José Jerónimo Trabulsi Taboada y Otros.

Expediente 344/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
344/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
17/03/2023

Partes del expediente

  • José Jerónimo Trabulsi Taboada y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    III. Visto el estado procesal de los autos y las certificaciones que anteceden, se advierte que transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el proveído de cinco de marzo de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa, a quien pudiera causar perjuicio, lo haya hecho valer; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Toda vez que ya no existe asunto que cumplimentar en el juicio que nos ocupa, archívese este juicio como concluido y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno electrónico y físico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 1.- Criterio de valoración. En virtud de lo expuesto en los párrafos que preceden y en cumplimiento al artículo 12 del citado Acuerdo General se indica que el presente expediente carece de relevancia documental, al no encontrarse en los supuestos establecidos en el artículo 15 del referido Acuerdo; de igual forma, se precisa que en el asunto que nos ocupa no hay información reservada a la que hace referencia el diverso artículo 19. 2.- Expediente destruible. Se indica que de conformidad con el artículo 21, inciso b) del multicitado acuerdo este expediente es destruible, porque se desechó la demanda de amparo. 2.1 Plazo para destrucción. Una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, es decir, del diecisiete de marzo de dos mil veintitrés al diecisiete de marzo de dos mil veintiséis, y cumplido tal término, con veinticuatro horas de anticipación a los treinta días siguientes que prevé el tercer párrafo del artículo 21 del multicitado acuerdo, el Secretario encargado deberá dar cuenta para destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General referido se ordena al oficial judicial "c" a fin que anote en la carátula del expediente la leyenda respectiva, es decir "Relevancia documental, Conservable, Depurable o Destruible"; asimismo, el Secretario encargado deberá dar fe que la leyenda anotada sea la correcta. De igual forma que queda a cargo del oficial judicial "c, sin mayor proveído e indicación la integración y preparación de las formalidades de ley, del expediente tanto físico como electrónico; la realización y captura de los datos de éste, en el acta de destrucción que se prepare, una vez trascurrido el plazo citado en párrafos precedentes, a fin de dar cumplimiento a la circular 2/2020. Se comisiona al Secretario encargado del trámite del presente asunto, para que al día siguiente de que obre la notificación del presente auto lo entregue físicamente al archivo y en los términos señalados, sin mayor proveído e indicación de cuenta con el inicio y fin del procedimiento de destrucción, como el cumplimiento del mismo por los oficiales judiciales c y a. Se ordena al oficial judicial "c" y a los secretarios respectivos, que una vez que el expediente sea entregado físicamente al archivo y se realice el procedimiento de destrucción; verifiquen las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno electrónico y físico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) de parte de oficial judicial (a). Lo incorporen a la lista de reporte estadístico mensual de la mesa III, a fin que los Secretarios de las mesas IV y VI actualicen el concentrado general y generen su reporte estadístico mensual.

  2. Principal

    III. Visto el sello de lista de cuenta, del que se aprecia que la Fedataria Judicial, en cumplimiento al auto de +++, notificó a la parte quejosa el auto de +++, por el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, intégrese al expediente electrónico y físico para los efectos legales conducentes. Atento a lo anterior, este Juzgado de Distrito toma conocimiento de la notificación a la parte quejosa de la determinación referida y una vez que fenezca el plazo previsto en el numeral 98, primer párrafo, de la ley de la materia, para recurrir el citado proveído, se acordara lo conducente respecto al archivo del asunto que nos ocupa.

  3. Principal

    III. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos de los que se aprecia que en proveído de cinco de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibida la demanda de amparo promovida por +++, contra actos del Titular del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" en Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades; la cual, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción I, 6° y 113 de la propia legislación, se desechó. Asimismo, en dicha determinación, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29 de la ley de la materia, se ordenó notificar dicho auto, así como los subsecuentes que de manera personal resulten, por medio de lista, sin que la Actuaria Judicial encargada de los asuntos de mesa III, haya notificado tal proveído, como se aprecia de las imágenes que se insertan a continuación: +++ Por tanto, se comisiona a la Actuaria Judicial de mérito para que notifique el auto de cinco de marzo de dos mil veintitrés, tal como se ordenó en dicha determinación; así como, para que practique las notificaciones en los términos establecidos en el artículo 24 de la Ley de Amparo y en las circulares 6/2020 de diez de marzo de dos mil veinte y 2/2022 de veintitrés de marzo de este año. En cumplimiento al acuerdo dictado en esta fecha se notifica por lista a la parte quejosa el auto de cinco de marzo de dos mil veintitrés, el cual en síntesis dice: "RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por +++, contra actos del Titular del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" en Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades; SIN FIRMA ELECTRÓNICA DEL DIRECTO QUEJOSO; se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 344/2023-III. +++. NO SE ESTÁ EN EL SUPUESTO DE QUE EL PROMOVENTE ESTÉ IMPOSIBILITADO PARA FIRMAR ELECTRÓNICAMENTE O BIEN PRESENTAR FISICAMENTE LA DEMANDA. En el caso, no se actualiza el requisito previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, en razón de que la demanda no se promovió en términos de lo dispuesto en el diverso numeral 15, es decir, que el promovente se encuentre imposibilitado para promover el amparo, supuesto en el cual, sí podría hacerlo cualquiera otra persona en su nombre. Lo anterior es así, ya que del estudio de la demanda se desprende que el quejoso reclama la falta de atención médica porque -aduce- sufre de crisis de ansiedad; acto que no se encuentra previsto en el artículo 22 constitucional ni el 126 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido para este Juzgado de Distrito que el quejoso también señala como acto reclamado la tortura psicológica, ya que ésta última la hace derivar de la deficiencia en la atención médica que refiere por parte de su psicóloga. Lo que se corrobora con la narrativa de la propia demanda de la que se advierte lo siguiente: +++. Lo que permite establecer con meridiana claridad, que con independencia de la calificativa que otorgue a la falta de atención médica, NO SE TRATA BAJO NINGÚN SUPUESTO DE ALGUNO DE LOS ACTOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL Y PREVISTOS POR EL DIVERSO 15 DE LA LEY DE LA MATERIA. En ese tenor, no se justifica que la demanda de amparo carezca de firma electrónica, por lo que en términos de lo previsto por el numeral 3 de la ley de la materia, se deduce que no fue promovida por la parte a quien perjudica el acto de autoridad, y no se colma el principio de instancia de parte agraviada previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. NO SE CONCEDE SUSPENSIÓN SE PLANO DEL ACTO RECLAMADO NI SE DA VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO En virtud de lo anterior, NO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO DEL ACTO RECLAMADO, ya que el acto impugnado (FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA), no se encuentra previsto en el artículo 22 constitucional ni el 126 de la Ley de Amparo; máxime que la falta de atención médica que refiere el promovente, no se considera afección que ponga en riesgo inminente su vida. Por ende, RESULTA INNECESARIO dar vista a la Representación Social Federal adscrita a este Juzgado, a efecto de que en ejercicio de sus atribuciones determine si inicia o no una investigación a efecto de precisar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de la parte quejosa, como lo prevén los artículos 21 de la Constitución Federal, 1º, 3º, 6º y 8º de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura,2 así como 1º, 3º, y 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura3 , pues como se dijo, el acto reclamado no se encuentra previsto en el artículo 22 constitucional ni el 126 de la Ley de Amparo. Lo que es acorde con lo que prevé la tesis 1a. CCVII/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 561, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA." Así como, en el criterio sostenido por la Visitaduría General con número de referencia VJ_3928_2019, de rubro: "SEGUIMIENTO A LAS VISTAS RELACIONADAS CON ACTOS DE TORTURA, POR PARTE DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES. DESECHAMIENTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1131 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5°, fracción I, y 6°, de la Ley de Amparo. +++. En la especie, la demanda que dio origen a este juicio NO FUE FIRMADA ELECTRÓNICAMENTE por el promovente +++, pues así se advierte del contenido de ella, toda vez que agregan una imagen con la firma del peticionario que aparece como "FIRMANTE" +++, como se corrobora con la imagen que se inserta a continuación: +++. Por ende, se deduce que no fue promovida por la parte a quien perjudica el acto de autoridad, con lo que NO SE COLMA EL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Sin que obste a lo anterior que se haya promovido de manera electrónica, porque el escrito presentado en dicha vía debe autentificarse con el uso de la firma electrónica (FIREL), por lo que al no haberla utilizado, no se tiene certeza si la demanda efectivamente fue intentada por el promovente. De ahí, que si bien es cierto, el artículo 3o. de la Ley de Amparo, prevé como una opción para el promovente, la de presentar las promociones en forma impresa o electrónicamente, pero, si decide presentarlas así, debe hacerlo mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica (FIREL) conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal, entendida ésta como el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, como opción para consultar, enviar y recibir promociones, documentos, acuerdos, resoluciones, sentencias, comunicaciones y notificaciones oficiales relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Así, la implementación de las tecnologías de la información en la tramitación del juicio de amparo, no puede sustituir el principio de "instancia de parte agraviada" consagrado en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, que es rector del juicio de amparo, el cual debe prevalecer aun tratándose de la presentación de la demanda de amparo mediante el empleo de las tecnologías de la información, por lo que no es jurídicamente factible que alguien ajeno al agraviado o a su representante legal, como lo podría ser un autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pueda presentar la demanda de amparo mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando su propia firma electrónica (FIREL), dado que el ejercicio de la acción de amparo (al igual que cuando se presenta por escrito) debe quedar acotado a que sea la parte quejosa por sí o por quien legalmente lo represente, los únicos legitimados para presentar, ya sea por escrito o electrónicamente, la demanda de amparo, ello sin perjuicio de que en el escrito de demanda en términos del artículo 12 de la ley, la parte quejosa pueda autorizar a la o las personas que estime convenientes para que puedan acceder al expediente electrónico y recibir notificaciones por el mismo medio, siempre que el autorizado cuente con firma electrónica vigente para poder ingresar al expediente de que se trate. Por ende, si la demanda de amparo presentada en línea no está firmada electrónicamente con la FIREL de la parte promovente: +++, con ello no se cumple con el principio de instancia de parte agraviada, al no existir la voluntad de quien aparece como promovente. Esto es así, porque de estimar lo contrario, es decir, considerar que es posible hacer una distinción de trato cuando la demanda de amparo se presenta por escrito y cuando se hace por vía electrónica y en ambos casos se actualiza la misma hipótesis, esto es, que las demandas están firmadas (una con firma autógrafa y otra con firma electrónica) por persona diversa a la parte quejosa; traería como consecuencia que se prefiera el uso de las tecnologías de la información, pero no por su eficacia y/o accesibilidad, sino con el único fin de obviar el cumplimiento de uno de los principios rectores del juicio constitucional, como lo es el principio de "instancia de parte agraviada" consagrado en la fracción I del artículo 107 de la Carta Fundamental, lo que faculta a este juzgador, desechar de plano la demanda, dada la ausencia de voluntad del interesado. +++. Además, como se ha precisado con anterioridad, la firma electrónica (FIREL) es el equivalente electrónico al de la firma manuscrita y se trata de un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, como si se tratara de su firma autógrafa, produciendo los mismos efectos que ésta de conformidad con los artículos 3, 10, 12, inciso f) y 13, inciso d), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. Dicho concepto jurídico se definió en los acuerdos generales referidos, como "... el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los juzgados, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa ...". Por ende, si la demanda de amparo presentada en línea no está firmada electrónicamente con la FIREL de +++, ésta no cumple con el principio de instancia de parte agraviada, al no existir la voluntad del que aparece como promovente. CONCLUSIÓN Con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción I, 6° y 113 de la propia legislación, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), SIN FIRMA ELECTRÓNICA de +++. NOTIFICACIÓN DEL AUTO Como en el caso no existe la certeza de que +++, haya promovido la presente demanda, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29 de la ley de la materia, se ordena notificar el presente auto, así como los subsecuentes que de manera personal resulten, POR MEDIO DE LISTA que se fije para tal efecto en el portal de internet, y en lugar visible en este Juzgado de Distrito. COMPENSACIÓN SE ORDENA COMUNICAR la recepción de la presente demanda al Jefe de Oficina de Correspondencia Común "B" adscrito a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, a efecto de que realice los trámites correspondientes en la compensación de trabajo y emita la papeleta respectiva. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS En ese sentido, hágase del conocimiento de todas las partes en el presente asunto que a partir de esta fecha se les permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pero se les informa que deberán conducirse con lealtad procesal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debiéndose dejar constancia de dicha circunstancia. LEY DE TRANSPARENCIA Conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de distrito; en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que sus datos personales serán clasificados como confidenciales, salvo que expresen su consentimiento para permitir el acceso a dicha información."

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