Jose Jesus Leyva Borquez

Expediente 805/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
805/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
14/02/2022

Partes del expediente

  • Jose Jesus Leyva Borquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad de México, a catorce de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el siete de enero de dos mil veintidós, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de garantías, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2, ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    En la Ciudad de México, a las diez horas con diez minutos del siete de enero de dos mil veintidós, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo número 805/2021-VI, en audiencia pública el licenciado Alonso Antonio Hernández Flores Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández, que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes ni representante de ellas. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentra la demanda de amparo promovida por José Luis Leyva Borquez, por derecho propio; proveído de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, en el que se admitió a trámite la demanda; informe justificado rendido por la autoridad responsable; las pruebas, los proveídos en los que se acordó lo conducente y las constancias de notificación a las partes. El Secretario encargado del despacho acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de constancias, para los efectos legales procedentes. Periodo de pruebas, abierto este periodo el secretario da cuenta con la documental exhibida por las partes, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana. El Secretario encargado del despacho acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, exhibidas y admitidas las pruebas con las que se da cuenta, las que se desahogan dada su propia y especial naturaleza, las cuales serán valoradas en el momento de dictar la sentencia correspondiente. Sin que sea necesario hacer mención expresa de las documentales conforme a la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, del Tomo IV, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con número de registro 206494, de rubro siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." Al no existir pruebas pendientes que desahogar se cierra el periodo probatorio. Periodo de alegatos, abierto éste, el secretario da cuenta con las manifestaciones formuladas por la parte tercera interesada; asimismo, hace constar que el Fiscal Ejecutivo Titular adscrito, no presentó la intervención ministerial que a su representación social compete. El Secretario encargado del despacho acuerda: Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones a manera de alegatos que vierte la parte tercera interesada para los efectos legales a que haya lugar. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 805/2021-VI, promovido por José Luis Leyva Borquez, por derecho propio, contra actos de la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el uno de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, turnado al día siguiente a este Juzgado Federal, José Luis Leyva Borquez, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y por la autoridad que se transcriben a continuación: "II.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Son autoridades responsables para los efectos del presente juicio de amparo: A) LA SÉPTIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, por no llevar a cabo la notificación de la sentencia dictada el 30 de abril de 2021 en el juicio de nulidad 11084/20-17-07-1, conforme a lo establecido en el artículo 65 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, con domicilio para todos los efectos legales en sus oficinas públicas localizadas en el inmueble marcado con el número 881 de la avenida Insurgentes Sur, de la colonia Nápoles en la Delegación Benito Juárez de esta Ciudad de México; B) ACTUARIO ADSCRITO A LA SÉPTIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, por no llevar a cabo la notificación de la sentencia dictada el 30 de abril de 2021 en el juicio de nulidad 11084/20-17-07-1, conforme a lo establecido en el artículo 65 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, con domicilio para todos los efectos legales en sus oficinas públicas localizadas en el inmueble marcado con el número 881 de la avenida Insurgentes Sur, de la colonia Nápoles en la Delegación Benito Juárez de esta Ciudad de México. (.) IV.- ACTO RECLAMADO: Se reclama como acto de autoridad los siguientes: 1. DEL ACTUARIO ADSCRITO A LA SÉPTIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, la omisión de llevar a cabo la notificación y de manera oficiosa de la sentencia dictada en fecha 30 de abril de 2021 en el juicio de nulidad 11084/20-17-07-1, conforme a lo establecido en el artículo 65 de la Ley Federal de procedimiento Contencioso Administrativo, para todos los efectos legales a que haya lugar." SEGUNDO. El quejoso señaló como derechos humanos violados los contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y manifestó en el asunto no existe tercero interesado. TERCERO. Previa aclaración, por auto de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo registrada con el número de expediente 805/2021-VI; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se ordenó dar la intervención que en derecho corresponde al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito; se tuvo como tercero interesado al Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 36, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 57, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclama un acto emitido por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la jurisdicción de este Juzgado Federal. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede determinar cuáles son los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, visible en la página treinta y dos (32), Tomo XI, Abril de dos mil (2000), Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció la obligación del Juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. La jurisprudencia referida, es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama lo siguiente: La notificación de la sentencia de treinta de abril de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 11084/20- 17-07-1, del índice de la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. TERCERO. No es cierto el acto reclamado a la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, consistente en la notificación de la sentencia de treinta de abril de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 11084/20-17-07-1, de su índice, ya que dicha actuación fue realizada por diversa autoridad, a saber, el actuario Mario Efrén Gómez Mendoza, adscrito a dicha sala; lo cual se advierte de las copias certificadas de los autos del juicio de nulidad referido, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, ya que no es dable atribuir el acto reclamado a la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. CUARTO. La autoridad responsable, actuario Mario Efrén Gómez Mendoza, adscrito a la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, omitió rendir su informe justificado; por tanto, con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo se le presume cierto el acto que se le atribuye consistente en la notificación de la sentencia de treinta de abril de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 11084/20-17-07-1. Circunstancia que se corrobora con las copias certificadas de los autos del juicio de nulidad referido, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Previo al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de la materia, que textualmente dice lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia número ochocientos catorce, publicada en la página quinientos cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En este sentido, de oficio se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Para demostrar la causa de improcedencia que se propone, este Juzgado de Distrito procede a exponer los siguientes razonamientos, así como a realizar la transcripción de los artículos señalados que considera resultan aplicables al caso concreto. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Articulo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución." LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El texto del precepto transcrito establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. Aunado a lo anterior, tomando en consideración que el proceso de amparo es un medio extraordinario, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes, de tal suerte que la jurisdicción ordinaria debe agotarse previamente; de oficio este Juzgado advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia establecida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que el quejoso no agotó el principio de definitividad que rige el juicio constitucional. De los preceptos legales transcritos se advierte que dicha causa de improcedencia deriva del hecho de que existan recursos que pudieren interponerse contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, que no se agotaron previamente a la promoción del juicio de amparo. Las consideraciones medulares en torno a la citada causa de improcedencia, son en el sentido de que el recurso que debe tener a su alcance la quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga "dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado", entendido el "procedimiento" como la serie coordinada de actos que deben realizarse en un orden predeterminado por la ley, cuyo inicio persigue el pronunciamiento de una resolución que dirima una controversia; de ahí que, se sostenga, que el recurso o medio de defensa a que se refiere la fracción en comento será aquel cuya interposición esté prevista por la ley en el procedimiento ordinario, que es el que empieza con la emisión de un acto inicial y concluye con el logro del efecto perseguido. Asimismo, conforme a la causa de improcedencia en estudio, el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. Ahora bien, el dispositivo antes transcrito establece el principio de definitividad del juicio de amparo, el cual es necesario agotarse antes de ocurrir a la presente instancia constitucional y toda vez que el quejoso reclama la notificación de la sentencia de treinta de abril de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 11084/20-17-07-1, del índice de la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; en este sentido es de estimarse que el presente juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que en contra de dicho acto lo procedente era promover el incidente de nulidad de notificación previsto en el artículo 33 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de observar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. En efecto, el artículo 33 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece: "ARTÍCULO 33.- Las notificaciones que no fueren hechas conforme a lo dispuesto en esta Ley serán nulas. En este caso el perjudicado podrá pedir que se declare la nulidad dentro de los cinco días siguientes a aquél en que conoció el hecho, ofreciendo las pruebas pertinentes en el mismo escrito en que se promueva la nulidad. Las promociones de nulidad notoriamente infundadas se desecharán de plano. Si se admite la promoción, se dará vista a las demás partes por el término de cinco días para que expongan lo que a su derecho convenga; transcurrido dicho plazo, se dictará resolución. Si se declara la nulidad, la Sala ordenará reponer la notificación anulada y las actuaciones posteriores. Asimismo, se impondrá una multa al actuario, equivalente a diez veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, sin que exceda del 30% de su sueldo mensual. El actuario podrá ser destituido de su cargo, sin responsabilidad para el Estado en caso de reincidencia." En efecto, de acuerdo con lo dispuesto por el citado precepto legal, en contra de las notificaciones que no fueren hechas conforme a lo dispuesto en Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, como lo alega el quejoso, procede el incidente de nulidad de notificación ante la propia Sala del conocimiento. En el caso, la parte quejosa combate la notificación de la sentencia de treinta de abril de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 11084/20-17-07-1, del índice de la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aduciendo que dicho auto no fue notificado en términos de lo que dispone el artículo 65 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. De manera que, con dicho acto se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 33 de dicho ordenamiento. En las anotadas condiciones, si la notificación que se pretende combatir en la presente instancia constitucional se emitió por un Tribunal Administrativo, y en contra de dicha determinación procede el incidente de nulidad de notificación previsto en el artículo 33 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual implica la revisión sólo de la notificación del acto procesal, es decir, que se hayan cumplido las formalidades que establece la ley de la materia para hacer del conocimiento del afectado, los acuerdos o resoluciones que dicte, ya sea el Magistrado instructor o la Sala Fiscal en Pleno, con el objeto de que el particular esté en aptitud de hacer valer oportunamente sus derechos. Por lo que la resolución que se emita en dicho incidente conlleva la declaratoria de nulidad de la notificación, cuyo efecto consiste en ordenar que se practique correctamente y sin irregularidades, o bien, que se declare la validez de la notificación; entonces, queda de manifiesto que en el presente asunto se actualiza la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a./J. 118/2008, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 226, Novena Época, con número de registro 168887, cuyo texto es el siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. TANTO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES COMO EL RECURSO DE RECLAMACIÓN PREVISTOS EN LA LEY QUE LO RIGE, SON AUTÓNOMOS E INDEPENDIENTES ENTRE SÍ, AL TENER SU PROPIO OBJETO, PROCEDENCIA, TRÁMITE, PLAZOS Y CARACTERÍSTICAS. La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en vigor a partir del 1o. de enero de 2006 (en términos muy similares a los contenidos en el Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2005), prevé diversos medios de impugnación durante la tramitación del juicio de nulidad, como el incidente de nulidad de notificaciones y el recurso de reclamación (artículos 217, fracción III, 223 y 242 del Código, y sus correlativos 29, fracción III, 33 y 59 de la Ley), sin embargo, cada uno tiene su propio objeto, procedencia, trámite, plazos y características, que los hacen autónomos e independientes entre sí. En este orden de ideas, es deber de las partes en el juicio estar pendientes en cada etapa procesal de los actos o resoluciones que puedan causarles perjuicio, a fin de hacer valer oportunamente sus derechos a través del medio de impugnación creado para el caso específico a combatir. Así, si el promovente del juicio contencioso administrativo se duele de la omisión o irregular notificación de un auto preventivo de cuyo cumplimiento depende su desechamiento o se tenga por no presentada su demanda, debe combatirlo mediante el incidente de nulidad de notificaciones, porque en él se analiza el cumplimiento de las formalidades de ley en la práctica de la notificación y que, de ser fundado, tendrá como consecuencia la reposición de la notificación anulada y las actuaciones posteriores, como es el auto que tiene por no presentada la demanda, finalidad que no podría alcanzarse si se impugna por un medio no idóneo, como el recurso de reclamación, el cual procede contra las resoluciones del Magistrado Instructor que admiten, desechan o tienen por no presentada la demanda de nulidad, ya que su objeto es el análisis del contenido de dicha resolución y con él se pretende la modificación o revocación de la resolución recurrida, razón por la cual no pueden examinarse en dicho recurso los argumentos tendentes a combatir la notificación de la resolución recurrida, pues constituye un acto previo a ella, además de que su estudio sería extemporáneo, toda vez que los plazos para impugnar ambos actos son distintos." Lo anterior, es así pues la quejosa no se ubica en los supuestos de excepción que la propia ley de la materia establece, consistentes en que: a) Se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Que el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y c) Que se trate de persona extraña al procedimiento. Lo anterior es así, pues como quedó señalado en el presente proveído, el acto reclamado lo constituye la notificación de la sentencia de treinta de abril de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 11084/20-17-07-1, del índice de la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; por tanto, no se trata de ninguno de los actos a que se refieren las excepciones previstas en los incisos a) y b) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como tampoco el promovente respecto del referido juicio es tercero extraño al procedimiento, pues precisamente él promovió el juicio contencioso del que emana el acto que ahora reclama. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el diverso 63, fracción V, de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 74, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, por lo expuesto en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, el licenciado Alonso Antonio Hernández Flores, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/5338/2021, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por el Secretario Francisco Javier García Hernández, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, dos de diciembre de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio signado por la Magistrada y el Secretario de Acuerdos de la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por medio del cual en atención al requerimiento de fecha diez de septiembre del presente año, remite copia certificada de las constancias que integran el juicio de nulidad juicio de nulidad 11084/20-17-07-1. Con fundamento en el artículo 66, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés y derecho convenga respecto de las constancias remitidas. Se precisa que la vista antes ordenada, no implica que se tenga que correr traslado con copia de la documental aludida a las partes, sino que pueden imponerse de su contenido, en su caso, consultando el expediente en que se actúa de manera electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, siguiendo las reglas del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, o bien, para el caso de que deseen asistir personalmente a consultarlo, ante la imposibilidad de hacerlo por otros medios, podrá realizarlo conforme al modelo de atención presencial basado en citas, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo II del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19." Se deja sin efectos el apercibimiento decretado en auto de diez de septiembre del dos mil veintiuno. Finalmente, sin que sea necesario notificar personalmente a la parte quejosa a efecto de dar vista con las constancias que adjuntó la responsable, toda vez que las partes tienen conocimiento del juicio de nulidad 11084/20-17- 07-1, ya que la quejosa es parte actora en el mismo, y se entiende que tuvo acceso a las mismas y compareció ante el tribunal de referencia. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, a once de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no obra la constancia de notificación del oficio 27742/2021, de diez de septiembre del año en curso, mediante el cual se requirió a la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que remita copia certificada y completa de la totalidad de las constancias que integran el juicio de nulidad 11084/20-17-07-1, de su índice; por tanto, en obvio de mayores dilaciones procesales, se ordena reexpedir el oficio citado. En estas circunstancias, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo, las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

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