José Javier Armendariz Torres

Expediente 496/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
496/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
18/10/2023

Partes del expediente

  • José Javier Armendariz Torres
  • 1.- Titular de oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el estado de San Luis Potosí

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Vistos: 1.- Se recibe oficio. 2.- Se vincula expediente. 3.- Se ordena archivo Al efecto, se acuerda: 1. Se recibe oficio-aceptó competencia. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, téngase recibido el oficio de la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, recibido vía electrónica, a través del cual informa que aceptó la competencia declinada por este juzgado y se avocó al conocimiento de la misma y que en su índice quedó registrado con el consecutivo 1342/2023. 2. Vinculación del expediente electrónico. Por tanto, con fundamento en el artículo 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, contenido en el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, hágase del conocimiento del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, que se pone a su disposición la consulta del expediente electrónico en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) a través del apartado denominado "vinculación", en el cual se contienen todas las actuaciones acaecidas en este sumario, incluyendo el exhorto girado a fin de realizar diversas diligencias con la parte quejosa, e informes relativos a la suspensión de plano concedida en autos, rendidos por diversas autoridades responsables, para lo cual se instruye a la Oficial Judicial "A" a cargo del referido sistema, a fin de que realice la vinculación respectiva. Asimismo, instrúyase a los Actuarios -en relación con las constancias de notificación- como a la Secretaria o Secretario -en cuanto a las diversas actuaciones- adscritos a este juzgado de Distrito, a efecto de que certifiquen de manera inmediata la debida integración del expediente electrónico, para los efectos legales condignos. 3. Archivo y anotaciones en el libro de control electrónico respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico respectivo y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental cuaderno principal. Ahora bien, de conformidad con el punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, vigente de acuerdo a lo dispuesto en el Noveno transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es conservable, teniendo en consideración que se concedió la suspensión de oficio y de plano; no obstante que este Juzgado de Distrito se hubiese declarado incompetencia para conocer del asunto. Temporalidad para transferencia. Transcurrido el plazo de tres años que se establece en el referido artículo 17, transfiérase el expediente de que se trata a los depósitos documentales de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en los términos indicados en el Capítulo Noveno del citado acuerdo. Anotación de valoración documental y fecha de archivo en carátula de expediente. Inscríbase tales datos, así como la fecha de este acuerdo en la carátula del presente expediente, en observancia a lo dispuesto en el artículo 34, párrafo segundo, del Acuerdo General invocado. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diez de octubre de dos mil veintitrés. Vistos: 1.- Se recibe informe de suspensión de plano 2.- Estado de autos y se reserva Al efecto, se acuerda: 1.- Se recibe informe de suspensión de plano Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, téngase recibido el oficio recibido vía electrónica del Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación de los Titulares de la Oficina de Representación en Monterrey Nuevo León de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y Coordinador General ambos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, mediante el cual rinde el informe concerniente a la suspensión de plano concedida en autos. 2.- Estado de autos y se reserva Ahora bien, de autos se advierte que el tres de octubre del año en curso, este juzgado se declaró legamente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, en representación de los quejosos directos, declinando la competencia en favor del Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, en turno; en consecuencia, se reserva proveer lo conducente respecto del informe de cuenta, hasta en tanto se tenga conocimiento de cual órgano jurisdiccional con residencia en aquella ciudad, corresponda conocer de la demanda de amparo de que se trata y se pronuncie respecto a la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, tres de octubre de dos mil veintitrés. Vistos: 1.- Se reciben informes de suspensión de plano concedida en autos (registros 10362, 10365). 2.- Exhortos del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León y Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre (registros 10369 y 10383). 3. Incompetencia. Al efecto, se acuerda: 1. Informes relativos a la suspensión de plano (registros 10362, 10365). Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, ténganse recibidos los oficios que remiten respectivamente el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Titular de la Oficina de Representación, Subdirector de Control y Verificación, así como el Subdirector de la Estación Migratoria, de dicha Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración y la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación de las autoridades responsables Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, Encargado de la Estación Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León y Subdirector de Control y Verificación Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, mediante los cuales rinden el informe concerniente a la suspensión de plano concedida en autos. En esa tesitura, se tiene a las citadas responsables rindiendo el informe relativo a la suspensión de plano y con su contenido dese vista a la parte quejosa para su conocimiento y efectos legales a que hubiere lugar. Domicilio. Se tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, a la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, el que indica y como datos de contacto las direcciones electrónicas que proporciona. 2. Se reciben exhortos del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León y Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre (registros 10369 y 10383). En otro orden de ideas, ténganse recibidos los oficios que remiten la Secretaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León y Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, y anexos que acompañan, mediante los cuales devuelven debidamente diligenciados los exhortos 258/2023-I, orden 670/2023, 257/2023 orden 669 del índice de este órgano jurisdiccional, mismos que fueron enviados para que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito notificaran personalmente el auto de uno de octubre del año en curso, a los directos quejosos en el lugar en el que se presume se encuentran (estancia provisional de San Luis Potosí, capital, o estancia provisional de Monterrey, Nuevo León), y a los menores de edad, por conducto de quien los representen e hicieran entrega de los oficios dirigidos a las autoridades responsables que se encuentren dentro de su jurisdicción, para los efectos precisados en el citado auto. Anotaciones. Atento a lo anterior, agréguense a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar y háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico respectivo. Análisis de constancias. Ahora bien, de las actuaciones que integran el exhorto del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, se advierte que la actuaria de su adscripción, en la constancia de notificación de dos de octubre de dos mil veintitrés, se constituyó en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Nuevo León, e hizo constar que los quejosos se encuentran en ese lugar y dio fe de lo siguiente: Estado físico y de salud de los directos quejosos, así como de las condiciones del lugar en que se encuentran. Hizo constar que los quejosos se encuentran en buen estado de salud, es decir que no cuentan con marcas de violencia, tortura o golpes a la vista; de igual manera, le manifestaron que si se les ha permitido hacer llamadas, que si se les da comida, y que no los torturan o maltratan; asimismo, hace constar que las condiciones del lugar en donde se encuentran están bien, duermen en literas, tienen baños tanto de hombre como de mujeres, cuentan con servicios básicos de salubridad. Ratificación de demanda. De igual modo, de la diligencia actuarial referida, se obtiene que los directos quejosos ratificaron en el momento de la diligencia la demanda de amparo promovida a su favor por... Asimismo, se toma conocimiento que el diverso quejoso ...no se encuentra en esa Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Nuevo León, al igual, se asentó que no se localizó al menor de edad de iniciales C.D.; no obstante, en la constancia de ratificación aparece el nombre de Carlos Alberto Días y Carlos Días, quienes ratificaron la demanda de amparo por su menor hijo de iniciales O.J.D.M., misma manifestación realizó la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en el informe de suspensión de plano de cuenta, por lo que se refiere a ...toda vez que no se encuentran alojados en esa Estación Migratoria, no cuentan con Procedimiento Administrativo Migratorio vigente, instaurado en su contra, por tanto no se ha ordenado ni ejecutado ninguna deportación, e informando así mismo que no se cuenta con información sobre su localización. Asimismo, de las constancias que integran la comunicación proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, se desprende de la constancia de dos de octubre de la anualidad que transcurre, que el actuario adscrito al citado juzgado federal, se constituyó en las instalaciones que ocupan la estación migratoria en esa ciudad e hizo constar la imposibilidad de notificar a los quejosos toda vez que actualmente no se tiene ninguna persona resguardada en ese recinto. De igual forma, se toma conocimiento que no fue posible Hacer entrega del oficio 13995/2023 dirigido al Titular o Comisionado y Personal a su Mando de la COMAR Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en el Estado de San Luis Potosí, dado que no existe. Determinación de incompetencia. En el caso, del análisis integral de la diligencia remitida por el órgano jurisdiccional exhortado, se advierte que este Juzgado Federal carece de competencia legal para conocer de los actos reclamados por los promoventes del amparo, conforme con lo dispuesto en el artículo 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. " Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." De lo anterior se pone de manifiesto, que de acuerdo con el artículo 37 de la Ley que rige el juicio constitucional, se establecen tres hipótesis para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito, que son: 1. Es competente el Juez de Distrito del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Cuando el acto se haya empezado a ejecutar en un Distrito y siga realizándose en otro, será competente cualquiera de los jueces que ejerza jurisdicción en el lugar de prevención; y 3. Cuando el acto reclamado no exige ejecución material resultará competente el Juez en cuya jurisdicción reside la autoridad que hubiera dictado la resolución reclamada. Ahora, en la demanda de amparo promovida por ...contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí y otras autoridades, se señalaron como actos reclamados, los siguientes: ".1. La ilegal detención y posterior retención por parte de los agentes quienes realizaron el control migratorio de los quejosos. 2. La incomunicación de la que están siendo víctimas los quejosos. 3. La ausencia de las formalidades procesales correspondientes, a los quejosos no se le ha permitido ejercer una defensa adecuada y no se ha respetado la instauración y seguimiento de un debido proceso, puesto que se encuentran incomunicados desde el momento de su detención hoy en día, no ha sido resuelta ni informada su situación jurídica, aunado a ello no se le permite el acceso al expediente migratorio (PAM) lo cual constituye un exceso y una violación a los Derechos Fundamentales. 4. 4. La orden de DEPORTACIÓN VIO REPATRIACIÓN emitida por las autoridades migratorias violando los principios constitucionales y convencionales de debido proceso, garantía de audiencia y presunción de inocencia y adecuada defensa. Acto que se atribuye en su calidad de ordenadoras y ejecutoras. 5. La negativa a otorgar, tramitar, otorgar, reconocer y/o conceder la calidad de REFUGIADOS, en este país de México. 6. El alojamiento temporal del cual están siendo víctimas los quejosos en la estación migratoria bajo la conducción y el mando del instituto, lo que atenta de manera directa contra su libertad personal. 7. El inminente traslado a cualquier Estación Migratoria fuera de la ciudad de San Luis Potosí. 8. La negativa de permitir realizar llamadas telefónicas a que tienen derecho los quejosos a fin de nombrar abogado o persona su confianza. 9. La omisión de substanciar de manera legal el procedimiento administrativo migratorio del quejoso y en consecuencia la negativa de otorgar el oficio de salida del país por propios medios en términos del artículo 137, fracción III de la Ley de Migración, en relación con el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Migración. 10. El hacinamiento con personas positivas a COVID 19, así como la omisión de cumplir con las normas mínimas de salud respecto de la pandemia se SARS COV2, previstas en el Protocolo de actuación para la prevención y atención de casos sospechosos y confirmados de COVID-19 en las Estaciones. 11. La aplicación convencional de los artículos 101, 102 y 111 de la Ley de Migración." Con motivo de lo anterior, y dada la naturaleza de los actos reclamados, a efecto de lograr la localización de los directos quejosos, este Juzgado procedió a dictar la suspensión de plano de los actos combatidos y se solicitó a las autoridades responsables su informe con motivo de la suspensión de plano decretada en ese mismo proveído. Luego, tal como se advierte de lo reseñado en párrafos que anteceden, en especial la diligencia practicada por la Actuaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, derivado de la comunicación oficial 258/2023 orden 670, de la que se advierte que los directos quejosos se encuentran en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Nuevo León. Bajo ese contexto, se colige que no se surte la competencia para conocer de los actos que por esta vía se combaten, sino en todo caso, su conocimiento corresponde al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, que se encuentre en turno, conforme al Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; dado que los actos reclamados tendrán ejecución en el lugar en donde se encuentran los agraviados. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se declara que este órgano de control constitucional, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata y, por ende, se ordena remitir el presente asunto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, al Juez de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, en turno, entre cuyas constancias obran los exhortos que se acuerdan en esta fecha, en el que se encuentran las constancias de ratificación de la demanda y los informes relativos a la suspensión de plano de cuenta, para que, de llegar a aceptar la competencia planteada, acuerde lo que en derecho proceda. Vinculación de expediente electrónico. En ese contexto, con fundamento en el artículo 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, contenido en el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, hágase del conocimiento del Juez de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, en turno, que se pone a su disposición la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) a través del apartado denominado "vinculación", en el cual se contienen todas las actuaciones acaecidas en el presente sumario, para lo cual se instruye a la Oficial Judicial "A" a fin de que realice la respectiva vinculación. Lo anterior, tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 252 y 254 contenidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de los que se obtiene, en lo que interesa, que los órganos jurisdiccionales tramitarán e integrarán los asuntos de su competencia a través de medios tecnológicos y soluciones digitales, y que se privilegiará la generación y circulación de documentos de trabajo mediante el uso de medios tecnológicos o soluciones digitales. De igual forma, la determinación referida encuentra sustento en lo dispuesto en los diversos numerales 3 y 26 , relativos a la integración y consulta de los expedientes electrónicos, así como la circunstancia de que, cuando el órgano jurisdiccional que conozca de un asunto estime necesario consultar las constancias que obren ante uno diverso, deberá privilegiar el expediente electrónico; precisándose que, en términos del numeral citado en último lugar, excepcionalmente, se podrán enviar las constancias con que se cuenten de manera física -dada la nueva integración de los expedientes judiciales-. Solicitando informe lo relativo a si acepta o no la competencia planteada. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, uno de octubre de dos mil veintitrés Identificación de promovente y registro. Vista la demanda de amparo promovida por .........contra actos del delegado federal de la oficina de representación del Titular de oficina en representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí y otras autoridades. No pasa inadvertido que tal escrito inicial carece de la firma electrónica de los promoventes del amparo; sin embargo, al haberse planteado la misma en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, aquélla no es necesaria y, por ende, se procede a acordar su contenido. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 496/2023-I-2. Se precisa forma de integración del expediente físico y electrónico. Se destaca que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente -electrónico y en su caso físico- se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3° del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes. Actos reclamados. Ahora, vista la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados son los siguientes: .......... Suspensión de plano. La parte quejosa reclama como actos urgentes la privación de la libertad al exceder más de treinta y seis horas, la incomunicación, el hacinamiento con personas positivas a Covid 19, tratos humanos crueles y degradantes, deportación, tortura y acciones que atentan contra su salud física y psicológica; por ende, a fin de salvaguardar los derechos humanos de las impetrantes, se procede a realizar el pronunciamiento de la suspensión de plano. De conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a entrar y salir del País, viajar por su territorio, mudar de residencia, sin necesidad de algún requisito; sin embargo, tal prerrogativa está subordinada a las facultades de la autoridad judicial y a las autoridades administrativas en relación con las leyes que se impongan sobre emigración, inmigración y salubridad en general. Por otra parte, este órgano jurisdiccional atiende al contenido del "Protocolo para Juzgar Casos que involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional", publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mayo de dos mil veintiuno. Es necesario establecer que, aunque dicho protocolo no sea vinculante, sí constituye una herramienta que da pauta para guiar a los Juzgadores en la tarea de impartir justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional, ya que se adecúa a los criterios Nacionales e Internacionales, conforme a los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos, de forma tal que establece prácticas para hacer efectivo el acceso a la justicia, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Igualmente, cabe indicar que el reconocimiento de las obligaciones a cargo del Estado en personas extranjeras se encuentra plasmado en la Ley de Migración y su Reglamento, que señalan como primer principio de la política migratoria, el respeto estricto a todos los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras; además que la propia ley establece que la situación migratoria irregular en ningún caso configura por sí misma la comisión de un delito y que la política migratoria deberá ser congruente, de manera que el Estado Mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior en caso de admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de personas extranjeras en su territorio. Estos avances en materia de derechos humanos han creado un nuevo paradigma que exige de quienes imparten justicia, conocer las fuentes normativas de origen nacional e internacional; las interpreten maximizando la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional y ejerzan, de acuerdo con los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Efectos. Por lo anterior, se concede la suspensión de plano de los actos reclamados para los siguientes efectos: I. Para el efecto de que cesen o hagan cesar de inmediato los actos que los quejosos hace consistir en tratos humanos crueles y degradantes, tortura y acciones que atentan contra su salud física y psicológica. II. Para que la autoridad responsable instruya la inmediata libertad de los directos quejosos hasta en tanto se resuelva en definitiva su situación o trámite migratorio, siempre y cuando se satisfagan los supuestos para que tal medida pueda llevarse a cabo por la autoridad migratoria, mismos que enseguida se precisan: a. Deberán establecer domicilio o lugar en el que permanecerán y no se ausenten sin autorización. b. Comparecer ante la autoridad migratoria cuantas veces sean requeridas, para la continuación del procedimiento administrativo de migración. c. Deberán presentarse ante la autoridad migratoria a firmar cada ocho días, obligación a la que deberán ajustarse a partir del día siguiente en que obtengan su libertad, para el efecto de su registro en el libro correspondiente y estampar su primera firma. En ese sentido, requiérase a la autoridad responsable para que informe y acredite ante este Juzgado Federal con las constancias idóneas, si la parte quejosa ha cumplido con estampar su rúbrica ante ella en el período señalado cada ocho días. Los requisitos señalados en los incisos a) y b) deben ser satisfechos ante la autoridad responsable, quien cuenta con facultades para proceder en la forma indicada. En el entendido de que la suspensión concedida no implica que los agraviados puedan circular libremente por todo el territorio Nacional, pues de permitirse esa circunstancia se contravendría una disposición de orden público, como lo es el artículo 102 de la Ley de Migración que dispone que el extranjero sometido a un procedimiento administrativo, con el propósito de lograr su estancia regular en el País, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá establecer domicilio o lugar en el que permanecerá. Condicionante. Lo anterior, siempre y cuando los quejosos no se ubiquen en alguna de las excepciones que prevén las cinco fracciones del citado artículo 111 de la Ley Migratoria, para lo cual, si fuera el caso, la autoridad deberá de acreditar ante este órgano jurisdiccional, de manera fundada y motivada dicha circunstancia, con las documentales que así lo demuestren, en un plazo improrrogable de veinticuatro horas, a partir de que tenga conocimiento de este auto. Cumplimiento. Requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que dentro del término de veinticuatro horas informen la forma y términos en que den cumplimiento a la suspensión aquí decretada, en la inteligencia que la violación a esta medida suspensional entraña la comisión de un delito conforme a lo dispuesto por el artículo 262 de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse los mismos, se dará vista de inmediato al Fiscal de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar. III. Por otra parte, si la privación de libertad de los quejosos está relacionada con la comisión de un delito, y la detención fue ejecutada por una autoridad distinta al Ministerio Público, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 164 de la ley de la materia, deberán de inmediato poner en libertad a los directos quejosos, o a disposición del Ministerio Público correspondiente. En cambio, si la privación de libertad de los aludidos solicitantes de amparo está relacionada con un delito, pero no fueron detenidos en flagrancia, urgencia o por orden de autoridad judicial, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 de la ley de la materia, se decreta la suspensión de plano en favor de los quejosos para el efecto de que sean puestas en inmediata libertad. En caso de existir flagrancia o urgencia respecto a su detención, el efecto de la suspensión decretada será para que la misma no exceda de cuarenta y ocho horas o noventa y seis, según sea el caso, a partir del momento en que las justiciables fuero puestas a su disposición, plazo en el que deberá ordenarse su libertad o ponerlos a disposición de la autoridad competente; en la hipótesis de que la detención no esté ordenada por la autoridad competente, ni se trate de flagrancia o urgencia, o bien de alguna medida cautelar de apremio o sanción administrativa emitida por autoridad competente, la autoridad responsable deberá ordenar la libertad inmediata, sin perjuicio de la integración de la carpeta de investigación correspondiente, lo cual deberá informar en el término de veinticuatro horas precisando la fecha y hora exactas de la detención y libertad o puesto a disposición ante la autoridad competente; lo anterior, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Amparo. Derechos de las personas migrantes a disposición de las autoridades migratorias. En otro orden de ideas, los artículos 107 y 109 de la Ley de Migración establecen los requisitos mínimos que deben cumplir las estaciones migratorias, así como los derechos que se otorgan a los migrantes desde su ingreso, entre los que destacan, los siguientes: 1. Atender los requerimientos alimentarios del extranjero. 2. Mantener instalaciones adecuadas que eviten el hacinamiento. 3. Permitir el acceso de representantes legales, o persona de su confianza y la asistencia consular y recibir protección de su representación consular y comunicarse con ella. 4. Acceder a comunicación telefónica. 5. A recibir durante su estancia un espacio digno, alimentos, enseres básicos para su aseo personal y atención médica en caso de ser necesario. 6. Ser visitado por sus familiares y por su representante legal. 7. Recibir un trato digno y humano durante toda su estancia en la Estación Migratoria, entre otras. Por su parte, el artículo 226 del Reglamento de la Ley de Migración establece los derechos de las personas extranjeras presentadas ante las estaciones migratorias, como lo son, entre otros, los siguientes: 1. Conocer su situación migratoria y el motivo de su presentación. 2. Recibir atención médica, psicológica, así como asesoría legal, al ingreso y durante su alojamiento. 3. Ser informadas del procedimiento migratorio; de su derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o la determinación de apátrida; del derecho a regularizar su estancia en términos de la Ley y este Reglamento; en su caso, de la posibilidad de solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen, así como del derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto. 4. Que se notifique a la representación consular de su presentación, si opta por ello. En caso de que las personas extranjeras deseen recibir la protección de su representación consular, se le facilitarán los medios para comunicarse con ésta lo antes posible. 5. Que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente y que tenga el derecho a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, así como tener acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio. 6. Que el acta administrativa que levante la autoridad migratoria sobre los hechos que se les imputan se realice en presencia de dos testigos y que en ella se señalen sus derechos a ofrecer pruebas, a alegar lo que a su derecho convenga, así como a ser asistidas por su representante o persona de su confianza y, en su caso, el derecho a que se les habilite un traductor o intérprete para el desahogo de la diligencia. 7. Contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso de que no hable o no entienda el español. 8. Comunicarse vía telefónica con la persona que solicite, dentro del horario establecido para ello. 9. Que se realice un inventario de las pertenencias que traigan consigo, así como a su depósito y resguardo en el área establecida para ello, y que le sean devueltas a su salida. 10. No ser discriminadas por las autoridades a causa de su origen étnico o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra circunstancia que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. 11. Denunciar ante la autoridad competente si durante su permanencia o tránsito por territorio Nacional han sido víctimas o testigos de algún delito, para lo cual se les brindará las facilidades que correspondan. 12. Recibir durante su estancia un espacio digno, tres alimentos al día y enseres básicos de aseo personal. 13. Ser visitados por su cónyuge, concubina o concubinario o figura equivalente, familiares, representante legal, representante consular, autoridades competentes, representantes de organismos no gubernamentales y ministros de culto acreditados en los términos del presente Reglamento, siempre que lo autorice expresamente. En esas consideraciones, de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano para que las autoridades responsables, cesen o hagan cesar de inmediato los actos que los quejosos hace consistir en tratos humanos crueles y degradantes, tortura y acciones que atentan contra su salud física y psicológica; en términos de los artículos 107 y 109 de la Ley de Migración y 226 del Reglamento de la Ley de Migración, otorgue a los quejosos los derechos de una debida defensa, asesoría legal (les informe su situación migratoria y el motivo de su presentación y les dé acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio), asistencia consular; asimismo, les otorgue durante su estancia un espacio digno, alimentos, enseres básicos para su aseo personal, atención médica, psicológica, cumpla con las normas mínimas de salud respecto de la pandemia por Covid-19, entre otros; en la inteligencia que deberá cesar cualquier tipo de incomunicación y las responsables deberán de abstenerse de deportar a los quejosos a su país de origen de manera arbitraria, es decir, sin agotar el cauce legal previsto en la normatividad aplicable, bajo su más estricta responsabilidad. Se insiste a las autoridades migratorias responsables que deberán observar las medidas y garantizar los cuidados a las disidentes debido al virus Covid-19. Requerimiento. Por tal motivo, de conformidad con el artículo 158 de la Ley de Amparo en consonancia con el diverso numeral 262, fracción III, de la norma citada, requiérase a las autoridades responsables para que informen el cumplimiento y ejecución de la suspensión de oficio y de plano decretada en favor de los quejosos; en el entendido que, de no obedecer tal medida precautoria, se harán acreedoras a la pena de prisión y multa económica que la ley de la materia establece al respecto. En la inteligencia de que dicho informe deberá realizarlo en un plazo de veinticuatro horas contado a partir de la legal notificación de este proveído; por tanto, se pone a su disposición el correo electrónico oficial 5jdo9cto@correo.cjf.gob.mx, de este órgano jurisdiccional. Dicha medida se considera procedente en este momento, toda vez que la suscrita Juzgadora atiende únicamente a lo expuesto en la demanda de derechos fundamentales, sin contar con mayores elementos para realizar un pronunciamiento en diverso sentido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I. 3o. A. J/7 publicada en la página 951, del Tomo III, Segunda Parte-2, enero a junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 229397, cuyo rubro y texto son: SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. ........ Notificación a los agraviados directos y certificación de su estado físico. Dado que el promovente señala que los solicitantes de amparo fueron detenidos cuando abordaban un autobús en la ciudad de San Luis Potosí con destino a Monterrey, Nuevo León; por lo que se presume que al ser detenidos fueron trasladado a la estancia provisional en San Luis Potosí, capital, o bien, a la diversa con residencia en Monterrey, Nuevo León. Por tanto, por la naturaleza urgente de la presente determinación, de conformidad con los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición del artículo segundo de la Ley de Amparo, envíese atentos exhortos al Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en San Luis Potosí y Juez de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, que se encuentren en turno, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con el objeto que de no existir inconveniente legal alguno y en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda: 1. Notifique personalmente el presente proveído a los directos quejosos en el lugar en el que se presume se encuentran (estancia provisional de San Luis Potosí, capital, o estancia provisional de Monterrey, Nuevo León), y a los menores de edad, por conducto de quien los represente. 2. De ser posible o en su caso, levantar el acta respectiva en la que se haga constar el motivo que impide dicha circunstancia certifique el estado físico y de salud de los quejosos; así como de las condiciones del lugar en que se encuentran retenidas, es decir, si cuentan con los servicios básicos de salubridad. 3. Toda vez que la demanda se presentó de manera electrónica (en línea) por persona diversa a los directos agraviados, el fedatario encargado de llevar acabo las diligencias precisadas, deberá requerir a las peticionarios del amparo a efecto de que en el acto de la diligencia ratifiquen la demanda entablada a su favor, o bien el término de tres días comparezcan ante el órgano jurisdiccional que continúe conociendo del presente asunto, a ratificar la misma, apercibidas que en caso de no hacerlo se tendrá por no presentada y quedarán sin efecto las providencias dictadas. 4. Además, haga entrega de los oficios dirigidos a las autoridades responsables que se encuentren dentro de su jurisdicción, para los efectos precisados en el presente acuerdo. Hecho lo cual, deberá devolver todo lo actuado por la misma vía. Autorización para expedir copias certificadas. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, expídase copia certificada del presente acuerdo, previa razón de recibido que se deje en autos; sin que sea procedente respecto de las diversas que se vayan integrando al presente expediente, toda vez que se trata de actuaciones futuras, las cuales puede solicitar en el momento procesal oportuno. Autorizados. Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, a ********************, al contar con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y en términos restringidos del citado numeral a ********************, por no contar con dicho requisito. Acceso a expediente electrónico y notificación electrónica. Como lo solicita el quejoso, autorícese el acceso para la consulta del expediente electrónico, así como para recibir notificaciones del juicio que nos ocupa al usuario ........ de conformidad con los artículos 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; en tal virtud, instrúyase a la Secretaria de Acuerdos para que realice las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) como persona física, por lo que deberá ingresar con tal carácter al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que puedan consultar el expediente electrónico en que se actúa, conforme lo establece el artículo 34 del referido acuerdo general. Sin que haya lugar a tener a la parte promovente señalando domicilio para que se le realicen notificaciones, en virtud de que le fueron autorizadas las notificaciones electrónicas. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a la autoridad exhortada, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles; asimismo, a efecto de que acuerde lo que en derecho corresponda, para lograr las diligencias exhortadas, verbigracia, redirigir con la denominación correcta la comunicación inserta, de negarse a recibir la responsable la misiva de que se trata, por variación en su denominación, incluso se habilita al fedatario, para que al momento de la notificación, si es necesario, teste y asiente autógrafamente en el oficio respectivo la denominación correcta, a fin de que la autoridad responsable reciba la misiva que se remite. Lo anterior, a efecto de evitar dilaciones en perjuicio de las directas quejosas. Juicio en línea y consulta de expedientes. Con apoyo en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado a través del acuerdo general del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Asimismo, de conformidad con los artículos 261 y 262 del primero de los citados acuerdos generales, hágase del conocimiento de las partes, que las personas que acudan a los órganos jurisdiccionales podrán hacer uso de los equipos de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrán para tal efecto, los cuales podrán destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, oficial judicial "A" y oficiales judiciales "c" que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese; por exhorto a los directos quejosos, y mediante oficio a las autoridades responsables los cuales deberán anexarse al exhorto correspondiente para su entrega.

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