José Job Alvarado Teyssier

Expediente 413/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
413/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
30/04/2019

Partes del expediente

  • José Job Alvarado Teyssier
  • Director del Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Puebla

Actuaciones

  1. Principal

    Se aclara destrucción de expediente. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído del treinta y uno de enero de dos mil diecinueve se ordenó el archivo del presente cuaderno de antecedentes, por lo que se determinó su destrucción una vez transcurridos cinco años de su archivo, al considerar que encuadraba en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el punto primero, fracción XX del referido acuerdo general, se advierte que el presente cuaderno de antecedentes constituye un cuaderno auxiliar, por lo que encuadra en el supuesto previsto en el diverso punto vigésimo, fracción I del citado ordenamiento legal. Por ende, se aclara que el presente cuaderno de antecedentes debe destruirse una vez transcurridos seis meses de su archivo, lo anterior para los efectos legales correspondientes. Finalmente, toda vez que el seis de febrero de dos mil diecinueve se remitió materialmente el presente expediente al archivo de este Juzgado, hágase su devolución. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintitrés de enero del año en curso en el conflicto competencial 1/2019 de su índice, de cuyo contenido se advierte que el referido tribunal colegiado determinó que el órgano competente para conocer de la demanda de amparo promovida por *** es el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Penal en el Estado de Puebla por las razones que ahí expone; atento a lo anterior, este juzgado de distrito toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Al respecto, acúsese el recibo de estilo respectivo.  Archivo Por otra parte, toda vez que de la ejecutoria de mérito se advierte que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito determinó que el órgano competente para conocer de la demanda de amparo que dio origen al presente expediente es el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Penal en el Estado de Puebla, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente cuaderno de antecedentes, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el órgano competente para conocer de la demanda de amparo promovida por *** es el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Penal en el Estado de Puebla; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia, que establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (...)." Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de enero de dos mil diecinueve. Se plantea conflicto competencial. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por medio del cual transcribe el proveído dictado en los autos del juicio de amparo 2/2019-I-M de su índice, de cuyo contenido se advierte que se pronunció en relación con la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional y remite las constancias relativas al referido juicio de amparo, en donde obran glosados los autos originales del presente expediente. Acúsese el recibo de estilo correspondiente, debiendo realizarse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo de este Juzgado. Al respecto, debe decirse que mediante proveído del dos de enero del dos mil diecinueve, este Juzgado determinó carecer de competencia legal para conocer del asunto de que se trata, en esencia, en atención a que el acto reclamado se hizo consistir en la negativa a la solicitud del quejoso para que le sean expedidas copias de su expediente clínico, a fin de estar en aptitud de realizar los trámites tendentes a obtener la concesión de un beneficio consistente en que compurge la pena privativa de libertad en la modalidad de prisión domiciliaria; en consecuencia, este juzgado federal concluyó que tal acto está estrechamente relacionado con la ejecución de la pena que actualmente cumple el quejoso dentro del centro penitenciario donde se encuentra interno, y, por lo tanto, de conformidad con el nuevo modelo penitenciario de reinserción social corresponde conocer del asunto a un juez especializado en materia penal. Ahora, visto el oficio de cuenta, se advierte que los argumentos que, en esencia, condujeron al Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal a no aceptar la competencia planteada se hicieron consistir en que, a su decir, el acto reclamado, así como la autoridad responsable, tienen carácter eminentemente administrativo, aunado a que existe incerteza en cuanto a si en efecto el quejoso solicitará el beneficio referente a la compurgación de la pena privativa de libertad en la modalidad de prisión domiciliaria o si existe otra finalidad para la utilización de las copias de su expediente clínico, en virtud de que ninguna manifestación asegura el patente trámite de algún beneficio relacionado con la ejecución de la sentencia del quejoso. Sin embargo, a juicio de este juzgado federal, lo pertinente es insistir en la competencia planteada, en virtud de que el juzgador federal debe partir del supuesto, comprobado o no, de que todos los hechos narrados por el impetrante del amparo son ciertos, pues estos fueron manifestados bajo protesta de decir verdad. Por ende, para decidir sobre la competencia que le reviste a este órgano jurisdiccional para conocer del juicio de amparo planteado, se debe atender a las manifestaciones que formuló la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, pues son los únicos elementos con que se cuenta para resolver, los cuales por cierto constituyen una confesión expresa. En tal orden de ideas, es dable tener certeza de los siguientes elementos: 1 El quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Puebla en cumplimiento a una sentencia dictada en su contra por la comisión del delito de portación de arma de fuego, con una pena de dos años tres meses de prisión. 2 La pena comenzó a compurgarse a partir de marzo de dos mil dieciocho. 3 Que durante su internamiento ha sufrido de parálisis facial severa y problemas psiquiátricos, situaciones que obran en su expediente clínico; y, 4 Que ha solicitado en dos ocasiones se le proporcionen copias certificadas de su expediente clínico, a fin de realizar los trámites relacionados con la posibilidad de obtener la modificación de la medida de prisión por prisión domiciliaria. Por lo tanto, atendiendo a que los hechos enlistados fueron narrados, bajo protesta de decir verdad, y además que el quejoso acompañó a su demanda de amparo el oficio ST/4240/2018, por virtud del cual el Director del Centro de Reinserción Social de Puebla hizo de su conocimiento la negativa a expedirle copia certificada de su expediente clínico, es evidente que tal acto está estrechamente relacionado con la ejecución de la pena que actualmente cumple dentro del centro penitenciario donde se encuentra interno y, por lo tanto, de conformidad con el nuevo modelo penitenciario de reinserción social, le corresponde conocer del asunto a un juez especializado en materia penal. Considerar lo contrario, implicaría inobservar el criterio que al respecto ha emitido la Segunda Sala del Alto Tribunal, en cuanto a que todos los actos relacionados con la ejecución de las penas, tales como la concesión de beneficios, son de naturaleza penal, el cual establece lo siguiente: ... Aunado a lo anterior, es menester precisar que el artículo 9, fracción IX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, señala lo siguiente: Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario. Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: I. Recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en prejuicios por razón de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana; II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el Centro Penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley; III. Recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud; IV. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de esta Ley; V. Ser informada de sus derechos y deberes, desde el momento en que sea internada en el Centro, de manera que se garantice el entendimiento acerca de su situación. La información deberá ser proporcionada conforme al artículo 38 de esta Ley y a las demás disposiciones aplicables; VI. Recibir un suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal; VII. Recibir un suministro de artículos de aseo diario necesarios; VIII. Acceder al régimen de visitas en términos del artículo 59 de esta Ley; IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes; X. Toda persona privada de la libertad tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica; XI. A participar en la integración de su plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de la libertad, en el marco de las condiciones de operación del Centro Penitenciario; XII. Los demás previstos en la Constitución, Tratados y las demás disposiciones legales aplicables. Toda limitación de derechos sólo podrá imponerse cuando tenga como objetivo garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras, en su caso, la limitación se regirá por los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad. Tal como se advierte del dispositivo transcrito constituye un derecho de las personas privadas de su libertad efectuar peticiones por escrito a las instancias correspondientes. Asimismo, los artículos 24 y 25, fracción I, de la referida Ley Nacional de Ejecución Penal establecen que los Jueces de Ejecución Penal son los competentes para resolver las controversias que surjan con motivo de la aplicación de ese ordenamiento jurídico, tal como se advierte a continuación: Artículo 24. Jueces de Ejecución El Poder Judicial de la Federación y Órganos Jurisdiccionales de las entidades federativas establecerán jueces que tendrán las competencias para resolver las controversias con motivo de la aplicación de esta Ley establecidas en el Capítulo II del Título Cuarto de esta Ley. Son competentes para conocer del procedimiento de ejecución penal los jueces sic cuya circunscripción territorial se encuentre la persona privada de la libertad, independientemente de la circunscripción territorial en la que se hubiese impuesto la sanción en ejecución. Los Jueces de Ejecución tendrán la competencia y adscripción que se determine en su respectiva ley orgánica y demás disposiciones legales. La jurisdicción territorial de los Jueces de Ejecución se podrá establecer o modificar mediante acuerdos generales. Artículo 25. Competencias del Juez de Ejecución En las competencias a que se refiere el artículo anterior, el Juez de Ejecución deberá observar lo siguiente: I. Garantizar a las personas privadas de la libertad, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales, demás disposiciones legales y esta Ley; II. Garantizar que la sentencia condenatoria se ejecute en sus términos, salvaguardando la invariabilidad de la cosa juzgada con los ajustes que la presente legislación permita; III. Decretar como medidas de seguridad, la custodia de la persona privada de la libertad que llegue a padecer enfermedad mental de tipo crónico, continuo e irreversible a cargo de una institución del sector salud, representante legal o tutor, para que se le brinde atención, trato y tratamiento de tipo asilar; IV. Sustanciar y resolver los incidentes que se promuevan para lograr el cumplimiento del pago de la reparación del daño, así como los demás que se promuevan con motivo de la ejecución de sanciones penales; V. Garantizar a las personas privadas de la libertad su defensa en el procedimiento de ejecución; VI. Aplicar la ley más favorable a las personas privadas de la libertad; VII. Establecer las modalidades sobre las condiciones de supervisión establecidas para los supuestos de libertad condicionada, sustitución de penas y permisos especiales; VIII. Rehabilitar los derechos de la persona sentenciada una vez que se cumpla con el término de suspensión señalado en la sentencia, así como en los casos de indulto o en los casos de reconocimiento de inocencia; IX. Imponer los medios de apremio que procedan para hacer cumplir sus resoluciones; X. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos le confieran. De igual forma, el artículo 107 de la ley en cita, señala que las personas privadas de su libertad podrán realizar peticiones administrativas a las autoridades penitenciarias, tal como se advierte a continuación: Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." Fundamenta lo anterior, el siguiente criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: ... Sobre tales bases, se considera pertinente insistir en la incompetencia planteada en los términos expuestos, en atención a que el acto reclamado se hizo consistir en la negativa a la solicitud del quejoso para que le sean expedidas copias de su expediente clínico, a fin de estar en aptitud de realizar los trámites administrativos tendentes a obtener la concesión de un beneficio consistente en que compurge la pena privativa de libertad en la modalidad de prisión domiciliaria y, por lo tanto, es posible inferir que tal acto está estrechamente relacionado con la ejecución de la pena que actualmente cumple dentro del centro penitenciario donde se encuentra interno, por lo que de conformidad con el nuevo modelo penitenciario de reinserción social corresponde conocer del asunto a un juez especializado en materia penal. Para robustecer lo anterior, es preciso reiterar el criterio definido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 151/2011, 197/2011, 199/2011, 205/2011 y 198/2011, a través de los cuales determinó, en lo que aquí interesa, lo siguiente: En virtud de la entrada en vigor de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social, así como la judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, al ponerse de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país si la ejecución de las penas seguía bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo. Para lograr dicha transformación se reestructuró el sistema, circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, para lo cual se creó la figura de los "Jueces de ejecución de sentencias, que dependen del correspondiente Poder Judicial. Lo anterior pretende, por un lado, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, pues será en definitiva el Poder Judicial el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada en la ejecutoria y, por otro, acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones; de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la reforma constitucional, quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena y situaciones conexas. Derivado de dichas resoluciones, el Pleno del Alto Tribunal emitió las tesis jurisprudenciales P./J. 17/2012 (10a.) y P./J. 18/2012 (10a.), que establecen lo siguiente: ... A partir de ello, es posible concluir que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que corresponde conocer a los Jueces Penales de todos los actos relacionados con la ejecución de las penas, tales como la aplicación de penas alternativas a la prisión, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde deba de cumplirse una pena, así como todas las situaciones relacionadas con la modificación de la medida de prisión impuesta. Además, es importante hacer notar que aun cuando se estimara que el acto reclamado pudiera guardar cierta conexión con la materia administrativa, en virtud de que la autoridad penitenciaria determinó negar la expedición de las constancias solicitadas dado el carácter confidencial que tienen, en términos del artículo 15 del Reglamento de los Centros de Reinserción Social para el Estado de Puebla, lo cierto es que la solicitud entraña cuestiones relacionadas con la materia penal y, por lo tanto, el órgano jurisdiccional competente es el especializado en esa materia, pues su resolución no implica que sólo se abordarán aspectos relativos al acceso a la información o las limitaciones que al respecto pueden determinarse, sino que también debe resolverse si la información fue completa y congruente, así como si las reservas fueron fundadas y motivadas, entre otras cuestiones relacionadas con la materia especializada. A este respecto, resulta ilustrativo el siguiente criterio jurisprudencial de la Segunda Sala del Alto Tribunal: ... Razón actuarial. Finalmente, vista la razón actuarial que antecede, se advierten los motivos por los cuales el Fedatario Judicial adscrito a este Juzgado no le fue posible notificar a la parte quejosa el auto de dos de los actuales en el domicilio que indicó para tal efecto. Ahora, no se soslaya que en el presente asunto, la parte quejosa se ubica en la hipótesis prevista por el artículo 26, fracción I, inciso a), esto es, que se encuentra privado de su libertad personal; sin embargo, en su escrito de demanda de amparo señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, mismo que resultó inexacto, tal como se advierte de la razón actuarial de cuenta; por lo tanto, tomando en consideración que el autorizado de la parte quejosa acudió al local que ocupa este órgano jurisdiccional a notificarse personalmente del proveído dictado el dos de enero de dos mil diecinueve (foja 24 del cuaderno de antecedentes) y a la inexactitud del domicilio señalado, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la citada parte el presente proveído, así como las subsecuentes determinaciones que deban hacerse de manera personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de enero de dos mil diecinueve. Incompetencia por razón de la materia. Vista la demanda de amparo promovida por **************, por propio derecho contra actos del Director y de la Jefa de Servicio Médico, ambos del Centro de Reinserción Social de Puebla, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 413/2018-IV. Parte quejosa. ***************. Autoridad(es) responsable(s): Director del Centro de Reinserción Social de Puebla y otra. Acto(s) reclamado(s). El oficio ST/4240/2018 suscrito por el Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, mediante el cual hace del conocimiento del quejoso la negativa a la solicitud de expedición de copias de su expediente clínico. Presupuesto procesal de competencia. La competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento. Las reglas de competencia de los Jueces de Distrito se encuentran en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo se analiza la competencia legal para conocer del asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. En efecto, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes, ya que no solamente es declarativa sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, ya que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación implicaría la reposición del procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia. Ahora bien, para que un juez tenga competencia respecto de un asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, la vía y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: **** En el caso concreto, este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ******, por razón de materia. Lo anterior, en virtud de que del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa precisó como acto reclamado destacado el siguiente: la negativa a mi solicitud de expedición de copias del expediente clínico del suscrito. Asimismo, en diversos apartados de su demanda, el quejoso refirió que tal solicitud tenía como propósito poder realizar trámites administrativos relacionados con la posibilidad de realizar la modificación de la medida de prisión que tengo actualmente por prisión domiciliaria, razón por la cual he solicitado en dos ocasiones que se me proporcionen copias certificadas del expediente clínico del suscrito, con el objeto de realizar los trámites administrativos respectivos. Ahora, para fijar la competencia de los jueces de distrito, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece diversas reglas. En relación al criterio de la materia se hace referencia a los asuntos según cada especialización, y así se indican los concernientes a los jueces federales penales (artículos 50 a 50 ter); jueces de distrito especializados para adolescentes (artículo 50 quater); jueces de distrito de amparo en materia penal (artículo 51); jueces de distrito en materia administrativa (artículo 52); jueces de distrito civiles federales (artículo 53); jueces de distrito mercantiles federales (artículo 53 bis); jueces de distrito de amparo en materia civil (artículo 54) y jueces de distrito en materia de trabajo (artículo 55). Asimismo, se establece que los jueces de distrito sin jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos de ese capítulo sobre las atribuciones de los jueces de distrito (artículo 48), supuesto en el cual quedan comprendidos los jueces de distrito de jurisdicción mixta o sin especialización; quienes, por tanto, tienen competencia para conocer de los asuntos, con independencia de la materia a la cual se refieran. En ese contexto, el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece diversas reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito en materia administrativa en los siguientes términos: *** En el caso concreto, no se actualiza ninguno de los supuestos a que alude el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece las reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito en materia administrativa. Ello es así, en virtud de que de conformidad con el nuevo modelo penitenciario de reinserción social corresponde conocer del presente asunto a un juez especializado en materia penal. Para demostrar tal aserto, es preciso traer a colación el criterio definido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 151/2011, 197/2011, 199/2011, 205/2011 y 198/2011, a través de los cuales determinó, en lo que aquí interesa, lo siguiente: En virtud de la entrada en vigor de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social, así como la judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, al ponerse de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país si la ejecución de las penas seguía bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo. Para lograr dicha transformación se reestructuró el sistema, circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, para lo cual se creó la figura de los "Jueces de ejecución de sentencias", que dependen del correspondiente Poder Judicial. Lo anterior pretende, por un lado, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, pues será en definitiva el Poder Judicial el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada en la ejecutoria y, por otro, acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones; de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la reforma constitucional, quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena y situaciones conexas. ***** Asimismo, es importante referir que al resolver el conflicto competencial 73/2017, la Segunda Sala determinó, en lo que interesa, que no corresponde a las autoridades administrativas el supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, sino a las autoridades judiciales y, en particular, a los Jueces de Ejecución en Materia Penal, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan acontecer; así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Derivado de esa resolución, la Segunda Sala del Alto Tribunal emitió la siguiente tesis aislada: ******* En razón de lo anterior, este juzgado federal concluye que si el acto reclamado se hizo consistir en la negativa a la solicitud del quejoso para que le sean expedidas copias de su expediente clínico, a fin de estar en aptitud de realizar los trámites administrativos tendentes a obtener la concesión de un beneficio consistente en que compurge la pena privativa de libertad en la modalidad de prisión domiciliaria, es posible inferir que tal acto está estrechamente relacionado con la ejecución de la pena que actualmente cumple dentro del centro penitenciario donde se encuentra interno, y, por lo tanto, de conformidad con el nuevo modelo penitenciario de reinserción social corresponde conocer del asunto a un juez especializado en materia penal. No obsta a lo anterior el hecho de que las autoridades responsables tengan una naturaleza formalmente administrativa porque, como se ha dicho con anterioridad, al derivar los actos de un procedimiento penal éste es el criterio determinante para adscribirlo a esa materia, tal como lo han sostenido los criterios a que se ha hecho referencia. Es pertinente puntualizar que este órgano jurisdiccional no desconoce el criterio jurisprudencial 1a./J. 43/2008; sin embargo, dado que actualmente no persiste el contexto constitucional bajo el cual fue sostenido dicho criterio, es posible concluir que ha quedado sin efectos, pues fue emitido en fecha previa a la entrada en vigor de la reforma constitucional publicada el 18 de junio de 2008, la cual significó un cambio sustancial, en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción social del sentenciado a la sociedad y los eventos que acontezcan durante el cumplimiento de las penas, sino que ello corresponde a las autoridades judiciales, en particular, a los jueces de ejecución en materia penal; de ahí su inaplicabilidad al caso concreto. En tales condiciones, este juzgado estima carecer de competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo promovido por *************; en consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme, se ordena remitir la demanda con sus copias respectivas al Juez de Distrito en Materia de Amparo Penal en el Estado de Puebla, en turno, a quien se estima competente para conocer de la misma, por los motivos apuntados con anterioridad; solicitándole el acuse de recibo correspondiente y, en su caso, informe si acepta o no la competencia planteada. No procede suspender el acto reclamado. El artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, establece que cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En la especie, se declina la competencia sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión, porque no se reclama alguno de los actos de excepción. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Autorizado(s). Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *************, dado que tiene su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Por otro lado, dado que no fue posible constatar si ***********, ******* y *********** tienen sus cédulas registradas en el aludido sistema, pues la parte quejosa fue omisa en proporcionar los números de registro correspondientes, únicamente se les autoriza para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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