JOSÉ JAVIER PERDOMO BUENO y Otros.

Expediente 818/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
818/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
29/10/2020

Partes del expediente

  • JOSÉ JAVIER PERDOMO BUENO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de diecinueve de octubre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado el mencionado proveído. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción en un plazo de tres años toda vez que se encuentra en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso d) pues se desechó el presente juicio por lo que carece de relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ***, por derecho propio, contra actos de *** agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y otra autoridad; atento a su contenido, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 818/2020. De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se evidencia, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese orden, de la lectura integral de la demanda de amparo, en específico del capítulo del acto reclamado se desprende que el quejoso hace consistir el acto reclamado en: El citatorio para comparecer el diecinueve de octubre de dos mil veinte, ante la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla, dentro de la carpeta de investigación ***. En ese sentido, este Juzgado de Distrito estima que en el presente juicio de amparo se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretado este último a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que este juzgador considera que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De la interpretación sistemática de dichos preceptos legales, en concordancia con el artículo 107, fracción I, Constitucional, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando alguna autoridad emita un acto que no afecte los intereses jurídicos de la parte quejosa, lo que implica que en todo caso, el proceder del órgano de gobierno, para ser examinado a través de la instancia constitucional, requiere como presupuesto, ser susceptible de generar perjuicio al gobernado, esto es, que exista un derecho que pueda resultar violado con el acto reclamado, lo que de no actualizarse en el caso concreto, tendría como consecuencia la improcedencia del amparo al no generarse el perjuicio como requisito indispensable para la procedencia de dicho derecho constitucional. En efecto, conviene precisar que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Es así, como se desprende que el ejercicio de la vía constitucional compete a quien perjudique el acto o ley que reclama, por consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, es necesario que haya un perjuicio a la parte quejosa o agraviada. Pues bien, en el caso particular se advierte que el presente juicio de amparo resulta improcedente respecto del acto consistente en el citatorio para comparecer el diecinueve de octubre de dos mil veinte, ante la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla, dentro de la Carpeta de Investigación ***, misma que le fuera notificada mediante oficio ***, en atención a que dicho acto por sí solo no lesiona los derechos fundamentales de aquí quejoso. En efecto, del análisis del escrito de demanda se observa que el acto reclamado se hace consistir en la citación por el que se le da a conocer que deberá presentarse ante la autoridad responsable, esto es, a las trece horas con quince minutos del diecinueve de octubre de dos mil veinte, a efecto de recabarle su entrevista por tener la calidad de imputado dentro de la carpeta de investigación ***, donde deberá acompañarse por abogado que lo asista, apercibido que de no comparecer será acreedor a una de las medidas de apremio que establece la legislación, circunstancia que no transgrede los derechos fundamentales del quejoso. Esto es así, pues la orden de citación no le ocasiona perjuicio alguno en sus derechos fundamentales, ni afecta algún derecho sustantivo, que justifique la procedencia del amparo, ya que fue emitido en términos instrumentales o adjetivos, es decir, acorde a lo estipulado por los artículos 90 y 91, del Código Nacional de Procedimientos Penales y por sí solo, no genera afectación alguna reparable por los medios de control constitucional, toda vez que su emisión no le irroga perjuicio. Ello es así, pues el acto reclamado no establece una necesidad de obediencia que lo perturbe en su esfera jurídica de manera inminente por el solo hecho de no acudir ante la autoridad señalada como responsable, ya que constituye un aviso que hace de su conocimiento, que deberá comparecer ante ella, el cual no tiene por objeto privarlo de su libertad. Además, el hecho de que en el citatorio reclamado, el Fiscal investigador, haya apercibido a la parte quejosa que de no acudir en la fecha y hora indicado se le impondría una medida de apremio; sin embargo, dicha medida de apremio está sujeta a condiciones futuras de realización incierta, a saber: la inasistencia del citado; o bien, que no exista justificación que legitime esa inasistencia. Es decir, ese apercibimiento en caso de incumplimiento a lo ordenado por la autoridad, tampoco produce en sí mismo una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5, fracción I, de la ley de la materia, ya invocado, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de una medida de apremio no se decreta como una consecuencia inmediata de ese apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como a que la autoridad decida llevar a cabo ese apercibimiento, lo que en el caso se traduce en la imposición de esa medida. De ahí que, el apercibimiento contenido en el citatorio reclamado, no es un acto inminente, al no existir certeza de que se vaya a ejecutar, lo que cual evidencia aún más la causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado. En esas condiciones, con fundamento en el diverso 113 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es desechar de plano la demanda de cuenta, en virtud de advertirse de manera manifiesta e indudable, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con la fracción I del numeral 5°, de la Ley de Amparo. Ahora, como lo solicita el quejoso, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *** toda vez que tiene registrada su cédula profesional que la acredita como licenciada en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación, y respecto a *** únicamente para oír y recibir notificaciones por así haberlo solicitado la parte quejosa. Además, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su numeral 2°, y en relación al artículo 26, fracción IV, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa la vía electrónica, que podrá consultar a través del usuario ***. Se hace de su conocimiento que de conformidad con la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo, está obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley en cita, en el plazo máximo de dos días a partir de que este órgano jurisdiccional le envíe las notificaciones generadas en el presente asunto, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas. Apercibida que de no cumplir con lo anterior las notificaciones que le correspondan se realizarán mediante lista de conformidad con la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo que así lo ordene. En virtud de lo anterior, se ordena a los actuarios adscritos que para los casos en los que se actualice la hipótesis de que se trata, impriman del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes la constancia respectiva a fin de que la notificación correspondiente surta efecto en términos del artículo 31, fracción II de la ley de la materia. En ese sentido, se comisiona al Analista Jurídico SISE para que proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al usuario ***, para la consulta y notificación en línea del expediente electrónico. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, ello con fundamento en el artículo 17 Constitucional.

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