Jose Javier Hidalgo Abdala
Expediente 67/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 67/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Javier Hidalgo Abdala
Actuaciones
- Principal
SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE PROMOVENTE. JUICIO DE AMPARO 67/2022-VII Puebla, Puebla, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ciertamente, el quejoso señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: ".Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado en representación del Fiscal General del Estado de Puebla; Titular de la Agencia Estatal de Investigación, de la Fiscalía General del Estado de Puebla; Encargado de Despacho de la Unidad de Apoyo Policial adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana; y la nueva autoridad Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación Norte, Fiscalía de Investigación Metropolitana, de nombre ***. ".a). Las órdenes de búsqueda, aprehensión, detención, presentación, o comparecencia, libradas en mi contra y; b) La ejecución de las referidas órdenes." De igual manera, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se desprende que, el viernes catorce de enero del año en curso, en el domicilio donde viven sus padres, recibió un citatorio por personal de la Fiscalía General del Estado, mismo que acompaña al escrito de cuenta, del cual se desprende que fue citado para comparecer en calidad de imputado, a las once horas del veintiuno de enero del año en curso, en las instalaciones que ocupa dicha representación social, a efecto de llevar a cabo una diligencia ministerial en relación a los hechos que se investigan, acto que a consideración del suscrito, el quejoso también pretende reclamar. 1. Orden de búsqueda, aprehensión y detención. Las autoridades responsables son el Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado en representación del Fiscal General del Estado de Puebla, Titular de la Agencia Estatal de Investigación, de la Fiscalía General del Estado de Puebla y el Encargado de Despacho de la Unidad de Apoyo Policial adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana. De lo anterior, se advierte que el quejoso no señaló a jueces penales como autoridades responsables ordenadoras ni ejecutoras; y tampoco manifestó en su demanda, la existencia de alguna causa penal instruida en su contra. Entonces, si el quejoso no señaló a jueces penales como autoridades ordenadoras ni ejecutoras, y tampoco manifestó la existencia de alguna causa penal instruida en su contra, es válido deducir que las distintas órdenes reclamadas a las referidas ordenadoras y la consecuente ejecución imputada a las restantes autoridades, en realidad corresponden a una orden de presentación y/o comparecencia con fines de investigación, derivada de una subsecuente falta de atención a un citatorio -acto también reclamado-. Máxime que las autoridades ministeriales señaladas como responsables ordenadoras, no tienen facultades para librar órdenes de aprehensión ni de comparecencia para audiencia inicial en causa penal, motivo por el cual puede afirmarse que el carácter de autoridades ministeriales -de las responsables señaladas en la demanda como ordenadoras-, implica el reclamo de una orden de presentación y/o comparecencia con fines de investigación, misma que puede derivar de una falta de atención a un citatorio en alguna carpeta de investigación donde el quejoso tenga el carácter de imputado, lo cual en el caso acontece. De modo que el reclamo planteado en la demanda, está circunscrito en realidad a un citatorio, tal y como el que anexa la parte quejosa a su escrito de demanda, ello en atención a que las mencionadas autoridades responsables únicamente podrían haber instruido la presentación y/o comparecencia de aquél para que sea presentado ante un agente del Ministerio Público, en razón de no haber atendido el citado citatorio, con el propósito de que le sea recabada su entrevista en una carpeta de investigación, lo cual todavía no acontece. En efecto, las autoridades ministeriales señaladas en la demanda como responsables ordenadoras, sólo pueden instruir la presentación y/o comparecencia del quejoso por conducto de la fuerza pública para que le sea recabada declaración en una carpeta de investigación; y al tratarse de autoridades de una institución ministerial, no pueden visualizarse órdenes de aprehensión, cateo, arraigo ni comparecencia para audiencia inicial, porque estas corresponden en forma exclusiva a autoridades judiciales, y como se dijo, ninguna fue señalada en la demanda. Por consiguiente, se arriba a la convicción de que los actos reclamados en la demanda, convergen en forma exclusiva al citatorio que acompaña a su escrito de demanda y, por falta de atención al mismo, podría ordenarse la presentación y/o comparecencia, esto bajo las reglas del sistema penal acusatorio previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, debe indicarse que una orden presentación y/o comparecencia del quejoso por conducto de la fuerza pública, en razón de no haber atendido el citado citatorio, no implica la restricción de la libertad para el quejoso aun cuando vaya dirigida a este, pues dicha restricción únicamente se genera con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen figuras jurídicas distintas a las referidas con antelación. 2. Citatorio y por falta de atención a ésta, la orden de presentación y/o comparecencia. Asimismo, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la presentación de un imputado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque la orden de presentación solamente se libra para el imputado con el propósito de que comparezca ante el fiscal investigador. En otras palabras, la orden de presentación jamás genera la obligación de que declare, pues al encontrarse ante el Ministerio Público, siempre puede el imputado manifestar su voluntad de abstenerse de declarar. Además, con la orden de presentación, lejos de coartarse algún derecho al imputado, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, porque al requerirle que se presente a ser entrevistado en la carpeta de investigación, aquél puede conocer el nombre de su acusador, así como de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Incluso se le da la oportunidad al imputado de exponer lo que a su derecho corresponda, y obtener todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la carpeta de investigación, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo anterior resulta patente que una orden de presentación y/o comparecencia, no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, dado que en realidad corresponde a un acto de investigación legítimo, porque todo ciudadano está obligado a comparecer ante el Ministerio Público que integre una carpeta de investigación, sin que ello implique una afectación a la libertad personal porque de considerarlo así, se llegaría al extremo de entorpecer la obligación de investigar los hechos con apariencia de delitos que es de orden público. Más aún, de considerar que la presentación para recabar entrevista puede ser un acto ilegal, se contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad en que el Ministerio Público cumpla su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Luego, es válido afirmar que las ordenes reclamadas por el quejoso, así como el citatorio, encuentran una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual se obtiene de relacionar la fracción XXIII del numeral 61, con el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu, y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Máxime que la regulación de la orden de presentación, traducida en un acto de investigación de la autoridad ministerial, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual contempla las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control....... Incluso, en la referida audiencia podrá el imputado ser o no vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. De modo que la circunstancia de que conforme a la fracción II del artículo 141, del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer el imputado sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, tampoco es suficiente para estimar que la orden de presentación afecte la libertad personal, dado que esa comparecencia forzosa constituye un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el imputado no asista, sin justificación, y el agente del Ministerio Público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. Por consiguiente, los actos reclamados en la demanda consistentes en la orden de presentación y la ejecución de la misma, los cuales constituyen actos fuera de juicio que no afectan la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, también a contrario sensu, de la Ley de Amparo. .. En ese mismo orden, se desprende que el citatorio en cuestión, no lleva inmersa una orden de detención por caso urgente, conforme lo dispone el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Esta hipótesis, constituye una restricción a la libertad personal de carácter extraordinaria, pues se aparta de la regla de detención de control judicial previo; esto es, para que un representante social ordene una detención por causa urgente es necesario medien condiciones no ordinarias, como que por la hora o el lugar sea imposible acudir ante una autoridad a solicitar una orden de aprehensión o que de hacerlo existan datos que evidencien de manera objetiva que el imputado podría evadir la acción de la justicia. Con base en lo anterior, resulta inconcuso que, en el caso, no es posible adjudicar al Fiscal señalado como autoridad responsable, porque como se explicó en párrafos precedentes, carece de facultades legales y constitucionales para ordenar presentación, aprehensión y detención de persona alguna, ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, de conformidad con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu, 61, fracción XXIII, 107, fracción IV, primer párrafo, también a contrario sensu, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo del quejoso José Javier Hidalgo Abdala, porque los actos que reclama conforme a la esfera de competencia legal de las autoridades responsables -orden de presentación con fines de investigación-, actualizaron una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Domicilio y autorizados del quejoso. Del escrito de cuenta no se advierte que el quejoso haya señalado algún domicilio para oír y recibir notificaciones. Sin embargo, el escrito que se acuerda deriva del diverso juicio de amparo , donde el quejoso señaló un domicilio procesal; de ahí que, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en dicho juicio, ubicado en calle *** Puebla). De igual manera, quedan autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, Alicia Vázquez Vázquez, Juan Javier Cabrera Islas, Alfredo Medina Velazquillo, Nahayeli Rojas Otero, Sergio Armando Díaz Miranda y Vicente del Valle Noriega, porque el quejoso les otorgó esas facultades en el citado juicio y se encontró registro de sus cédulas profesionales en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación... Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 67/2022-VII Puebla, Puebla, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ciertamente, el quejoso señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: ".Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado en representación del Fiscal General del Estado de Puebla; Titular de la Agencia Estatal de Investigación, de la Fiscalía General del Estado de Puebla; Encargado de Despacho de la Unidad de Apoyo Policial adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana; y la nueva autoridad Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación Norte, Fiscalía de Investigación Metropolitana, de nombre ***. ".a). Las órdenes de búsqueda, aprehensión, detención, presentación, o comparecencia, libradas en mi contra y; b) La ejecución de las referidas órdenes." De igual manera, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se desprende que, el viernes catorce de enero del año en curso, en el domicilio donde viven sus padres, recibió un citatorio por personal de la Fiscalía General del Estado, mismo que acompaña al escrito de cuenta, del cual se desprende que fue citado para comparecer en calidad de imputado, a las once horas del veintiuno de enero del año en curso, en las instalaciones que ocupa dicha representación social, a efecto de llevar a cabo una diligencia ministerial en relación a los hechos que se investigan, acto que a consideración del suscrito, el quejoso también pretende reclamar. 1. Orden de búsqueda, aprehensión y detención. Las autoridades responsables son el Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado en representación del Fiscal General del Estado de Puebla, Titular de la Agencia Estatal de Investigación, de la Fiscalía General del Estado de Puebla y el Encargado de Despacho de la Unidad de Apoyo Policial adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana. De lo anterior, se advierte que el quejoso no señaló a jueces penales como autoridades responsables ordenadoras ni ejecutoras; y tampoco manifestó en su demanda, la existencia de alguna causa penal instruida en su contra. Entonces, si el quejoso no señaló a jueces penales como autoridades ordenadoras ni ejecutoras, y tampoco manifestó la existencia de alguna causa penal instruida en su contra, es válido deducir que las distintas órdenes reclamadas a las referidas ordenadoras y la consecuente ejecución imputada a las restantes autoridades, en realidad corresponden a una orden de presentación y/o comparecencia con fines de investigación, derivada de una subsecuente falta de atención a un citatorio -acto también reclamado-. Máxime que las autoridades ministeriales señaladas como responsables ordenadoras, no tienen facultades para librar órdenes de aprehensión ni de comparecencia para audiencia inicial en causa penal, motivo por el cual puede afirmarse que el carácter de autoridades ministeriales -de las responsables señaladas en la demanda como ordenadoras-, implica el reclamo de una orden de presentación y/o comparecencia con fines de investigación, misma que puede derivar de una falta de atención a un citatorio en alguna carpeta de investigación donde el quejoso tenga el carácter de imputado, lo cual en el caso acontece. De modo que el reclamo planteado en la demanda, está circunscrito en realidad a un citatorio, tal y como el que anexa la parte quejosa a su escrito de demanda, ello en atención a que las mencionadas autoridades responsables únicamente podrían haber instruido la presentación y/o comparecencia de aquél para que sea presentado ante un agente del Ministerio Público, en razón de no haber atendido el citado citatorio, con el propósito de que le sea recabada su entrevista en una carpeta de investigación, lo cual todavía no acontece. En efecto, las autoridades ministeriales señaladas en la demanda como responsables ordenadoras, sólo pueden instruir la presentación y/o comparecencia del quejoso por conducto de la fuerza pública para que le sea recabada declaración en una carpeta de investigación; y al tratarse de autoridades de una institución ministerial, no pueden visualizarse órdenes de aprehensión, cateo, arraigo ni comparecencia para audiencia inicial, porque estas corresponden en forma exclusiva a autoridades judiciales, y como se dijo, ninguna fue señalada en la demanda. Por consiguiente, se arriba a la convicción de que los actos reclamados en la demanda, convergen en forma exclusiva al citatorio que acompaña a su escrito de demanda y, por falta de atención al mismo, podría ordenarse la presentación y/o comparecencia, esto bajo las reglas del sistema penal acusatorio previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, debe indicarse que una orden presentación y/o comparecencia del quejoso por conducto de la fuerza pública, en razón de no haber atendido el citado citatorio, no implica la restricción de la libertad para el quejoso aun cuando vaya dirigida a este, pues dicha restricción únicamente se genera con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen figuras jurídicas distintas a las referidas con antelación. 2. Citatorio y por falta de atención a ésta, la orden de presentación y/o comparecencia. Asimismo, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la presentación de un imputado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque la orden de presentación solamente se libra para el imputado con el propósito de que comparezca ante el fiscal investigador. En otras palabras, la orden de presentación jamás genera la obligación de que declare, pues al encontrarse ante el Ministerio Público, siempre puede el imputado manifestar su voluntad de abstenerse de declarar. Además, con la orden de presentación, lejos de coartarse algún derecho al imputado, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, porque al requerirle que se presente a ser entrevistado en la carpeta de investigación, aquél puede conocer el nombre de su acusador, así como de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Incluso se le da la oportunidad al imputado de exponer lo que a su derecho corresponda, y obtener todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la carpeta de investigación, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo anterior resulta patente que una orden de presentación y/o comparecencia, no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, dado que en realidad corresponde a un acto de investigación legítimo, porque todo ciudadano está obligado a comparecer ante el Ministerio Público que integre una carpeta de investigación, sin que ello implique una afectación a la libertad personal porque de considerarlo así, se llegaría al extremo de entorpecer la obligación de investigar los hechos con apariencia de delitos que es de orden público. Más aún, de considerar que la presentación para recabar entrevista puede ser un acto ilegal, se contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad en que el Ministerio Público cumpla su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Luego, es válido afirmar que las ordenes reclamadas por el quejoso, así como el citatorio, encuentran una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual se obtiene de relacionar la fracción XXIII del numeral 61, con el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu, y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Máxime que la regulación de la orden de presentación, traducida en un acto de investigación de la autoridad ministerial, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual contempla las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control....... Incluso, en la referida audiencia podrá el imputado ser o no vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. De modo que la circunstancia de que conforme a la fracción II del artículo 141, del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer el imputado sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, tampoco es suficiente para estimar que la orden de presentación afecte la libertad personal, dado que esa comparecencia forzosa constituye un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el imputado no asista, sin justificación, y el agente del Ministerio Público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. Por consiguiente, los actos reclamados en la demanda consistentes en la orden de presentación y la ejecución de la misma, los cuales constituyen actos fuera de juicio que no afectan la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, también a contrario sensu, de la Ley de Amparo. .. En ese mismo orden, se desprende que el citatorio en cuestión, no lleva inmersa una orden de detención por caso urgente, conforme lo dispone el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Esta hipótesis, constituye una restricción a la libertad personal de carácter extraordinaria, pues se aparta de la regla de detención de control judicial previo; esto es, para que un representante social ordene una detención por causa urgente es necesario medien condiciones no ordinarias, como que por la hora o el lugar sea imposible acudir ante una autoridad a solicitar una orden de aprehensión o que de hacerlo existan datos que evidencien de manera objetiva que el imputado podría evadir la acción de la justicia. Con base en lo anterior, resulta inconcuso que, en el caso, no es posible adjudicar al Fiscal señalado como autoridad responsable, porque como se explicó en párrafos precedentes, carece de facultades legales y constitucionales para ordenar presentación, aprehensión y detención de persona alguna, ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, de conformidad con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu, 61, fracción XXIII, 107, fracción IV, primer párrafo, también a contrario sensu, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo del quejoso José Javier Hidalgo Abdala, porque los actos que reclama conforme a la esfera de competencia legal de las autoridades responsables -orden de presentación con fines de investigación-, actualizaron una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Domicilio y autorizados del quejoso. Del escrito de cuenta no se advierte que el quejoso haya señalado algún domicilio para oír y recibir notificaciones. Sin embargo, el escrito que se acuerda deriva del diverso juicio de amparo , donde el quejoso señaló un domicilio procesal; de ahí que, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en dicho juicio, ubicado en calle *** Puebla). De igual manera, quedan autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, Alicia Vázquez Vázquez, Juan Javier Cabrera Islas, Alfredo Medina Velazquillo, Nahayeli Rojas Otero, Sergio Armando Díaz Miranda y Vicente del Valle Noriega, porque el quejoso les otorgó esas facultades en el citado juicio y se encontró registro de sus cédulas profesionales en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación... Notifíquese personalmente al quejoso.
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