José Jamar Guarneros Carrillo
Expediente 534/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 534/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- José Jamar Guarneros Carrillo
Actuaciones
- Principal
Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del auto del cinco de junio de dos mil dieciocho (fojas 24 a 38), por el que se DESECHO LA DEMANDA DE AMPARO; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia. Archivo y destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción de este expediente relativo al juicio de amparo 534/2018-III, dado que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo, sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Devolución de documentos. Por otra parte, aun cuando los documentos exhibidos por la parte quejosa en el juicio de amparo no se ubica en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, déjese a su disposición, el cual podrá recoger dentro del plazo de noventa días, apercibido que de no hacerlo así, dicho documento será destruido junto con el expediente. Devolución de expediente. Asimismo, devuélvase a la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, el toca 166/2018 de su índice, así como las copias certificadas del expediente 711/2017, mismas que remitió en apoyo a su informe justificado rendido ante el Presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por el que manifiesta que este órgano jurisdiccional fue omiso en pronunciarse en torno a la competencia planteada por ese tribunal colegiado, por lo que solicita se informe lo conducente, por tanto, dígasele que mediante proveído de cinco de junio del año en curso, se acordó lo conducente respecto de la incompetencia planteada por ese tribunal y con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal se avoco al conocimiento del presente asunto y resolvió desechar la demanda de amparo promovida por José Jamar Guarneros Carrillo.
- Principal
Visto el oficio 537 signado por el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual remite copia certificada de la demanda promovida por José Jamar Guarneros Carillo, siete copias de dicha demanda, copias certificada de diversas constancias deducidas del Expediente 711/2017 y el Toca Civil de Queja 166/2018 del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante el cual se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de mérito, y ordenó remitir los autos antes indicados y anexos al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Tlaxcala, correspondiendo a este órgano jurisdiccional. Con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo de estilo, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número 534/2018-III y con los anexos de cuenta se ordena formar tomo anexo de pruebas. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve , por propio derecho, contra actos de Felipe Nava Lemus, Leticia Ramos Cuautle y Mary Cruz Cortes Ornelas, siendo el primero de los nombrados el ponente y la segunda de ellas, Presidenta de la Sala Civil-Familiar, de quienes reclama el auto de fecha nueve de abril de dos mil dieciocho. 534/2018III. Desechamiento. Una vez precisado lo anterior, con apoyo en lo establecido en el artículos 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:... Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. ... Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte quejosa deriva de que el acto reclamado consiste en: (.)IV.- ACTO RECLAMADO a las autoridades ordenadoras le reclamo, el auto de fecha nueve de abril del dos mil dieciocho, que a la letra "dice "SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO, TLAXCALA, A NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. CON LO DE CUENTA, SE ACORDÓ: TÉNGASE, POR RECIBIDO EL EXPEDIENTILLO FORMADO POR EL JUEZ DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRTIO JUDICIAL DE MORELOS, CON MOTIVO DEL TRÁMITE DEL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO POR JOSÉ JAMAR GUARNEROS CARRILLO Y COPIA FOTOSTÁTICA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS 711/2017, RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO CIVIL DE INTERDICTO DE RETENER POSESIÓN PROMOVIDO POR GUILLERMO TORRES CUATEPOTZO, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA "INNOVA PALLETS TLAXCO" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIBALE, EN CONTRA DE JOSÉ JAMAR GUANEROS CARRILLO, IMPUGNA A TRAVÉS DEL RECURSO DE QUEJA LOS AUTOS DE FECHA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE Y ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, OCHO DE ENERO Y DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, AL RESPECTO DEBE DECIRSE QUE EL RECURSO DE QUEJA AQUÍ PROPUESTA RESULTA IMPROCEDENTE; ELLO ES ASÍ, DADO EL ARTÍCULO 811 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE EN EL ESTADO, ESTABLECE EN CONTRA EL AUTO QUE ADMITE LA DEMANDA, PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA, ÚNICAMENTE RESPECTO DE LA PARTE DEL MISMO QUE RESUELVE SOBRE LA COMPETENCIA Y LA PERSONALIDAD, LO QUE NO SUCEDE EN ESPECIE. POR LO TANTO, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 562 DEL ORDENAMINETO LEGAL ANTES INVOCADO, SE DESECHA EL RECURSO POR IMPROCEDENTE, EN CONSECUENCIA, REMÍTASE TESTIMONIO DE ESTA RESOLUCIÓN AL JUZGADO DE SU ORIGEN PARA LOS DEMÁS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES Y EN SU OPORTUNIDAD PREVIAS LAS ANOTACIONES PERTINENTES EN EL LIBRO DE REGISTRO RESPECTIVO, ARCHÍVESE EL TOCA COMO ASUNTO TERMINADO (.) Asimismo, de las constancias certificadas que obran agregadas por separado al presente juicio de amparo -tomo I de pruebas-, consistentes en copias certificada de diversas constancias deducidas del Expediente 711/2017 y el Toca Civil de Queja 166/2018 del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de las que se aprecian los proveídos de veintiuno de noviembre, once de diciembre, ambos de dos mil diecisiete, ocho de enero y doce de febrero de dos mil dieciocho, mismos que se reproducen a continuación: (.) En veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, la Licenciada GLORIA MALDONADO RIVERA, Secretaria de Acuerdos del este Juzgado, da cuenta al Ciudadano Licenciado PEDRO MUÑOZ LEÓN, Juez del conocimiento con el escrito de demanda suscrito por GUILLERMO TORRES CUATEPOTZO, con el carácter de Apoderado Legal de la moral denominada "INNOVA PALLETS TLAXCO" S.A. DE C.V. personalidad que acredita con el primer testimonio del instrumento número 1175, volumen IX folio de protocolo abierto ordinario 0000519 de fecha nueve de octubre del año dos mil diecisiete, relativo al poder para pleitos y Cobranzas y Actos de Administración que otorga la señora CARLO AL-LYN CARO FONG, en su carácter de Administradora única de la moral antes mencionada a favor del promovente, interrogatorio y tres copias del mismo; acuse de movimientos de actualización de situación fiscal en copia certificada, constancia de alineación y número oficial y en copia certificada en una foja útil, licencia de contrucción en copia certificada, constancia de uso de suelo en copia certificada, licencia de funcionamiento en copia certificada y tres traslados, para su acuerdo. CONSTE. Tlaxco, Tlaxcala; a veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete. DADA cuenta al Ciudadano Juez, con el escrito de demanda suscrito por GUILLERMO TORRES CUATEPOTZO, con el carácter de Apoderado Legal de la moral denominada "INNOVA PALLETS TLAXCO" S.A DE C.V., y anexos, visto su contenido SE ACUERDA: Con el escrito y documentos de cuenta, fórmese expediente y regístrese en el Libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número 711/2017, que es el que le corresponde. Por otra parte, con fundamento en los artículos 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el Estado, 142, 146, 148 fracción I y 158 DEL Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, este Juzgador se declara competente para conocer de este asunto, en virtud de que el inmueble motivo de este juicio, se encuentra ubicado en Carretera Federal Tlaxco-Apan Kilometro ocho número treinta y dos de la Comunidad de la Herradura Municipio de Tlaxco, Tlaxcala; asimismo, toda vez que el ocursante acredita el carácter de Apoderado Legal de la moral denominada "INNOVA PALLETS TLAXCO" S.A. DE C.V., con fundamento en el artículo 46 del Código Procesal antes citado, se le reconoce personalidad y el interés necesario para intervenir en el presente juicio. Ante tales circunstancias se tiene por presente al Apoderado Legal de la moral denominada "INNOVA PALLETS TLAXCO" S.A. DE C.V., promoviendo en la Vía Ordinaria Civil JUICIO DE INTERDICTO DE RETENER POSESIÓN, respecto del bien inmueble identificado como una fracción de la parcela número 22Z-1P-1/2 del Ejido la Herradura con las medidas y colindancias que cita, lugar en donde tiene actividades económicas la moral denominada "INNOVA PALLETS TLAXCO" S.A. DE C.V., ubicado en Carretera Federal Tlaxco-Apan Kilometro ocho número treinta y dos de la Comunidad de la Herradura Municipio de Tlaxco, Tlaxcala; en contra del señor JOSÉ JAMAR GUARNEROS CARRILLO, persona que tiene su domicilio para ser emplazado a juicio ubicado en calle y/o Avenida Álvaro Obregón sin número de la Localidad de Casa Blanca, Municipio de Tlaxco, Tlaxcala; a quien le demanda la prestación que refiere en su escrito inicial; también se tiene por ofrecida y admitida la PRUEBA TESTIMONIAL, para tal efectos se señalan las ONCE HORAS DEL DIA SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIEICISIETE, a cargo de las personas que presentará el oferente de la prueba, quienes contestaran al tenor del interrogatorio exhibido, asimismo se procede a calificar el interrogatorio de acuerdo a lo establecido por el artículo 375 del Código Procesal Civil, requiriendo al oferente de la pruebas para que sus testigos comparezcan plenamente identificados; por otra parte, con fundamento en los artículos 6, 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 19 Fracción V, inciso b, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 1, 2 Fracción 3, 6, 7, 14, 15, 17, 18, 41 fracción VI de la Ley de Protección de Dato Personales para el Estado de Tlaxcala, 24, 66 fracción I, inciso d) y g) 108 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa en relación a terceros s la publicación de sus datos personales, ya sea verbal o por escrito o por cualquier medio de autentificación similar, dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la notificación del presente proveído, en la inteligencia que la falta de oposición implica su consentimiento para que la (.) Tlaxco, Tlaxcala; a once de diciembre de dos mil diecisiete. DADA cuenta con el escrito de demanda suscrita por GUILLERMO TORRES CUATEPOTZO, con el carácter de Apoderado Legal de "INNOVA PALLETS TLAXCO", Sociedad Anónima de Capital Variable, con la promoción con el número de control interno 6464, presentada por el citado apoderado así como con las actuaciones judiciales mismas que tienen pleno valor legal en términos del numeral 434 del Código Adjetivo Civil, visto su contenido se ACORDÓ: atendiendo a que se reúnen la condiciones necesarias para la admisión de este interdicto, ya que la declaración de testigos como en el caso concreto lo fueron GERARDO IVÁN MONDRAGÓN LUNA Y MARTÍN GARCÍA BECERRA se constituye como un requisito para dar curso a la demanda, deponentes que han dicho en diligencia formal del día siete de diciembre de dos mil diecisiete, conocer a la persona moral actora, ubicada en carretera Tlaxco-Apan, kilometro ocho, número treinta y dos, de la comunidad de la Herradura desde hace seis meses; aduciendo también que "INNOVA PALLETS TLAXCO" S.A. DE C.V., detenta la posesión del inmueble identificado como una fracción de la parcela número 22 2-1 P-1/2del ejido La Herradura, ubicado en carretera federal Tiaxco-Apan, kilómetro ocho, número treinta y dos de la comunidad de la Herradura, Municipio de Tlaxco, Tlaxcala, posesión que dijeron ha sido perturbada o amenazada por JOSÉ JAMAR GUARNEROS CARRILLO y la señora PALOMA GUARNEROS CARRILLO, junto con otras personas, puesto que llegan al inmueble y quieren meterse a la fuerza, como sucedió el ocho de noviembre como a las diez de la mañana; con fundamento en los artículos 93, 94, 95,97,797, 801, 813, 814, 815, 823, 826, 827, 829, 835, 836, 838 y 839 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado sé tiene por presente a GUILLERMO TORRES CUATEPOTZO, con el carácter de Apoderado Legal de "INNOVA PALLETS TLAXCO, Sociedad Anónima de Capital Variable, promoviendo Interdicto de Retener la Posesión, respecto del bien inmueble identificado como la parcela número 22 2-1 P-1/2 del Ejido La Herradura, en que tiene actividades económicas la persona moral denominada "INNOVA PALLETS TLAXCO", Sociedad Anónima de Capital Variable, ubicado en Carretera Federal Tlaxco-Apan, kilómetro ocho, número treinta y dos, de la comunidad de la Herradura, Municipio de Tlaxco, Tlaxcala, en contra de JOSÉ JAMAR GUARNEROS CARRILLO, persona que tiene su domicilio ubicado en calle o avenida Álvaro Obregón, sin número de la Comunidad de Casa Blanca, Municipio de Tlaxco, Tlaxcala; por tanto, se faculta al Diligenciarlo Adscrito a este Juzgado para que se constituya en el domicilio citado y con las copias simples de la demanda, previo cotejo le corra traslado y lo emplace a juicio, para que en el término de diez días, de contestación a la demanda instaurada en su contra, asimismo señale domicilio en esta ciudad de Tlaxco, para recibir sus notificaciones, apercibiéndolo que de no hacerlo la demanda se tendrá por contestada en sentido negativo y las subsecuentes notificaciones, aun las que por regia general sean personales, se le harán por cédula que se fijará en los estrados de este juzgado; también se autoriza al referido diligenciario, para que en el acto del emplazamiento requiera a JOSE JAMAR GUARNEROS CARRILLO, a fin de que se mantengan las cosas en el estado en que se encontraban al plantear la demanda en relación a la posesión del inmueble identificado como una fracción de la parcela número 22 Z-1 P-1/2 del ejido La Herradura, ubicado en carretera federal Tlaxco-Apan, kilómetro ocho, número treinta y dos, de la comunidad de la Herradura, Municipio de Tlaxco, Tlaxcala, apercibido que de no hacerlo se hará acreedor a la medida de apremio que contempla el articulo131 Fracción I, de la Ley Adjetiva Civil vigente, por desacato a un mandato judicial (.). Tlaxco, Tlaxcala; a ocho de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito de GUILLERTO TORRES CUATEPOTZO, sin anexo, visto su contenido SE ACORDÓ: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7 y 123 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, téngase por hechas las manifestaciones que refiere el ocursante en su escrito de cuenta, por lo tanto, como lo solicita el promovente en términos de los numerales 66 y 93 del citado Ordenamiento Legal, como lo solicita el promovente, se habilitan días y horas inhábiles para que el Diligenciario Adscrito a este Juzgado, asociado de la parte actora, se constituya en el domicilio del demandado JOSÉ JAMAR GUARNEROS CARRILLO, conocido como Ia Casa "Aquiles Serdán", sin número, (casa de tabique con dos pinos grandes verde limón en el interior del domicilio) de la Localidad de Casa Blanca, Municipio de Tlaxco, Tlaxcala, y proceda a emplazarlo en los términos ordenados en auto de fecha once de diciembre del año próximo pasado (.) Tlaxco, Tlaxcala; a doce de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito de GUILLERTO TORRES CUATEPOTZO, sin anexo, visto su contenido SE ACORDÓ: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7, 94 y 123 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, téngase por hechas las manifestaciones que refiere el ocursante en su escrito de cuenta, haciendo la aclaración del domicilio del demandado, se faculta al Diligenciario Adscrito a este Juzgado, asociado de la parte actora, se constituya en el domicilio del demandado JOSÉ JAMAR GUARNEROS CARRILLO, conocido como calle Casa "Aquiles Serdán", sin número, (casa de tabique con dos pinos grandes verde limón en el interior del domicilio) de la Localidad de Casa Blanca, Municipio de Tlaxco, Tlaxcala y/o Casa Blanca Tlax, Casa Aquiles Serdán sin número (casa de tabique con dos pinos grandes verde limón en el interior del domicilio), de la Localidad de Casa Blanca, Municipio de Tlaxco, Tlaxcala, y proceda a emplazarlo en los términos ordenados en autos de fecha once de diciembre del año próximo pasado y ocho de enero del año en curso. En cuanto a su última petición, con fundamento en el artículo 79 de Ley Procesal Civil, se autoriza al Pasante de la Licenciatura en Derecho ÁNGEL GARCÍA CUAMATZI, para tomar placas fotográficas, se le haga entrega de documentos, oficios y copias certificadas que se desprendan del mismo, sin revocar los nombramientos hechos con anterioridad, pero no para imponerse de los autos ya que no cumple con el requisito que marca el numeral 33 del Código Procesal Civil del Estado de Tlaxcala, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. (.) De los que se advierte que no producen efectos de imposible reparación a las partes, por no afectar materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En efecto, en el caso se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en lo anterior, debe decirse que en la nueva legislación, existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. En el entendido de que Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de seis votos, determinó que de conformidad con la nueva Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En esos términos, estimaron que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa definición quedó atrás la diversa que se hizo en la tesis 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107 constitucional para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. Así, los argumentos expuestos dieron origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el seis de junio de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es el siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En esa línea por analogía, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, publicada el quince de abril de dos mil dieciséis, con número de registro 2011428, estableció: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." Con base en la jurisprudencia transcrita los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos que prevén los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Federal, ya que la afectación no sería susceptible de repararse aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. En síntesis, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio: La exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos sustantivos" tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. Que los "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Lo anterior, resulta relevante en este asunto, pues el acto reclamado en el presente juicio es el auto de fecha nueve de abril del dos mil dieciocho, por el que se desechó el recurso de queja en contra de los proveídos de veintiuno de noviembre y once de diciembre de dos mil diecisiete, ocho de enero y doce de febrero de dos mil dieciocho. En ese tenor, se tiene que el acto combatido no tiene la característica de ejecución irreparable porque tal acto, per se, no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la moral oficial quejosa, porque no afecta de modo inmediato derechos de carácter sustantivo, como son los que se contienen en los derechos fundamentales contenidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales. Ello es así, pues el auto de fecha nueve de abril del dos mil dieciocho, por el que se desechó el recurso de queja en contra de los proveídos de veintiuno de noviembre y once de diciembre de dos mil diecisiete, ocho de enero y doce de febrero de dos mil dieciocho, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ni sus consecuencias ocasionan en la quejosa una afectación en grado predominante o superior, pues se trata de actos meramente procesales o formales que no ocasionan un perjuicio de imposible reparación, toda vez que éste podrá actualizarse, eventualmente, hasta que la autoridad responsable dicte en su caso, sentencia condenatoria que resuelva la controversia y es hasta entonces cuando se podrá saber si tal determinación, agravia a la parte recurrente, esto es, si la violación trascendió al resultado del fallo, toda vez que no existe certeza de que el desechamiento del recurso de queja le perjudicará o favorecerá en sus intereses como parte demandada dentro del juicio ordinario civil de interdicto de retener posesión. Además, cabe precisar que tal determinación no deja en estado de indefensión jurídica a la parte quejosa, pues en caso de que la sentencia resulte adverso a sus intereses, entonces esa violación procesal sería reclamable en amparo directo, en tanto se trata de una violación de reparación posible por no afectar derechos sustantivos, como lo prevé la fracción V, del artículo 172 de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 170, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, cuando surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra la sentencia definitiva. Lo anterior denota que en el juicio de amparo directo podrán reclamarse, actos que sean de reparación posible, porque no afecten derechos sustantivos, lo que interpretado en sentido contrario revela que podrán impugnarse en el amparo biinstancial los actos dictados dentro de juicio que sean de imposible reparación. Dicho de otro modo, el legislador ordinario ha dispuesto que el juicio de amparo indirecto sea el medio de control constitucional que los gobernados tengan al alcance a fin de controvertir los actos dictados dentro de juicio que tengan una ejecución irreparable, esto es que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Expuesto lo anterior, debe decirse como consideración previa que en materia agraria el "juicio para efectos del amparo" se inicia con la presentación de la demanda y termina con la sentencia; todos los actos procesales verificados en el período comprendido entre esas dos actuaciones deben considerarse "actos dentro de juicio". Desde esta perspectiva, los "actos dentro de juicio", por regla general, sólo pueden reclamarse en amparo directo, hasta que se promueva el juicio de garantías contra la sentencia definitiva, es decir, hasta que se promueva un amparo directo, y allí podrán reclamarse los actos dentro de juicio como violaciones procesales, pero siempre y cuando hayan afectado las defensas del quejoso y hayan trascendido al resultado del fallo. De manera excepcional los actos verificados "dentro de juicio" pueden reclamarse en amparo indirecto, tal como se prevé en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) de la Constitución Federal y en el numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo; esto es, si se trata de actos dentro de juicio que tengan una ejecución de imposible reparación en la persona o cosas del quejoso, o bien, si el amparo es pedido por un tercero extraño. Ahora, respecto de los "actos dentro de juicio" que tienen ejecución de imposible reparación, el Tribunal Pleno ha resuelto que esta hipótesis de procedencia del amparo indirecto se actualiza cuando se genera una afectación directa e inmediata de derechos sustantivos. En estos casos, puede acudirse sin demora al amparo indirecto, sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento ordinario, en virtud que las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían, aunque el afectado obtuviese laudo favorable a sus intereses. Por exclusión, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza meramente adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, y que al presentarse se colocan en una posibilidad latente de desaparecer, o bien resultan intrascendentes si es que se dicta un laudo favorable al afectado. La razón de ser de dichos derechos adjetivos o procesales encuentra sustento en la obtención de un laudo favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intocada la esfera jurídica del interesado al no alterarse algún derecho sustantivo y sin dejar huella alguna. Sentado lo anterior, cabe recordar que la parte quejosa se duele de que el auto de fecha nueve de abril del dos mil dieciocho, por el que se desechó el recurso de queja en contra de los proveídos de veintiuno de noviembre y once de diciembre de dos mil diecisiete, ocho de enero y doce de febrero de dos mil dieciocho. En ese tenor, se tiene que el acto combatido no tiene la característica de ejecución irreparable porque tal acto, per se, no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos del quejoso, porque no afecta de modo inmediato derechos de carácter sustantivo, como son los que se contienen en los derechos fundamentales contenidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales. Por tanto, el auto de fecha nueve de abril del dos mil dieciocho, por el que se desechó el recurso de queja en contra de los proveídos de veintiuno de noviembre y once de diciembre de dos mil diecisiete, ocho de enero y doce de febrero de dos mil dieciocho, sólo tiene efectos meramente procesales y, por ende, no afecta irremediablemente por el momento algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de una resolución adverso a los intereses de la parte aquí promovente, por lo que debe decirse que el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Así, la materia del acuerdo reclamado es un tema que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, que bien podrían repararse si la sentencia resulta favorable a las pretensiones del quejoso aquí inconforme. En tales condiciones, la determinación adoptada por la Magistrada responsable en el auto de fecha nueve de abril del dos mil dieciocho, por el que se desechó el recurso de queja en contra de los proveídos de veintiuno de noviembre y once de diciembre de dos mil diecisiete, ocho de enero y doce de febrero de dos mil dieciocho, no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, pues tales violaciones pueden ser reparadas si la sentencia que se llegue a dictar en la contienda del cual emana el acto reclamado le es favorable a sus intereses. Asimismo, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Son aplicables, las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sentido-; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales, promovida por la parte quejosa. Domicilio para oír y recibir notificaciones. En virtud que el quejoso señala domicilio fuera de la zona metropolitana, para oír y recibir notificaciones; se tienen los estrados de este Juzgado Federal, las que se practicaran por medio de lista, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo; asimismo, se tienen por autorizados a las personas que señala únicamente para los efectos señalados en la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo.
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