José Jesús Aguiar Jiménez
Expediente 933/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 933/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/08/2022
Partes del expediente
- José Jesús Aguiar Jiménez
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que José Jesús Aguiar Jiménez, no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el cuatro de agosto del año en curso, en el cual se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Finalmente, requiérase a la parte agraviada para que dentro del término de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, comparezca en el local de este órgano jurisdiccional en día y hora hábil debidamente identificados, a efecto de recoger los documentos originales que en su caso hubiese allegado a este asunto, previa constancia de recibo que se deje en autos; apercibida que de no hacerlo en el plazo indicado éstos serán destruidos, de conformidad con el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de demanda de derechos fundamentales signado por José Jesús Aguiar Jiménez, a través del cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo el 933/2022-II. Ahora bien, en atención al contenido del escrito inicial de demanda, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la ley de amparo deba desecharse de plano la demanda de amparo, atento a las siguientes consideraciones. En efecto, el acto reclamado en este juicio lo constituye la resolución de fecha veinticuatro de junio de dos mil veintidós, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de tres de ese mismo mes y año, derivado de la recusación dentro del expediente 181/2022, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad. Al respecto, se estima que el acto reclamado no puede ser combatido en amparo indirecto, por considerarse que no se trata de actos que tengan una ejecución que sea de imposible reparación; motivo por el que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107 fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que amerita su desechamiento, en atención a las consideraciones siguientes: Los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, respectivamente, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Asimismo, resulta aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 29/2021 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Julio de 2021, Tomo II, página 1770, con registro digital 20232342, que dice: "RECUSACIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE RELATIVO NO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron de manera discrepante respecto a si procede el juicio de amparo indirecto contra la resolución que declara infundado un incidente de recusación o si se trata de una violación procesal reclamable en amparo directo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que en contra de la resolución que declara infundado un incidente de recusación no procede el juicio de amparo indirecto, al no tratarse de un acto de imposible reparación sino que, al constituir una violación a derechos adjetivos, debe reclamarse en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo. Justificación: En términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, esta Segunda Sala determina que la resolución que declara infundado un incidente de recusación, no se trata de un acto de imposible reparación en contra de la cual proceda de manera inmediata el amparo indirecto, pues dicha resolución tiene como único efecto que el Juez, Magistrado o miembro de un tribunal, respecto de quien se haya promovido una recusación, continúe conociendo del asunto, cuyas consecuencias sólo tienen que ver con la afectación a derechos adjetivos o procesales que inciden, en todo caso, en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, pero que de obtenerlo, sus efectos o consecuencias se extinguirán en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de la persona o a su esfera jurídica y, por el contrario, si la sentencia le es desfavorable, podrá reclamarla en la vía de amparo directo, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo, haciendo valer como violación dicha cuestión procesal." Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustenta la siguiente jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, Agosto de 1992, página 11, con número de registro 205651, cuyo rubro se plasma a continuación: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Acorde con el criterio sustentado en la referida jurisprudencia, los elementos de dicha definición no se actualizan en el acto reclamado, porque con él sólo se pueden afectar derechos procesales de la parte promovente, ya que, contrario a lo que aduce en su demanda, no afectan en modo directo los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, etcétera, toda vez que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos. Así es, la resolución que reclama el promovente, no priva a la parte quejosa del derecho de defensa que en todo procedimiento judicial tienen consagrado las partes ni altera las cuestiones debatidas en los mismos, ya que la resolución de mérito únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, pues únicamente tendría el efecto de que como lo refiere en los antecedentes del acto reclamado sea el Juzgado Segundo Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, quien siga conociendo del juicio de origen, y se dicte una sentencia que le puede ser o no favorables a sus intereses, misma contra la cual puede interponer la demanda de amparo directo correspondiente. En efecto, la ejecución de imposible reparación de un acto emitido en un juicio, para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, sólo se da cuando por sí o a través de sus consecuencias, se afectan derechos sustantivos pero en modo alguno los adjetivos o procesales, cuyos efectos y consecuencias pueden desaparecer, sin dejar huella, si el afectado obtiene su pretensión en el fondo, por lo que la resolución de la autoridad señalada como responsable no afecta algún derecho de carácter sustantivo de la parte inconforme, pues simplemente se limita a declarar aspectos de carácter adjetivo o procesal; lo que hace indudable que el acto reclamado no causa un perjuicio de carácter irreparable a la parte quejosa, requisito para la procedencia del juicio de garantías biinstancial, actualizándose de esta forma la causal de improcedencia a que se refiere el precepto 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia (Civil) 1a./J. 108/2006 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, registro 172834 , Tomo XXV, Abril de 2007, página 11, con rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE NO ADMITIR O NO RESOLVER LA RECUSACIÓN FORMULADA CONTRA EL JUEZ EJECUTOR. Del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se advierte que el sistema de procedencia del juicio de garantías contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, distingue entre: 1) los actos de ejecución de sentencia y 2) los que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución. Respecto de los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce expresa o tácitamente el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento); siendo la razón que originó esta regla de procedencia, el impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva; de ahí que el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin al procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa al quejoso. En congruencia con lo anterior, se concluye que la interlocutoria que decide no admitir o no resolver la recusación formulada contra el Juez ejecutor, al tratarse de una resolución intraprocesal que no causa agravio por sí misma, no debe reclamarse de manera inmediata en la vía indirecta del amparo, sino que puede impugnarse a través del amparo que se intente contra la resolución final con la que culmine el procedimiento de ejecución." Entonces, se aprecia que el acto que la parte quejosa pretende combatir por esta vía, es una violación procesal cometida dentro de un juicio, que por sí misma constituye una violación a las leyes del procedimiento que sólo son reclamables mediante el amparo directo que en su caso se promueva contra la resolución definitiva que se llegare a dictar en el juicio de origen. Esto, pues de cualquier forma, si se dictara sentencia a favor de la parte actora, ahora quejosa, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, porque el único efecto sería que la Juez de origen siguiera conociendo del juicio natural, siendo que la actora, en todo caso, tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar las violación procesal insubsistente al resolverse el juicio y en caso de que la resolución le fuera desfavorable, podría reclamarla a través del juicio de amparo directo. Apoya lo anterior, la tesis XXIV/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia(s): Común, Tomo VII, Febrero de 1998, página 228, con registro digital 196795, que dice lo siguiente. "RECUSACIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE PUEDE CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN PROCESAL, CUYA IMPUGNACIÓN DEBE HACERSE EN AMPARO DIRECTO. La recusación no es un acto de imposible reparación, pues el único efecto que produce tal resolución es que el propio juez recusado continúe conociendo de la controversia jurisdiccional, hipótesis que, además de estar comprendida en el artículo 159, fracción X, de la Ley de Amparo, revela una violación procesal; en consecuencia, esa resolución no puede ser combatida en amparo ante el juez de Distrito, por tratarse de violaciones a las leyes del procedimiento contenidas en el precepto legal invocado y, por ende, conforme a lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, solo puede reclamarse en la vía de amparo directo al interponerse la demanda contra la sentencia definitiva." En consecuencia y por lo antes expuesto, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida, por actualizarse en el caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con el artículo 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado este último en sentido contrario. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que menciona en su libelo de demanda y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Rogelio Hidalgo Alvarado, Edgar Córdoba González y Juan José Antonio Espino de la Cruz, toda vez que se encuentran inscritos en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, y únicamente para los efectos precisados en la parte de dicho dispositivo legal a Jhosseline Vázquez Rodríguez y Baltazar Cisneros Guatemala, hasta en tanto demuestren a este Juzgado de Distrito contar con cédula profesional para ejercer la abogacía. Asimismo, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las personas aludidas en el párrafo que antecede, para el uso de medios electrónicos en la reproducción de acuerdos y resoluciones que se emitan en el presente asunto. Finalmente, en atención a lo dispuesto en los artículos 79 y 81 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, de diez de diciembre de dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil nueve, se hace del conocimiento de las partes que, a fin de respetar el derecho a la intimidad, en la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto se suprimirá la información que por normativa se clasifique como reservada, confidencial o datos personales. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa, la resolución de cuatro de agosto de dos mil veintidós, por medio de lista, al no haber acudido al este Juzgado de Distrito a recibir la notificación de manera personal.
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