José Jesús Flores Santoyo
Expediente 806/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 806/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Jesús Flores Santoyo
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Finalmente, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Juez Civil de Partido y de Oralidad Familiar, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Se ordena su registro con el número 806/2019-III. El suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]" XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.] Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita, se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene precisar que de la lectura íntegra de la demanda se advierte que la quejosa acude ante esta instancia constitucional reclamando: La diligencia de emplazamiento desahogada el veintiséis de agosto de dos mi diecinueve, en el juicio oral ordinario 1934/2019, del Juzgado Civil de Partido y de Oralidad Familiar, con residencia en esta ciudad. Asimismo, de las manifestaciones que formuló la parte quejosa en el capítulo atinente a los antecedentes del acto reclamado, se advierte que es parte demandada dentro del juicio en el que se le emplazó a juicio; por ello, el suscrito considera que en la especie se actualiza la referida causal de improcedencia, pues previamente a acudir a esta instancia constitucional, se encontraba obligada a agotar el medio ordinarios de defensa correspondiente, como lo es el incidente de nulidad de actuaciones, como enseguida se verá. Al respecto, es necesario traer a contexto el contenido de los artículos 799, 816, 825 y 826, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, que estatuyen: "Artículo 799.- La nulidad de una actuación deberá reclamarse en la audiencia subsecuente, bajo pena de quedar validada de pleno derecho. La producida en la audiencia de juicio deberá reclamarse durante ésta hasta antes de que el juez pronuncie la sentencia. La del emplazamiento, podrá reclamarse en cualquier momento." "Artículo 816.- Los incidentes, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitarán verbalmente en las audiencias, dándose vista a la contraria para que en el mismo acto manifieste lo que a su derecho convenga. Si las partes no promovieren pruebas, ni el juez las estimare necesarias, se resolverá de inmediato. Si el incidente se origina en un hecho anterior a una audiencia, sólo podrá interponerse hasta la conclusión de la misma. Los incidentes que surjan después de celebradas las audiencias o en ejecución de sentencia, se tramitarán conforme a las disposiciones comunes para el procedimiento oral especial; debiendo correr traslado con la demanda incidental por tres días a las partes." "Artículo 825.- Admitida la demanda, el juez ordenará emplazar al demandado y le correrá traslado, a fin de que dentro del plazo de nueve días ocurra a producir su contestación por escrito." "Artículo 826.- Transcurrido el plazo fijado, contestada o no la demanda, se citará a la audiencia preliminar, para que se celebre dentro de los diez días siguientes. En los casos de que proceda la fase de conciliación previa, se citará a la misma y, una vez concluida se iniciará la audiencia preliminar." De los numerales acabados de copiar, se desprende que: La nulidad de una actuación debe hacerse valer en la audiencia siguiente. La nulidad del emplazamiento, podrá reclamarse en cualquier momento. La tramitación de los incidentes, se llevará a cabo en la audiencia que corresponda. De lo hasta aquí destacado se evidencia que el quejoso, **********, es parte demandada en el juicio oral ordinario 1934/2019, de la estadística del Juzgado Civil de Partido y de Oralidad Familiar, con residencia en esta ciudad. Asimismo, que el veintiséis de agosto fue emplazado a ese procedimiento, por ende, tiene a su alcance el incidente nulidad de notificaciones, para impugnar la diligencia de emplazamiento aquí reclamada, pues parte formal en juicio ordinario civil 1934/2019, del índice del Juzgado Civil de Partido y de Oralidad Familiar, con residencia en esta ciudad. Pero además, los preceptos 825 y 826 de la ley de enjuiciamiento en consulta evidencian que tiene un plazo de nueve días para contestar el reclamo y, según se aprecia, a la fecha de presentación de la demanda que se provee aún transcurría; no obstante, aun cuando no lo hiciera, de acuerdo con el último de los normativos apuntados, puede comparecer a la audiencia preliminar y destacar el motivo de nulidad del emplazamiento. Lo anterior, sin perjuicio de que pudiera interponer por escrito el indicado medio de impugnación que, sin duda, tiene por objeto confirmar o dejar sin efecto esa diligencia. Atento a tales consideraciones, el suscrito considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia en estudio, toda vez que contra el acto que aquí se reclama, al ser parte -demandada- en el juicio de origen, procede el incidente de nulidad de notificaciones, en contra del emplazamiento que tilda de ilegal, que afirma se practicó el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, en el juicio oral ordinario 1934/2019, del índice del juzgado responsable, de conformidad con lo previsto en los preceptos 799, 816, 825 y 826, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, reproducidos en esta determinación. Máxime que el caso el acto reclamado, cuya ilegalidad se alega, se verificó antes de la emisión de la sentencia, incluso, antes del desahogo de la audiencia en la que pudiera impugnarse ante el juez responsable, pues se itera que al presentarse la demanda de amparo aún se encontraba dentro del plazo presentar su contestación y, desde luego, impugnar el emplazamiento. Además de que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; II. Tampoco consiste en orden de orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, III. No se trate de un tercero extraño a procedimiento, porque el acto reclamado lo constituye el auto de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento dictado en contra de la aquí quejosa. Es decir, no se le puede considerar tercera extraña al procedimiento en sentido estricto dado que es la parte demanda, y tampoco le reviste la calidad de tercera extraña por equiparación, en virtud de que se enteró del procedimiento seguido en su contra en el cual no se ha dictado sentencia definitiva. Por ello, se afirma que el quejoso, previamente a instar el presente juicio de amparo debió interponer el señalado medio de defensa -incidente de nulidad de actuaciones-, para cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. Consecuentemente, al quedar plenamente evidenciada la causal de improcedencia invocada, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Por otra parte, téngase a la quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa y autorizando únicamente para oír notificaciones a los profesionistas que menciona, no encontrarse inscritos en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Juez Civil de Partido y de Oralidad Familiar, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Se ordena su registro con el número 806/2019-III El suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]" XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.] Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita, se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene precisar que de la lectura íntegra de la demanda se advierte que la quejosa acude ante esta instancia constitucional reclamando: La diligencia de emplazamiento desahogada el veintiséis de agosto de dos mi diecinueve, en el juicio oral ordinario 1934/2019, del Juzgado Civil de Partido y de Oralidad Familiar, con residencia en esta ciudad. Asimismo, de las manifestaciones que formuló la parte quejosa en el capítulo atinente a los antecedentes del acto reclamado, se advierte que es parte demandada dentro del juicio en el que se le emplazó a juicio; por ello, el suscrito considera que en la especie se actualiza la referida causal de improcedencia, pues previamente a acudir a esta instancia constitucional, se encontraba obligada a agotar el medio ordinarios de defensa correspondiente, como lo es el incidente de nulidad de actuaciones, como enseguida se verá. Al respecto, es necesario traer a contexto el contenido de los artículos 799, 816, 825 y 826, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, que estatuyen: "Artículo 799.- La nulidad de una actuación deberá reclamarse en la audiencia subsecuente, bajo pena de quedar validada de pleno derecho. La producida en la audiencia de juicio deberá reclamarse durante ésta hasta antes de que el juez pronuncie la sentencia. La del emplazamiento, podrá reclamarse en cualquier momento." "Artículo 816.- Los incidentes, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitarán verbalmente en las audiencias, dándose vista a la contraria para que en el mismo acto manifieste lo que a su derecho convenga. Si las partes no promovieren pruebas, ni el juez las estimare necesarias, se resolverá de inmediato. Si el incidente se origina en un hecho anterior a una audiencia, sólo podrá interponerse hasta la conclusión de la misma. Los incidentes que surjan después de celebradas las audiencias o en ejecución de sentencia, se tramitarán conforme a las disposiciones comunes para el procedimiento oral especial; debiendo correr traslado con la demanda incidental por tres días a las partes." "Artículo 825.- Admitida la demanda, el juez ordenará emplazar al demandado y le correrá traslado, a fin de que dentro del plazo de nueve días ocurra a producir su contestación por escrito." "Artículo 826.- Transcurrido el plazo fijado, contestada o no la demanda, se citará a la audiencia preliminar, para que se celebre dentro de los diez días siguientes. En los casos de que proceda la fase de conciliación previa, se citará a la misma y, una vez concluida se iniciará la audiencia preliminar." De los numerales acabados de copiar, se desprende que: La nulidad de una actuación debe hacerse valer en la audiencia siguiente. La nulidad del emplazamiento, podrá reclamarse en cualquier momento. La tramitación de los incidentes, se llevará a cabo en la audiencia que corresponda. De lo hasta aquí destacado se evidencia que el quejoso, **********, es parte demandada en el juicio oral ordinario 1934/2019, de la estadística del Juzgado Civil de Partido y de Oralidad Familiar, con residencia en esta ciudad. Asimismo, que el veintiséis de agosto fue emplazado a ese procedimiento, por ende, tiene a su alcance el incidente nulidad de notificaciones, para impugnar la diligencia de emplazamiento aquí reclamada, pues parte formal en juicio ordinario civil 1934/2019, del índice del Juzgado Civil de Partido y de Oralidad Familiar, con residencia en esta ciudad. Pero además, los preceptos 825 y 826 de la ley de enjuiciamiento en consulta evidencian que tiene un plazo de nueve días para contestar el reclamo y, según se aprecia, a la fecha de presentación de la demanda que se provee aún transcurría; no obstante, aun cuando no lo hiciera, de acuerdo con el último de los normativos apuntados, puede comparecer a la audiencia preliminar y destacar el motivo de nulidad del emplazamiento. Lo anterior, sin perjuicio de que pudiera interponer por escrito el indicado medio de impugnación que, sin duda, tiene por objeto confirmar o dejar sin efecto esa diligencia. Atento a tales consideraciones, el suscrito considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia en estudio, toda vez que contra el acto que aquí se reclama, al ser parte -demandada- en el juicio de origen, procede el incidente de nulidad de notificaciones, en contra del emplazamiento que tilda de ilegal, que afirma se practicó el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, en el juicio oral ordinario 1934/2019, del índice del juzgado responsable, de conformidad con lo previsto en los preceptos 799, 816, 825 y 826, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, reproducidos en esta determinación. Máxime que el caso el acto reclamado, cuya ilegalidad se alega, se verificó antes de la emisión de la sentencia, incluso, antes del desahogo de la audiencia en la que pudiera impugnarse ante el juez responsable, pues se itera que al presentarse la demanda de amparo aún se encontraba dentro del plazo presentar su contestación y, desde luego, impugnar el emplazamiento. Además de que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; II. Tampoco consiste en orden de orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, III. No se trate de un tercero extraño a procedimiento, porque el acto reclamado lo constituye el auto de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento dictado en contra de la aquí quejosa. Es decir, no se le puede considerar tercera extraña al procedimiento en sentido estricto dado que es la parte demanda, y tampoco le reviste la calidad de tercera extraña por equiparación, en virtud de que se enteró del procedimiento seguido en su contra en el cual no se ha dictado sentencia definitiva. Por ello, se afirma que el quejoso, previamente a instar el presente juicio de amparo debió interponer el señalado medio de defensa -incidente de nulidad de actuaciones-, para cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. Consecuentemente, al quedar plenamente evidenciada la causal de improcedencia invocada, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Por otra parte, téngase a la quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa y autorizando únicamente para oír notificaciones a los profesionistas que menciona, no encontrarse inscritos en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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