José Jesús Cruz Izquierdo
Expediente 390/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 390/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/06/2022
Partes del expediente
- José Jesús Cruz Izquierdo
Actuaciones
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días que establece el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para que el quejoso Diego Alejandro Caamal Soto, en su carácter de apoderado legal de José Jesús Cruz Izquierdo, interpusiera recurso de queja contra el auto de catorce de junio de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo, transcurrió del diecisiete al veintitrés de junio de dos mil veintidós, con exclusión de los días dieciocho y diecinueve de junio de junio del año en curso, por ser inhábiles (sábado y domingo), en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de catorce de junio de dos mil veintidós, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso d), y 24 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el libro uno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General, así como en la relación que se integre. Notifíquese por lista a la parte quejosa
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, catorce de junio de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Diego Alejandro Caamal Soto, en su carácter de apoderado legal de José Jesús Cruz Izquierdo, contra actos del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen; radíquese con el número de expediente 390/2022, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. PERSONALIDAD DEL PROMOVENTE. En términos del artículo 11, párrafo primero, de la Ley de Amparo, cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. Ahora bien, el artículo 692, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, establece que las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado. Y, tratándose de apoderado de persona física, la personalidad se acreditará con poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante el Tribunal. En el caso que nos ocupa, el promovente adjuntó a su demanda de amparo copia de la carta poder de veintiuno de abril de dos mil veintidós, del que se advierte que Diego Alejandro Caamal Soto, otorgó poder general para pleitos y cobranzas, a favor de José Jesús Cruz Izquierdo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 11, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se le reconoce al promovente el carácter de apoderado legal con el que se ostenta. DESECHAMIENTO. Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base en presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así las cosas, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y" Conforme al artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, interpretó la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra de los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, entendiéndose como tal aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta ejecutoria emergió la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, agosto de 2015, Tomo I, Décima Época, intitulada: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." En el caso que nos ocupa, el examen de la demanda de amparo, pone de manifiesto que la parte quejosa reclama la resolución de dos de mayo de dos mil veintidós, dictada en el expediente 295/2022, mediante el cual, el Tribunal Laboral Federal de Asuntos individuales, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, se declaró incompetente para conocer del asunto y declinó competencia al Tribunal Laboral de San Francisco de Campeche. Ahora bien, dicha resolución no tiene el carácter de definitiva para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, toda vez que existe posibilidad de que el Tribunal Laboral de San Francisco de Campeche, a quien la autoridad responsable consideró legalmente competente, conforme a lo manifestado por el quejoso, se niegue a conocer del asunto o plantee un conflicto competencial, supuesto en el cual, remitirá el expediente a la autoridad que deba decidir la cuestión de competencia, para que ésta determine cuál es el Tribunal que debe continuar conociendo del asunto, en términos del artículo 704 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, significa que lo decidido por el tribunal responsable en la resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, dictada en el expediente 295/2022, no tiene la naturaleza de cosa juzgada porque existe la posibilidad de que el Tribunal Laboral de San Francisco de Campeche, a quien la autoridad responsable consideró legalmente competente, se niegue a conocer del asunto o plantee algún conflicto competencial. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 267 de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 2000, Tomo V, Trabajo, jurisprudencia SCJN, página 216, Octava Época, intitulada: "INCOMPETENCIA, DECLARACIÓN DE. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO.- La declaración de incompetencia de la autoridad de trabajo que inicialmente conoce de un juicio laboral y que remite los autos a la autoridad que estima competente, no constituye un acto de ejecución irreparable, pues no se sabe si aceptará o no la competencia la segunda autoridad, ni cómo se resolverá, en su caso, el conflicto competencial, razón por la que en ese estado, no es procedente el amparo indirecto." En consecuencia, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por José Jesús Cruz Izquierdo, por conducto de su apoderado Diego Alejandro Caamal Soto, en contra de la resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, dictada en el expediente 295/2022, por el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche. DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en calle 49, número 105, entre calle 38-A y 48, colonia Santa Margarita, Ciudad del Carmen, Campeche. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones, a Karla Josselin Campos, Irving Raymundo Juárez Vera, Claudia Karina Escoffie Morales, Ángel Joaquín Pulido Puch, Alejandro Sarricolea Gutiérrez, Yeni Guadalupe Espinosa Jiménez, Melida Margarita Soto Correa y Eber Hucey Ku Espinoza, quienes no gozarán de las demás facultades previstas en el artículo 12 de dicho ordenamiento legal. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRONICO Por otra parte, como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 6, 9, 10, 14, 16 y 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a José de Jesús Cruz Izquierdo, con el nombre de usuario "alexsoto318", consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente asunto. Por consiguiente, se instruye que se ingrese el nombre de usuario "alexsoto318", al módulo de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que el referido autorizado, tenga acceso al expediente electrónico y pueda consultarlo. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene como forma especial y expedita de contacto para entablar "comunicaciones no procesales" con los autorizados, el correo electrónico alexsoto318@gmail.como y número telefónics 938 24 60 60 62. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE AMPARO. La parte quejosa no señaló autorizados para oír y recibir notificaciones dentro del presente juicio de amparo AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022 y 9/2022, de dicho órgano colegiado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, mediante el esquema de "juicio en línea". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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