José Javier Castro Hernández

Expediente 17/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 24 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
17/2022
Año
2022
Actuaciones
24
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • José Javier Castro Hernández
  • Director del Hospital General de Uruapan, en esta ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio número 7999/2023 signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, al que adjunta testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada por los Magistrados integrantes del citado Tribunal en sesión de veintinueve de septiembre del año en curso, dentro de los autos del incidente de inejecución de sentencia civil ********************, derivado el juicio del amparo indirecto ********************, de nuestro índice, en la que se determinó: "ÚNICO. Se declara fundado el incidente de ejecución de sentencia." Acúsese el recibo correspondiente; respecto del cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la revisión, por ser una reproducción de éste destrúyase, previa extracción de las constancias que obren en original. En esa tesitura, visto lo actuado dentro del presente sumario, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto: * No es de relevancia documental, conforme a lo establecido en el artículo 15 del citado acuerdo. * Es conservable, conformidad con lo establecido en el capítulo tercero (Criterios generales para la valoración o revaloración de expedientes), en sus artículos 12 y 14, fracción II, capitulo quinto (Expedientes Conservables), Artículo 17, fracción III inciso b), por analogía. * Cumplido el plazo de conservación (TRES AÑOS) a partir de esta fecha, en términos lo dispuesto en el capítulo tercero (Criterios generales para la valoración o revaloración de expedientes), Artículo 14, fracción II, así como, del capítulo quinto (Expedientes Conservables), Artículo 17, fracción III inciso b), del referido Acuerdo General, aplicado por analogía, previas anotaciones en los sistemas o libros de control correspondientes, el presente expediente una vez que transcurran tres años, deberá ser transferido a los Depósitos Documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, siguiendo los lineamientos que expone el Capítulo Noveno del Acuerdo General en comento. Lo anterior, hágase constar en la carátula del presente expediente, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del numeral 34 del citado acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE; y, por oficio a la autoridad responsable.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio 6818/2023, que remite el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, mediante el cual transcribe el proveído de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, emitido por la Magistrada Presidenta de dicho órgano jurisdiccional, del que se desprende que admitió a trámite el incidente de inejecución de sentencia, el cual quedó registrado con el número 4/2023, del índice de ese órgano colegiado; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, siete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede se advierte que el término de quince días otorgado en auto de data tres de abril de dos mil veintitrés a la parte quejosa, notificado el cuatro de mismo mes y año, corrió del once de abril al dos de mayo de dos mil veintitrés -descontándose de dicho computo los días que mediaron previstos en el numeral 19 de la Ley de Amparo-, sin que se haya interpuesto recurso de inconformidad en contra del auto que declaro imposibilidad material para cumplir con la ejecutoria de amparo dictada en autos. De este modo, conforme a los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de la sentencia constitucional es de orden público, por lo que debe ser acatada sin demora por las autoridades responsables, sin excepción alguna y, sin que ésta pueda ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios ni a criterios evasivos u omisivos por parte de éstas. Lo anterior, en virtud de que en auto de tres de abril de dos mil veintitrés se declaró que existe imposibilidad material para cumplir la ejecutoria de amparo, en virtud del fallecimiento del quejoso ******************** el veinte de marzo de dos mil veintitrés, lo anterior es así dado que con el fallecimiento del quejoso dejó de tener ejecución el acto reclamado en el presente asunto, consistente en la falta de atención médica. En esa tesitura, con fundamento en el último párrafo, del artículo 192, 193 y 196, de la Ley de Amparo, previo cuaderno de antecedentes que se forme, REMÍTANSE los autos del presente juicio al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en Morelia, a fin de que proceda a la substanciación del incidente de inejecución de sentencia para que dicho órgano jurisdiccional sea quien en su caso, determine lo procedente en relación con el ejercicio de las atribuciones contenidas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal. En la inteligencia que se deja disponible el expediente electrónico del presente juicio de amparo 17/2022 para que sea vinculado por la superioridad; en consecuencia, se conmina a la encargada del SISE que otorgue los permisos correspondientes en dicho sistema. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, tres de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta que remite ********************, autorizado en términos amplios del quejoso ********************, atento a su contenido, téngasele informando que al momento no cuenta con el acta de defunción del quejoso directo, ya que, refiere, la mamá de éste le comentó que la funeraria se encuentra realizando los trámites correspondientes para su emisión; de lo que se toma conocimiento. EFECTO DE LA CONCESIÓN DE AMPARO En sentencia pronunciada el veintinueve de abril de dos mil veintidós, que causó ejecutoria en auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para el efecto de que las autoridades responsables, Secretario de Salud, con residencia en Morelia, Michoacán, Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán y Director del Hospital General de Uruapan, con residencia en esta ciudad, perteneciente a la Secretaria de Salud del estado de Michoacán, realizaran lo siguiente: "(.) Las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias y en cuanto superior jerárquico del Hospital General de Uruapan "Dr. Pedro Daniel Martínez", perteneciente a la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, así como a éste último, establezcan de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud del quejoso JOSÉ JAVIER CASTRO HERNÁNDEZ, enfocada al tratamiento de insuficiencia renal crónica que padece, para lo cual deben hacer su diagnóstico médico de salud, proporcionarle la atención médica y medicamentos que requiere; además, en forma destacada, debe atenderse a su necesidad de la atención médica, tratamiento y la prestación de las sesiones de hemodiálisis que tiene prescritas médicamente, en la actualidad dos sesiones por semana, debiendo, para ello, tomar en cuenta a) En la opción que se elija, por las autoridades responsables, se considere el lugar de residencia del quejoso, en el caso, Nueva Italia, Michoacán, a efecto de que sea la más cercana a su domicilio; b) Se adopten las medidas sanitarias debidas, a efecto de que, el tratamiento definitivo al quejoso al padecimiento que presenta, en el lugar donde se le deba suministrar, contrarreste el riesgo la salud ante los efectos de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19. c) Ordenen que se haga la valoración médica correspondiente al quejoso, al menos dos veces por año, para que el médico especialista correspondiente determine si el número de hemodiálisis semanales es el correcto o si debe aumentar, según el caso, ordenando que de ser esto último, se proceda a garantizarle su derecho a la atención competente de su salud, otorgándole el número de hemodiálisis que requiera. d) Además, si de acuerdo con sus protocolos de actuación, es necesario que se abra expediente médico al quejoso, la autoridad responsable proceda a abrir el expediente que sea necesario para lograr cumplir con los efectos de esta sentencia. e) Para efecto de los dos incisos anteriores, será obligación de la parte quejosa para continuar gozando de la protección de amparo concedida, acudir ante la autoridad responsable Hospital General de Uruapan "Dr. Pedro Daniel Martínez", para que sea abierto su expediente y valorado medicamente, cuando lo requiera el hospital y que se ordene se le cite al efecto, al menos dos veces por año. f) En caso de que el servicio de hemodiálisis se siga prestando en instituciones privadas, como la que actualmente se propuso, bajo pago de la autoridad responsable, ésta se encontrará obligada a estar reportando mensualmente a la autoridad responsable que le hace el pago, si el quejoso ha recibido, cuántas veces y cuando, las sesiones de hemodiálisis contratadas. (.)" En el caso en concreto las autoridades responsables, realizaron diversas gestiones a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, incluso en auto de dieciséis de febrero pasado se tuvo al apoderado jurídico de las autoridades responsables Secretaria de Salud de Michoacán y Servicios de Salud de Michoacán, y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto a superior jerárquico y, por ende representante legal del Director del Hospital General de Uruapan, con residencia en esta ciudad, dependiente de los Servicios de Salud de Michoacán y de la Secretaría de Salud de Michoacán, remitiendo contrato de compraventa de servicios entre la Secretaría de Salud y la empresa IGSA MEDICAL SERVICES S.A. DE C.V. para que preste los servicios de hemodiálisis a las personas que así lo requieran en el interior del Estado, de igual forma remite las relativas a la ampliación de dicho contrato, asimismo, en autos allegaron, las autoridades, constancias relativas a la subrogación del servicio de hemodiálisis que se le realiza a la parte quejosa y, que fueron materia de la ejecutoria de amparo. Sin embargo, a la presente fecha se tiene conocimiento de que el directo quejoso falleció el veinte de marzo de la presente anualidad, según se desprende del certificado de defunción que obra en autos y las manifestaciones del autorizado del quejoso en su ocurso de cuenta. Con las cuales este juzgado concluye que, si bien es verdad, que las autoridades responsables realizaron las gestiones necesarias para que le fuera proporcionada al quejoso la atención médica que requería, lo cierto es que no se está en condiciones de calificar si dicha atención médica resultó certera respecto de su padecimiento, a fin de declarar cumplido o no el juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que con el fallecimiento del quejoso dejó de tener ejecución el acto reclamado en el presente asunto, consistente en la falta de atención médica Bajo ese contexto, dado que los efectos positivos del amparo protector debían de surtir sus efectos sobre el quejoso ********************, de quien ya se tiene por acreditado el fallecimiento, se declara que EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./.23/2018 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada el siete de septiembre de dos mil dieciocho, de rubro siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO." Hágase saber al autorizado de la parte quejosa que cuenta con el término de quince días para inconformarse con la presente determinación, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se procederá en términos de lo previsto por el artículo 196 de la citada legislación, último párrafo, esto es, se remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como las capturas del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DE LA PARTE QUEJOSA; Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

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