José Javier Gonzalez Peña

Expediente 1252/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1252/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
27/10/2017

Partes del expediente

  • José Javier Gonzalez Peña

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.Vista la certificación que antecede, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto, en el término de cinco días contado para ello, de conformidad con el artículo 98 de la Ley de Amparo, el cual transcurrió del veinte al veintiséis de octubre de dos mil diecisiete.Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido.En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo.2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciséis de octubre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la autoridad señalada como: 1. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México. 2. Actuario Judicial adscrito al Juzgado Trigésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México. 3. Secretaria Conciliadora Trigésimo Octavo de lo Civil adscrita al Juzgado Trigésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México. 4. Juez Tercero de lo Civil de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1252/2017-3-B. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: ".todos los autos, decretos, medidas, acuerdos de lanzamiento, y resoluciones y sentencias definitivas dictadas dentro del expediente civil número 206/2008, relativos (sic) al juicio Especial promovido por PROYECTOS ADAMANTINE S. A. DE C. V. SOFOM ENTIDAD REGULADA, antes SCOTIABANK INVERLAT S. A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, en su calidad de actor , y en contra de la C. SILVIA BEATRIZ MARTÍNEZ KINSKI, enviando el exhorto número 30/2017-E que remitió la Secretaria Conciliadora Trigésimo Octavo de lo Civil adscrita al Juzgado Trigésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, al Juzgado Tercero de lo Civil de esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, para ejecutar orden de lanzamiento en contra de SILVIA BEATRIZ MARTÍNEZ KINSKI, desocupación y entrega del bien inmueble marcado con el número 717 de la calle privada de la avenida sur, actualmente ubicada en privada de la veinte avenida sur oriente número 717 fraccionamiento AGUA AZUL de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas." Lo anterior, pues a juicio de esta juzgadora se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado desde el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, de tal forma que presentó la demanda de amparo fuera del plazo general de quince días que prevé el artículo 17 de la ley de la materia. En efecto, el primer párrafo de la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo será improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. De la interpretación del precepto legal se puede concluir que el juicio de amparo será improcedente cuando se presente la demanda en forma extemporánea, es decir, fuera de los plazos que alude la ley de la materia. En ese sentido, es necesario establecer cuáles son plazos y la forma de computarlos a efecto de demostrar la extemporaneidad de la demanda de amparo. En atención a lo anterior, los artículos 17 y 18 disponen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El precepto legal reproducido en primer término, establece los plazos para promover el juicio de amparo, el cual, como regla general prevé que el término para presentar una demanda de amparo será de quince días; asimismo prevé los plazos excepcionales para ejercitar la acción de amparo. En forma sistemática, en la segunda norma transcrita el legislador estableció las hipótesis para el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo, el cual comienza desde el día siguiente al en que: a) haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto; o b) el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado; o bien c) el promovente se haya ostentado sabedor de los actos referidos. Como se aprecia, los tres supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguna, por lo que ante esas distintas hipótesis debe establecerse, en principio, la posición del quejoso respecto del acto que reclama, según se trate de la notificación o el conocimiento, y así contar el término a partir del cual empieza a correr el plazo para la presentación de la demanda de amparo. Sobre la temática, por ser coincidente con los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo vigente, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 30/2007, definida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." Explicado lo anterior, el acto reclamado en el juicio constitucional que se resuelve consiste en todo lo actuado en el juicio civil número 206/2008, del índice del juez responsable, en especial la orden de lanzamiento desocupación y entrega del bien inmueble marcado con el número setecientos diecisiete de la calle privada de la avenida sur, actualmente ubicada en privada de la veinte avenida sur oriente número setecientos diecisiete fraccionamiento Agua Azul, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ostentándose tercero extraño a juicio; por lo que se trata de un acto en el que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, al no ubicarse en alguno de los supuestos de excepción descritos por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Ahora, para determinar el cómputo del aludido plazo debe considerarse la segunda hipótesis que establece el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, la fecha en que la quejosa haya tenido conocimiento del acto reclamado. El vocablo conocimiento utilizado por el legislador se refiere al momento en que la persona perjudicada por un acto de autoridad, tiene noticia de los actos dirigidos en su contra, el cual debe ser directo, exacto y completo, y no inferirse en presunciones. Es decir, para considerar que se tuvo noticia del acto reclamado, debe existir seguridad de que el quejoso tuvo conocimiento de cuáles son los datos de identificación de éste, las autoridades responsables, así como los fundamentos y consideraciones que sirvieron de sustento del acto a fin de poder defenderse de él, y por ende debe comenzar a correr el plazo para presentar la demanda de amparo. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 42/2002, del contenido literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que conforme al espíritu que informa el artículo 21 de la Ley de Amparo, el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En congruencia con lo anterior, se concluye que no es sino hasta el momento en que el particular recibe las copias solicitadas ante la autoridad responsable, con la finalidad de promover el juicio de garantías, cuando puede entenderse que tuvo un conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues es hasta entonces que puede tenerse la certeza de que el particular conoció en su integridad los actos que estima le son violatorios de garantías y, por tanto, es esa fecha la que debe tomarse como base para el cómputo del término que establece el artículo 21 de la ley citada. De lo contrario, el hecho de que se presuma que con la simple solicitud de copias el quejoso ya tenía conocimiento pleno del acto reclamado, podría ocasionar que el término para la presentación de la demanda empezara a correr antes de que hubiera tenido conocimiento íntegro del acto reclamado, con lo que se limitaría el plazo que tiene el particular para formular su demanda y defender sus derechos, lo cual se traduciría en una denegación de impartición de justicia y se rompería incluso con el equilibrio procesal al limitarle su posibilidad de defensa." En el caso concreto, el acto reclamado en el asunto que se analiza, es el mismo que combatió el quejoso en el juicio de amparo 366/2017, del índice de este juzgado, en el cual se ostentó como tercero extraño al procedimiento de origen. Sobre lo anterior, es dable afirmar que el aquí quejoso tuvo conocimiento del acto, al menos desde el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, fecha en que se le puso a la vista el informe con justificación rendido por el Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, Chiapas, así como las constancias que anexó en apoyo al mismo, mismas que se ordenan agregar en autos para constancia, de las que se evidencia la existencia del juicio de amparo anterior, y por ende, que la acción de amparo resulta extemporánea. Para constatar lo anterior, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se invoca como hecho notorio el juicio de amparo 366/2017, del control de este Juzgado, de cuya consulta se obtiene que: 1. El trece de marzo de dos mil diecisiete, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, recibió la demanda de amparo promovida por José Javier González Peña, en su carácter de tercero extraño al juicio de origen, reclamó en esencia, la orden de lanzamiento y desocupación del inmueble que se ubica en privada de la veinte sur, oriente número setecientos diecisiete, del fraccionamiento Agua Azul, de esta ciudad. 2. Durante el trámite del juicio de amparo, se recibió el informe con justificación del Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, Chiapas, en el que reconoció la existencia de la orden de lanzamiento ordenada mediante exhorto por el Juez Trigésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, derivado del expediente 206/2008, de su índice, respecto de la casa habitación marcada con el número setecientos diecisiete, de la calle privada de la avenida sur, actualmente ubicada en la privada de la veinte avenida sur oriente número setecientos diecisiete, del fraccionamiento Agua Azul, de esta ciudad. 3. Por auto de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, se ordenó dar vista a las partes con el informe justificado y constancias que anexó el Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, Chiapas, así como la participación de la diversa autoridad Juez Trigésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, en la emisión del acto reclamado, notificándosele de manera personal al aquí quejoso, toda vez que compareció en el local que ocupa este juzgado, el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. Así las cosas, no existe duda de que el quejoso conoció plenamente el acto reclamado desde el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, pues desde esa fecha compareció al local que ocupa este juzgado y se le hizo de su conocimiento el informe con justificación y anexos, así como la participación del Juez Trigésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, en la emisión del acto reclamado, por lo que el plazo para presentar la demanda de amparo comenzó a correr a partir del día siguiente, pues desde ese momento se desapareció cualquier incertidumbre que pudo tener la parte accionante como tercero extraño al juicio de origen; ya que en esa fecha se hizo sabedor del juicio de origen, el acto reclamado, la autoridad que lo emitió y la autoridad ejecutora. En ese panorama, si la demanda de amparo se presentó el once de octubre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es patente que se hizo fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, es decir, de manera excesiva, lo que jurídicamente implica que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente por la parte quejosa. Razonamiento que se apoya en la jurisprudencia P./J. 115/2010 , del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. En consecuencia, al ser manifiesta e indudable la improcedencia del presente juicio, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por José Javier González Peña. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que al efecto indica en esta ciudad y autorizando con las facultades que señala el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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