José Jesús Armeria Gutiérrez

Expediente 613/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
613/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
23/02/2021

Partes del expediente

  • José Jesús Armeria Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Informa recepción de tomo Agréguese a los autos el oficio remitido por el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual acusa de recibido el oficio 14231, a través del cual se le remitió el toca de apelación I-149/2020, de lo que este juzgado federal toma conocimiento. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la impresión del presente auto en el expediente físico.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de uno de octubre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por José de Jesús Armenta Gutiérrez, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé . Luego, del estado de autos, se advierte que la Superioridad remitió un testimonio del toca de apelación I-149/2020 exhibido por la responsable Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por lo que resulta innecesario que permanezca en este órgano federal envíese a la autoridad precisada con antelación, debiendo acusar de recibido dentro de los tres días posteriores a que reciba la comunicación derivada del presente acuerdo, apercibida que de no hacerlo se tendrá por recibido a su entera satisfacción sin ulterior acuerdo. En términos del punto décimo primero del acuerdo general de consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA: JOSÉ DE JESÚS ARMENTA GUTIÉRREZ, el siguiente acuerdo: Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de uno de octubre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por José de Jesús Armenta Gutiérrez, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé . Luego, del estado de autos, se advierte que la Superioridad remitió un testimonio del toca de apelación I-149/2020 exhibido por la responsable Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por lo que resulta innecesario que permanezca en este órgano federal envíese a la autoridad precisada con antelación, debiendo acusar de recibido dentro de los tres días posteriores a que reciba la comunicación derivada del presente acuerdo, apercibida que de no hacerlo se tendrá por recibido a su entera satisfacción sin ulterior acuerdo. En términos del punto décimo primero del acuerdo general de consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    Demanda y radicación. Visto el oficio signado por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito con residencia en Morelia, a través del cual remite la resolución pronunciada el veinticinco de septiembre de dos mil vente por el Pleno del Tribunal en cita dentro del juicio de amparo directo 369/2020, en la que determinó que carece de competencia para conocer del juicio promovido por * en contra de los actos de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán; por tanto, este juzgado asume el conocimiento del asunto. Acúsese el recibo de estilo Fórmese el expediente y regístrese con el número I-613/2020, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes Procedencia de del juicio de amparo Debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, debe decirse que la parte quejosa solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra del acto siguiente: La sentencia de cuatro de agosto de dos mil veinte pronunciada en el toca * promovido por el quejoso en contra del auto dictado por el Juez Segundo de lo Civil de esta ciudad el tres de marzo del año en curso en el juicio ordinario civil * En ese orden, este juzgador advierte la actualización de manifiesta e indudable de una causal de improcedencia. Al respecto, debe decirse que el artículo 113 en mención señala que para desechar de plano una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 'manifiesto' e 'indudable' a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e 'indudable' significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita Ahora, es necesario precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto significa claro, evidente y el 'indudable', a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la tesis de jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo Hipótesis de la causal de improcedencia Es oportuno precisar que con base en la doctrina de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las causales de improcedencia son todas aquellas condiciones que impiden al Juez de Distrito o Tribunal de Circuito analizar las cuestiones planteadas en el juicio de amparo, ya que de hacerlo, se vulneraría cualquiera de los principios en los que se edifica el proceso constitucional. Tales condiciones, se encuentran enumeradas, por regla general, en el artículo 61 de la Ley de Amparo; sin embargo, existe otras diseminadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la ley reglamentaria en cita, pero para su integración es menester que el juzgador la señale con toda precisión. Al respecto, cobra aplicación la tesis XCI/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo En el caso, se actualiza la causal de improcedencia que se integra de la interpretación armónica de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, de la Ley de Amparo que establecen: Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley Artículo 107. El amparo indirecto procede V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte Armonizados los apartados normativos transcritos, se advierte que tratándose de actos emitidos dentro de un juicio, como lo es el ordinario reivindicatorio del que emergió el recurso de apelación en donde se pronunció la sentencia que constituye el acto reclamado, el juicio de amparo sólo procederá cuando los actos reclamados produzcan una afectación material a los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Asimismo, con base en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), los actos en el juicio cuyos efectos son de imposible reparación son aquellos que violan derechos sustantivos quedando excluidos por una simple regla de inferencia lógica, los adjetivos o procesales. Al respecto, la tesis aludida establece lo siguiente: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza material de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios Por su parte, el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo señala: Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley". De lo anterior se sigue, que el desechamiento de pruebas verificado en un juicio del orden civil constituye una violación procesal que no afecta materialmente derechos sustantivos. Actualización de la causal de improcedencia Ahora, del análisis integral de la demanda así como de sus anexos, se advierten los hechos que dieron lugar a la emisión de los actos de autoridad combatidos, los cuales tienen su origen dentro del expediente ordinario civil * del índice del Juzgado Segundo de lo Civil de Morelia, promovido por * el que ejerció en contra del quejoso la acción reivindicatoria de la finca urbana ubicada en la avenida ** número ** de la población **** Michoacán. Demanda que -a decir del quejoso- fue contestada en tiempo y forma. Precisa, que en el controvertido en comento corrió el plazo probatorio y una vez concluyó, el quejoso ofreció prueba documental superveniente consistente en el recibo de pago del impuesto predial de la finca urbana en disputa; sin embargo, afirma que el juez de primera instancia desechó la prueba ofertada, por lo cual se interpuso en su contra recurso de apelación cuyo conocimiento correspondió a la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, la que por sentencia de cuatro de agosto de dos mil veinte dictada en el toca **** declaró improcedente la apelación (sic) argumentando que los agravios expresados devinieron infundados Asimismo, del testimonio del recurso de apelación se advierte la sentencia pronunciada el cuatro de agosto dedos mil veinte (foja 155, expediente digital), de la que se desprende que en ella se resolvió el recurso de apelación interpuesto por el quejoso en contra del auto de fecha cinco de marzo del año en curso, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en el juicio ordinario civil número ** que sobre reivindicación de inmueble promueve ***** de contenido siguiente: Morelia, Michoacán, a 5 cinco de marzo de 2020 dos mil veinte. Visto el escrito de cuenta y documento anexo, presentado por *** y **** el primero en cuanto codemandado en el juicio principal y actor reconvencional y el segundo, apoderado jurídico de aquél en este juicio, se les dice que no ha lugar a admitir la prueba documental que ofertan, en virtud de que el término probatorio decretado dentro de este controvertido, concluyó el día 2 dos de diciembre de la anualidad pasada, tal y como se aprecia de la certificación de fecha 4 de noviembre de dicha anualidad, la cual es parte del proveído de esa misma data, localizable a foja 243 doscientos cuarenta y tres de constancias.- Lo anterior en términos de lo dispuesto por el numeral 356 del Código de Procedimientos Civiles del Estado que dice: 'Las diligencias de prueba sólo podrán practicarse dentro del término probatorio bajo pena de nulidad y responsabilidad del juez Una vez precisado el auto recurrido, la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado analizó los agravios vertidos por los apelantes declarándolos infundados; por tanto, confirmó el auto apelado foja 160, ibídem En ese orden, cuando en el juicio de amparo se reclama una resolución emitida en un recurso de apelación, que tiene naturaleza declarativa, como sucede cuando se confirma el auto apelado, es necesario atender los efectos que el acto recurrido produce, porque la confirmación del tribunal de alzada significa que el auto apelado quedará incólume, esto es, se confirma su legalidad y validez, por ende, producirá todos sus efectos jurídicos En esta tesitura, el acuerdo de cinco de marzo de dos mil veinte emitido por el Juez Segundo de los Civil de Morelia, dentro del juicio ordinario * en que se desechó una prueba, seguirá surtiendo sus efectos, empero, tal desechamiento no afecta derechos sustantivos del quejoso, ya que no le priva de la propiedad o de la posesión que se debaten en el juicio, pues ello sólo será factible una vez que se resuelva la controversia y la sentencia que se pronuncie quede firme. Esta cuestión se encuentra plenamente definida en las tesis de jurisprudencia número 407, de la entonces Cuarta Sala, Quinta Época, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 273, tesis aisladas de la entonces Tercera Sala, Quinta Época, que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Tomos LXXVIII, LXXI y LXX, páginas 778, 2173 y 4233, respectivamente que establecen PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA.- El amparo indirecto es improcedente contra el auto que desecha una prueba, dado que se trata de una violación del procedimiento, comprendida en la fracción III del artículo 159 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, que debe reclamarse al interponerse el amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio, previa la preparación legal necesaria, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 161 de la misma ley "PRUEBAS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA LA RECEPCIÓN DE.-Debe estimarse improcedente el amparo indirecto contra la resolución de segunda instancia, que confirma el auto que negó al quejoso la recepción de pruebas, pues aunque esa resolución tenga una situación definida, intocable para el Juez, al sentenciar, el fallo que se dicte puede ser por distintas causas, favorable al quejoso, y aunque en la apelación contra ese fallo, se produjera ejecutoria absolutoria, en el amparo que contra ésta se promoviera, podrían hacerse valer los agravios respectivos, como violaciones del procedimiento "PRUEBAS, AMPARO CONTRA EL DESECHAMIENTO DE LAS.- El juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución que niega la recepción de pruebas, porque el artículo 159 de la ley orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, en su fracción III, señala como violación del procedimiento que priva de defensa al quejoso, el hecho de no recibírsele las pruebas que legalmente hubiere ofrecido, o cuando no se le recibieren conforme a la ley; y el artículo 161 del mismo ordenamiento, determina que esas violaciones sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al interponerse la demanda contra la sentencia definitiva, señalando los procedimientos que deben seguirse para preparar el juicio de amparo "PRUEBAS, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA A RECIBIRLAS.-Conforme al artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal, sólo pueden reclamarse en amparo indirecto los actos en el juicio, cuando su ejecución sea de imposible reparación, y la denegación de una prueba no puede ocasionar a quien la ha ofrecido, un perjuicio irreparable, toda vez que la sentencia que se pronuncie, puede ser favorable a sus intereses; por tanto, la oportunidad para solicitar el amparo de la Justicia Federal, por violaciones del procedimiento como la de que se trata, existe al pronunciarse la sentencia definitiva, de acuerdo con los artículos 158, fracción I, y 159, fracción III, de la Ley de Amparo." Con base en lo expuesto es factible concluir que no procede la vía constitucional biinstancial, pues el juicio de amparo que se intentó en contra de un acto que no afecta materialmente derechos sustantivos del quejoso Protesta de ley Por otra parte, conviene destacar que este juzgador cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la protesta de ley es un requisito que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda Así, tanto la narración de antecedentes que se haga bajo protesta de decir verdad crea certeza en el juez para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. Cuestión que se ve reflejada, y que por las ideas que contiene se estima aplicable, en la tesis de jurisprudencia 64/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable" (Énfasis en lo resaltado por este juzgado De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional Además, dado que el juicio se tramitó en la vía directa, la autoridad responsable al cumplir con las obligaciones que le impone el artículo 182 de la Ley de Amparo, remitió el testimonio del recurso de apelación * el que tiene valor probatorio pleno con base en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, dado que se trata de un expediente judicial. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA Señalamiento de domicilio y autorizados Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, autorizando en términos amplios a ** por tener cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así a *** porque no acreditó ser licenciado en derecho o abogado titulado. Consulta en línea del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Se exhorta a la parte quejosa a que las consultas y promociones en este juicio se realicen vía electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual podrá actuar a través de la firma electrónica avanzada certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), o por el Servicio de Administración Tributaria (e.Sat o e.Firma), que es la que se utiliza para rendir la declaración anual de impuestos y otros servicios en materia de obligaciones tributarias En caso de no contar con ninguna de ellas, podrán tramitarla en la página www.firel.pjf.gob.mx, siguiendo los pasos que ahí se describen. Una vez obtenida cualquiera de las firmas electrónicas avanzadas, las personas (quejoso, autoridades responsables y Ministerio Público) tendrán acceso al portal de servicios en línea en donde podrán realizar un registro como usuario asignándole la nomenclatura que sea de su agrado, y una contraseña personalísima vinculada a la firma electrónica, con dicho usuario podrán ser habilitados por el órgano jurisdiccional para que tengan acceso al expediente electrónico correspondiente en el cual podrán Consultar constancias Presentar demandas, escritos, recursos, ampliación de demanda, cumplir con prevenciones y requerimientos, formular alegatos, acceder a los que formule su contraparte Notificarse Descargar las constancias que constituyen el expediente digital, la que tendrán el valor de copias certificadas por estar firmadas electrónicamente por los servidores públicos integrantes de los órganos jurisdiccionales. Al respecto, el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 señala lo siguiente: Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra". Consulta física del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Para el caso que las partes no les sea posible acceder a las tecnologías precisadas en el punto inmediato anterior, y requieran consultar físicamente el expediente o presentar promociones físicamente, se les informa lo siguiente. Consulta física del expediente. Toda vez que para garantizar la continuidad de las medidas para evitar la concentración de personas y la propagación de virus Covid-19, subsiste la situación de emergencia sanitaria, si cualquiera de las partes considera necesario consultar físicamente el expediente, a efecto de estar en posibilidad de formular los alegatos correspondientes u ofrecer prueba, con base en el artículo 6 del acuerdo general en cita deberá generar una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio "Agenda OJ", en el entendido de que el acceso al órgano jurisdiccional y, consecuentemente al expediente respectivo, conforme a los artículos 3, 4, 6 y 7 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra sujeto a las limitaciones siguientes: El acceso al órgano jurisdiccional y, por consecuencia al expediente, sólo verificará en la fecha y hora de la cita. Estará limitado a dos personas por cita, una de las cuales deberá ser quien agendó la cita. Si requiere de atención especial por padecer de alguna discapacidad, deberá informarlo al momento de agendar la cita, indicando con toda precisión qué tipo de discapacidad posee, a efecto de se realicen los ajustes necesarios para su comparecencia. Deberá someterse a los controles sanitarios establecidos en el inmueble del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que de no cumplir con lineamientos establecidos para tal efecto, no se permitirá el acceso. Deberá respetar las medidas de "sana distancia" conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Para presentar físicamente promociones. Dado que la reanudación de los plazos y términos procesales implica la de las actividades administrativas de los órganos jurisdiccionales, los escritos, promociones u oficios dirigidos a este expediente podrán presentarse en la oficialía de partes común (OPC), las cuales quedarán instaladas en los edificios sedes de los órganos jurisdiccionales a partir del tres de agosto de dos mil veinte, y funcionará en dos turnos; a saber: (i) turno matutino prestará servicios de las nueve a las catorce horas, exclusivamente para órganos que laboren por las mañanas, y la del turno vespertino lo hará de las quince a las diecinueve, sólo para los órganos que laboren por las tardes. Para tal efecto, indíquese a las partes que este órgano fue designado para desempeñar labores en el turno vespertino. Procedimiento ante las oficialías de partes comunes (OPC) Con base en la circular SECNO/14/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la medida de lo posible, se seguirá de acuerdo a la mecánica esencial que se detalla: (i) Toda persona justiciable debe portar cubrebocas de forma obligatoria. (ii) La persona justiciable debe ser dirigida al espacio de presentación de documentación correspondiente, dependiendo de si se pretende depositar en el buzón o presentar ante la OPC. (iii) Una vez en el espacio correspondiente a la OPC, deberá hacer fila, siempre respetando los espacios personales de sana distancia señalizados previamente. (iv) En caso de advertirse que están agotados los espacios personales, alguna o alguno de los funcionarios designados para proporcionar información o canalizar el flujo de personas les entregará comprobantes o contraseñas a las personas que acudan hasta el término del turno, con el objeto de puedan retirarse y regresar posteriormente para ser atendidas y que se reciban sus promociones, justificando su recepción fuera del horario establecido para el turno. (v) Una vez atendida, la persona justiciable debe retirarse de inmediato; en el entendido de que las citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales tienen un trámite autónomo y automatizado. Comuníquese a las partes que fuera del horario establecido para la atención de las OPC, en caso de asuntos en los que se venza un término podrán presentar los escritos y oficios de los expedientes en trámite ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, o el buzón judicial. Disposiciones finales en relación a la observancia de las medidas imperantes en la asistencia a las instalaciones de los tribunales federales. Para el caso de que las partes decidan continuar tramitando físicamente este expediente y en consecuencia tengan la necesidad de acudir al edificio sede de este órgano, se les hace del conocimiento que, conforme a los lineamientos trazados en el acuerdos general 21 del Consejo de la Judicatura Federal y circular SECNO/14/2020 citadas con antelación, deben acatar los lineamientos trazados en dicho cuerpo normativo, pues de lo contrario les será negado el acceso a los recintos destinados para brindarles la atención debida con la consecuente preclusión del derecho procesal correspondiente, ya que los plazos y términos no serán suspendidos de manera particular. También se les comunica que: El incumplimiento de las medidas sanitarias generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. El ingreso al edificio y al órgano jurisdiccional sólo se permitirá en la hora y fecha establecida en la cita, no se permitirá en hora y fecha diversa, en caso de incomparecencia deberá agendar otra cita. Anotaciones y capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Expediente Electrónico Se autoriza a los secretarios y actuarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión del presente acuerdo para que se integre al expediente físico.

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