José Javier Mendez Espinoza

Expediente 723/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
723/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
09/12/2020

Partes del expediente

  • José Javier Mendez Espinoza

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, nueve de diciembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo), mediante el cual el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, devuelve diligenciado el exhorto 408/2020-VII número de orden 408/2020 del índice de este Juzgado Federal, por el que se encomendó notificar personalmente al quejoso ***, el proveído de fecha catorce de octubre del año en curso. En consecuencia, téngase a la autoridad exhortada devolviendo la citada comunicación; asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de comunicaciones oficiales y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. En diversa guisa, toda vez que del exhorto diligenciado de cuenta se advierte que el quejoso manifestó: quedar enterado de contenido de los proveídos que se le notifican y que por el momento no le han proporcionado el medicamento de forma constante así como los prescribió el doctor En ese sentido, en virtud de que en fecha catorce de octubre del año en curso, se declinó la competencia del presente asunto al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno, y, en fecha veintiséis del mismo mes y año, el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, asumió conocer del juicio de amparo promovido por ***; en consecuencia, mediante oficio que derive del presente acuerdo remítase en copia certificada la cédula de notificación realizada al quejoso, a fin de que el Homologo Federal provea lo que en derecho corresponda. Finalmente, toda vez que el presente expediente mediante auto de fecha veintiséis de octubre del año en curso, se remitió materialmente al archivo de este Juzgado de Distrito, devuélvase al mismo y estese a lo acordado en el proveído antes citado.

  2. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta; a través del cual, el Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, acusa recibo del diverso 14651/2020 del índice de este Órgano Jurisdiccional, mediante el cual se remitió el original del juicio de amparo 723/2020-VII promovido por *****, e informa que asume la competencia declinada y se avoca al conocimiento del mismo, el cual registró bajo el número 634/2020, circunstancia de la que se toma conocimiento; asimismo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es destruible y que no existen documentos originales exhibidos por las partes, en términos del artículo 21 de dicho Acuerdo; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo. Por tanto, se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, será destruido el presente expediente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, catorce de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por José Javier Méndez Espinoza, por propio derecho, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS.OAXACA" y otra autoridad; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 723/2020-VII. Ahora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal de dicho precepto se advierte que para conocer de la demanda de garantías será competente el juez de distrito: Que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. El del lugar en que se presente la demanda, siempre que el acto reclamado no requiera de ejecución material. Que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en sus jurisdicciones. Como se aprecia, la competencia por territorio en materia de amparo se fija en atención a la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio, se debe calificar ésta, a fin de determinar si posee ejecución material o si se trata de actos que carezcan de principio de ejecución. Además, el artículo 37 de la Ley de Amparo en cita, al establecer que es competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, se refiere a actos positivos en el lugar donde se deban ejecutar. La intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y se siga ejecutando en otro, pues, sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, para detener la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, en el cual se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Apoya las consideraciones expuestas, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2a./J.13/95, registro 200781, en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Aunado a lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, toda vez que el acto reclamado tiene probable ejecución en la circunscripción territorial en que ejerce jurisdicción el Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; por lo que evidentemente este órgano jurisdiccional no tiene competencia legal por razón de territorio. Sobre lo expuesto, por las razones que la informan, sirve de apoyo por identidad jurídica la tesis II.1o.P.152 P, publicada en la página 1925 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2010, Tomo XXXII, Materia Penal, Noventa Época, número de registro 164371, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En las relatadas condiciones, este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, declina la competencia para conocer del presente asunto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límite territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, a favor del Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno, ya que dentro de su jurisdicción se podría ejecutar el acto reclamado por la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase la demanda y sus anexos al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde producirían sus efectos el acto reclamado. Por lo cual, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar inmediatamente a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada; asimismo, acuse el recibo de estilo correspondiente a través del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), con el uso de su firma electrónica. No obstante, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el quejoso José Javier Méndez Espinoza, por propio derecho, reclama de las autoridades responsables la omisión de proporcionar atención médica general y especialista en Psiquiatría. Ahora bien, los actos de los que se duele el impetrante son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia, en virtud de su naturaleza; por tanto, con fundamento en los artículos 125, 126, 147, párrafo segundo, todos de la Ley de Amparo se concede la suspensión de plano y de oficio, para el efecto de que éstos cesen de inmediato, en el entendido que queda a cargo y bajo la responsabilidad de las autoridades responsables la salud del agraviado. Asimismo, la suspensión concedida, es además para el efecto de que, se proporcione al quejoso la atención médica requerida, a efecto de salvaguardar la vida e integridad física de él; lo anterior acorde a sus padecimientos, al estado clínico que presenten y su expediente médico y/o clínico. Lo anterior encuentra sustento en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente dispone: "Artículo 4o. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. Dicha prerrogativa fundamental, que, además, se encuentra contenida en instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 25, así como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 12.1, en los cuales se indica que toda persona tiene derecho a un nivel adecuado que asegure su salud y que el Estado reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 6/2009, sostuvo que el derecho a la salud no se limita a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana va más allá en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo; es decir, se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental relativo a la integridad físico-psicológica, derivando de ello la tesis de rubro: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL." Incluso, el propio Tribunal Pleno, en el amparo en revisión 315/2010, estableció que la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización, tal y como lo expuso en la tesis P. XVI/2011., visible en la página 29, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que indica: "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN. Del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Así, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Como destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud." Aunado a que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 173/2008, del cual derivó la tesis 1a. LXV/2008, estableció que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Que el derecho a la salud conlleva libertades y derechos, entre las primeras, está la relativa a controlar la salud y el cuerpo, incluyendo la libertad sexual y genésica, así como a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consentidas; entre los derechos, se encuentra el relativo a contar con un sistema de protección de la salud que brinde oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. De ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. Ahora, cierto es que quienes están privados de su libertad en un centro carcelario con motivo de un proceso penal tienen suspendidos algunos de sus derechos, pero también lo es que el disfrute del más alto nivel posible de salud, no tiene restricción ni limitación aun para las personas en reclusión, pues se trata de un derecho humano fundamental cuya consecución y garantía en el más alto grado, constituye un objetivo social de suma importancia que el Estado tiene la obligación de salvaguardar y garantizar a partir del derecho interno como del externo. En tanto que, el artículo 2 de la Ley General de Salud, señala que el derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades: I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; II. La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana; III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población; VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud; y, VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud. Sumado a lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido criterios sobre el derecho a la protección de la salud para personas internas en un centro carcelario, así, al resolver el Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) contra Venezuela, por sentencia de cinco de julio de dos mil seis, consideró que el artículo 5o. de la Convención, consagra uno de los valores fundamentales en una sociedad democrática, esto es, el derecho a la integridad personal, en lo que se refiere a personas privadas de la libertad. El propio artículo 5.2 de la Convención establece que serán tratadas con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. De conformidad con el artículo 27.2 de la Convención este derecho forma parte del núcleo inderogable, pues se encuentra consagrado como uno de los que no puede ser suspendido en casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados Partes. En tal sentido, los Estados no pueden alegar dificultades económicas para justificar condiciones de detención que sean tan pobres que no respeten la dignidad inherente del ser humano. Así, el Estado debe asegurar que la internación no someta a la persona a una angustia o dificultad que exceda el nivel inevitable de sufrimiento intrínseco a la detención, y que, dadas las exigencias prácticas del encarcelamiento, su salud y bienestar estén asegurados adecuadamente, brindándole, entre otras cosas, la asistencia médica. En ese contexto, aquellos actos donde se afecte de manera grave la salud se equiparán a un trato cruel e inhumano, que vulnera el derecho a la integridad física y, en su caso, emocional y psíquica, pudiendo poner en peligro la vida, lo que genera un estado de incertidumbre de gran magnitud que afecta severamente la esfera jurídica del gobernado. Ahora, en el presente asunto, los quejosos señalan que las autoridades responsables ordenaron negarles el medicamento de los diversos padecimientos que les aquejan. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia tesis 1a./J. 55/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponible Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, Página 1270, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento." Asimismo, la tesis Aislada l.180º.A.33 K (10a), sustentada por la Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, disponible Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, Página 2160, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. DEBE DECRETARSE DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA AFECTACIÓN AL DERECHO A LA SALUD Y PRECISARSE CON EXACTITUD SUS EFECTOS, LOS CUALES DEBEN INCLUIR LA ATENCIÓN MÉDICA DEBIDA Y URGENTE REQUERIDA. El derecho mencionado, tutelado por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conlleva, entre otras, la obligación del Estado de brindar los servicios y prestaciones para garantizar el más alto nivel de protección a la salud de las personas (mediante atención médica, tratamiento, medicamentos, rehabilitación, otorgamiento de licencias médicas, etcétera). Por tanto, cuando en el amparo indirecto se reclame la omisión de otorgar los servicios médicos para el tratamiento de una enfermedad que pone en peligro la vida del quejoso, debe decretarse la suspensión de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y los efectos de esa medida deben precisarse con claridad, a fin de vincular a la autoridad a proporcionar la atención médica debida y urgente requerida, así como al seguimiento y comunicación exacta de los procedimientos que se deben aplicar, junto con los medicamentos y tratamiento necesarios e, incluso, las licencias médicas que legalmente procedan, para garantizar plenamente el derecho a la salud." De igual forma la jurisprudencia tesis 1a./J. 50/2019, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponible Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo IXXIX, Abril de 2009, Página 164, de rubro y texto: "DERECHO A LA SALUD. SU PROTECCIÓN EN EL ARTÍCULO 271, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE SALUD. El derecho a la salud, entre varios elementos, comprende: el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como la exigencia de que sean apropiados médica y científicamente, esto es, que exista personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, y condiciones sanitarias adecuadas. De lo anterior se desprende que para garantizar el derecho a la salud, es menester que se proporcionen con calidad los servicios de salud, lo cual tiene estrecha relación con el control que el Estado haga de los mismos. Esto es, para garantizar la calidad en los servicios de salud como medio para proteger el derecho a la salud, el Estado debe emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin. Una de estas acciones puede ser el desarrollo de políticas públicas y otra, el establecimiento de controles legales. Así, una forma de garantizar el derecho a la salud, es establecer regulaciones o controles destinados a que los prestadores de servicios de salud satisfagan las condiciones necesarias de capacitación, educación, experiencia y tecnología, en establecimientos con condiciones sanitarias adecuadas y en donde se utilicen medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, tal como dispone el legislador ordinario en el artículo 271, segundo párrafo de la Ley General de Salud". Hágasele saber a las responsables que la violación a esta medida suspensional, será sancionada conforme a lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, es decir, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Se previene a dichas autoridades para que, en el término de veinticuatro horas, informe acerca de la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a ésta suspensión de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho; en el entendido de que si al rendirlo afirmare una falsedad o negare la verdad, en todo o en parte, será sancionada en los términos señalados en el Quinto, Capítulo II de la Ley de Amparo. Por otra parte, en virtud de que el quejoso José Javier Méndez Espinoza, esta interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS.OAXACA" ubicado en el Estado de Oaxaca; con fundamento en el Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y con apoyo en los artículos 144, 145 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y lo establecido en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto vía interconexión al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva ordenar a quien corresponda, se constituya en el interior del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS.OAXACA", a efecto de notificar el presente proveído al quejoso. Además, notifique a las autoridades responsables: Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS.OAXACA". Titular o Encargado del Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS.OAXACA". De igual modo se faculta al Juez exhortante para que desahogue todas aquellas diligencias que sean necesarias a efecto de dar cumplimiento a lo solicitado, incluso habilitar días y horas, en término del último párrafo del ordinal 21 de la ley que rige de procedimiento. Asimismo, se faculta al secretario adscrito a este Juzgado de Distrito, para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. En otro punto, envíese oficio al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en Toluca, Estado de México, para la asignación del número de registro para su control y equilibrar las cargas de trabajo, en relación al presente asunto. Finalmente, al mismo tiempo, con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo.

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