José Jaime Galan Ayala
Expediente 1053/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1053/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/11/2022
Partes del expediente
- José Jaime Galan Ayala
- JOSÉ JAIME GALAN AYALA y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual informa que acepta la competencia relativa al juicio de amparo ********************, del índice de este jugado federal; circunstancia de la cual se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que se trata de un EXPEDIENTE AUXILIAR (cuaderno de antecedentes); en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el apartado 8.1.1, fracción I, inciso a), del aludido Manual, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de seis meses en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, diez de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Procurador Fiscal de la Ciudad de México. Fijación de Litis De la lectura integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado que se combate en esta vía consisten en: La omisión de dar respuesta al escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en el cual el quejoso solicitó la prescripción del pago impuesto del predial de los períodos del segundo semestre de año dos mil diecisiete y anteriores, de la cuenta ****. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 1053/2022-IV. Genérese el expediente electrónico e impreso. Incompetencia Bajo esa premisa, este órgano constitucional carece de competencia para conocer del presente juicio de amparo en razón de la materia, respecto de dicho acto reclamado, por las siguientes consideraciones: Al efecto, conviene citar el contenido del dispositivo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 56. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito, y III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo (.).". De lo anterior se aprecia, que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial; Contra actos que afecten la libertad personal independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal; Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; y Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. Se dice lo anterior, ya que el acto reclamado es de naturaleza administrativa, toda vez que el accionante de amparo se duele que la autoridad responsable de naturaleza administrativa ha sido omisa en dar respuesta al escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en el cual se solicitó la prescripción del pago impuesto del predial de los períodos del segundo semestre de año dos mil diecisiete y anteriores, de la cuenta ****; esto es, se trata de un derecho de petición relacionado con cuestiones meramente administrativas. Acto que atribuyó al: "PROCURADOR FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO". Así, tomando como base la naturaleza del acto reclamado, se concluye que la competencia para conocer del presente juicio de amparo promovido contra el derecho de petición, se surte a favor de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa de esta Ciudad. En ese contexto, el acto que reclama el quejoso no se ubica en alguna de las hipótesis antes señaladas, ya que no se trata de un acto relacionado con el desarrollo de una actividad materialmente penal, tendiente a comprobar la existencia del cuerpo del delito y a determinar si se reúnen los elementos necesarios que hagan presumir la probable responsabilidad de un sujeto, sino de un acto administrativo. De ahí, que no se advierte que el acto del que se duele se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el ordinal 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tampoco de juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII, del arábigo 107 constitucional, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; ni de juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, ni mucho menos de denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo. En efecto en la especie no se actualiza alguna de las hipótesis que, de conformidad con el precepto antes citado, den competencia a este juzgado para conocer de la demanda, toda vez que el acto reclamado es un acto eminentemente administrativo, atribuido a una autoridad de carácter administrativo; por ende se concluye la legal incompetencia de este órgano de control constitucional para conocer de este asunto, ya que por razón de la especialidad compete al aquí asignado, al actualizar el supuesto previsto en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federal, que establece: "Artículo 57. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas. (.) IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente.". En virtud de lo anterior, remítase el presente juicio de amparo y el anexo de pruebas, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al Juez de Distrito en Turno, con la finalidad de que manifieste si acepta o no la competencia planteada y solicítese atentamente el acuse de recibo correspondiente, debiéndose formar el cuaderno de antecedentes. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados a las personas que mencionan en su escrito inicial de demanda que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer dicha profesión. Notifíquese personalmente.
- Principal
(Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de diez de noviembre de dos mil veintidós a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:" Ciudad de México, diez de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Procurador Fiscal de la Ciudad de México. Fijación de Litis De la lectura integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado que se combate en esta vía consisten en: La omisión de dar respuesta al escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en el cual el quejoso solicitó la prescripción del pago impuesto del predial de los períodos del segundo semestre de año dos mil diecisiete y anteriores, de la cuenta ****. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 1053/2022-IV. Genérese el expediente electrónico e impreso. Incompetencia Bajo esa premisa, este órgano constitucional carece de competencia para conocer del presente juicio de amparo en razón de la materia, respecto de dicho acto reclamado, por las siguientes consideraciones: Al efecto, conviene citar el contenido del dispositivo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 56. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito, y III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo (.).". De lo anterior se aprecia, que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial; Contra actos que afecten la libertad personal independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal; Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; y Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. Se dice lo anterior, ya que el acto reclamado es de naturaleza administrativa, toda vez que el accionante de amparo se duele que la autoridad responsable de naturaleza administrativa ha sido omisa en dar respuesta al escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en el cual se solicitó la prescripción del pago impuesto del predial de los períodos del segundo semestre de año dos mil diecisiete y anteriores, de la cuenta ****; esto es, se trata de un derecho de petición relacionado con cuestiones meramente administrativas. Acto que atribuyó al: "PROCURADOR FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO". Así, tomando como base la naturaleza del acto reclamado, se concluye que la competencia para conocer del presente juicio de amparo promovido contra el derecho de petición, se surte a favor de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa de esta Ciudad. En ese contexto, el acto que reclama el quejoso no se ubica en alguna de las hipótesis antes señaladas, ya que no se trata de un acto relacionado con el desarrollo de una actividad materialmente penal, tendiente a comprobar la existencia del cuerpo del delito y a determinar si se reúnen los elementos necesarios que hagan presumir la probable responsabilidad de un sujeto, sino de un acto administrativo. De ahí, que no se advierte que el acto del que se duele se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el ordinal 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tampoco de juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII, del arábigo 107 constitucional, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; ni de juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, ni mucho menos de denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo. En efecto en la especie no se actualiza alguna de las hipótesis que, de conformidad con el precepto antes citado, den competencia a este juzgado para conocer de la demanda, toda vez que el acto reclamado es un acto eminentemente administrativo, atribuido a una autoridad de carácter administrativo; por ende se concluye la legal incompetencia de este órgano de control constitucional para conocer de este asunto, ya que por razón de la especialidad compete al aquí asignado, al actualizar el supuesto previsto en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federal, que establece: "Artículo 57. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas. (.) IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente.". En virtud de lo anterior, remítase el presente juicio de amparo y el anexo de pruebas, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al Juez de Distrito en Turno, con la finalidad de que manifieste si acepta o no la competencia planteada y solicítese atentamente el acuse de recibo correspondiente, debiéndose formar el cuaderno de antecedentes. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados a las personas que mencionan en su escrito inicial de demanda que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer dicha profesión. Notifíquese personalmente. ".
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