José Joaquin Marron Cajiga

Expediente 29/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
29/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
02/03/2017

Partes del expediente

  • José Joaquin Marron Cajiga

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de ocho de febrero del presente año, en el que sobreseyó fuera de audiencia el juicio promovido por ******** representante legal de *******, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Supremo Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordene su archivo, puesto que en el expediente principal se dictó resolución en la que se sobreseyó en el juicio. Se dejan a disposición de la parte quejosa los documentos originales que anexo a su demanda de amparo, a efecto de que se sirva recógelos, de lo contrario serán destruidos junto con expediente en el que se actúa.

  2. Principal

    Agréguese el oficio signado por la Titular de la Unidad Jurídica, de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, mediante el cual rinde informe justificado de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tiene ofreciendo como pruebas las presuncionales legal y humana, instrumental de actuaciones, así como la documental consistente en copia certificada del oficio número ***, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis y su respectiva notificación, realizada el treinta de enero de la presente anualidad, las cuales se tienen por desahogadas dada su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. Se le tiene señalando como domicilio, el que indica y como delegados en términos del artículo 9 de la ley de Amparo, a las personas que menciona. Ahora bien, el acto reclamado en el presente juicio de amparo, es la omisión de notificar la resolución como respuesta a la solicitud de prórroga, respecto del título de concesión número ***, misma que fue recibida bajo solicitud de tramite ****. En esas condiciones, de las manifestaciones esgrimidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, bajo protesta de decir verdad y de las documentales que acompaña a dicho ocurso en copia simple, se desprende que: 1.- El quince de agosto de dos mil dieciséis, *******-quejoso-, presentó ante la Dirección Local Guanajuato, solicitud de prórroga del título de concesión número ***, la que quedó registrada bajo la solicitud ***. 2.- Que el ahora quejoso designó como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ******Celaya, Guanajuato. Por otra parte, la autoridad responsable al rendir su informe justificado, acompañó copia certificada del oficio ***, que contiene la resolución positiva de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, el citatorio de veintisiete de enero de dos mil diecisiete y el acta de notificación de treinta siguiente, de las que se advierte: Que a la fecha en que fue emplazada al presente juicio, ya había resuelto de manera definitiva la solicitud de que se trata, es decir, la presentada el quince de agosto de dos mil dieciséis, bajo el número de expediente ***Que emitió el oficio ***de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, el cual fue notificado el treinta de enero de dos mil diecisiete, por el cual declaró procedente la petición de referencia, dando con esto respuesta a lo solicitado, y notificando lo anterior en el domicilio señalado para tal efecto. De la resolución referida en el inciso anterior, se hace importante destacar los puntos siguientes: Que la misma deriva del expediente ***de quince de agosto de dos mil dieciséis. Que se declaró procedente autorizar la prórroga de la vigencia del título de concesión ***, así como la modificación administrativa del título antes mencionado En ese sentido, se advierte que las constancias exhibidas por la autoridad responsable que guardan identidad con la solicitud referida por el quejoso en su demanda inicial, además concuerda con el tipo de solicitud, folio, fecha, predio y autoridad ante la que se presentó. Atento a lo anterior, en el caso, se materializa la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.).". Del precepto antes transcrito, se desprende la posibilidad de que, cuando el acto combatido haya desaparecido, el objeto del amparo carece de finalidad, ya sea cuando se revoque el acto reclamado o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio origen al juicio de amparo, y que atento a tal situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho humano violado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 731 del Tomo LXXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos.". Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación u omisión en que incurrió, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Ahora en el presente asunto del estudio integral de la demanda de amparo, se tiene que el quejoso reclama de la directora Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, la falta de respuesta a solicitud de prórroga, respecto del título de concesión número ***, mismo que fue recibida bajo solicitud de tramite ***. Entonces si de autos se advierte que la responsable ya atendió la promoción presentada el quince de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio número ***, y la hizo del conocimiento del promovente mediante el citatorio de veintisiete de enero de dos mil diecisiete y el acta de notificación de treinta siguiente, en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones ***, en esta ciudad; resulta inconcuso que en el presente se actualiza la causal de improcedencia planteada. Es decir, en la especie cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que todos los efectos y consecuencias del acto reclamado quedaron totalmente destruidos en el juicio natural, puesto que la autoridad responsable al dio contestación a su solicitud y notificó dicha resolución en el domicilio señalado para ese efecto, con lo que desaparece así perjuicio alguno en la esfera jurídica del quejoso, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, es decir, como si dichos actos no hubieren invadido la esfera jurídica del mismo, por dejar de existir la afectación de que se dolía. En esas condiciones, es evidente que se actualiza plenamente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, y, por ende, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63 fracción V, de la propia ley de la materia. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Por tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. Comuníquese el presente proveído a la autoridad responsable y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIEICISTE, MISMO QUE A LA LERA DICE: Agréguese el oficio signado por la Titular de la Unidad Jurídica, de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, mediante el cual rinde informe justificado de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tiene ofreciendo como pruebas las presuncionales legal y humana, instrumental de actuaciones, así como la documental consistente en copia certificada del oficio número ***, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis y su respectiva notificación, realizada el treinta de enero de la presente anualidad, las cuales se tienen por desahogadas dada su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. Se le tiene señalando como domicilio, el que indica y como delegados en términos del artículo 9 de la ley de Amparo, a las personas que menciona. Ahora bien, el acto reclamado en el presente juicio de amparo, es la omisión de notificar la resolución como respuesta a la solicitud de prórroga, respecto del título de concesión número ***, misma que fue recibida bajo solicitud de tramite ****. En esas condiciones, de las manifestaciones esgrimidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, bajo protesta de decir verdad y de las documentales que acompaña a dicho ocurso en copia simple, se desprende que: 1.- El quince de agosto de dos mil dieciséis, *******-quejoso-, presentó ante la Dirección Local Guanajuato, solicitud de prórroga del título de concesión número ***, la que quedó registrada bajo la solicitud ***. 2.- Que el ahora quejoso designó como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ******Celaya, Guanajuato. Por otra parte, la autoridad responsable al rendir su informe justificado, acompañó copia certificada del oficio ***, que contiene la resolución positiva de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, el citatorio de veintisiete de enero de dos mil diecisiete y el acta de notificación de treinta siguiente, de las que se advierte: Que a la fecha en que fue emplazada al presente juicio, ya había resuelto de manera definitiva la solicitud de que se trata, es decir, la presentada el quince de agosto de dos mil dieciséis, bajo el número de expediente ***Que emitió el oficio ***de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, el cual fue notificado el treinta de enero de dos mil diecisiete, por el cual declaró procedente la petición de referencia, dando con esto respuesta a lo solicitado, y notificando lo anterior en el domicilio señalado para tal efecto. De la resolución referida en el inciso anterior, se hace importante destacar los puntos siguientes: Que la misma deriva del expediente ***de quince de agosto de dos mil dieciséis. Que se declaró procedente autorizar la prórroga de la vigencia del título de concesión ***, así como la modificación administrativa del título antes mencionado En ese sentido, se advierte que las constancias exhibidas por la autoridad responsable que guardan identidad con la solicitud referida por el quejoso en su demanda inicial, además concuerda con el tipo de solicitud, folio, fecha, predio y autoridad ante la que se presentó. Atento a lo anterior, en el caso, se materializa la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.).". Del precepto antes transcrito, se desprende la posibilidad de que, cuando el acto combatido haya desaparecido, el objeto del amparo carece de finalidad, ya sea cuando se revoque el acto reclamado o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio origen al juicio de amparo, y que atento a tal situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho humano violado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 731 del Tomo LXXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos.". Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación u omisión en que incurrió, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Ahora en el presente asunto del estudio integral de la demanda de amparo, se tiene que el quejoso reclama de la directora Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, la falta de respuesta a solicitud de prórroga, respecto del título de concesión número ***, mismo que fue recibida bajo solicitud de tramite ***. Entonces si de autos se advierte que la responsable ya atendió la promoción presentada el quince de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio número ***, y la hizo del conocimiento del promovente mediante el citatorio de veintisiete de enero de dos mil diecisiete y el acta de notificación de treinta siguiente, en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones ***, en esta ciudad; resulta inconcuso que en el presente se actualiza la causal de improcedencia planteada. Es decir, en la especie cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que todos los efectos y consecuencias del acto reclamado quedaron totalmente destruidos en el juicio natural, puesto que la autoridad responsable al dio contestación a su solicitud y notificó dicha resolución en el domicilio señalado para ese efecto, con lo que desaparece así perjuicio alguno en la esfera jurídica del quejoso, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, es decir, como si dichos actos no hubieren invadido la esfera jurídica del mismo, por dejar de existir la afectación de que se dolía. En esas condiciones, es evidente que se actualiza plenamente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, y, por ende, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63 fracción V, de la propia ley de la materia. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Por tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. Comuníquese el presente proveído a la autoridad responsable y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo signada por ***********, en su carácter de representante legal del ***********, personalidad que acredita copia certificada en términos del Poder Notarial número trece mil quinientos setenta y dos, contra actos del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua; fórmese cuaderno de amparo, bajo el registro número 29/2017. Con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite. Dese la intervención que corresponda al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. Pídase a la responsable su informe con justificación, con el que deberá remitir, en su caso, copia certificada legible de las constancias que tomó en cuenta para emitir el acto reclamado, lo que deberá hacer dentro del término de quince días, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada cien días, en términos a lo dispuesto por el artículo 237, fracción I de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en la sentencia que resuelva el presente juicio, conforme a lo dispuesto por los artículos 117, 238, 251 260, fracción II, del ordenamiento legal invocado. Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión, toda vez que no fue solicitado. Se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, para llevar a cabo la audiencia constitucional. Con fundamento en el ordinal 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional, apercibidas que de no hacerlo así, se les impondrá una multa acorde a lo establecido en el numeral 251 de la ley en cita. En relación con las pruebas documentales que exhibe consistente en acuse de recibo de la solicitud número ****, respecto del trámite de prórroga del título de concesión número ****, presuncional legal y humana, así como instrumental de actuaciones, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se admiten y se tienen por desahogadas dada su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación, de ellas al celebrarse la audiencia constitucional Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos, número 510 Oriente, Departamento 2, Colonia el Vergel, en esta ciudad; asimismo, se le tiene autorizando únicamente para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos a José Antonio Nieto Lemus, toda vez que así lo solicita. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las diligencias encomendadas en el presente juicio.

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