Jose Jesus Lucas Angel

Expediente 459/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
459/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
08/07/2021

Partes del expediente

  • Jose Jesus Lucas Angel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por la autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, y toda vez que de la constancia secretarial se desprende que en proveído de treinta de junio pasado, se declaró firme el diverso auto en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, por lo que también, se ordenó el archivo definitivo del mismo; por tanto, se ordena la devolución de los documentos a que hace alusión, por lo que será menester que genere una cita QR, a fin de que sea agendada la hora y fecha para que recoja dichos documentos, de conformidad con el numeral 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se informa a la parte que deberá acudir puntualmente a la cita y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El acceso a la cita estará condicionado a que las personas que acudan se identifiquen y registren, además el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. El Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil, o bien, de manera impresa, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos jurisdiccionales distintos a este juzgado; todo lo anterior acorde con los numerales 3 y 7, tercer párrafo, del Acuerdo General 21/2020 mencionado, o bien, deberán proporcionar una cuenta de correo electrónico a fin de que por ese medio le sea enviada la?copia de la presente medida cautelar con firma electrónica. Finalmente, hecho lo anterior, devuélvase el expediente en que se actúa a su lugar de resguardo. Notifíquese.????

  2. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, treinta de junio de dos mil veintiuno. Como de la certificación secretarial se aprecia que el término de cinco días para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, como de la citada constancia secretarial se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar, diligencia por practicar, ni constancias que devolver; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General..". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el articulo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  3. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, en atención al mismo, y como lo solicita la arte quejosa, se le tiene por revocando a todos los profesionistas autorizados con anterioridad en el presente juicio, así como el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones. Asimismo, se ordena a la Analista Jurídico (SISE) dar de alta a la parte promovente con el nombre de usuario --- en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que por ese medio se le realicen las notificaciones y tenga acceso al expediente electrónico del presente asunto. Por otra parte, se tienen por autorizados para imponerse de autos y oír y recibir todo tipo de notificaciones a las personas que menciona, toda vez que de la constancia secretarial se desprende que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Finalmente, tomando en consideración que según constancia secretarial el presente expediente, a la fecha, consta de treinta y siete fojas, como lo solicita, expídasele copia?simple de las constancias a que hace alusión, por lo que será menester que genere una cita QR, a fin de que sea agendada la hora y fecha para que recojan dichas copias, pudiendo acudir cualquiera de las personas autorizadas en el expediente de conformidad con el numeral 3 del citado Acuerdo General; se informa a la parte que deberá acudir puntualmente a la cita y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El acceso a la cita estará condicionado a que las personas que acudan se identifiquen y registren, además el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. El Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil, o bien, de manera impresa, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos jurisdiccionales distintos a este juzgado; todo lo anterior acorde con los numerales 3 y 7, tercer párrafo, del Acuerdo General 21/2020 mencionado, o bien, deberán proporcionar una cuenta de correo electrónico a fin de que por ese medio le sea enviada la?copia a que hace alusión con firma electrónica. Notifíquese.

  4. Principal

    con esta fecha se notifica por lista al quejoso... del proveído de nueve de junio de dos mil veintiuno...Agréguese a los autos el escrito de cuenta, por medio del cual, la parte quejosa cumple con la prevención que se le hizo en proveído de dos de junio pasado e informa que el número de carpeta de investigación de la que derivó el acto que reclama es ...asimismo, transcribe el contenido del oficio que refiere le fue entregado y que fue sustento para la práctica del acto de investigación materia del acto reclamado y exhibe una copia simple del mismo. Además, la parte promovente manifiesta en el punto tres de su escrito aclaratorio que las autoridades responsables están haciendo uso de sus facultades para seguir una investigación que considera improcedente, toda vez que le dejaron un citatorio de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda y escrito aclaratorio de cuenta se obtiene que el quejoso reclama la diligencia, actos de investigación y de molestia que realizados y que realicen por las autoridades responsables en un predio rustico que dice es de su propiedad, pues refiere no es parte de la investigación y desconoce dichas actuaciones ministeriales. Ahora bien, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo. El citado artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto legal, autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla, encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable (por identidad) la Jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Por su parte, los preceptos 61, fracción XXIII y 6 del mismo ordenamiento legal, textualmente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". De la interpretación sistemática de la fracción XXIII del artículo 61, y del diverso numeral 6° ambos de la ley de la materia, se destaca como requisito de procedencia del juicio de garantías, que la parte quejosa acredite el perjuicio o afectación que de manera personal y directa sufra en su esfera jurídica, lo cual es exigido con el objeto de justificar plenamente la facultad del accionante de garantías, para acudir ante el órgano jurisdiccional federal competente, a demandar la tutela del derecho que afirma se encuentra afectado, lo que se traduce en un presupuesto o condición esencial indispensable, porque implica que quien ejerza la acción constitucional, debe resentir un perjuicio o menoscabo en su esfera jurídica, por la emisión del acto reclamado. Lo anterior, porque un acto de autoridad puede engendrar una situación jurídica concreta, en beneficio o en perjuicio de una o varias personas, en relación con la formación, modificación o extinción, de una relación de derecho; por lo tanto, cuando afecta a uno o varios individuos en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y por el contrario, cuando no afecta la esfera jurídica del particular, el juicio de amparo es improcedente, porque la demanda únicamente puede promoverse por la parte a quien cause perjuicio el acto reclamado, en términos del artículo 6° de la ley de la materia. En conclusión, la esfera jurídica de la parte quejosa, sólo se advierte afectada cuando con la emisión del acto reclamado son alterados parcial o totalmente el cúmulo de derechos y obligaciones que posee. Al respecto cabe precisar que la función de la institución del Ministerio Público es precisamente averiguar los delitos y el artículo 21 Constitucional dispone que éste se encuentra facultado para llevar a cabo las diligencias necesarias para esclarecer los probables hechos que se consideran delictuosos, integrando en su caso la carpeta de investigación respectiva, de ahí que el desahogo de diligencias tendientes a su integración no causan daño o perjuicio a la parte quejosa por ser de orden público, como lo establece nuestra Constitución y como consecuencia de ello, el amparo contra dicha investigación es improcedente. Cabe señalar que dicha facultad y obligación constitucional se replica en el artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que, los actos de investigación desplegados por el ministerio público, por si mismos, no producen afectación a la esfera jurídica del quejoso, pues son desplegados en ejercicio de las atribuciones legales y constitucionales del órgano ministerial; incluso el propio quejoso manifiesta en su demanda de amparo que el diecinueve de mayo del año en curso las responsables tomaron unas fotografías del predio que dice es de su propiedad, empero, no se advierte una afectación sustantiva a sus derechos de posesión y/o de propiedad. Máxime, que el perjuicio a la parte quejosa se materializaría hasta que se despliegue el ejercicio de la acción ministerial y sea la autoridad jurisdiccional quien eventualmente ordene alguna diligencia en la que pudiera verse afectada la esfera de derecho del justiciable, como pudiera ser que se gire en su contra una orden de aprehensión, o bien, si la autoridad ministerial emite alguna determinación que efectivamente lesione sus derechos sustantivos, como pudiera ser una orden de aseguramiento sobre el bien inmueble del cual dice es propietario. Cabe señalar que es el resultado de los actos de investigación lo que eventualmente puede ser objeto de contradicción e impugnación por las partes, lo cual además podrá ser desvirtuado en el proceso judicial. Es así, porque de existir una investigación por parte del agente del ministerio público en su etapa inicial, éste tiene la obligación de reunir los indicios para el esclarecimiento de los hechos, y en su caso, recopilar los datos de prueba que sustente el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, de conformidad con el artículo 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cobra aplicación la jurisprudencia visible en la página 448, Octava Época, Tomo II, relativa a los Tribunales Colegiados de Circuito de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PÚBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA.". Así como la tesis en materia penal, visible en la página 264, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Enero de 1996, relativa a los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro es: "AVERIGUACIÓN PREVIA, CONTRA LAS DILIGENCIAS TENDENTES A INTEGRARLA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO.". De igual forma, la tesis aislada 1a. CXXXV/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 351, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2004 de rubro siguiente: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Con base en lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados en el proceso penal que se inicie, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tales condiciones, el acto reclamado en mención, no causa agravio al inconforme, pues con los solos actos de investigación por parte del ministerio público no se agravia al quejoso, pues su determinación final podría ser en su caso, la que pudiera perjudicarle, además de que no existe disposición legal alguna que permita al gobernado oponerse a la labor ministerial. Entonces, si los actos reclamados por el quejoso son los actos de investigación desplegados por la autoridad responsable en una carpeta de investigación, ello obedece al ejercicio de las facultades constitucionales y legales otorgadas al ministerio público, pues de conformidad con el artículo 21 constitucional, dispone que es éste y las policías a quienes corresponde la investigación de los delitos, quienes actuarán bajo el mando y conducción del primero. Cabe precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 85/2005, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, determinó que la averiguación previa -pues se analizaron preceptos legales y constitucionales anteriores a la reforma de dos mil ocho al sistema de justicia penal-, constituye medularmente una investigación a través de la cual la fiscalía trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso que presentará ante el juez con el fin de que esté tenga buenas posibilidades de éxito. El ministerio público, dijo la Primera Sala del Máximo Tribunal, tiene la obligación constitucional de acreditar, dentro de la fase del procedimiento penal, denominada averiguación previa, los elementos del delito y la probable responsabilidad del imputado. Entonces, por mandato constitucional se impone a esa institución la obligación de aportar los elementos demostrativos que acrediten la existencia del delito y, en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa para acreditar la inexistencia del delito, destruyendo las pruebas aportadas por el representante social, subsistiendo, en todo momento la carga de la prueba del ministerio público. Argumentos del máximo Tribunal, que se apoyan en el criterio de rubro y contenido siguiente: "AVERIGUACIÓN PREVIA. SU TRÁMITE, GENERALMENTE, NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL. La averiguación previa consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional; sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una averiguación previa sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control." Al respecto, lo señalado no implica que de manera categórica el juicio de amparo indirecto sea improcedente frente a los actos desplegados por el agente del ministerio público y policías bajo su condición durante la etapa de investigación, pues de acuerdo a lo resuelto por nuestro máximo Tribunal, existirán casos donde si sea necesario analizarlos por vulnerar en forma irreparable e inmediata la esfera jurídica del inconforme (por ejemplo tratándose de azotes o tortura, o bien, el acuerdo de aseguramiento de algún bien, caso en el cual sí se afectan los derechos sustantivos de la persona); ocasiones en que sí existe la necesidad de ser analizados a través del juicio de derechos fundamentales; empero, tales supuestos no son los acontecen en el caso que nos ocupa, y por el contrario, tiene el deber de permitir a la autoridad ministerial desplegar sus facultades y obligaciones de investigación que derivan de la Constitución y de la codificación penal respectiva. Por lo anterior, de acuerdo con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación el artículo 21 Constitucional y el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata, por las razones expuestas. Cabe apuntar que el criterio sostenido en la presente determinación ya fue objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, órgano que confirmó el desechamiento de la demanda en el diverso juicio de amparo 340/2020 del índice de este Juzgado de Distrito, al haber declarado infundada la queja 43/2020 mediante ejecutoria que pronunció el diez de diciembre de dos mil veinte. Finalmente, dado que procede la notificación personal del presente acuerdo, el Actuario adscrito, deberá acatar el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Dicha encomienda podrá efectuarse de manera escalonada en los términos a que se refiere el artículo 2 fracción lV del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO.

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