José Jesús Romero Vega
Expediente 730/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 730/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- José Jesús Romero Vega
Actuaciones
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, tres de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito del quejoso mediante el cual, solicita la devolución de los documentos que exhibió en su escrito inicial de demanda. Al respecto, toda vez que ya se ordenó el archivo del presente expediente, se accede a la petición del promovente, por lo que devuélvase los documentos que pide y entréguese previa toma de razón y recibo que se deje en autos. Notifíquese.
- Principal
SE TIENE DEBIDAMENTE NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE VEINTIOCHO DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, CUYA SÍNTESIS DICE: San Francisco de Campeche, Campeche, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días hábiles, dentro del que la parte promovente pudo recurrir en queja el proveído de nueve de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual, se desechó de plano la demanda de amparo, sin haberlo hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 97, inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al citado precepto legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, además como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo en los siguientes términos: De conformidad con el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Lo anterior, pues en el caso: se desechó de plano la demanda presentada por la parte quejosa y ésta carece de relevancia documental en términos del numeral 15 del referido Acuerdo General. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "Archivo de trámite" de este Juzgado, contados a partir de que se ordenó como asunto concluido, y una vez transcurrido dicho plazo, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el antepenúltimo párrafo del artículo 20 del acuerdo en mención. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Finalmente, como en este expediente obran documentos exhibidos por la parte quejosa, hágase de su conocimiento que en caso de no solicitar su devolución, permanecerán glosados al expediente y serán destruidos en su oportunidad, junto con estos autos. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, nueve de junio de dos mil veintitrés. Se tiene por presentada la demanda de amparo promovida -supuestamente- por ***, por sí y en calidad de *** quien demanda el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos que atribuye al Centro Federal de Conciliación y Arbitraje Registral Laboral y otras autoridades. Ahora bien, atento al contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, en virtud de que se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo Del contenido del artículo anterior, se desprende que el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo debidamente firmada por la parte solicitante de amparo. De ahí que un escrito de demanda presentado sin firma autógrafa o electrónica, equivale a un ocurso que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. Lo anterior resulta comprensible si tomamos en cuenta que siendo la firma el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo, al no obrar de manera autógrafa o electrónica en el escrito respectivo, no puede decirse que exista certeza respecto a quién intenta la acción constitucional. En la especie, del examen material del escrito de demanda de amparo, se advierte que la demanda de cuenta y copias adjuntas, carecen en su totalidad de la firma autógrafa o electrónica del promovente, circunstancia que así aparece asentada en la boleta de turno respectiva por parte del Oficial de Partes de este Juzgado de Distrito, por lo que no se cumple con el principio de instancia de parte agraviada, toda vez que un escrito de demanda, sin firma o huella digital, es un simple papel al que no se incorpora la voluntad del acto de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del Juez, mediante una prevención, pues en términos del precepto 114 de la Ley de Amparo, sólo se debe prevenir al promovente en el supuesto de que no llenara alguno de los requisitos formales que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, tales como omitir la designación correcta de alguna autoridad responsable, no proporcionar el domicilio del tercero interesado o no anexar las copias necesarias para correr traslado a las partes, entre otros; sin embargo, la hipótesis en que la demanda de garantías carece de firma no está comprendida dentro de las casos en que proceda la prevención para que el promovente subsane alguna irregularidad de ese escrito inicial. Por tanto, como la firma constituye una formalidad indispensable para dar curso a cualquier promoción judicial, puesto que sirve para dar autenticidad al mismo, debe estimarse que, conforme a la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción I del mismo ordenamiento, la demanda de amparo, sin lugar a dudas es improcedente, al carecer de firma autógrafa. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, el juicio de garantías resulta improcedente; y ende, en términos del artículo 113 de la norma en mención, se desecha la demanda de amparo promovida por presuntamente por ***. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE TIENE POR DEBIDAMENTE NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE NUEVE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SINTESIS DICE: San Francisco de Campeche, Campeche, nueve de junio de dos mil veintitrés. Se tiene por presentada la demanda de amparo promovida -supuestamente- por ***, por sí y en calidad de *** quien demanda el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos que atribuye al Centro Federal de Conciliación y Arbitraje Registral Laboral y otras autoridades. Ahora bien, atento al contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, en virtud de que se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo Del contenido del artículo anterior, se desprende que el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo debidamente firmada por la parte solicitante de amparo. De ahí que un escrito de demanda presentado sin firma autógrafa o electrónica, equivale a un ocurso que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. Lo anterior resulta comprensible si tomamos en cuenta que siendo la firma el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo, al no obrar de manera autógrafa o electrónica en el escrito respectivo, no puede decirse que exista certeza respecto a quién intenta la acción constitucional. En la especie, del examen material del escrito de demanda de amparo, se advierte que la demanda de cuenta y copias adjuntas, carecen en su totalidad de la firma autógrafa o electrónica del promovente, circunstancia que así aparece asentada en la boleta de turno respectiva por parte del Oficial de Partes de este Juzgado de Distrito, por lo que no se cumple con el principio de instancia de parte agraviada, toda vez que un escrito de demanda, sin firma o huella digital, es un simple papel al que no se incorpora la voluntad del acto de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del Juez, mediante una prevención, pues en términos del precepto 114 de la Ley de Amparo, sólo se debe prevenir al promovente en el supuesto de que no llenara alguno de los requisitos formales que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, tales como omitir la designación correcta de alguna autoridad responsable, no proporcionar el domicilio del tercero interesado o no anexar las copias necesarias para correr traslado a las partes, entre otros; sin embargo, la hipótesis en que la demanda de garantías carece de firma no está comprendida dentro de las casos en que proceda la prevención para que el promovente subsane alguna irregularidad de ese escrito inicial. Por tanto, como la firma constituye una formalidad indispensable para dar curso a cualquier promoción judicial, puesto que sirve para dar autenticidad al mismo, debe estimarse que, conforme a la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción I del mismo ordenamiento, la demanda de amparo, sin lugar a dudas es improcedente, al carecer de firma autógrafa. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, el juicio de garantías resulta improcedente; y ende, en términos del artículo 113 de la norma en mención, se desecha la demanda de amparo promovida por presuntamente por ***. Notifíquese personalmente.
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