José Joaquin Maldonado Mota
Expediente 69/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 69/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Joaquin Maldonado Mota
Actuaciones
- Principal
Vista la constancia levantada por la actuaria adscrita a este Juzgado, se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar al quejoso ****************, el proveído de veintinueve de marzo del año en curso, por las razones que ahí expone; en consecuencia, se ordena realizar la citada notificación y las subsecuentes por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por la fracción III, inciso a) del artículo 27 de la Ley de Amparo. POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ************, por su propio derecho contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero Penal de Partido, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el número 69/2021-IV. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas como se realiza la mencionada afectación. De ahí que conforme al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, es quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual y colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de la materia, y con ello se producirá una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Como puede advertirse, los anteriores conceptos implican la idea de que el acto reclamado, por regla, debe existir al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues solo en ese caso se estaría frente a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica concreta, susceptible de generar una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, cuyo remedio se persigue mediante el juicio de amparo. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. Ahora bien, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que la parte quejosa señaló como acto reclamado: DEL DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL PREVENTIVO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CELAYA, GUANAJUATO Y DEL JUEZ PRIMERO PENAL DE PARTIDO JUDICIAL DE CELAYA, GUANAJUATO (Sistema tradicional) SE RECLAMA: DEL PRIMERO LA INMINENTE ORDEN O SOLICITUD, Y DEL SEGUNDO LA AUTORIZACIÓN DE TRASLADO DEL CENTRO ESTATAL PREVENTIVO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CELAYA, GUANAJUATO, A UNO DIVERSO" Asimismo, del capítulo atinente a los antecedentes de los actos reclamados se advierte que el peticionario del amparo narró bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 2.- Es el caso, que en fecha de 20 Veinte de Enero del año 2020 Dos mil veinte, aproximadamente a las 20:00 veinte horas, en el patio que es en donde me encuentro interno en el interior del CENTRO ESTATL PREVENTIVO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CELAYA, GUANAJUATO, me percate que los custodios adscritos al centro, con un funcionario trabajador del mismo Ceprereso de Celaya, que al parecer pertenece al departamento jurídico, y quien les iba voceando los nombre de los compañeros internos, fueron por diversos internos en el mismo patio referido, y les dijeron que tomaran sus pertenencias porque los iban a trasladar de Ceprereso a uno diverso; sin mencionar a cuál en específico, y los internos preguntaban "¿A cuál?" y les decían que a varios, y que ya les iban a notificar. Por lo que una vez terminadas varias acciones se los llevaron; PERO ES EL CASO, QUE LA PERSONA QUE MENCIONÉ Y QUE ES UN FUNCIONARIO TRABAJADOR DEL MISMO CEPRERESO DE CELAYA QUE AL PARECER PERTENECE AL DEPARTAMENTO JURIDICO, ME DIJO ENCONTRANDOME EN EL PATIO QUE ES MUY PEQUEÑO, "TU TE SALVASTE HOY MOTA, PERO YA ÉSTAS PROGRAMADO PARA LA SIGUIENTE SEMANA" Y YO LE ADUJE "YO POR QUÉ, SI TODAVIA NI ME DICTAN SENTENCIA", Y EL MISMO FUNCIONARIO ME DIJO "POR PELIGROSO Y MAL PORTADO Y LO DE LA SENTENCIA VALE MADRE"; dicho funcionario era un varón de aproximadamente 35 años, complexión delgada, moreno claro, de estatura 164 centímetros aproximadamente, ojos cafés. 3.- Dicha manifestación verbal del funcionario del Ceprereso de Celaya que no identifico por nombre, es el dato objetivo para inferir el inminente traslado de mi persona a alguno de los CENTROS PENINTENCIARIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 4.- Y la violación especifica que se contempla con el traslado inminente que constituye el acto reclamado, es la falta de motivación consistente en un estudio criminológico que determine de idoneidad de trasladarme a algún centro diverso al del lugar en donde se encuentra mi proceso." (SIC)." De esto, se desprende que el traslado a otro reclusorio, que dice el quejoso, es un acto futuro e incierto contra el cual, es improcedente el juicio de amparo intentado, pues no se tiene la certeza de dicho acto. Y es que no debe perderse de vista que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo procede contra actos no existentes aún, pero de cuya realización se tenga plena certeza, por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados. Consideración que se robustece en atención a que la parte quejosa no señala de manera específica y concreta el oficio o resolución por el cual efectivamente, habrá de ser trasladado a otro reclusorio. Lo que en el caso no sucede, pues la circunstancia de que el quejoso mencione que "UN FUNCIONARIO TRABAJADOR DEL MISMO CEPRERESO DE CELAYA, QUE AL PARECER PERTENECE AL DEPARTAMENTO JURÍDICO, ME DIJO ENCONTRANDOME EN EL PATIO QUE ES MUY PEQUEÑO, "TU TE SALVASTE HOY MOTA, PERO YA ESTÁS PROGRAMADO PARA LA SIGUIENTE SEMANA", ello no implica que las autoridades que señala como responsables hayan girado alguna orden para ser trasladado a otro reclusorio. De ahí que se considere dicho acto reclamado como futuro de realización eventual, pues no existe dato alguno que genere la certeza clara y fundada de que los actos impugnados puedan llegar a existir. En otras palabras, dados los antecedentes narrados por el quejoso no se advierte la ineludible emisión de dicha orden, pues no señala ningún dato que objetivamente revele su existencia. Lo antes expuesto se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 1384, Tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que es del rubro y tenor literal siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables." Debe decirse que este juzgador no soslaya la jurisprudencia 1ª./J.25/2003, de la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO E INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRAMITE."; sin embargo, se estima que la misma no es aplicable. Esto se afirma, en virtud que en el presente caso este Juzgador se encuentra en condiciones de determinar racionalmente que no existen indicios objetivos en el sentido de que las responsables hayan ordenado la realización del acto reclamado o que están a punto de hacerlo, y por el contrario, la demanda descansa en meras suposiciones sin sustento fáctico, puesto que el propio quejoso manifestó que acude a esta instancia constitucional porque "UN FUNCIONARIO TRABAJADOR DEL MISMO CEPRERESO DE CELAYA, QUE AL PARECER PERTENECE AL DEPARTAMENTO JURÍDICO, ME DIJO ENCONTRANDOME EN EL PATIO QUE ES MUY PEQUEÑO, "TU TE SALVASTE HOY MOTA, PERO YA ESTÁS PROGRAMADO PARA LA SIGUIENTE SEMANA", manifestación de la cual no puede saberse con exactitud si es inminente o llegará a materializarse. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 1°, fracción I, de la ley de la materia, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En otro contexto, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo. En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea: y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.
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