José Javier Bustamante Hernández
Expediente 312/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 24 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 312/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 02/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Javier Bustamante Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia en la que este tribunal por una parte sobreseyó en el juicio y, por otra, negó el amparo no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, inciso a) y b) del citado acuerdo general, el presente expediente y el cuaderno original del incidente de suspensión son susceptibles de depuración, una vez que trascurran tres años -contados a partir de que se ordena su archivo- puesto que se dictó resolución en la que por una parte sobreseyó en el juicio, y por otra negó el amparo -en el expediente principal-; de igual forma, por una parte se concedió la suspensión provisional y definitiva en el cuaderno incidental. Debiéndose conservar, la demanda, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído que ordena el archivo del juicio en que se actúa como asunto totalmente concluido, así como las determinaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar, y, en su caso, de su incumplimiento. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de un disco versátil digital. Dado que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, devuélvase a la autoridad responsable juez de Control del Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Primera Región del Estado, con sede en San Miguel de Allende, base Comonfort el disco versátil digital que allegó al oficio registrado con el número 6286.
- Principal
Celaya, Guanajuato a once de noviembre de dos mil veintiuno. V I S T O S, para resolver los autos que integran el juicio de amparo número 312/2021, promovido por ****; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, que por razón de turno conoció este Juzgado Octavo, **** solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos que estimó violatorios de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. En auto de veinte siguiente se admitió la demanda. En ese mismo proveído se mandó pedir informe justificado a las autoridades responsables; asimismo, se dio intervención legal a la fiscal de la adscripción y señaló fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. TERCERO. En proveído de catorce de julio de dos mil veintiuno, se hizo efectivo el apercibimiento formulado a la parte quejosa y se ordenó continuar el juicio sin tener como autoridad a la que el quejoso denominó "jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones, con sede en Comonfort, Guanajuato"; por lo que en la presente sentencia no será tomada en consideración. CUARTO. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal. La competencia territorial se surte conforme a la primera regla del artículo 37 en mención, pues los actos reclamados pueden tener eventual ejecución en el municipio de Comonfort, en el que ejerce jurisdicción este Tribunal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias remitidas por las autoridades responsables, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se precisa como acto reclamado: La orden de aprehensión dictada por el juez de Control del Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Primera Región del Estado, sede San Miguel de Allende, base Comonfort, dentro de la causa penal 1P0821-26, así como su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las siguientes autoridades: Juez de Control del Juzgado Penal de Oralidad de la Primera Región en el Estado, con sede en San Miguel de Allende (foja 39). Juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya (foja 27). Jefe de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, residente en Celaya (foja 26). Jefe de Célula de la Dirección General de Investigaciones, residente en Celaya (foja 31). Negaron la existencia de los actos que se les atribuyen, sin que en autos obre constancia que desvirtúe tal negativa. Por ende, con fundamento en el artículo 61, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en lo que a dichas autoridades concierne. CUARTO. Existencia de actos. Las siguientes autoridades: Juez de Control del Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Primera Región del Estado, con sede en San Miguel de Allende, base Comonfort (foja 68). Coordinador Regional "D" de la Dirección General de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato (foja 32). Jefe de Célula de Tramitación Común de la Dirección General de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato (foja 41). Aceptaron la existencia del mandato de captura y la orden para su ejecución que aquí se tildan de inconstitucionales, lo que se corrobora con las constancias que exhibieron. Es aplicable la tesis siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Antecedentes. Primeramente, se valoran las constancias que integran la causa penal número **** del índice del Juzgado de Control del Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Primera Región del Estado, con sede en San Miguel de Allende, base Comonfort, remitidas en disco versátil digital con archivos en formato .PDF y videograbaciones encriptados electrónicamente con resumen de verificación *; al que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Además, la información contenida tiene la naturaleza de prueba documental, cuyo contenido fue debida e íntegramente analizado por este operador jurisdiccional. De ellas, se desprenden como antecedentes relevantes de los actos reclamados: Mediante oficio ****, los agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de San Miguel de Allende, Guanajuato, solicitaron a la jueza responsable, audiencia privada para pedir orden de aprehensión en contra del quejoso, ****, además de ****, ****, **** y ****. El diecisiete de marzo de dos mil veintiuno se verificó la audiencia aludida y se libró orden de aprehensión en contra de **** (quejoso),**** y ****, por su probable participación en los hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 138 y 140, en relación con los artículos 153, fracción I (premeditación, alevosía y ventaja), 13 y 20, primer párrafo, tercer supuesto del Código Penal en el estado de Guanajuato, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de ****. Determinación que en conjunción con su ejecución, constituyen los actos reclamados en este juicio de amparo. SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación sin infundados, sin que se advierta deficiencia que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Como cuestión previa, es importante señalar que la resolución reclamada se analizará de conformidad con el sistema penal acusatorio instaurado con motivo de las reformas y adiciones publicadas el dieciocho de junio de dos mil ocho, en el Diario Oficial de la Federación, de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Expuesto lo anterior, cabe acotar que en el presente asunto es factible que opere la suplencia de la queja en favor del quejoso, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de uno de los imputados en la causa penal de origen. No obstante, en la especie se advierte que no existe violación en contra de los derechos del peticionario de amparo, pues se considera que la determinación asumida por el juez responsable se encuentra ajustada a derecho. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, la suplencia de la deficiencia de la queja solo debe expresarse en las sentencias, cuando derive de un beneficio. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que: a) Carece de sentido y fin práctico que en suplencia de la queja se realice una labor integradora de argumentos defectuosos o ante su omisión absoluta, para concluir que no son aptos para demostrar la inconstitucionalidad del acto y se niegue el amparo; b) Que resultaría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, que el juez tenga que emprender estudios oficiosos y abstractos, a partir de cada derecho humano que pudiera resultar violado, para descubrir que ninguno se transgredió; c) Que, si el juzgador no advierte razón o motivo de inconstitucionalidad del acto reclamado, no hay necesidad alguna de suplir la deficiencia de la queja; y d) Que, si bien la suplencia de la deficiencia de la queja puede ser total, no debe ser absoluta y ciega para aplicarla, en cualquier caso, sino solo en aquellos donde el juzgador la considere útil para declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y, por ende, resulte procedente conceder el amparo. Por tanto, en el caso, solo se estudiará la orden reclamada a la luz de las consideraciones debatidas por el quejoso, sin que para ello sea necesario realizar un estudio oficioso de cuestiones no controvertidas, en virtud de que con ello tampoco se obtendría un resultado favorable, dado que, como se precisó, se advierte que la resolución reclamada no viola algún derecho humano del peticionario de amparo. Sin que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio en suplencia de la queja de manera oficiosa sobre aspectos que no forman parte de los conceptos de violación, implique necesariamente que no se haya hecho, sino simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician al quejoso, de manera que resultan innecesarias para motivar el presente fallo. Aunado a que el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 constitucional y aplicable también en las sentencias de amparo, exige que la autoridad que conozca de un asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice a la persona la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo el estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo, cuando con ello no se obtendría un resultado favorable. En consecuencia, tomando en consideración que se advierte que no existe violación a derechos humanos del quejoso en la determinación reclamada, únicamente se resolverá si le asiste o no razón a partir de los argumentos que vierte a manera de conceptos de violación. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a. /J. 67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que ahí expone, la jurisprudencia 1a. /J. 17/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "RECURSO DE APELACIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LAS SALAS DEBEN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PARA REPARAR OFICIOSAMENTE VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO. De una lectura del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales se desprenden dos reglas: (i) el órgano jurisdiccional debe reparar oficiosamente las violaciones a derechos fundamentales; pero (ii) cuando no se esté en ese supuesto, el órgano jurisdiccional debe limitarse al estudio de los agravios planteados, sin tener que fundar y motivar la ausencia de violaciones a derechos. Para precisar lo anterior es importante distinguir entre dos momentos diferentes: el análisis del asunto y el dictado de la sentencia. Así, aunque las reglas antes descritas cobran vigencia al momento de dictar la sentencia de apelación, el Tribunal de Alzada debe analizar la sentencia impugnada en su integridad para verificar que no existan violaciones a derechos humanos; y posteriormente, al emitir su decisión, debe limitarse al estudio de los agravios, salvo que hubiere advertido violaciones a los derechos fundamentales del imputado, en cuyo caso deberá reparar las violaciones oficiosamente. Por lo tanto, aunque los Tribunales de Alzada deben analizar toda la sentencia, no tienen el deber de reflejar ese análisis en los considerandos de su decisión. En consecuencia, se puede concluir que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla -de manera implícita- el principio de suplencia de la queja a favor del imputado. Es importante precisar que la facultad de reparar violaciones a derechos de forma oficiosa se encuentra acotada a la materia del recurso. En este sentido, la suplencia de la queja no opera del mismo modo en procesos abreviados, que en procesos ordinarios. En el primer caso, tal como esta Primera Sala sostuvo en la contradicción de tesis 56/2016, sólo puede analizarse la violación a los presupuestos jurídicos para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal. Mientras que en el segundo, se podrá analizar cualquier acto que sea materia de la sentencia que resuelva el juicio oral y que implique una violación a los derechos fundamentales del acusado, como lo podrían ser, según sea el caso: la valoración de pruebas, el estudio de tipicidad, la reparación del daño y la individualización de la pena, entre otras cuestiones. Ahora, también debe aclararse que sólo se hace referencia a la suplencia de la queja en favor del imputado, por lo que la Primera Sala, en este momento, no se pronuncia sobre la aplicabilidad de ese principio en favor de otras partes. Precisado lo anterior, el accionante de la tutela federal en los conceptos de violación alega que la orden de aprehensión dictada vulnera sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 20 constitucionales, al señalar que no se respetaron las formalidades del procedimiento y que no se le otorgó audiencia para efectuar su defensa. Argumentos que, se reitera, son infundados. Se explica. En primer lugar, no asiste razón al quejoso cuando refiere que el acto reclamado vulnera en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que no otorgaron garantía de audiencia para así estar en aptitud de preparar la defensa correspondiente. Sobre el particular, el citado precepto legal, en específico, en su segundo párrafo dispone lo siguiente: "Artículo. 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho [.]" Los actos privativos a los que hace referencia el citado párrafo segundo del artículo 14 constitucional, son aquellos, que al consumarse causan una disminución, menoscabo o supresión definitiva en un derecho del gobernado, pudiéndose ejecutar dichos actos, siempre y cuando se cumplan con algunos de los requisitos precisados en dicho precepto constitucional; dicha disposición contiene inmersos, entre otros, el principio de legalidad y de debido proceso. Esto es, para los efectos de dicho artículo, por acto de privación debe entenderse aquel que tiene como fin la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho de una persona; no obstante, no todo acto de autoridad provoca una afectación a la esfera jurídica del particular, pues existen actos que restringen el ejercicio de un derecho en forma provisional o preventiva pero no tienen la finalidad de privar en forma definitiva de un derecho a su titular, sino que se trata de medidas provisionales establecidas por el legislador para proteger determinados bienes jurídicos, en tanto se decide si procede o no la privación definitiva. Por tanto, no basta que un acto de autoridad produzca una afectación en el ámbito jurídico para que se repute "acto de privación" en los términos del segundo párrafo del artículo 14 constitucional, puesto que para ello es menester que la merma o menoscabo tengan el carácter de definitivos, entonces, si la privación de un bien material o inmaterial, bajo los aspectos indicados anteriormente es la finalidad connatural perseguida por un acto de autoridad, este asumirá el carácter de privativo. Por el contrario, si cualquier acto autoritario por su propia índole, no tiende a dicho objetivo, sino que la restricción provisional es solo un medio para lograr otros propósitos, no será acto privativo, sino de molestia, los cuales están regulados por el artículo 16 constitucional, al restringir de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." Precisado lo anterior, es necesario destacar que el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece diversos mandatos (entre ellos la orden de aprehensión) que podrá ordenar el juez de control con la finalidad llevar al imputado ante tal potestad para la celebración de la audiencia inicial o para la continuación del proceso. Aunado a ello, dicho numeral restringe los supuestos en los cuales se puede emitir algún mandato para efecto de continuar el proceso; sin que para ello deba respetarse la garantía de audiencia del indiciado. Lo anterior, permite concluir que la orden de aprehensión tiene la naturaleza jurídica de un acto de molestia. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que ahí expone, la tesis aislada IX.1o.33 P emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado." En tal virtud, no asiste la razón al promovente del amparo, puesto que la orden reclamada es un acto de molestia que no pretende privarlo de ninguno de sus derechos, sino simplemente la posible restricción del ejercicio de aquéllos, respecto de lo que en su dictado no rige el derecho de audiencia previa reconocido en el numeral 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por el contrario, dada la naturaleza de dicho acto, se identifica como un acto de molestia, y resulta suficiente que se dé cumplimiento con el derecho de legalidad reconocido en el artículo 16 constitucional, esto es, basta con que preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia para ello, en donde esta funde y motive la causa legal del procedimiento (lo que será analizado más adelante). De ahí que, es innecesario que el juez responsable le notifique previamente con las formalidades de ley o le informe sobre la apertura de una carpeta de investigación o un proceso penal, pues se insiste, la orden reclamada es un acto de molestia en el cual no rige la garantía de audiencia. En esas condiciones, si la orden reclamada tiene la naturaleza jurídica de un acto de molestia, no es indispensable que se decrete con audiencia previa del imputado, pues, se reitera, no se trata de un acto de supresión de sus derechos. En virtud de lo expuesto, el acto reclamado en modo alguno transgrede los derechos reconocidos en el artículo 14 constitucional; de ahí, lo infundado de dicho argumento. Por otra parte, tampoco asiste la razón al peticionario del amparo cuando señala que pretenden privarlo de su libertad sin que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; sin que se funde y motive la causa legal de procedimiento, así como el hecho de que no o se acredita la existencia de un hecho que la ley señale como delito y tampoco su probable participación en ellos Para corroborar tal afirmación es necesario transcribir el contenido del artículo 16, párrafos primero y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión [.]" Las exigencias que prevé dicho numeral, son los parámetros para analizar la forma de conducción al proceso que se reclama, y para verificar si se acreditó la hipótesis normativa que derivó en esa medida específica y si se justificó la necesidad para que precisamente fuera mediante esa orden de captura por la que se lleve al imputado ante el juez de control para la celebración de la audiencia inicial o para la continuación del proceso dado que el Código Nacional de Procedimientos Penales limita los supuestos de procedencia para la emisión de esa forma de conducción al proceso, únicamente en caso que exista imposibilidad para lograr su asistencia por su propia voluntad ante el juez de control o de enjuiciamiento para la continuación de la secuela procesal, ya sea por la necesidad de cautela, por evadir una orden de comparecencia, por sustraerse de la acción de la justicia o por el incumplimiento de una medida cautelar. Así, necesariamente debe justificarse una de esas hipótesis legales para la emisión de una orden de aprehensión, pues si bien es cierto que ese tipo de mandato judicial tiene como única finalidad la precisada en el párrafo anterior y que, en todo caso, sería una medida cautelar la que afectará la libertad personal del quejoso, también es verdad que esa forma de conducción al proceso restringe provisionalmente la libertad ambulatoria del indiciado en el tiempo en el que es presentado a una audiencia, por lo que no debe usarse indiscriminadamente, sino única y excepcionalmente en los supuestos que autoriza la ley. Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece en sus artículos 141, 142 y 143, lo siguiente: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." "Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público." De los artículos mencionados, se desprenden los requisitos que debe observar una autoridad judicial para el dictado de una orden de aprehensión, a saber: a) El mandamiento de aprehensión sea emitido por autoridad judicial competente. b) Debe preceder denuncia, acusación o querella de un hecho que la ley señale como delito. c) Que sea sancionado con pena privativa de libertad. d) Que existan datos que acrediten un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; debiendo establecerse la clasificación jurídica, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta; y, e) Que la solicitud del fiscal esté motivada por alguno de los supuestos siguientes: 1. Cuando exista necesidad de cautela. 2. Cuando el indiciado resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de libertad. 3. Cuando se declare al imputado sustraído de la acción de la justicia. 4. Cuando el imputado incumpla con alguna medida cautelar. En relación con estos últimos cuatro supuestos, es importante precisar que, si bien tienen la finalidad genérica de conducir al imputado ante el juez, lo cierto es que difieren en cuanto a la razón específica de esa conducción. Ello es así, pues las hipótesis que se indicaron con los puntos 1 y 2 tienen como fin específico celebrar la audiencia inicial, en la cual el agente del Ministerio público formulará la imputación y el juez de control (con base en la información que le proporcionen las partes) determinará si existen datos de prueba de los que se desprende la necesidad de iniciar formalmente una investigación, ante la comisión de un hecho señalado por la ley como delito y la posibilidad de que el imputado haya participado en su comisión. Mientras que la orden de aprehensión solicitada porque se declaró al imputado sustraído de la acción de la justicia (numero 3) tiene como fin volver a someterlo a la jurisdicción del juez, hacerlo comparecer a alguna audiencia -diversa a la inicial- o volver a internarlo en el lugar en el que se encontraba, según sea el caso. Por último, en el supuesto indicado en el punto 4, la orden de aprehensión tiene como fin la revisión de la medida cautelar impuesta, ante el incumplimiento por parte del imputado, siempre que sea distinta a la prisión preventiva o garantía económica. Es necesario aclarar que si bien la fracción III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que para la emisión de la orden de aprehensión debe existir necesidad de cautela; los otros supuestos de procedencia requieren igualmente cierto grado de cautela, la cual se actualiza, entre otros supuestos, precisamente cuando se concretan las hipótesis para su emisión, es decir, cuando el inculpado evada o resista una orden de comparecencia, se le declare sustraído de la acción de la justicia o incumpla una medida cautelar. Precisado lo anterior, cabe señalar que, en la especie, según se observa, el juez responsable al momento de emitir la orden de aprehensión que aquí se reclama se apoyó en los artículos 1, 16, 17, 20 y 21 constitucionales, así como en los diversos preceptos legales 141 a 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otros; asimismo, explicó los motivos por los cuales resolvió en la forma en que lo hizo. Así, a consideración de esta potestad, el primer requisito para la emisión de una orden de aprehensión se satisface, en virtud de que fue emitida por autoridad competente como es la jueza de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal, sede San Miguel de Allende, Guanajuato, Base Comonfort, de conformidad con lo establecido en los artículos 20 y 133 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues los hechos sometidos a su conocimiento, acontecieron en Comonfort, Guanajuato. En ese orden, también se satisface el segundo de los requisitos necesarios, para que se gire una orden de aprehensión, como lo es la denuncia de los hechos que la ley señala como delito de homicidio. Lo anterior, pues se tuvo conocimiento de los hechos a través de una llamada telefónica que recibió la fiscalía el catorce de octubre de dos mi veinte, por parte de personal de la Agencia de Investigación Criminal, que les reportó que, a su vez, fue informada que a través del canal 911 supieron de detonaciones de arma de fuego en calle Ignacio Comonfort, colonia Cuauhtémoc en Comonfort y la existencia de un vehículo en ese lugar, con una persona sin vida dentro. Además, se informó a la juzgadora sobre la existencia de una denuncia de la esposa del occiso, de nombre ****. El tercer requisito también se colma, pues el delito se corresponde con el de homicidio calificado (ventaja) que se sanciona con pena privativa de libertad, acorde con los artículos 138, 140, 153, fracción I, del Código Penal para el Estado de Guanajuato. Asimismo, se considera cumplido el cuarto de los requisitos, relacionado con la existencia de datos en la carpeta de investigación que establezcan que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el aquí quejoso lo haya cometido o participado en su comisión. Con la finalidad de corroborar la anterior afirmación, esta potestad considera oportuno enlistar los datos de prueba que expuso la fiscalía y que la autoridad jurisdiccional responsable consideró para emitir el mandato de captura reclamado: Entrevista de ****, elemento de la policía preventiva de Comonfort, quien manifestó que el catorce de octubre de dos mil veinte, aproximadamente a la una cuarenta de la mañana, mientras estaba en su lugar de trabajo recibió un reporte donde le informaban que en la calle Ignacio Comonfort, colonia Cuauhtémoc de esa ciudad, escucharon detonaciones de arma de fuego. Que de inmediato se dirigió al lugar y vio que sobre la calle estaba un vehículo tipo sedán, color rojo, con luces encendidas y al aproximarse advirtió que había una persona aparentemente sin vida y con lesiones provocadas por arma de fuego. Que solicitó apoyo a "Protección Civil" y personal de esa dependencia acudió y constató que la persona no contaba con signos vitales, a lo que de inmediato acordonó el lugar. Entrevista de ****, esposa del fallecido, quien informó que el occiso es originario de Ciudad de México pero tenía unos meses laborando en Comonfort. Que el día trece de octubre de dos mil veinte supo que su esposo estaba detenido en las instalaciones de seguridad pública, pues éste se comunicó y le informó que lo habían detenido porque estaba tomando fotografías a unas mujeres. Que contactó a amigos y conocidos de ese municipio a fin de que auxiliaran a su cónyuge, pero el catorce siguiente fue informada que ya no estaba detenido. Que desconoce los hechos concretos, pero formula querella. Además, que reconoció el cadáver directamente, en el centro médico forense de la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato. Entrevista de Benjamín Velázquez Mexicano, quien refiere que es propietario del inmueble identificado con el número 147 de la calle donde ocurrieron los hechos. Que cuenta con cámaras de seguridad y proporcionó copia de las grabaciones de ahí obtenidas. Entrevista de ****, quien conocía al occiso al ser su tío. Acudió para acreditar la propiedad del vehículo y expuso que de manera regular se lo prestaba a aquél para que se trasladara de la Ciudad de México a Comonfort, ya que "su tío trabajaba en ese lugar desde hace unos meses". Entrevista a ****, quien refirió que es sobrino de ****(coinculpado); que su tío vive en el número ****. Que "se da cuenta" que aquél vende drogas y se dedica a "matar gente" con otra persona de nombre ****, alias "****" (coinculpado). Que él llegó a casa de su tío hace más de un año y medio a vivir y trabajar acomodando mercancía en una tienda de abarrotes que tiene. Que debido a que ahí habitaba, comenzó a conocer a las personas que visitaban el hogar, entre otros, ****, alias "el chilango" (coinculpado) originario de Ciudad de México; que también vivía ahí en la casa; además, también conoció a ****, alias "****"; quejoso, ****, alias "****" y a otra persona apodada "el pollo". Que se reunían de forma regular; que con el paso del tiempo se dio cuenta que su tío se dedicaba a la venta de drogas y que inclusive lo invitó a trabajar, pero él no aceptó. Que con el tiempo generaron más confianza y que lo dejaba escuchar las conversaciones que tenía con sus amigos y ahí se dio cuenta que se dedicaban a matar gente en Comonfort, por órdenes del "****" ****, quien ocasionalmente iba al domicilio. Que su tío organizaba los eventos, desde el vehículo y las armas a usar que tenía en su domicilio (armas cortas, e identificadas como cuernos de chivo, chalecos, celulares, pasamontañas); además de que tenía diversos vehículos, entre ellos, una Ford explorer tipo track, color negro. Que él se dio cuenta de más de diez homicidios que habían realizado en conjunto, tanto su tío como, "****", "****" y "el javi" habían actuado en más de diez eventos y habían matado a varias personas. Que entre esos eventos, a principios del mes de octubre de dos mil veinte se dio cuenta que comenzaron a reunirse con su tío, "****", el **** y otros; que escuchó que planearon matar a un señor que era de Ciudad de México, pues habían hablado con él pero no había querido "alinearse", así que recibieron órdenes de Pascual para ejecutarlo. Que el trece de octubre de dos mil veinte, entre las ocho y nueve de la noche, llegaron a su casa "*" **** y **** y que su tío les comentó que lo tenían detenido en barandilla, por lo que los organizó para esperarlo a que saliera para matarlo; que tomaron dos armas cortas y dos largas y su tío dijo que se llevarían el vehículo tipo Ford explorer sport track, color negro; que "el lalo" fue designado para conducir la camioneta; que aproximadamente a las nueve de la noche salieron en el automotor con las armas; que ya siendo el día catorce siguiente, unas horas después, aproximadamente a las tres de la mañana escuchó el motor del vehículo que se estacionó afuera de la casa y que él se levantó y advirtió que ingresaron al domicilio, **** ****, alias ****José **** y el **** así como su tío; que estaban diciendo que "todo había salido muy bien"; que habían seguido al ****(refiriéndose al "señor de la Ciudad de México") cuando salió de barandilla y que en la calle "donde venden artesanías lo habían ejecutado" sin que siquiera se hubiera percatado. Que a la mañana siguiente conoció por redes sociales, que habían ejecutado a una persona que iba a bordo de un vehículo de motor; que de esa manera se dio cuenta que esa persona era el sujeto que refirieron su tío y sus acompañantes. Que entre muchos otros casos, supo de diversos homicidios por las pláticas que escuchaba. Que nunca dijo nada por temor. Además, el testigo proporcionó información sobre la apariencia física de los coinculpados. Entrevista de **** y ****, ambos de apellidos ****, alias **** y el ****quienes son coincidentes en que hace algún tiempo sabían que su abuela se dedicaba a la venta de drogas, pero que por su edad decidió retirarse y que por esa actividad conocieron a muchas personas dedicadas al mismo giro, entre ellos a ****, que acudía en diversos momentos a la casa de su abuela, acompañado de diversas personas, entre ellas ****, ****, ****, ****, alias "**** y otra persona. Que el catorce de octubre de dos mil veinte, estaban ambos entre la una y dos de la mañana en un baldío ubicado **** conviviendo con otros amigos platicando y bebiendo; que la calle está totalmente iluminada al ser de las principales, pero con poca afluencia, por lo que estaban atentos a quien pasaba, por temor a que fuera la policía y se los llevara; que en ese momento escucharon el motor de un vehículo y al voltear vieron a un carro "rojo o guinda" conducido por una persona, rumbo a la salida a San Miguel de Allende y detrás de él un diverso vehículo tipo explorer negro y lo identificaron como la de ****; que la identificaron pues en el mismo ha ido a casa de su abuela, además de que lo han visto circular por la calle; que advirtieron que **** manejaba el vehículo, como copiloto José Pascual y en la parte de atrás, ****, **** y ****; que lo advirtieron porque traían los vidrios abajo; que unos segundos después escucharon detonaciones de arma de fuego y del lado del copiloto disparaban hacia el vehículo rojo; que hasta se veían las chispas de los disparos; que el automotor rojo se detuvo y que adelante se detuvo la camioneta negra y todos se bajaron "menos lalo" y con armas de fuego comenzaron nuevamente a disparar el vehículo rojo y, ante el temor ocasionado, corrieron a través del baldío. Que una hora después regresaron al lugar de los acontecimientos y vieron acordonada la zona. Que saben que **** y el resto se dedican a la venta de drogas y pertenecen a un grupo delictivo conocido como "los marros". Entrevista de ****, quien indicó que es vecino de la familia Puchote; que sabe que ahí vive **** con su esposa y otras personas del sexo masculino, pero no los conoce; que los días jueves once y viernes doce de marzo de dos mil veintiuno advirtió que esas personas estaban haciendo una mudanza, pues sacaban maletas y muebles para subirlos a una camioneta sin saber "a dónde se hayan ido"; y que ahora ese inmueble está solo. Entrevista a **** de doce de marzo de dos mil veintiuno, quien se ostentó vecina de **** en la comunidad de Neutla, el cual "se escucha decir en su comunidad" que se dedica a la delincuencia organizada y que desde hace dos meses ya no lo ve en su domicilio; que desconoce su paradero. Entrevista a ****, el doce de marzo de dos mil veintiuno, vecina de la comunidad de Empalme Escobedo; que conoce a **** y ****, originarios de esa comunidad; que los conoce porque han ido en diversas ocasiones a su casa y sabe dónde pueden ser localizados; que desde hace algunos meses ya no se les ha visto en su domicilio y que se dice que "andan en malos pasos" y que por eso "se esconden". Informe pericial en materia de criminalística **** elaborado por perito Édgar Abraham López Campos, quien el catorce de octubre de dos mil veinte, siendo las tres horas con treinta minutos acudió al lugar de los hechos en el que señaló que encontró 20 cartillos percutidos (9 de calibre 7.62x30 y 10 9mm lugger y 1 remington calibre .223); un vehículo Nissan guinda, con orificios provocados por arma de fuego en parabrisas, costado izquierdo y derecho, área posterior; dentro del vehículo una persona de sexo masculino en posición recostado del lado derecho. Necropsia **** del perito de la Fiscalía, que concluyó que la corporeidad del fallecido presentaba 23 lesiones de las cuales 18 producidas por arma de fuego; 12 de entrada y 6 de salida (cuello, cara y tórax) y 4 equimosis-edemas. Se concluyó que la causa de muerte fue por heridas producidas por proyectiles de arma de fuego penetrantes de tórax y abdomen. Hora posible de muerte entre las cero y las tres horas del catorce de octubre de dos mil veinte. Informe pericial **** elaborado por ****, quien analiza los casquillos recabados por el primer experto y es coincidente en los calibres, además de que señala que fueron disparados por cuatro armas distintas. Informe pericial **** en materia de metalografía, que dictamina el automotor únicamente para verificar si tenía alguna alteración en los números de identificación. Informe pericial **** que verificó las videograbaciones proporcionadas por la Dirección de Seguridad Pública, de las que se obtiene el ingreso de la víctima el trece de octubre de dos mil veinte y sale el catorce de octubre a las cero horas con cincuenta y nueve minutos. Informe pericial **** en el que se analizan las grabaciones proporcionadas por el testigo **** Mexicano para advertir que a la una con cuarenta y cuatro minutos, circula sobre la calle Ignacio Comonfort, el vehículo de la víctima y cinco segundos después, se ve la camioneta tipo Ford Explorer tipo Track detrás del otro automotor. Posteriormente salen de enfoque de las cámaras. Oficio 1401/2020 del director de Seguridad Pública de Comonfort, por el que informa que la víctima ingresó a barandilla a las diecinueve horas con cincuenta y ocho minutos y salió a las cero horas con cincuenta minutos del día siguiente. Oficio de avance de investigación ****, suscrito por dos agentes de investigación criminal, en el que proporcionan datos de identificación y localización de los inculpados. Oficio 240/2021 elaborado por dos agentes de investigación criminal donde informan la imposibilidad para localizar a los inculpados. Copia autenticada de carpeta de investigación **** iniciada el cinco de marzo de dos mil veintiuno, de la que se obtiene, en lo que interesa, que un testigo informó que acudía regularmente al domicilio ubicado en calle **** a comprar droga y que quien le vendía es ****; que debido a eso se verificó un cateo en el lugar, el diez de marzo de dos mil veintiuno y se logró la detención del citado, así como de ****; además de que se aseguraron diversas armas, entre las que se encontraba arma larga calibre .762x39 y una camioneta marca Ford Explorer tipo Track, color negra. Que una vez procesadas las armas se emitió el informe oficial de balística **** y concretamente, respecto de la enunciada, al cotejarse con el sistema de registro de balística que cuenta la Fiscalía, dio positivo con el evento acaecido el catorce de octubre de dos mil veinte en el que falleció la víctima. En cuanto a la calificación de premeditación, alevosía y ventaja, la fiscalía expuso: Que los inculpados días antes y momentos antes se reunieron para platicar la forma de organización; que, el dicho de testigos señalan que la víctima ni cuenta se había dado, sino que fue sorprendido; que se aprovecharon del factor sorpresa, además de la superioridad en el número de personas provistas de armas, por lo que desde los primeros disparos generaron ventaja, es decir, se evidencia que ellos no corrían riesgo alguno. En lo que concierne a la coautoría: Que lo realizaron de manera conjunta entre cuatro personas con un reparto de tareas y coordinación en el que intervinieron de la misma manera. Tocante a la necesidad de cautela: Primeramente, la fiscalía destaca quien esa misma fecha fueron vinculados a proceso Juan Manuel Puchote Soto y José Ricardo Salinas Flores y sometidos a prisión preventiva por posesión de armas de fuego, por lo que se desiste de la petición de orden de aprehensión respecto de ellos y la jueza la tiene por desistida. Enseguida, respecto a ****,**** y **** indicó: Que si se les cita, conocerían el delito que se les imputa y que amerita pena privativa de libertad, por lo que se correría riesgo de que se fuguen; además de los datos de prueba se estableció que habitualmente se dedican a actividades ilícitas, incluido matar gente, por lo que sería difícil mandarles citar; además de que se demostró que no fueron localizados en su domicilio y el dicho de los vecinos se conoce que forman parte de un grupo delictivo y huyeron. Se evidencia imposibilidad de citarlos, por eso la orden es la única forma de que comparezcan De dichos datos de prueba y argumentos la jueza de control concluyó: Que, conforme a los artículos 16 constitucional, 6to de constitución del estado, 141, fracción III, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la fiscal se encuentra legitimada. Que, a través de una llamada telefónica, se obtuvo la noticia criminal correspondiente sobre la información de detonación de arma de fuego en la calle Ignacio Comonfort de la colonia Cuauhtémoc, en donde encontraron una persona sin vida, así como la denuncia de la esposa de la víctima. Finalmente, de manera suscinta expresó: "Entre la una treinta y dos de la mañana del catorce de octubre de dos mil veinte sobre la calle ****, probablemente ****, ****, **** y otros, accionaron armas de fuego en contra de quien en vida respondiera al nombre de ****, causándole por supuesto las heridas que a la postre le ocasionaron su muerte. Este hecho lo establece la fiscalía, constituye el delito de homicidio calificado en términos de lo dispuesto por los artículos (sic) 138, sancionado con la pena privativa de libertad a la luz de lo dispuesto por el artículo 140, en relación con la fracción I del artículo 153, por lo que respecta a las calificativas de premeditación, alevosía y ventaja. Los datos de prueba (.) bajo un análisis de legalidad, sopesados sobre el tamiz de las condiciones que motivaron el recaudo de dichos datos de prueba se establece que no hay información (.) que dichos datos de prueba fueron obtenidos con violación a derechos fundamentales, lo cual los torna entonces legales. (.) .Son idóneos, a través de ellos se sabe qué fue lo que pasó, dónde cuándo y quién de manera probable intervino. Resultan pertinentes toda vez que se advierte información (.) en cuanto a justificar los hechos (.) son suficientes, prestan recíproco acuerdo entre sí, tanto de manera circunstancial anterior al hecho, como durante el núcleo del evento y de manera posterior. Por ello, entonces se advierte que se prestan recíproco apoyo, no se advierte alguna ambigüedad (.) alguna oscuridad y (.) de los entrevistados (.) no se advierte alguna circunstancia que lleve a sostener (.) que la narrativa (.) resulte ser inverosímil. (.) De manera circunstancial la información que proporcionaron **** y Francisco Javier se encuentra soportada por **** en cuanto a los momentos anteriores y los momentos posteriores al núcleo del evento como lo es el avistamiento de los imputados de haberse preparado para la actividad que habían decidido intervenir, aquellas circunstancias propiamente en cuanto al reparto de tareas (.) y que además también informaron que se abastecieron de determinadas armas de fuego (.) y que es cierto que en cuanto al núcleo del evento, **** no da información, si lo realiza con posterioridad a dichas circunstancias cuando informó que aproximadamente por la madrugada ya de ese catorce de octubre pudo cerca de las tres (.) escuchó ciertamente que del vehículo que habían llegado Eduardo, **** y su tío, habían los probables intervinientes de este evento festejaban que las circunstancias habían salido bien y que el evento había ocurrido en la calle donde venden artesanías y que al día siguiente se pudo dar cuenta virtud de las redes sociales sobre un evento que había implicado la muerte de un sujeto. Sobre estas circunstancias complementan la información ****, quienes fueron incluso contestes en referir (...) haber visto las primeras horas de ese catorce de octubre de dos mil veinte, entre la una y dos de la mañana (.) que advirtieron que se acercaba un vehículo color rojo y que ese vehículo transitaba con dirección a la ciudad de San Miguel de Allende y que detrás de ese automotor advirtió que se acercó una camioneta Ford Explorer, como de aquellas de las que conducía o propiedad de ****, que incluso esta persona se encontraba en esa camioneta. Informaron también que encuentra coincidencia con el relato de ****, que ****(.) era quien manejaba dicho vehículo de motor, concretamente siendo su copiloto ****, que en la parte de atrás se encontraba ****, Ricardo Salinas Flores y el propio ****. Que pudieron advertir de manera directa (.) que disparaban hacia el vehículo rojo, que luego se detuvo el vehículo (.) y descendieron, lo cual no hizo el propio ****(.) que los diversos descendieron de dicha unidad y continuaron accionando las armas de fuego en contra de aquella unidad de la marca nissan color rojo, para después retirarse de dicho lugar. (.) .este señalamiento de **** y **** encuentra coincidencia con los indicios que fueron también ubicados en el lugar (.) toda vez que fueron recolectados veinte casquillos, concretamente de cuatro armas de fuego, como a la postre lo informó el perito (.) y que esta circunstancia que además se encontró este vehículo (.) encuentra coincidencia en cuanto al lugar del evento, la hora aproximada (.) en la cual informaron los testigos presenciales de aquel evento, pero también en cuanto al menos uno de los vehículos que participó, este Nissan platina color guinda. Esta circunstancia también dota de credibilidad la información de aquellos dos testigos por las características propias que presenta ese vehículo de motor (.) al advertir diversos orificios en el área de parabrisas (.) costados (.) y en el área posterior (.) que además se encontró en el interior (. una persona del sexo masculino recostada hacia su lado derecho y razonablemente se puede establecer que se encontraba con ausencia de sus signos vitales. Pero además también soporta esa versión de los testigos ya mencionados, la causa del deceso (.) ya que el médico (,.) informó que al haberlo sometido al estudio de la causa de su deceso le advirtió 23 lesiones, de las cuales al menos 18 (..) producidas por proyectil disparado por armas de fuego en las áreas de su cara, cuello y tórax (.) lo que incluso se advierte coincidencia de manera natural incluso se expone al ser conductor de un vehículo de motor, por eso es dable establecer que esas áreas en las que se impactaron los proyectiles (.) resulta coincidente con la posición que tenía (.) que no era otra sino el ser conductor de una unidad motriz. Este dato de prueba objetivo justifica ciertamente ese relato del cual informaron los entrevistados **** y **** Y es así entonces que de la información proporcionada (.) se tiene conocimiento de cuál fue la razón que motivó el cese de signos vitales d esa persona (.) y no fue otra que las heridas producidas por proyectiles disparados por arma de fuego (.) y que la hora probable de su deceso encuentra coincidencia en aquellas manifestaciones de **** y **** de que ocurrieron entre la una y dos de la mañana del catorce de octubre de dos mil veinte, dado que incluso (.)que se encuentra en el propio margen temporal del propio médico (.) del cual informó. Se tiene también información (.) que en la calle Ignacio Comonfort, de la colonia Cuauhtémoc perteneciente a la ciudad de Comonfort (.) fue ubicado de forma objetiva en el interior de un vehículo de motor una persona del sexo masculino cuya posición encuentra coincidencia en cuanto a los impactos que se le realizaron de los disparos (.) incluso encuentra coincidencia con la forma natural de ceder su cuerpo por los impactos que recibió. (.) Que esa persona ante la ausencia de signos de vida, fue la misma persona que fue revisada por parte del médico (.) y que sobre él viene a informar **** y ****, que dicha persona es quien en nombre respondía a **** y que incluso el propio **** informó que le prestó su vehículo de motor de las características que coinciden con el que era tripulado por ****. (.) .de dicha información por parte de los entrevistados y de manera objetiva con los datos de prueba que han sido expuestos por parte de esta juzgadora se advierte que la razón o la causa de fallecimiento de... no se atribuye a una circunstancia de manera natural, ni tampoco a lesiones que la propia víctima se hubiese autorrealizado, tanto por el número de lesiones que en su cuerpo se encontraron (.) producidas por proyectil disparado por arma de fuego que blanco hicieron en su cuerpo (.) ni tampoco por la ubicación de las mismas, lo cual de manera razonable lleva a sostener que para efecto de la privación de la vida de José Guillermo, necesariamente fue consecuencia de una conducta llevada a cabo, por al menos tres personas como finalmente así aconteció (.) quienes utilizaron arma de fuego en contra de la corporeidad de ****, por eso es válido sostener que su muerte se devino con motivo de la actividad desplegada de manera intencional por parte de terceras personas. Con motivo de ello, hay información por parte de la fiscalía (.) para justificar el hecho que está investigando (.) y también atender que ese hecho es constitutivo del delito de homicidio (.) en términos de lo dispuesto por el artículo 138, en relación con el 153, fracción I, en sus calificativas de premeditación, alevosía y ventaja, los cuales incluso se coincide. Toda vez que, además, hay información que en cuanto a la participación de ****, ****, devino en una intervención bajo una institución de la coautoría y que además fue doloso el medio de comisión. Hay un serio señalamiento justificado con datos de prueba objetivos por parte de los testigos (.) quienes informaron que al mando de esa unidad motriz de la cual descendieron (.) iba **** y que tanto **** como **** y otros se encontraban abastecidos de armas de fuego, que pudieron advertir que en un primer momento José Pascual, del área del copiloto era quien realizaba los disparos en contra de la unidad en donde iba la víctima para posteriormente descender de la unidad (.) y de manera conjunta realizar los disparos, por supuesto que asumiendo la intención de privarlo de la vida, pues tenían conocimiento de la magnitud del daño que puede realizar un arma de fuego y que no obstante ello es que decidieron accionar las armas de fuego en contra del pasivo, queriendo el resultado de su conducta que no era otro sino querer ciertamente la muerte de dicho pasivo, por ello es que actuaron de manera dolosa (.) y también de manera conjunta, bueno de entrada se reitera esta atribución, esta imputación que se realiza de manera directa por parte de Juan Pablo y de Francisco Javier, pero además esta información también se encuentra soportada por datos de prueba de manera objetiva, ya se dijo que se localizaron al menos 20 casquillos percutidos en el lugar (.) que esos casquillos (.) fueron procesados por parte del perito Camargo Ortega, quien al haber analizado los casquillos (.) estableció que un número determinado de casquillos fueron percutidos por al menos cuatro armas distintas, lo que se reitera dota de credibilidad el señalamiento de los testigos directos, pero también dota de credibilidad el señalamiento el testigo Eduardo Ballesteros, quien ciertamente informó que previo a la comisión del hecho pudo advertir que los intervinientes del evento se abastecían de los insumos para poder realizar la conducta. Además hay información de la oportunidad que tuvieron para llevar a cabo ese evento, una vez que **** salió de manera justificada de los separos de la policía preventiva, en donde había sido detenido el trece de octubre de dos mil veinte, abandonando ese sitio a las cero horas con cincuenta y nueve minutos (.) lo cual lleva a establecer la probabilidad de que en estas circunstancias ciertamente fue ubicado el propio ofendido por parte de sus agresores, desde el momento en que abandonó las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, hasta el momento en el cual fue ultimado y esta circunstancia también implica para tener por justificado ese señalamiento en cuanto a las agravantes (.) premeditación, es decir, esa previa reflexión sobre el hecho que habrían de cometer y de ellos se advierte la información de ****, que los victimarios tenían información de que **** se encontraba detenido y además tenían información sobre la libertad que iba a obtener, como finalmente si aconteció y que para ello se abastecieron de los insumos necesarios para realizar la conducta que previamente habían planeado realizar. Lo que lleva entonces a sostener que tuvieron un tiempo suficiente para poder ponderar la conducta que habían de realizar. Que ciertamente existió un acecho (.) dado que a este se le ubicó en el interior de la Secretaría de Seguridad Pública (.) y que necesariamente se le acechó y se le siguió hasta el lugar último que constituye el teatro del evento, y no solo eso, sino que acorde a los videos de vigilancia por parte de uno de los vecinos del lugar, del que se advierte que primero pasó el vehículo donde tripulaba el pasivo y después aquella unidad motriz en la que circulaban quienes lo ultimaron. Esta circunstancia se encuentra también justificada, es decir que las presencia de la víctima para con sus victimarios no fue de manera fortuita, sino que fue buscada, es decir, ciertamente se le acechó para entonces anular en todo momento alguna respuesta en cuanto a la agresión. También se comparte (.) alevosía y en cuanto a la ventaja, porque de manera objetiva se advierte que no hay información en cuanto al núcleo del evento, que José Guillermo Seelbach Zavala pudiera realizar alguna circunstancia tendiente a que al menos sus victimarios resultaran muertos o lesionados, no se advierte que quisiera contender con aquellos, además de que se sabían ciertamente superiores los imputados, porque además tenían el conocimiento que se encontraban provistos de arma de fuego, que al menos el número de ellos era superior (.) y que ello ciertamente acorde al momento de realización del hecho es que no se le dio (.) oportunidad de repeler la agresión (.) de tal manera que también se encuentra justificada de manera objetiva ese último de los elementos de la calificativa relativa a la ventaja. Y como se reiteró, pues hay un serio señalamiento (.) bajo una coautoría en términos del artículo del artículo 20, primer párrafo, tercer supuesto del Código Penal. Hay información ciertamente de que de manera voluntaria decidieron intervenir en ese hecho, es decir hubo un acuerdo previo (.) esa información también la plantea ****, que además se encuentra justificada con datos de prueba objetivos. Hubo una participación inicial de cada uno de los participantes, es decir una división de funciones porque a Eduardo Robles Gónzalez le correspondió estar a cargo del vehículo del motor en el cual viajaban (.) y fue ese su aporte voluntario incluso al momento de la realización del evento. En cuanto a la participación de **** y ****, se tiene la información de que de manera directa (.) el aporte esencial en cuanto a su conducta es haber percutido las armas de fuego (.) en contra de **** ello implica necesariamente ese aporte esencial (.) al momento del hecho, por lo cual se establece que tuvieron el co-dominio funcional del evento, ello los evidencia como coautores dolosos del hecho penal relevante como homicidio calificado (.) y pues también bajo una coautoría dolosa. Se encuentra entonces justificado el requisito de la existencia del hecho y que ese hecho resulta ser penalmente relevante y que además en términos del artículo 140 del Código Penal se encuentra sancionado con pena privativa de libertad. Y también la justificación en cuanto a la probabilidad de intervención de **** y de ****, respectivamente. Con ello se tendrían justificados los requisitos constitucionales para la emisión de una orden de aprehensión. Por último en cuanto a la necesidad de cautela, se encuentra justificado por los argumentos por parte de la fiscalía con alguna precisión. Se tiene información al menos subjetiva en cuanto al señalamiento de **** y de ****, así como de la información por parte de los elementos de la agencia de investigación criminal (.) en cuanto a que aquellos domicilios donde los pudieran encontrar (.) nadie acudió al llamado de aquellos y que ello los motivó a allegarse de información en cuanto a las personas ya mencionadas, de ellos se obtuvo la información de ****, quien afirma ser vecina de ****, que al menos a la fecha de su entrevista que lo fue el doce de marzo de dos mil veintiuno este ya tenía al menos unos dos meses que no había sido visto (.) ni en la comunidad, ni tampoco los vehículos que osaba utilizar, determinando que no sabe el lugar donde puede ser localizado, incluso (.) esta circunstancia también acontece en cuanto a **** y **** ya que ****(.) informó que hace meses que no ha visto a las personas mencionadas en su domicilio, lo que lleva a comprender que la conducta llevada a cabo, el comportamiento de los imputados con posterioridad al evento (.) evidencia que no tienen la voluntad de someterse a una persecución penal, es decir, que hay un riesgo de fuga, toda vez que ya hace tiempo que no se les ha visto y no hay información en donde puedan ser ubicados. Ello implica que con esta información se justifica el peligro de sustracción (.) por lo cual nos lleva a sostener que la fiscalía debe actuar con cautela, esto por supuesto realizar las pesquisas necesarias para obtener la búsqueda localización y poder entonces aprehender a **** y ****, con la única finalidad que a través de la institución de la orden de aprehensión, una vez que esta sea ejecutada se conduzca a proceso a los ya mencionados para efecto de dar oportunidad a la fiscalía de informarles cual es la razón de por qué los está investigando. De tal manera que se encuentra justificada la necesidad de cautela. Reunidos los requisitos constitucionales y legales es que se ordena la aprehensión de ****, ****, y **** por existir la probabilidad de su intervención bajo una coautoría dolosa, en el hecho que constituye el delito de homicidio calificado." De lo hasta aquí expuesto, se considera que fue correcto el proceder de la jueza responsable, en determinar que con los datos de pruebas existentes se encuentra debidamente acreditada la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio, en el grado de participación asumido y con las agravantes enunciadas. Ante el anterior panorama, este operador jurisdiccional considera que, en la determinación reclamada, contrariamente a lo señalado por el promovente del amparo, sí se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, aunado a que sí se fundó y motivó la causa legal del procedimiento, puesto que acertadamente ahí se estableció que hasta ese momento procesal obran datos de prueba suficientes para determinar la existencia del hecho que la ley señala como el delito de homicidio calificado en agravio de **** y la probabilidad de que el quejoso y otros participaron en su comisión. Ello es así, puesto que para arribar a esa conclusión la jueza responsable realizó una apreciación libre y lógica de los datos de prueba, los cuales le permitieron establecer el aludido cuadro fáctico. Además, esos hechos le permitieron a la autoridad judicial considerar que fueron cometidos en términos de los artículos 13 y 20, primer supuesto, del Código Penal para el estado de Guanajuato, esto es, que el quejoso y otros los realizaron en calidad de coautores, y que la conducta que se le atribuye es a título de dolo y, se reitera, con las agravantes enunciadas. Por tales motivos, como se anticipó, resultan infundados los conceptos de violación formulados, pues se reitera, sí se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, aunado a que sí se fundó y motivó la causa del procedimiento, puesto que los diversos datos de prueba citados por el fiscal que solicitó la orden de aprehensión, sí otorgan verosimilitud a los hechos expuestos, y a partir de esos datos es factible suponer razonablemente que se cometió el hecho que la ley señala como homicidio calificado en agravio de **** y como que probablemente el aquí quejoso participó en su comisión, en la medida que este órgano jurisdiccional no vislumbra irregularidad en los mismos y, en cambio, sí advierte verificables los enunciados que integran la hipótesis del Ministerio Público con la información que se desprende de los registros de investigación. Incluso, se debe precisar, ese medio de conducción al proceso ni siquiera exige que los datos de prueba invocados por la fiscalía sean sometidos a contradicción, por lo que lógica y evidentemente el juez de control emitió su resolución basándose únicamente en que los hechos expuestos en la solicitud de la orden judicial -principio de lealtad procesal- pues no podía demeritar la información obtenida de los registros de investigación, sino que en todo caso considerar que los hechos no son verificables con aquellos datos, por no ser conducentes en cuanto al hecho a justificar. Además, en atención al último de los requisitos, la jueza acertadamente precisó que la necesidad de cautela que establece el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para hacer comparecer al aquí quejoso, a través de una orden de aprehensión, para que le sea formulada la imputación, se encuentra justificada, entre otros motivos, por la posible pena de prisión, así como el hecho de que se desconoce su paradero, lo cual hace que el imputado no se presente voluntariamente. De ahí que, se cumpla el último los requisitos señalados. En ese contexto, se evidencia que en términos de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los preceptos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se considera jurídicamente correcto, que se girara la orden de aprehensión en contra del ahora quejoso ****, por la probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado cometido en agravio de ****; por ende, sí se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento hasta este momento. Máxime, que, de una correcta y sana crítica de los datos de prueba anteriormente relacionados, observando las reglas de la lógica y la valoración de aquellos elementos (en lo individual y global), que han servido de basamento, llevan a establecer, que son suficientes para determinar la existencia de los hechos indicados. A mayor abundamiento, la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer las razones y el fundamento que tomó en cuenta el juzgador para pronunciar su decisión, es la videograbación del desarrollo de la audiencia, por lo que es innecesario que pronuncie una diversa resolución por escrito, aunado a que conforme al artículo, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017, el Constituyente determinó que en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, como es el proceso penal acusatorio y oral, bastará con que quede constancia del acto de molestia por cualquier medio, no sólo por "escrito". El anterior argumento es emanado del criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificado con el registro digital IUS 2019617, de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA QUE LA CONTIENE EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LA EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO EXIGIDO POR EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE AQUEL ACTO DE MOLESTIA." Conclusión. Atento a lo descrito en líneas precedentes, al resultar infundados los conceptos de violación expuestos, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia federal. Aunado a que, se reitera, este órgano jurisdiccional advierte que no hay una violación a los derechos fundamentales del quejoso que deba ser reparada oficiosamente o en suplencia de la queja deficiente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 75, 76, 77, 78, 155 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando tercero, por las razones ahí expuestas. SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege a ****, respecto del acto y autoridades precisados en el considerando cuarto, por los motivos expuestos en el último.
- Principal
Diferimiento de la audiencia constitucional. Visto el estado de los autos se advierte que por oficio acordado el seis de agosto actual, la autoridad responsable juez de Control del Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Primera Región del estado, con sede en San Miguel de Allende, base Comonfort, aclaró su informe de ley y remitió las constancias que lo justifican; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de dar oportunidad a que las partes se impongan de su contenido, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere para las trece horas con treinta minutos del trece de septiembre de dos mil veintiuno.
- Incidental
A sus autos el oficio signado por el juez de Control del Juzgado Penal de Oralidad de la Primera Región en el Estado, sede San Miguel de Allende y Base Comonfort, Guanajuato, por el cual rinde informe previo; agréguese sin mayor proveído, toda vez que el veintiocho de mayo del año en curso, se tuvo por recibido dicho informe y se acordó lo conducente.
Quedan 20 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes
- José Jaime García Rodríguez294/2022
- José Jaime Mireles Baeza953/2015
- José Jaime Noriega Montes323/2023
- José Jaime Tamayo Canchola784/2019
- José Jasso Hernández245/2017
- José Javier Arellano López919/2014
- José Javier Guzmán Lázaro434/2023
- José Javier Guzmán Lázaro819/2015
- José Javier Guzmán Lázaro315/2020
- José Javier Rojas Ramírez581/2022
- José Javier Rojas Ramírez702/2022
- José Javier Rojas Ramírez956/2022