José Jaime Moctezuma Flores

Expediente 1911/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 40 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1911/2018
Año
2018
Actuaciones
40
Última actuación
15/10/2019

Partes del expediente

  • José Jaime Moctezuma Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 40.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo el cuatro de abril de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que el Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Puebla, realizara lo siguiente ".a) deje insubsistente el oficio D.A.P./695/2018, de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho; y b) Emita otro, en el que dé trámite a la afiliación solicitada y ---absteniéndose de requerir la acreditación del vínculo matrimonial, en términos del artículo 41, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y en consecuencia el diverso 40, fracción VII, del Reglamento del Sistema Nacional de Afiliación y Vigencia de Derechos de la Base de Datos Única de Derechohabientes y del Expediente Electrónico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado- resuelva lo que derecho corresponda ." Asimismo, mediante oficio recibido el uno de octubre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que remitió el oficio D.A.P./854/2019 de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, en el que dejó sin efectos los oficios D.A.P/695/2018 de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho y D.A.P/369/2019, de veintidós de abril de dos mil diecinueve y en términos del artículo 41, fracción I de la Ley del ISSSTE, y procedió a dar de alta para efecto de brindar servicio médico al menor M.I.H.C., mediante documento denominado "aviso de modificación de datos generales del beneficiario", a la aquí quejosa Guillermina Carmona Cano, asimismo reiteró que dicha alta continuaba vigente (fojas 354 a 363). Por auto de dos de octubre de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes con tales documentos, mismo que se les notificó el cuatro del mes y año en cita. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Del examen de las documentales exhibidas por el Titular de la Unidad Jurídica en Puebla del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que remitió el oficio D.A.P./854/2019 de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, en el que dejó sin efectos los oficios D.A.P/695/2018 de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho y D.A.P/369/2019, de veintidós de abril de dos mil diecinueve y en términos del artículo 41, fracción I de la Ley del ISSSTE, y procedió a dar de alta para efecto de brindar servicio médico al menor M.I.H.C., mediante documento denominado "aviso de modificación de datos generales del beneficiario", a la aquí quejosa Guillermina Carmona Cano, asimismo reiteró que dicha alta continuaba vigente. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de depuración en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar, en el entendido de que este asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo el cuatro de abril de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que el Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Puebla, realizara lo siguiente: a) deje insubsistente el oficio D.A.P./695/2018, de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho; y b) Emita otro, en el que dé trámite a la afiliación solicitada y ---absteniéndose de requerir la acreditación del vínculo matrimonial, en términos del artículo 41, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y en consecuencia el diverso 40, fracción VII, del Reglamento del Sistema Nacional de Afiliación y Vigencia de Derechos de la Base de Datos Única de Derechohabientes y del Expediente Electrónico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado- resuelva lo que derecho corresponda . Asimismo, mediante oficio recibido el dos de septiembre de dos mil diecinueve, el Titular de la Unidad Jurídica en Puebla del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla remitió copias certificadas del original del oficio D.A.P/369/2019, de veintidós de abril de dos mil diecinueve, en el que el Subdelegado de Prestaciones del indicado Instituto dejó sin efectos el oficio D.A.P/695/2018 de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, y en términos del artículo 41, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, procedió a dar de alta al menor M.I.H.C para efecto de brindar servicio médico, mediante documento denominado "aviso de modificación de datos generales del beneficiario", con el que, adujo, demostrar que el menor se encuentra dado de alta desde el dos de octubre de dos mil dieciocho. Además, remitió copias de la constancia de notificación de dicho documento dirigida a la parte aquí quejosa (fojas 316 a 330). Por auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa con tales documentos, mismo que se le notificó el cinco de septiembre del año en cita. Asimismo, mediante escrito recibido el nueve de septiembre del año en curso (fojas 336 a 339), la parte quejosa, dio contestación a la vista que se hace referencia en el párrafo que precede y, expuso: En primer término, hago de su conocimiento a su señoría que la autoridad responsable, con fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, notificó a Guillermina Carmona Cano -quejosa en representación del menor- el oficio D.A.P./369/2019, de 22 de abril de 2019, en el que pretendía dar cumplimiento a la resolución que otorgó la protección constitucional, sin embargo, con independencia de su contenido en relación al fallo protector, pues se refiere al cumplimiento de la interlocutoria dictada en el incidente de suspensión y no principal, la sentencia definitiva aún no causaba ejecutoria, por lo que el oficio emitido por la autoridad es ilegal y en consecuencia debe declararlo insubsistente, pues la fuerza legal de la sentencia de amparo es vinculatoria para las autoridades responsables una vez que causan estado, lo que no ocurría en aquella data en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo Asimismo, manifiesto que: Del párrafo transcrito, se advierte que la autoridad vinculada a cumplir con la ejecutoria de mérito es el Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad V Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Puebla, sin embargo respecto del oficio remitido en acatamiento a la sentencia que otorgó la protección constitucional lo signó la Titular de la Unidad Jurídica en Puebla del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla, en su carácter de delegada, por lo que dicha autoridad no se encuentra vinculada a cumplir los efectos de la concesión, pues esa facultad corresponde a quien emitió y se le reclamo el acto de autoridad, siendo esta el referido Subdelegado de Prestaciones Económicas Luego, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Ahora, si bien, el Titular de la Unidad Jurídica en Puebla del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla, remitió copias certificadas del oficio D.A.P/369/2019, de veintidós de abril de dos mil diecinueve, en el que el Subdelegado de Prestaciones del indicado Instituto dejó sin efectos el oficio D.A.P/695/2018 de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, y en términos del artículo 41, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y procedió a dar de alta al menor M.I.H.C para efecto de brindar servicio médico; sin embargo, dicha resolución fue emitida con anterioridad a la fecha en la que causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio -veintisiete de agosto de dos mil diecinueve-. Por lo que, dicho cumplimiento anticipado no puede considerarse legal, ya que hacerlo implicaría reconocer valor una resolución emitida en vía de cumplimiento a una sentencia no vinculatoria y, a la par, dejar a la voluntad de la autoridad responsable la procedencia del medio de impugnación correspondiente, si procediere. En efecto, es hasta el momento en el que la sentencia causa ejecutoria cuando puede exigirse su cumplimiento y, concomitantemente, atenderse al cumplimiento que dé la autoridad responsable. Así, mientras no exista ese pronunciamiento, no deja de ser una resolución que, si bien define una litis, no tiene fuerza legal, esto es, no ha alcanzado el valor de cosa juzgada, debido a que aún se halla en situación de expectativa, y hasta que no cause ejecutoria, no es ni imperativa ni obligatoria para las partes. Por tanto, con fundamento en el artículo 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, requiérase al Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Puebla, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación del presente proveído deje insubsistentes las resoluciones emitidas de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho y veintidós de abril de dos mil diecinueve y, dé cabal cumplimiento al fallo protector, para lo cual deberá remitir a este juzgado las constancias conducentes. Haciéndole saber que subsiste el apercibimiento decretado en el auto de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve

  3. Principal

    agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Guillermina Carmona Cano, por medio del cual da contestación a la vista que se le dio por auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve (foja 331), reservándose el acuerdo correspondiente en el momento en que se determine que la ejecutoria dictada en el presente juicio está o no cumplida.

  4. Principal

    Agréguense a los autos los oficios signados por la Secretaria de Acuerdos y Actuaria, ambas del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por el que informan que transcurrió el término de tres días que establece el artículo 104 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa impugnara el proveído de ocho de agosto de dos mil diecinueve, por el que se desechó el recurso de revisión; en esas condiciones, queda firme el acuerdo de ocho de agosto de este año, pronunciado dentro del toca R.A.- 417/2019; téngase a la superioridad devolviendo el expediente principal del juicio de amparo 1911/2018. Acúsese el recibo correspondiente. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y glósese el expedientillo formado con motivo del recurso de revisión interpuesto. En consecuencia, se declara que dicha sentencia que sobresee en el juicio y ampara y protege ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Puebla; para que realice los actos precisados en la sentencia de amparo dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído. Asimismo, se requiere al Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Puebla, como superior jerárquico, para que obligue a su subordinado a cumplir con la sentencia en los términos establecidos Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se les hace del conocimiento tanto a la responsable como al superior jerárquico que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no las exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se les informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se les comunica que en caso de que llegaran a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero, y 269 de la Ley de Amparo.

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