José Jaime Favela Lara

Expediente 91/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 22 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
91/2018
Año
2018
Actuaciones
22
Última actuación
30/01/2019

Partes del expediente

  • José Jaime Favela Lara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    se notifica por lista al quejoso y tercero interesado BANCO SANTANDER SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, por conducto de quien legalmente lo represente:Visto el estado de autos del cual se advierte que la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que las partes hayan hecho manifestaciones al respecto; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "Efectos de la concesión de amparo. En términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, la protección constitucional se concede para el efecto de que la Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad: 1. Deje insubsistente el emplazamiento realizado al quejoso el siete de abril de dos mil diecisiete, dentro de los autos del juicio especial hipotecario número 00186/2017, asi como toda actuación derivada del mismo, incluyendo la sentencia definitiva dictada en dicho juicio. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Este juzgado estima que, en el caso, se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque del contenido del oficio remitido por la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dejó insubsistente el emplazamiento realizado al quejoso José Jaime Favela Lara el siete de abril de dos mil diecisiete, así como todo lo actuado dentro del juicio especial hipotecario 186/2017; con lo cual cumplió con las obligaciones a que se le constriñó en la ejecutoria en comento, siguiendo los lineamientos ahí contenidos; por tanto, es inconcuso que llevó a cabo los deberes que le fueron impuestos. En tal virtud, en el presente juicio se estima que la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que se advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó cumplió con las obligaciones a que se le constriñó, sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haber omitido alguna de ellas. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Ahora bien, con base en la fracción III, del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve, dado que en la incidencia que derivó del presente asunto, se concedió la suspensión definitiva, el cuadernillo original resulta susceptible de depuración, una vez transcurridos los cinco años de haberse dictado la sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, tercera interesada y agente del Ministerio Público adscrito; mediante oficio a la autoridad responsable

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO Y AL TERCERO INTERESADO BANCO SANTANDER SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE: Agréguese a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, el oficio de cuenta signado por la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, mediante el cual informan sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio; al efecto, con el oficio precisado, dése vista al quejoso y tercero interesado por el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidos que en caso de no hacerlo con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se proveerá lo correspondiente en torno al cumplimiento de la sentencia constitucional, atendiendo al contenido de las constancias de autos y al oficio de cumplimiento a que se refiere este proveído. Notifíquese personalmente al quejoso y tercero interesado

  3. Principal

    Se notifica al quejoso. Visto el estado que guardan los presentes autos, deriva que la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, si bien informó sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en el sentido de que dejó sin efecto el emplazamiento reclamado y todo lo actuado con posterioridad dentro del juicio especial hipotecario 186/2017; sin embargo, no precisó si dejó insubsistentes los actos de ejecución de la sentencia definitiva, porque nada dijo al respecto ni aclaró si existieron o no dichos actos. Lo anterior es así, pues la protección constitucional otorgada por el indebido emplazamiento del quejoso, implica dejar sin efectos todos los actos procesales realizados durante el procedimiento, no sólo hasta el dictado de la sentencia definitiva, sino también los efectuados en la etapa de ejecución, lo que incluye el remate y las adjudicaciones que pudieran haberse llevado a cabo, así como las inscripciones en el Registro Público, porque constituye una consecuencia lógico-jurídica de la ejecutoria de amparo. Sirve de apoyo por las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 112/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, registro 162282, tomo XXXIII, abril de 2011, materia común, página 286, que dice lo siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO. NO EXISTE EXCESO EN SU CUMPLIMIENTO CUANDO EL EFECTO DE LA CONCESIÓN FUE EMPLAZAR A LA PARTE DEMANDADA Y DEJAR INSUBSISTENTE TODO LO ACTUADO A PARTIR DE ESA DILIGENCIA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENA RESTITUIR AL DEMANDADO LA POSESIÓN DE UN INMUEBLE, AUNQUE ELLO NO FUE MATERIA DE PRONUNCIAMIENTO EXPRESO EN LA EJECUTORIA DE GARANTÍAS. Cuando se otorga la protección constitucional por la falta o el indebido emplazamiento al juicio del demandado y como consecuencia se ordena dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio natural a partir de esa diligencia, deben dejarse sin efectos todos los actos procesales realizados durante el procedimiento, no sólo hasta el dictado de la sentencia definitiva, sino también los efectuados en la etapa de ejecución, lo que incluye el remate y las adjudicaciones que pudieran haberse llevado a cabo. En ese tenor, si la autoridad responsable, al dar cumplimiento a la sentencia de amparo, ordena restituir al demandado en la posesión de un inmueble que ya había sido rematado y adjudicado a la parte actora, e incluso transmitido a un tercero, no incurre en exceso en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, aun cuando ello no se haya establecido expresamente en la resolución, pues esa determinación obedece a las consecuencias lógico-jurídicas de dicha ejecutoria de garantías, siendo innecesario que en el fallo constitucional se mencionen específicamente todos los actos que deben quedar insubsistentes, ya que la expresión "todo lo actuado" abarca cualquier diligencia o actuación llevada a cabo en el procedimiento". Consecuentemente, de conformidad con el diverso numeral 192 de la ley en la materia, se requiere nuevamente a la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, para que en el término de tres días contados a partir de que sean legalmente notificadas de este proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo dictada dentro de los autos en que se actúa, en el sentido de informar si existieron actos de ejecución de la sentencia definitiva dictada en el juicio especial hipotecario 186/2017, como pudiese ser el remate, adjudicación e inscripciones de los mismos en el Registro Público de la Propiedad; de ser así, los deje sin efecto con motivo del fallo protector, remitiendo copia certificada de las constancias conducentes. Así las cosas, se apercibe a la autoridad responsable que en caso de no cumplir con el requerimiento, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponde a $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, y en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo se continuará con el procedimiento que alude el dispositivo 193 de la Ley reglamentaria, esto es se abrirá el incidente de inejecución, según lo dispone la jurisprudencia 1ª./J./58/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, de rubro y texto siguientes: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN. LOS SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INCURREN EN RESPONSABILIDAD POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS DE AMPARO. Para que en los incidentes de inejecución se actualice la sanción establecida en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario agotar previamente el procedimiento previsto en la Ley de Amparo; de manera que si al examinar de oficio el cumplimiento de la ejecutoria de amparo se verifica que se requirió al superior jerárquico de las autoridades responsables a fin de conminarlo, al igual que a éstas, a dar cumplimiento a la sentencia de garantías, pero no han llevado a cabo todas las diligencias necesarias dentro del ámbito de sus facultades legales para hacerlo, es evidente que han incurrido en contumacia, retrasando el debido cumplimiento, por lo que debe estarse a lo previsto en el artículo 107 de la Ley de Amparo, el cual dispone que las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo. En ese sentido, el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin enterarlo de que uno de sus subordinados ha incumplido con una sentencia de amparo y se concrete únicamente a enviarle una comunicación en la que le solicite obedezca el fallo federal, sino que el requerimiento de que se trata debe involucrar a tal grado al superior, que si la sentencia no se cumple, procede separarlo de su cargo y consignar los hechos directamente ante el juez de distrito que corresponda, en términos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional y de los numerales 105 y 107 de la Ley de Amparo. De ahí que un requerimiento de esa naturaleza, tiene por efecto que el superior jerárquico quede vinculado con las responsables a fin de hacer uso de todos los medios legales a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda hacer e imponer, para conseguir el cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del juez federal". En la inteligencia de que la responsabilidad en que se incurre por desacato al fallo constitucional, perdura durante el tiempo que dure en el encargo y subsiste aun cuando ya no estén en funciones, pudiendo ser enjuiciados por ese motivo, aunque hubieren dejado el encargo, por omitir cumplir la ejecutoria o cumplirla de manera extemporánea, en términos del numeral 195 de la Ley de Amparo, según lo dispone la tesis de jurisprudencia 60/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, consultable en la página 7, de la Décima época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación". Notifíquese personalmente al quejoso; mediante oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Se notifica por lista al tercero interesado Banco Santander S.A. y al quejoso: Agréguese a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, el oficio de cuenta signado por los actuarios adscritos a la Central de Actuarios del Distrito Judicial de Torreón, mediante el cual informan sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio; al efecto, con el oficio precisado, dése vista al quejoso y tercero interesado por el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidos que en caso de no hacerlo con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se proveerá lo correspondiente en torno al cumplimiento de la sentencia constitucional, atendiendo al contenido de las constancias de autos y al oficio de cumplimiento a que se refiere este proveído.

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