José Jesús Aguilar Ortiz

Expediente 45/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
45/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
21/06/2021

Partes del expediente

  • Todas las Partes
  • José Jesús Aguilar Ortiz
  • Modesta Teresa Rodriguez Sauza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio proveniente del Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Chihuahua, en el que obra inserto el auto de diecinueve de mayo pasado, dictado en el juicio de amparo *********, en el que se tuvo al juez Tercero de Distrito en el estado de Zacatecas, aceptando la competencia planteada por el juzgado oficiante bajo el número de amparo **********; de lo que se toma conocimiento a efecto de ulteriores promociones que se reciban vinculadas con el aludido controversial sean agregadas al presente cuaderno.

  2. Principal

    Visto el escrito signado por **, autorizado en amplios términos de los quejosos, por medio del cual solicita la devolución de los documentos que se anexaron al escrito de demanda de amparo; dígasele al promovente que mediante auto de veinticuatro de marzo del presente año, se dejó a disposición de los quejosos dichas documentales, a efecto de que las recogieran; por tanto, como lo solicita, se ordena su devolución, previa constancia que se deje asentada en autos. De igual forma, se reitera que para poder ingresar a este órgano jurisdiccional, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y acudir en un horario de trece a dieciocho horas. Medidas que se adoptan de forma temporal, ante las restricciones generadas con motivo de la contingencia de salud, derivadas del virus SARS-CoV-2, comúnmente conocido como COVID-19.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de cuatro de los actuales por el que se desechó la demanda promovida por *, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos los efectos legales conducentes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, al no haberse exhibido en autos. No obstante, se deja a disposición de la parte quejosa las copias certificadas de los documentos que allegó con su demanda, previa razón que se deje asentada en autos. En la inteligencia de que, para poder ingresar a este órgano jurisdiccional, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y acudir en un horario de trece a dieciocho horas. Medidas que se adoptan de forma temporal, ante las restricciones generadas con motivo de la contingencia de salud, derivadas del virus SARS-CoV-2, comúnmente conocido como COVID-19.

  4. Principal

    Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por ****** y ****, en su carácter de colonos o habitantes del domicilio ubicado en calle **** número **** del Fraccionamiento *****, en esta ciudad, en contra de actos que atribuyen a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 4, 11 y 16 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 45/2021-II. Designación de representante común. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a *****, sin perjuicio de que se haga la designación correspondiente. Desechamiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por lo que resulta oportuno señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Asimismo, el citado artículo señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, se entiende por lo primero, lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. En tal virtud, se procede a realizar el estudio integral de la demanda de amparo, de la cual se desprende que el acto reclamado consiste en: La autorización y ejecución de la obra para cerrar el paso en la vía pública localizada a la altura de los KM NB-69+091 de la vía Acámbaro-Empalme Escobedo (avenida Irrigación Oriente, en donde pasa la vía del tren), que conlleva el cierre del paso vehicular en el tramo de la vía férrea, que pasa por debajo del nuevo puente vehicular en la avenida señalada y se localiza a la altura del centro comercial Wal-Mart; así como la suscripción del contrato de siete de noviembre de dos mil diecinueve, celebrado entre la presidenta municipal de Celaya, Guanajuato y Kansas City Southern de México, S.A. de C.V., que trajo como consecuencia el cierre definitivo del paso inferior vehicular en la citada avenida Irrigación, bajo el paso superior vehicular, localizado a la altura de KM NB-69+076 de la vía Acámbaro-Empalme Escobedo. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. [.]" La disposición transcrita prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos distintos de los emitidos por tribunales judiciales que deban ser revisados de oficio o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, y no se hubiere agotado antes de promover aquél. El principio de definitividad rector del juicio constitucional encuentra su justificación en que al tratarse de un medio extraordinario de defensa, los quejosos deben acudir a las instancias ordinarias que produzcan la insubsistencia del acto de autoridad antes de promover el amparo. Así, del contenido íntegro de la demanda de amparo y anexos, como se precisó, se advierte que la parte quejosa instaura el juicio constitucional en contra de los actos reclamados consistentes en la autorización y ejecución de la obra para cerrar el paso en la vía pública localizada a la altura de los KM NB-69+091 de la vía Acámbaro-Empalme Escobedo (avenida Irrigación Oriente, en donde pasa la vía del tren), que conlleva el cierre del paso vehicular en el tramo de la vía férrea, que pasa por debajo del nuevo puente vehicular en la avenida señalada y se localiza a la altura del centro comercial ****; así como la suscripción del contrato de siete de noviembre de dos mil diecinueve, celebrado entre la ***** y ****., que trajo como consecuencia el cierre definitivo del referido paso vehicular; actos en contra de los cuales previo a la promoción del presente juicio, debió promover el juicio de nulidad ante la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, o bien, el recurso de inconformidad en sede administrativa. Ello, porque a través de su instauración se puede obtener la modificación, revocación o nulificación de las referidas determinaciones, de conformidad con los artículos 226, 227, 234, 235 y 256 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que establecen: "Artículo 226. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas podrán, a su elección, interponer el recurso de inconformidad previsto en este Título o impugnar ante la autoridad jurisdiccional. Cuando se haya interpuesto el recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá impugnar el acto o resolución de que se trate ante la autoridad jurisdiccional. Para los efectos de este Título, también tienen el carácter de interesados los servidores públicos a quienes se atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables." "Artículo 227. El recurso de inconformidad tendrá por objeto la confirmación, modificación, revocación o nulidad del acto administrativo recurrido." "Artículo 234. La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto o resolución impugnado, siempre y cuando: I. Lo solicite expresamente el recurrente; II. Se admita el recurso; III. No se cause perjuicio al interés social o no se contravengan disposiciones de orden público; IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y V. Tratándose de créditos fiscales, el recurrente garantice su importe en cualquiera de las formas previstas por la legislación aplicable, cuando así lo acuerde discrecionalmente la autoridad administrativa." "Artículo 235. El interesado podrá solicitar la suspensión del acto administrativo recurrido en cualquier momento, hasta antes de que se resuelva el recurso de inconformidad." "Artículo 256. Cuando las leyes o reglamentos establezcan algún recurso o medio de defensa, será optativo para el particular agotarlo o promover directamente el proceso administrativo ante el Tribunal o los Juzgados. Ejercitada la acción, no se podrá ocurrir a otro medio ordinario de defensa." Ahora de la lectura íntegra de los preceptos trascritos, se advierte la existencia de los medios de impugnación que prevé el artículo 226 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, como lo es el recurso de inconformidad o impugnar ante la autoridad jurisdiccional, a elección; por tanto, son estos medios de impugnación la alternativa del quejoso para controvertir los actos que ahora cuestiona en forma destacada. Luego, los actos aquí reclamados, encuadran en tal hipótesis, por lo que, son impugnables a través del medio ordinario de defensa aludidos en parágrafos precedentes. Ciertamente, de lo anterior se obtiene que en contra de los actos reclamados destacados, la parte quejosa debió interponer el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa en el estado de Guanajuato, dado que por virtud de los mismos, los actos reclamados pueden ser modificados, revocados o nulificados. Es indispensable para la procedencia del juicio de amparo, el cumplimiento de aquel principio, pues la promoción del procedimiento constitucional se restringió a los casos en los cuales la determinación reclamada no tuviere remedio jurídico alguno dentro de las disposiciones del orden común. Destaca que en el particular no es obstáculo para desechar la demanda de mérito, lo relativo a la suspensión del acto debatido, atendiendo a que una vez analizados los requisitos que establecen los artículos 268 al 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión de los actos cuestionados -en caso de que el quejoso hubiere tenido la intención de solicitarla-, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, por los que el citado código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto reclamado, de ahí que sea procedente previo a la instauración del juicio constitucional, el citado medio ordinario de defensa. En razón de lo cual no se actualiza la excepción al principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVI.1o.A. J/19 (10), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, de rubro y texto: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primero, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible (artículo 268, en relación con el 275), tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144); los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (artículos 276 del código y 135 de la ley). No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (artículo 136) expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo." Asimismo, debe puntualizarse que, a consideración de este juzgado, no se actualiza ninguna de las excepciones que prevé la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que el medio de defensa que debió interponer está previsto en una ley, aunado a que los quejosos no solo aducen violaciones a la constitución, sino también expresan motivos de disenso de legalidad. Máxime que, del contenido del oficio y contrato que contienen los actos reclamados, adjuntos a la demanda de amparo, se desprende la cita los preceptos aplicables al caso, de ahí que es evidente, que el acto reclamado no carece de fundamentación ni motivación. Es de invocarse, en sentido contrario, la tesis pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS, NO EXISTE OBLIGACIÓN DE AGOTARLOS SI EL ACTO CARECE DE FUNDAMENTACIÓN. Si en la demanda de garantías se impugnan los actos reclamados por falta de fundamentación, no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa que establezcan las leyes previamente a la interposición del juicio de garantías, pues el artículo 73, fracción XV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es claro al establecer que no existe obligación de agotar tales medios de defensa si el acto carece de fundamentación." Además, no debe soslayarse que al margen de todo lo antes expuesto, los contratos de ejecución de obra pública que celebra un municipio con personas físicas o morales, evidencian un acuerdo de voluntades que genera obligaciones y derechos mutuos entre los contratantes, lo que conlleva una relación de coordinación voluntaria, es decir, no constituye un acto unilateral que extinga por sí, una situación jurídica en la esfera de los aquí quejosos. Determinación. En mérito de lo expuesto, con apoyo en lo establecido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que lleva implícito el principio de definitividad establecido en el numeral 107, fracción IV, constitucional, resulta procedente desechar la demanda de amparo promovida **** y *****, conforme lo dispuesto en el ordinal 113 del mismo ordenamiento. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle **** número *** del Fraccionamiento ****, en esta ciudad. Asimismo, se tienen como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******, toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que cuenta con cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, inscrito en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como autorizado en términos restringidos del invocado numeral a la diversa persona que menciona, por así haberlo solicitado expresamente los promoventes. De igual forma, se tiene a los promoventes proporcionando un correo electrónico a fin de establecer medios de contacto, sin que resulte el caso de que las notificaciones sean por ese medio, al no haber proporcionado usuario para recibir notificaciones en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.Notifíquese personalmente a los quejosos. Así lo proveyó y firma Günther Demián Hernández Núñez, juez Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, asistido de Luz María Martínez Vega, secretaria que autoriza y da fe.

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