José Jaime Rodríguez Rojas
Expediente 490/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 490/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Jaime Rodríguez Rojas
- Subdirectora de Educación Peescolar de la Secretaría de Educación en el Estado
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: Auto causa estado De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio en el que se desechó la demanda; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se desechó la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Documentos originales Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, el siguiente acuerdo: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Armando Calvillo Vázquez, por propio derecho, contra actos de la Subdirectora de Educación Preescolar de la Secretaria de Educación con sede en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 490/2022. 1.2. Consideraciones previas. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. De igual modo, el artículo 113 en mención señala que el desechamiento de plano de una demanda de amparo requiere, necesariamente, un motivo de improcedencia del juicio constitucional. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Apoyan lo expuesto, las jurisprudencias I.13°.A. J/6 y I.60.C. J/19, emitidas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos pertenecientes al del Primer Circuito, cuyos rubros son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". 1.3. Actualización de causa de improcedencia. Ahora, del análisis integral del libelo constitucional revela que el acto reclamado se hace consistir en: "El acto de autoridad que se reclama consiste en la omisión para dictar acuerdo y su notificación personal a la parte quejosa, relativo a la petición que por escrito, pacífica y respetuosamente se le hiciera sin que a la fecha se haya recibido respuesta alguna y sin haber logrado el acuerdo y su notificación al peticionario como lo dispone el artículo 8 Constitucional, ya que se le solicitó a la autoridad responsable para que informara lo referente a: "SOLICITANDO INFORMACION". RECLAMO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EL NO HABER DADO CONTESTACIÓN HASTA ESTA FECHA A LA PETICIÓN QUE SE ELEVÓ A LA MISMA". Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte un motivo manifiesto de improcedencia, que impone desecharla de plano, de conformidad con lo establecido en los artículos 61 fracción XXIII, 107, fracción II, en concordancia con el diverso 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo únicamente es procedente contra actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; teniendo el carácter de autoridad, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de diversos criterios jurisprudenciales ha puntualizado como características distintivas que debe tener una autoridad a fin de ser considerada como tal para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 2ª.CCCIV/2001, visible en la página 39, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto indican: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Entonces, para efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por los que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, de la confrontación de lo anterior, con el acto que se le atribuye a la autoridad señalada como responsable, así como de la constancia anexa al libelo constitucional, se advierte que la omisión de la que se duele el quejoso no es susceptible de ser reclamada en la vía de amparo por la parte promovente, en razón a que, dicho acto deriva de una relación laboral preexistente por el que la parte inconforme Coordinador del Colegiado Laboral en la Comisión Ejecutiva de la Sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se equipara en su carácter de trabajador o extrabajador y la responsable que funge como su patrón. En efecto, el acto reclamado por la parte inconforme no deriva en una relación de supra a subordinación como las que se deben suscitar entre la autoridad responsable y un particular, sino en un plano de carácter laboral, pues el solicitante del amparo manifestó -como se estableció- ser Coordinador del Colegiado Laboral en la Comisión Ejecutiva de la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y el acto que reclama lo hace consistir en la omisión por parte de la Subdirectora de Educación Preescolar de la Secretaria de Educación en el Estado en no dar respuesta a la petición realizada el veintiocho de febrero de dos mil veintidós. De lo anterior, se puede advertir que el acto aquí reclamado, no contiene las características distintivas para ser considerado como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues como quedó precisado en líneas anteriores, éste deriva de una relación de trabajador-patrón, que existe entre el quejoso y la que señala como autoridad responsable como su patrón; por lo que no puede ser materia de análisis constitucional. Resulta importante señalar que el artículo 123, apartado "B", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la existencia de una relación laboral entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores. En similares términos el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal, dispone: "Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: (.) VI. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias." Así, de dichos numerales se obtiene que los titulares de las dependencias tienen el carácter de patrón respecto de sus empleados y, por ende, no actúan como autoridad en lo que se refiere a cualquier conflicto individual, colectivo o intersindical surgido con sus trabajadores, sino como un particular susceptible de ser llamado a juicio con el carácter de patrón demandado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.3o.18 L (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con número de registro 2008612, Décima Época, Libro 16, marzo de 2015, Tomo III, página 2358, de rubro y texto siguientes: "DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA SU OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN RELACIONADA CON LAS CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO, QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE PATRÓN. El Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyas relaciones laborales con sus trabajadores se rigen por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley y sus condiciones generales de trabajo; por tanto, contra la omisión atribuida a su director general de responder a una solicitud formulada por uno de sus trabajadores en ejercicio del derecho de petición, relacionada con cuestiones de las condiciones generales de trabajo, es improcedente el juicio de amparo, pues no se está en presencia de un acto de autoridad, en virtud de que la relación existente entre el colegio y sus trabajadores es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad." En mérito de lo expuesto, el acto reclamado en esta instancia no encuadra en la hipótesis legal contenida en la fracción ll, del artículo 107, de la Ley de Amparo; por consiguiente, resulta manifiesta la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo. 1.4. Domicilio y autorizados. Se tiene a la quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y autorizando para tal efecto a Alonso Rangel Reguera y Ricardo Guzmán Mercado, quienes gozarán de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tienen su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.
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