José Jimenez Vargas
Expediente 618/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 618/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/01/2019
Partes del expediente
- José Jimenez Vargas
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, tres de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que ha transcurrido el termino de cinco días hábiles que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente, recurriera el proveído de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo, por lo que con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese
- Principal
Ensenada, Baja California, tres de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que ha transcurrido el termino de cinco días hábiles que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente, recurriera el proveído de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo, por lo que con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese
- Principal
Ensenada, Baja California, veinte de diciembre de dos mil dieciocho. Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda la constancia de cuenta, de la que se advierte que a la actuaria de este juzgado no le fue posible notificar personalmente al promovente de la demanda José Jiménez Vargas, el acuerdo de dieciocho de diciembre de esta anualidad, por los motivos expuestos en la misma; en tal virtud, notifíquesele por lista en los estrados de este juzgado el citado auto y las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto, señale domicilio para ese efecto, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firmó Miguel León Bio, juez Noveno de Distrito en el estado de
- Principal
En cumplimiento a lo ordenado en auto de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, el proveido de dieciocho de diciembre, así como el diverso de veinte de diciembre, ambos del año en curso,mismos que en lo conducente dicen: Ensenada, Baja California, dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta signado por José Jiménez Vargas, por su propio derecho y en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano"; se procede al análisis de la demanda de amparo promovida por José Jiménez Vargas, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 45, con sede en esta ciudad. Asimismo, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1º, fracción I, ambos de la ley de la materia, es obligación de este juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto u omisión reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa impugna como uno de los actos reclamados en esta vía constitucional, lo siguiente: ? El auto de fecha ocho de noviembre de dos mi dieciocho, dictado dentro del juicio agrario con número de registro 179/2016. Ahora bien, por la conclusión a la que se llegará, es menester destacar que el artículo 107 de la Carta Magna, establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". Por su parte, el diverso numeral 107, de la Ley de Amparo, en su fracción V, clarifica cuáles son los actos de imposible reparación, contra los cuales procede el juicio de garantías: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la constitución y los Tratados Internacionales. Sobre el tópico que nos ocupa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida dentro de la contradicción de tesis 377/2013, determinó que conforme a la Ley de Amparo vigente, los actos de ejecución irreparable únicamente lo son aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales, sin posibilidad de considerar dentro de ese concepto actos meramente formales o adjetivos. Lo anterior se desprende de las siguientes consideraciones, que se transcriben en lo conducente: "[.] De lo hasta aquí expuesto se advierte que sobre el tema central de la presente contradicción de tesis ha habido una variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de 'imposible reparación', dejando por tanto que fuera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de 'imposible reparación'. La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: 'Artículo 107. [Se transcribe.]. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación' no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto '...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado ?con toda razón? a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios [.].". De la anterior determinación, derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 7, junio 2014, tomo I, página 39, con número de registro 2006589, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.". En el caso, respecto al acto reclamado consistente en el auto de fecha ocho de noviembre de dos mi dieciocho, dictado dentro del juicio agrario con número de registro 179/2016 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 45, con sede en esta ciudad, mediante el cual no admite las documentales ofrecidas, se advierte que ésta no queda comprendida dentro de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, por no tratarse de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, por lo que no afecta de manera cierta e inmediata los derechos fundamentales de la parte quejosa, ya que únicamente produce efectos intraprocesales, cuyas consecuencias pueden extinguirse en la realidad sin haber generado afectación alguna a sus derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica con el simple hecho de que se emita resolución favorable a los intereses de la parte promovente en el procedimiento en mención, toda vez que no se trata de una resolución definitiva reclamable en esta vía constitucional pues no se ha determinado el fondo del asunto dentro del expediente de origen y por ende tampoco se ha generado un menoscabo en sus derechos sustantivos; en ese sentido, el medio de defensa procedería en todo caso en contra de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de origen. Por tanto, se tiene que el juicio de amparo promovida en contra del auto de siete de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual no admite las documentales ofrecidas, deviene improcedente al no considerarse tal circunstancia como una violación que cause perjuicios irreparables a la parte quejosa, entendida como aquélla que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que se trata de cuestiones que en su caso, produce efectos formales o intraprocesales, que bien pueden ser retrotraídos en caso de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable al resolverse el juicio de origen, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieran causado con el acto que tilda de inconstitucional. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, el libelo de garantías instado en esta vía por la citada quejosa resulta improcedente en forma manifiesta e indudable y, por ende, con apoyo en el cardinal 113 del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA PROMOVIDA POR JOSÉ JIMÉNEZ VARGAS. Sirve de apoyo lo anterior, la tesis 2a. XXIV/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Febrero de 1998, Tomo VII, página 228, con número de registro 196795 cuyo y rubro son del tenor siguiente: "RECUSACIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE PUEDE CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN PROCESAL, CUYA IMPUGNACIÓN DEBE HACERSE EN AMPARO DIRECTO. La recusación no es un acto de imposible reparación, pues el único efecto que produce tal resolución es que el propio Juez recusado continúe conociendo de la controversia jurisdiccional, hipótesis que, además de estar comprendida en el artículo 159, fracción X, de la Ley de Amparo, revela una violación procesal; en consecuencia, esa resolución no puede ser combatida en amparo ante el Juez de Distrito, por tratarse de violaciones a las leyes del procedimiento contenidas en el precepto legal invocado y, por ende, conforme a lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, sólo puede reclamarse en la vía de amparo directo al interponerse la demanda contra la sentencia definitiva." Asimismo, sirve de apoyo lo anterior, la tesis P.XLI/99 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Mayo de 1999, Tomo IX, página 23, con número de registro 194018 cuyo y rubro son del tenor siguiente: "RECUSACIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE PUEDE CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN PROCESAL, CUYA IMPUGNACIÓN DEBE HACERSE EN AMPARO DIRECTO. Ese tipo de resoluciones no constituye un acto de imposible reparación, en los términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el único efecto que produce es que el propio Juez recusado continúe conociendo de la controversia jurisdiccional, hipótesis que, además de estar comprendida en el artículo 159, fracción X, de dicha ley, revela una violación procesal reclamable en amparo directo." Notifíquese personalmente. Ensenada, Baja California, veinte de diciembre de dos mil dieciocho. Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda la constancia de cuenta, de la que se advierte que a la actuaria de este juzgado no le fue posible notificar personalmente al promovente de la demanda José Jiménez Vargas, el acuerdo de dieciocho de diciembre de esta anualidad, por los motivos expuestos en la misma; en tal virtud, notifíquesele por lista en los estrados de este juzgado el citado auto y las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto, señale domicilio para ese efecto, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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