Jose Jaime Negrete Cerritos
Expediente 295/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 295/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 23/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jose Jaime Negrete Cerritos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
... Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de tres días, concedido a la parte quejosa mediante proveído de siete de abril del año en curso, para que manifestara lo que a su interés convenga respecto del oficio enviado por la autoridad responsable apoderado legal del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, en representación del Director del Hospital General de Irapuato, Guanajuato, en cumplimiento al fallo protector; sin que haya realizado manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver de acuerdo a las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000. INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Al respecto, debe decirse que el treinta y uno de julio de dos mil veinte, se emitió la sentencia definitiva, donde se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, resolución que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito con residencia en Guanajuato capital, en el amparo administrativo 118/2020, a efecto de que el Director del Hospital General de Irapuato, Guanajuato, realizara lo siguiente: "Continúe proporcionando al quejoso el tratamiento de hemodiálisis o, en su caso, el que corresponda por lo que hace a su en enfermedad renal crónica". Además, de conformidad con lo ordenado por el tribunal revisor en la ejecutoria, determinó que la citada autoridad responsable no sólo debe limitarse a manifestar que no es posible otorgar el servicio médico por insuficiencia presupuestaria, sino que dentro de todas las acciones posibles debe considerar que en términos del artículo 4, último párrafo de la Constitución, debe garantizar al derecho humano que tiene toda persona a la protección de la salud, y para ello, debe considerar que la propia norma fundamental estableció la concurrencia de la Federación y las entidades federativas, lograr la extensión progresiva, cuantitativa, cualitativa de los servicios de salud. Por tanto, la autoridad responsable, debe otorgar el tratamiento de hemodiálisis al quejoso y para ello debe: Realizar todas las acciones posibles para brindar el tratamiento, incluso, celebrar los acuerdos de coordinación con las autoridades federales (Consejo de Salubridad General y Secretaría de Salud), para lograr que se otorgue el servicio médico prescrito al quejoso. Lo anterior, debido a que es el Consejo de Salubridad General, la autoridad que elabora el Compendio Nacional de Insumos, donde se determina la lista de medicamentos y otros materiales esenciales para la salud y se garantiza su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes. Que en el supuesto de que la autoridad responsables determine no celebrar acuerdos de coordinación con las autoridades federales, debe considerar que como la prestación gratuita de los servicios de salud, es establecida por el Gobierno Federal, ello la conmina a realizar todas las acciones encaminadas a cumplir con los objetivos estratégicos establecidos en el presupuesto y la distribución de la cartera de los servicios de salud, lo que incluso implica realizar todas las acciones de coordinación con la Secretaría de Salud, a fin de que se logre la rectoría y la prestación de servicios de salud, conforme a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Salud. Incluso de ser el supuesto, realizar los trámites correspondientes para que el quejoso sea canalizado al Hospital Regional de Alta Especialización del Bajío, el cual, es un nosocomio público que cuenta con los instrumentos e instalaciones adecuadas para el tratamiento requerido, el cual, brinda atención médica especializada que no puede ser atendida por un hospital de nivel dos. En esa medida, la autoridad responsable tiene la obligación de asegurar un nivel esencial del derecho a la salud y para ello deberá realizar todas las acciones posibles y utilizar todos los medios que están a su alcance con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 17 constitucional, lo que se traduce en garantizar que el quejoso recibirá el tratamiento de hemodiálisis, al margen de todos los tramites, o en su caso, los acuerdos que tenga que celebrar la responsable con las dependencias federales. Así las cosas, en acuerdo de veinticuatro de marzo actual se requirió el cumplimiento correspondiente. Luego, mediante oficio signado por el apoderado legal del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (2119/2021), remitió oficio sin número, remitido vía correo electrónico, recibido por este órgano jurisdiccional el cinco de abril de dos mil veintiuno, de lo que se advierte del sello de recepción, en el cual refirió: "I) Desde el momento que su señoría decretó la suspensión de plano dentro del expediente al rubro indicado, mi representada realizó diversas gestiones para dar cumplimiento a dicha suspensión, realizando valoraciones médicas a la quejosa, así como estudios de gabinete y laboratorio, de los cuales se informó en su oportunidad a su señoría. Dentro de las gestiones realizadas por mi representada, se encuentra la subrogación del servicio de hemodiálisis para la paciente, por lo que en fecha 12 de junio de 2020 se informó a este H. Juzgado que el proveedor se informó que iniciaría sus sesiones el 22 y 25 de junio de 2020 con el proveedor -********************, quedando pendiente por el proveedor establece las demás sesiones, mismas que se darían a conocer al ********************Con todo ello se demuestra que mi representada siempre ha brindado atención médica al quejoso, y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, me permito informar que en la actualidad continúa con sus sesiones de hemodiálisis, por lo que adjunto al presente los últimos reportes del proveedor consistentes en la bitácora de sesiones del 22 de junio de 2020 al 25 de marzo de 2021. II) Al presente, se adjunta también el oficio ********************, donde se instruye a la ********************, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo". Acorde con lo anterior, se advierte que la autoridad responsable acató en sus términos la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, con dichas actuaciones, se insiste, la responsable cumplió con lo ordenado en la sentencia de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo dictada en el presente asunto, HA QUEDADO DEBIDAMENTE CUMPLIDA. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Existencia de documentos. Que los documentos que la parte quejosa aportó son de los catalogados como originales y de los que no tienen esa categoría. Lo anterior, en cumplimiento al artículo 18, párrafo primero, fracción I), inciso b) del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Hágase la anotación en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). No se omite señalar que, como se precisó en certificación de esta fecha, uno de los documentos que exhibió la parte quejosa está catalogado como original, se le previene para que en un plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda al local de este juzgado a recogerlo; en tanto que, por lo que ve a los diversos catalogados como no originales, su devolución se autoriza desde este momento. En el entendido que de no hacerlo, en ambos casos, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado, conforme al Acuerdo General antes citado. Para tal efecto, el interesado deberá agendar cita; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx., respecto de lo que se le informa que este juzgado brinda servicio al público de lunes a viernes, en un horario de las doce treinta a las dieciocho treinta horas, así como que el sistema solo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Finalmente, Se requiere a la autoridad responsable para que se abstenga de acusar recibo del oficio que este Juzgado le remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA ***** EL PROVEÍDO DICTADO EL VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, EL CUAL DICE: Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de tres días, concedido a la parte quejosa mediante proveído de siete de abril del año en curso, para que manifestara lo que a su interés convenga respecto del oficio enviado por la autoridad responsable apoderado legal del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, en representación del Director del Hospital General de Irapuato, Guanajuato, en cumplimiento al fallo protector; sin que haya realizado manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver de acuerdo a las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000. INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Al respecto, debe decirse que el treinta y uno de julio de dos mil veinte, se emitió la sentencia definitiva, donde se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, resolución que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito con residencia en Guanajuato capital, en el amparo administrativo 118/2020, a efecto de que el Director del Hospital General de Irapuato, Guanajuato, realizara lo siguiente: "Continúe proporcionando al quejoso el tratamiento de hemodiálisis o, en su caso, el que corresponda por lo que hace a su en enfermedad renal crónica". Además, de conformidad con lo ordenado por el tribunal revisor en la ejecutoria, determinó que la citada autoridad responsable no sólo debe limitarse a manifestar que no es posible otorgar el servicio médico por insuficiencia presupuestaria, sino que dentro de todas las acciones posibles debe considerar que en términos del artículo 4, último párrafo de la Constitución, debe garantizar al derecho humano que tiene toda persona a la protección de la salud, y para ello, debe considerar que la propia norma fundamental estableció la concurrencia de la Federación y las entidades federativas, lograr la extensión progresiva, cuantitativa, cualitativa de los servicios de salud. Por tanto, la autoridad responsable, debe otorgar el tratamiento de hemodiálisis al quejoso y para ello debe: Realizar todas las acciones posibles para brindar el tratamiento, incluso, celebrar los acuerdos de coordinación con las autoridades federales (Consejo de Salubridad General y Secretaría de Salud), para lograr que se otorgue el servicio médico prescrito al quejoso. Lo anterior, debido a que es el Consejo de Salubridad General, la autoridad que elabora el Compendio Nacional de Insumos, donde se determina la lista de medicamentos y otros materiales esenciales para la salud y se garantiza su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes. Que en el supuesto de que la autoridad responsables determine no celebrar acuerdos de coordinación con las autoridades federales, debe considerar que como la prestación gratuita de los servicios de salud, es establecida por el Gobierno Federal, ello la conmina a realizar todas las acciones encaminadas a cumplir con los objetivos estratégicos establecidos en el presupuesto y la distribución de la cartera de los servicios de salud, lo que incluso implica realizar todas las acciones de coordinación con la Secretaría de Salud, a fin de que se logre la rectoría y la prestación de servicios de salud, conforme a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Salud. Incluso de ser el supuesto, realizar los trámites correspondientes para que el quejoso sea canalizado al Hospital Regional de Alta Especialización del Bajío, el cual, es un nosocomio público que cuenta con los instrumentos e instalaciones adecuadas para el tratamiento requerido, el cual, brinda atención médica especializada que no puede ser atendida por un hospital de nivel dos. En esa medida, la autoridad responsable tiene la obligación de asegurar un nivel esencial del derecho a la salud y para ello deberá realizar todas las acciones posibles y utilizar todos los medios que están a su alcance con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 17 constitucional, lo que se traduce en garantizar que el quejoso recibirá el tratamiento de hemodiálisis, al margen de todos los tramites, o en su caso, los acuerdos que tenga que celebrar la responsable con las dependencias federales. Así las cosas, en acuerdo de veinticuatro de marzo actual se requirió el cumplimiento correspondiente. Luego, mediante oficio signado por el apoderado legal del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (2119/2021), remitió oficio sin número, remitido vía correo electrónico, recibido por este órgano jurisdiccional el cinco de abril de dos mil veintiuno, de lo que se advierte del sello de recepción, en el cual refirió: "I) Desde el momento que su señoría decretó la suspensión de plano dentro del expediente al rubro indicado, mi representada realizó diversas gestiones para dar cumplimiento a dicha suspensión, realizando valoraciones médicas a la quejosa, así como estudios de gabinete y laboratorio, de los cuales se informó en su oportunidad a su señoría. Dentro de las gestiones realizadas por mi representada, se encuentra la subrogación del servicio de hemodiálisis para la paciente, por lo que en fecha 12 de junio de 2020 se informó a este H. Juzgado que el proveedor se informó que iniciaría sus sesiones el 22 y 25 de junio de 2020 con el proveedor -********************, quedando pendiente por el proveedor establece las demás sesiones, mismas que se darían a conocer al ********************Con todo ello se demuestra que mi representada siempre ha brindado atención médica al quejoso, y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, me permito informar que en la actualidad continúa con sus sesiones de hemodiálisis, por lo que adjunto al presente los últimos reportes del proveedor consistentes en la bitácora de sesiones del 22 de junio de 2020 al 25 de marzo de 2021. II) Al presente, se adjunta también el oficio ********************, donde se instruye a la ********************, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo". Acorde con lo anterior, se advierte que la autoridad responsable acató en sus términos la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, con dichas actuaciones, se insiste, la responsable cumplió con lo ordenado en la sentencia de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo dictada en el presente asunto, HA QUEDADO DEBIDAMENTE CUMPLIDA. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Existencia de documentos. Que los documentos que la parte quejosa aportó son de los catalogados como originales y de los que no tienen esa categoría. Lo anterior, en cumplimiento al artículo 18, párrafo primero, fracción I), inciso b) del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Hágase la anotación en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). No se omite señalar que, como se precisó en certificación de esta fecha, uno de los documentos que exhibió la parte quejosa está catalogado como original, se le previene para que en un plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda al local de este juzgado a recogerlo; en tanto que, por lo que ve a los diversos catalogados como no originales, su devolución se autoriza desde este momento. En el entendido que de no hacerlo, en ambos casos, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado, conforme al Acuerdo General antes citado. Para tal efecto, el interesado deberá agendar cita; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx., respecto de lo que se le informa que este juzgado brinda servicio al público de lunes a viernes, en un horario de las doce treinta a las dieciocho treinta horas, así como que el sistema solo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Finalmente, Se requiere a la autoridad responsable para que se abstenga de acusar recibo del oficio que este Juzgado le remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional.
- Principal
...Téngase por recibida la pieza postal de cuenta que devuelve el servicio de mensajería acelerada denominada "Estafeta" la cual contiene el oficio 2865/2021 dirigido al Hospital General de Irapuato, Guanajuato (Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato), en la cual, se observa el motivo de devolución "Cambio de domicilio D-01";misiva mediante la cual se le pretende hacer del conocimiento del proveído de veinticuatro de marzo de la anualidad en curso, la cual se ordena agregar para que obre como constancia, en razón de que el siete del presente mes y año, se tuvo por recibido el oficio signado por el apoderado legal del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, residente en la capital, dando contestación al oficio de referencia entre otros, por el cual se le tuvo informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias que exhibió...
- Principal
...Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el apoderado legal de las autoridades Director del Hospital General de Irapuato, Guanajuato, Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, (las dos últimas como superiores jerárquicos de la responsable mencionada en primer término), mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remite copia de las constancias con las que aduce demostrarlo. En tales condiciones, con copia del oficio de cuenta y sus anexos, córrase traslado a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, manifieste lo que a su interés legal convenga, respecto del cumplimiento que informó la referida autoridad; apercibiéndole que en caso de omisión, en su oportunidad este órgano jurisdiccional dictará la resolución correspondiente con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable...
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