficio Fiscal Federal adscrito Vía electrónica
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecinueve de julio de dos mil veintitrés. 1. Se agrega informe. Glósese a los autos el oficio de cuenta signado en representación del Jefe de la Unidad de Atención al Derechohabiente del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de veintitrés de junio pasado. 2. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal del juicio en que se actúa, así como las constancias que lo integran y las documentales anexas al oficio de cuenta; conviene precisar que la parte quejosa señaló como acto reclamado destacado la retención del pago de su pensión y demás prestaciones que nacen junto con esta, así como son el aguinaldo, gratificación especial a burócratas pensionados, previsión social, etc. Ahora bien, al analizar la información advertida de las constancias allegadas por la autoridad responsable; y, contraponerla con la precisión del acto reclamado del apartado que antecede; se advierte que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; atinente a la cesación de efectos. Lo anterior, de conformidad con las razones de derecho y motivos de hecho que, a continuación, se exponen. i. Marco normativo [premisa legal]. En la jurisprudencia 2a./J. 10/20031 , la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que cuando una causal de improcedencia sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; pues, estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, en contravención al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el propio asunto, el Alto Tribunal explicó que las causales de improcedencia son notorias, manifiestas e indudables cuando saltan a la vista de la simple lectura de las constancias de autos; y, por más elementos de pruebas que se ofrezcan en su contra, éstas no desaparecerán. Precisado lo anterior, debe decirse que el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia2 establece la improcedencia del juicio de amparo contra un acto cuyos efectos hayan cesado, de manera que éstos no puedan incidir ya en la esfera jurídica de la parte quejosa. En su momento, bajo la vigencia de la anterior Ley de Amparo3 , la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que para que se actualizara la cesación de efectos del acto reclamado, la autoridad responsable tendría que: a. Derogar o revocar el acto reclamado, dando como resultado una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto; o, b. Sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo y reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, el Alto Tribunal consideró que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse que no sólo implica la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto. Lo anterior, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal4 . En tercer lugar, es necesario destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de inconformidad 282/2013, estableció que una nueva reflexión conducía a abandonar la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, debido a que los alcances por los que se otorgara la protección constitucional debían delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral; ello, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo5 . ii. Caso concreto [premisa fáctica]. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia mencionada, al haber cesado los efectos del acto reclamado, como se verá a continuación. Expuesto lo anterior, por escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta Ciudad, el cual fue turnado en este Juzgado de Distrito el día hábil siguiente, el quejoso **********, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de actos de la autoridad denominada como Jefe del Departamento de Pensiones, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, que hizo consistir como acto destacado en la retención del pago de su pensión y demás prestaciones que nacen junto con esta, así como son el aguinaldo, gratificación especial a burócratas pensionados, previsión social, etc. Ahora bien de las constancias que obran en copia certificada remitidas por la responsable mediante en el oficio de cuenta que se provee, documentales públicas que reviste valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme su numeral 2°?, se desprende que han cesado los efectos de la omisión reclamada, pues dejó de existir el motivo por el cual el solicitante de amparo acudió en busca de la protección constitucional, de manera tal como si se le hubiere concedido el amparo. Ello, al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley; sin que hayan sido objetadas en cuanto a su autenticidad y son aptas para demostrar la existencia -hasta antes de la fecha de presentación de la demanda de amparo que originó el presente juicio- del acto contumaz reclamado a la autoridad responsable. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número 2266 de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.". Esto es así, debido a que la autoridad remite el comprobante digital con fecha de pago el treinta de junio de dos mil veintitrés, del que se advierte el pago concerniente la pensión por jubilación del quejoso. En esa tesitura, cesaron los efectos de la omisión reclamada de manera tal como si se le hubiera concedido el amparo, puesto que la responsable realizó el pago su pensión y demás prestaciones a favor de **********. iii. Conclusión [subsunción]. Lo anterior, implica que el acto reclamado por la moral quejosa, en el presente asunto ya no le causa agravio alguno; pues, como se vio, la omisión por parte de la autoridad responsable ha dejado de existir; y, con ello, el acto derivado de aquella omisión. Lo anterior es así, porque resultaría ocioso el estudio de actos que ya no surten efectos jurídicos que amerite ser destruida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; respecto de lo cual es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 59/997 , de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.". Así como la jurisprudencia número 2ª./J.9/988 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.". 3. Decisión. En mérito de las consideraciones expuestas, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio constitucional, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, con relación a la fracción V del artículo 63, de la Ley de Amparo. 4. Efectos del sobreseimiento. A causa del sobreseimiento, este juzgado se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación y de las manifestaciones vertidas para controvertir el(los) acto(s) reclamado(s), aun de las que planteen la improcedencia del juicio de amparo. Lo anterior, en virtud de que el sobreseimiento no permite entrar al estudio de las cuestiones de fondo y porque resulta irrelevante constatar si opera o no alguna causa de improcedencia plantea, pues no cambiaría el sentido del fallo. Los referidos efectos del sobreseimiento se sustentan en las jurisprudencias sin número y número 2a./J. 54/98, ambas emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO"9 y "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSA DE IMPROCEDENCIA.10". 5. Acceso a la justicia. El hecho de que se haya decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto, en el caso no constituye una decisión que haya tenido como consecuencia que se niegue el acceso a la justicia a la parte quejosa, ni tampoco que se hayan dejado de aplicar lo previsto en los artículos 133 de la Constitución Federal, 2.1, a), 26 y 27.1, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y 8, 24, 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los criterios contenidos en la jurisprudencia nacional. Ello, debido a que el derecho de acceso a la justicia no implica necesariamente que se deba otorgar la razón a las pretensiones que se presentan ante el órgano jurisdiccional, sino únicamente implica que se le permita acceder a la jurisdicción y a la judicial, cumpliéndose con las formalidades en el juicio, tal como aconteció en el presente caso. Aunado a lo anterior, si bien la parte inconforme tiene a su favor el "acceder a un recurso sencillo y rápido que se resuelva en un plazo razonable"; ello, de ninguna manera significa que adquiere un derecho para poder soslayar los diversos requisitos procesales que se deben satisfacer. Esto es, la circunstancia de que se tenga en su favor el derecho de acceso a la impartición de justicia, no implica ni tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, como en el caso ocurre respecto de la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra del acto reclamado, pues se deben observar los requisitos necesarios y satisfacerse éstos, para que el mismo sea procedente; lo cual en el caso no ocurrió. Además, el estimar lo contrario, esto es que no deben respetarse los presupuestos procesales y que siempre debe resolverse el fondo de la cuestión planteada, en el caso equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Es aplicable en el caso, la jurisprudencia número 1a. /J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA".11 6. Inaplicabilidad de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo. El artículo 64 de la Ley de la materia señala que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, debe dar vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga. De ahí se desprende la obligación procesal a cargo de los órganos jurisdiccionales de amparo, de dar vista a la parte quejosa cuando adviertan, de oficio, que puede actualizarse una causa de improcedencia. Empero, la posibilidad de que surja tal obligación, está en función del órgano que conozca del juicio de amparo que se intente. Esto es, el propio dispositivo prevé las siguientes condiciones para estimar actualizada la obligación procesal de dar vista a la parte quejosa con una causa de improcedencia: a) Que el órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio la causa de improcedencia. b) Que esa causa no haya sido alegada por alguna de las partes. c) Que esa causa no haya sido analizada por el órgano jurisdiccional inferior. Así, de no presentarse las condiciones antes enunciadas, no será el caso de dar vista a la parte quejosa, puesto que esa obligación procesal tiene como único objetivo brindar oportunidad a la accionante de que manifieste lo que a sus intereses convenga en relación con una causa de improcedencia que el órgano de amparo estime se puede actualizar en el caso concreto y respecto de la cual no haya tenido ocasión de manifestarse. En ese sentido, se estima que las causas de improcedencia que pueden reunir tales requerimientos son únicamente las que advierta el órgano revisor en la segunda instancia del juicio de amparo indirecto. Esto es, sólo en la substanciación de la segunda instancia del juicio de amparo indirecto puede presentarse que la causa de improcedencia se advierta de oficio: a) Porque ha sido alegada por alguna de las partes (aun cuando no se estudie); b) Porque, con independencia de que se haya alegado, ha sido analizada por el órgano jurisdiccional inferior (esto es, el propio Juez de Distrito), en la primera instancia del juicio de amparo indirecto. Así, es posible advertir que en ambos casos, la parte quejosa tiene conocimiento de la causa de improcedencia, puesto que, o se ha alegado por una de las partes del juicio (aun cuando no haya sido estudiada) o se ha analizado por el juzgador (aun cuando no haya sido alegada por ninguna de las partes). En ambos casos, la parte quejosa tiene la posibilidad de plantear argumentos en contra de la causa de improcedencia, ante el órgano revisor de la primera instancia del juicio de amparo. Del mismo modo, resulta necesario destacar que la obligación procesal que impone el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, también es aplicable para el tribunal que conozca del recurso de revisión, en amparo indirecto, cuando en primera instancia no se hubiese sobreseído por inexistencia de actos y aquél considere, oficiosamente, la actualización de dicha causal de sobreseimiento prevista en el numeral 63, fracción IV, del ordenamiento legal indicado, pues ese sobreseimiento le producirá el mismo resultado adverso que el consecuente a la actualización de una causal de improcedencia, esto es, el no pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad alegada en la demanda de amparo que conlleve ordenar la restitución o reparación del respeto y disfrute del derecho humano que estime transgredido. De ahí que este juez de Distrito no tiene la obligación procesal que impone el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, de dar vista a la parte quejosa con la causa de sobreseimiento a que se hace referencia en el presente fallo. Sirve de sustento a lo anterior, las jurisprudencias emitidas por emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P./J. 4/2015 (10a.), de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES APLICABLE EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO CONTRA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA, CUANDO SE ADVIERTE DE OFICIO UNA CAUSAL DISTINTA A LA EXAMINADA POR EL JUEZ DE DISTRITO.12"; y número P./J. 51/2014 (10a.), de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO.13". 7. Audiencia constitucional. Del estado de autos, y específicamente de la certificación secretarial que antecede, se advierte que se encuentran señaladas las diez horas con del catorce de agosto de dos mil veintitrés, para el verificativo de la audiencia constitucional. No obstante, tomando en consideración que en párrafos precedentes se ha decretado el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, así como todos los requerimiento previamente efectuados. 8. Anotaciones. Visto el sentido de la presente determinación, háganse las anotaciones conducentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ("S.I.S.E."); para que se reporte puntualmente su egreso en los datos estadísticos de este órgano jurisdiccional. 9. Se solicita a Actuario entrega oportuna de oficios. Se instruye al(la) secretario(a) y al(la) oficial de trámite respectivos, para que se efectúe y corrobore, el contenido y envío inmediato de los oficios relativos. En el entendido de que la responsabilidad tanto del envío efectivo del comunicado de referencia, la veracidad de los datos que se publiquen en la lista de acuerdos, así como la correcta y oportuna notificación de este proveído y del resto de las determinaciones que se emitan en el presente asunto, recae en el(la) actuario(a) de la adscripción. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Vía electrónica Autoridades responsables Oficio Fiscal Federal adscrito Vía electrónica
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a once de julio de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que no obra en autos la constancias de notificación dirigido a la autoridad responsable señalada como responsable, en el presente juicio de amparo, a efecto de que se impongan del contenido del auto de veintitrés de junio actual, lo que implica que no se encuentran en posibilidad de dar cumplimiento al requerimiento ahí realizado. 2. Diferimiento. En consecuencia, a efecto dar margen a que se cumpla lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 22 de dicho ordenamiento legal, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo las diez horas del catorce de agosto de dos mil veintitrés. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridades responsables Lista Fiscal Federal adscrito Lista
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintinueve de junio de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que no obra en autos la constancias de notificación dirigido a la autoridad responsable señalada como responsable, en el presente juicio de amparo, a efecto de que se impongan del contenido del auto de veintitrés de junio actual, lo que implica que no se encuentran en posibilidad de dar cumplimiento al requerimiento ahí realizado. 4. Diferimiento. En consecuencia, a efecto dar margen a que se cumpla lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 22 de dicho ordenamiento legal, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo las diez horas con veinticinco minutos del once de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese a las partes de la siguiente forma:
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · 7,808 expedientes
- José Iván Moreno Zamora833/2020
- José Javier Arrechea Indart1291/2018
- José Javier Arrechea Indart11/2018
- José Javier González Martínez106/2021
- José Javier Nieto Jardón864/2015
- José Jesús Arias Villanueva920/2020
- José Jorge Castillo Alcalá769/2020
- José Jorge Reyes Gallegos1094/2022
- Jose Juan Ahumada Mata131/2018
- José Juan González Rayón1171/2018
- José Juan Jacobo Cruz662/2023
- José Juan Jiménez Vega993/2016