José Jaime Cruz Agis
Expediente 451/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 451/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- José Jaime Cruz Agis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a tres de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto de once de abril de dos mil veintidós, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por José Jaime Cruz Agis y Juanita Hernández Mateos, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda que dio origen al juicio en que se actúa. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.
- Principal
Agréguense a los autos el escrito signado por los promoventes *** y ***, mediante el cual dan cumplimiento al requerimiento que les fue formulado en proveído de treinta de marzo del presente año y, al efecto, exhiben copia certificada del acta de nacimiento de la menor de identidad reservada C.C.H., asimismo precisan los actos que en esta vía reclaman. DETERMINACIÓN JUDICIAL Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se procede a examinarla, a fin de determinar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Primeramente, se estima necesario conocer el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Se desprende del precepto reproducido, que el juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo por improcedente, siempre y cuando exista un motivo manifiesto e indudable. Ahora bien, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama del Juez Primero Civil y Familiar de Apan, Hidalgo, lo siguiente: El auto dictado el tres de marzo de dos mil veintidós, en el juicio familiar 857/2021, promovido por Gabriela Martínez León, en contra del aquí promovente José Jaime Cruz Agis, mediante el cual reiteró la determinación dictada el ocho de febrero del año en curso, en el sentido de: "se dice al ocursante (aquí quejoso) que una vez que promueva el correspondiente incidente de cambio de modalidad de pensión alimenticia, se acordará lo que corresponda". La omisión de emplazar al juicio familiar de origen 857/2021, a Juanita Hernández Mateos y la menor de iniciales C.C.H. (esposa e hija del promovente, respectivamente). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En este contexto, precisa destacar que el artículo 113 de la ley, impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. En ese entendido, esta juzgadora advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; (.)" De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos de autoridad consentidos expresamente, o por manifestaciones de voluntad que lleven implícito ese consentimiento, esto es, cuando el acto reclamado es una consecuencia de otro que la ley reputa como consentido; tal como a continuación se verá. Para tener por actualizada la causa de improcedencia invocada, deben cumplirse dos condiciones básicas, a saber: Que el acto reclamado sea una consecuencia necesaria, directa e inmediata de otro; Que ese otro acto, del cual deriva el impugnado por la vía del juicio de amparo, se repute por la ley como consentido Aunado a ello, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en: El auto dictado el tres de marzo de dos mil veintidós, en el juicio familiar 857/2021, promovido por Gabriela Martínez León, en contra del aquí promovente José Jaime Cruz Agis, mediante el cual reiteró la determinación dictada el ocho de febrero del año en curso, en el sentido de: "se dice al ocursante (aquí quejoso) que una vez que promueva el correspondiente incidente de cambio de modalidad de pensión alimenticia, se acordará lo que corresponda". Entonces, del análisis efectuado a los antecedentes del acto reclamado, narrado por el quejoso bajo protesta de decir verdad, los cuales hacen prueba plena en términos de los artículos 95, 197 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se desprende que José Jaime Cruz Agis, es parte demandada en el juicio familiar de origen 857/2021, al cual compareció y dio contestación a la demanda instaurada en su contra; así mismo se advierte que en auto de tres de febrero de dos mil veintidós, el Juez responsable determinó, en relación a la petición formulada por el quejoso: "se dice al ocursante (aquí quejoso) que una vez que promueva el correspondiente incidente de cambio de modalidad de pensión alimenticia, se acordará lo que corresponda"; determinación que, afirma, le fue notificada el ocho de febrero siguiente (hechos 16 y 18). Agrega, el quejoso que el diez de febrero de la presente anualidad, solicitó se estableciera la pensión provisional y en su momento definitiva en razón a un porcentaje menor al cincuenta por ciento de su salario y demás prestaciones, petición a la cual recayó el auto de tres de marzo del año en curso, en el que el Juez del conocimiento determinó: ".se reitera que para el caso de modificación de la pensión alimenticia solicitada por el promovente, el mismo deberá realizarse en la vía incidental"; determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. Consecuentemente, el acto que ahora se pretende reclamar, es una consecuencia directa y necesaria del auto dictado el tres de febrero del año en curso, notificado el ocho siguiente, en el que el Juez Civil y Familiar responsable, determinó que respecto al cambio de modalidad de pensión alimenticia que solicitó el demandado, aquí quejoso, debía interponer el incidente correspondiente; determinación que reiteró en tres de marzo del año que transcurre; de ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio. Es aplicable, la Jurisprudencia en Materia Común emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el apéndice de 1995, al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Parte, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." De igual modo, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen CXXXI, Tercera Parte, Materia Común, Sexta Época, del tenor: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. Las causas que determinan la improcedencia del juicio de amparo deben estudiarse previamente, por ser de orden público, y no importa que en el caso haya necesidad de fijar los alcances del acto que se estima consentido a fin de determinar si los actos reclamados son o no consecuencia del mismo, pues la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, supone la existencia de una relación necesaria de causa a efecto entre dos o más actos de autoridad, y lógico es que siempre que se plantee en un juicio de garantías, deban analizarse dichos actos en cuanto a su contenido y alcance jurídico, para estar en posibilidad de determinar si los reclamados son o no consecuencia de los que se estiman consentidos. De lo contrario, nunca operaría la referida causal de improcedencia." Por otra parte, respecto al acto reclamado identificado en el inciso B) que antecede, este Juzgado Federal advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados en sentido contrario, toda vez que Juanita Hernández Mateos y la menor de iniciales C.C.H., reclaman la falta de emplazamiento al juicio de origen; sin embargo, no son parte demandada, ni actora en el juico familiar de origen por lo que carecen de legitimación para promover el juicio de amparo. Los numerales en comento disponen que: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.] Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. De los preceptos trascritos se infiere que la facultad para acudir al amparo está reservada a quienes resientan un agravio, daño o perjuicio con motivo de un acto de autoridad, en uno de sus derechos legítimamente tutelados en la Constitución Federal. La mera transgresión a un derecho constitucionalmente protegido, por parte de un acto de autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente a demandar el cese de dicha transgresión y solicitar la restitución en el goce del derecho violado, esto es, lo legitima para acudir al amparo, siendo ese derecho protegido lo que constituye, precisamente, el interés jurídico previsto constitucionalmente para la procedencia del juicio de amparo, o bien, cuando esa afectación derive de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico -interés legítimo-. De esta manera, la legitimación para acudir al amparo está determinada por los siguientes aspectos: a) El amparo es un juicio que sólo puede iniciarse a instancia de parte facultada para ello. b) Dicha facultad está determinada en función a dos aspectos: Al ser el objeto y fin del juicio de amparo la protección de los derechos constitucionalmente protegidos en favor del gobernado, la persona facultada para promoverlo debe ser, en primer término, titular de dichos derechos. Esa persona debe resentir un perjuicio o agravio de manera personal y directa, o bien, por su especial situación frente al orden jurídico, en alguno de esos derechos para poder acudir al amparo, lo que constituye su legítimo interés jurídico o legítimo para hacerlo. En el caso, las promoventes en el capítulo de hechos del escrito de demanda que se provee, narraron bajo protesta de decir verdad lo cual hace prueba plena en términos de los artículos 95, 197 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, entre otros, los siguientes: (.) Precisado lo anterior, se reitera que las promoventes Juanita Hernández Mateos y la menor de iniciales C.C.H., señalaron en su demanda y escrito aclaratorio, que acuden a esta instancia a demandar la falta de emplazamiento al juicio familiar de pensión alimenticia promovido por Gabriela Martínez León en contra de José Jaime Cruz Agis, por tal motivo no cuentan con facultades para promover el juicio de amparo, virtud que a quienes podrían verse afectados con la referida determinación son, en todo caso, las partes actora o demandada en el juicio familiar de origen. Lo anterior es así, pues son ellos quienes se encuentran debidamente legitimados para promover el juicio de amparo al ser los titulares de la acción y, por tanto, quienes pueden decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y la forma en que se trasgreden sus derechos humanos o garantías individuales o derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo y, por ende, las promoventes carecen de dicha facultad al no haber sido parte material en el juicio de origen. Sin que pase inadvertido para esta Juzgadora, que la afectación que aducen ocasiona la omisión de emplazamiento a juicio que pretenden reclamar, transgrede en su perjuicio el derecho de alimentos, educación, vida digna, legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, toda vez que de acuerdo a los antecedentes narrados, en el juicio familiar de origen en el que se reitera, no son parte demandada ni actora, aún no se ha dictado una sentencia firme, que decida el fondo de la controversia y que con la misma pudieran verse afectados sus derechos, toda vez que en todo caso, la sentencia obliga a la parte demandada, mas no a las aquí promoventes. Bajo esa condición, al actualizarse las causas de improcedencia en estudio, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente se allegaran al sumario en caso de ser admitido; con fundamento en los artículos los artículo 61, fracciones XIII y XXIII, en relación con el 6 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. A mayor abundamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, precepto legal que prescribe que el interés superior de la niñez, debe ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes y cuando se tome una decisión en torno a ellos, en lo individual o colectivo, se deben evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales, aunado a que las autoridades tienen la obligación de realizar las acciones y tomar las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 113/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo III, página 2328; Registro digital: 2020401; Décima Época; Materias(s): Constitucional, de rubro: "DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE." En ese orden de ideas, esta Juzgadora considera que la determinación aquí adoptada no vulnera el interés superior de la menor C.C.H.; toda vez que de los hechos narrados por sus padres, se advierte que está bajo su cuidado, sin que se encuentre acreditado ante este órgano jurisdiccional que corre peligro o su integridad física y emocional se encuentre en riesgo. Notifíquese personalmente.
- Principal
TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DEL PROVEIDO DE ONCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS, DICTADO EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE EL REFERIDO ACUERDO A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, EL CUAL ENUNCIA: Agréguense a los autos el escrito signado por los promoventes *** y ***, mediante el cual dan cumplimiento al requerimiento que les fue formulado en proveído de treinta de marzo del presente año y, al efecto, exhiben copia certificada del acta de nacimiento de la menor de identidad reservada C.C.H., asimismo precisan los actos que en esta vía reclaman. DETERMINACIÓN JUDICIAL Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se procede a examinarla, a fin de determinar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Primeramente, se estima necesario conocer el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Se desprende del precepto reproducido, que el juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo por improcedente, siempre y cuando exista un motivo manifiesto e indudable. Ahora bien, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama del Juez Primero Civil y Familiar de Apan, Hidalgo, lo siguiente: El auto dictado el tres de marzo de dos mil veintidós, en el juicio familiar 857/2021, promovido por Gabriela Martínez León, en contra del aquí promovente José Jaime Cruz Agis, mediante el cual reiteró la determinación dictada el ocho de febrero del año en curso, en el sentido de: "se dice al ocursante (aquí quejoso) que una vez que promueva el correspondiente incidente de cambio de modalidad de pensión alimenticia, se acordará lo que corresponda". La omisión de emplazar al juicio familiar de origen 857/2021, a Juanita Hernández Mateos y la menor de iniciales C.C.H. (esposa e hija del promovente, respectivamente). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En este contexto, precisa destacar que el artículo 113 de la ley, impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. En ese entendido, esta juzgadora advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; (.)" De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos de autoridad consentidos expresamente, o por manifestaciones de voluntad que lleven implícito ese consentimiento, esto es, cuando el acto reclamado es una consecuencia de otro que la ley reputa como consentido; tal como a continuación se verá. Para tener por actualizada la causa de improcedencia invocada, deben cumplirse dos condiciones básicas, a saber: Que el acto reclamado sea una consecuencia necesaria, directa e inmediata de otro; Que ese otro acto, del cual deriva el impugnado por la vía del juicio de amparo, se repute por la ley como consentido Aunado a ello, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en: El auto dictado el tres de marzo de dos mil veintidós, en el juicio familiar 857/2021, promovido por Gabriela Martínez León, en contra del aquí promovente José Jaime Cruz Agis, mediante el cual reiteró la determinación dictada el ocho de febrero del año en curso, en el sentido de: "se dice al ocursante (aquí quejoso) que una vez que promueva el correspondiente incidente de cambio de modalidad de pensión alimenticia, se acordará lo que corresponda". Entonces, del análisis efectuado a los antecedentes del acto reclamado, narrado por el quejoso bajo protesta de decir verdad, los cuales hacen prueba plena en términos de los artículos 95, 197 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se desprende que José Jaime Cruz Agis, es parte demandada en el juicio familiar de origen 857/2021, al cual compareció y dio contestación a la demanda instaurada en su contra; así mismo se advierte que en auto de tres de febrero de dos mil veintidós, el Juez responsable determinó, en relación a la petición formulada por el quejoso: "se dice al ocursante (aquí quejoso) que una vez que promueva el correspondiente incidente de cambio de modalidad de pensión alimenticia, se acordará lo que corresponda"; determinación que, afirma, le fue notificada el ocho de febrero siguiente (hechos 16 y 18). Agrega, el quejoso que el diez de febrero de la presente anualidad, solicitó se estableciera la pensión provisional y en su momento definitiva en razón a un porcentaje menor al cincuenta por ciento de su salario y demás prestaciones, petición a la cual recayó el auto de tres de marzo del año en curso, en el que el Juez del conocimiento determinó: ".se reitera que para el caso de modificación de la pensión alimenticia solicitada por el promovente, el mismo deberá realizarse en la vía incidental"; determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. Consecuentemente, el acto que ahora se pretende reclamar, es una consecuencia directa y necesaria del auto dictado el tres de febrero del año en curso, notificado el ocho siguiente, en el que el Juez Civil y Familiar responsable, determinó que respecto al cambio de modalidad de pensión alimenticia que solicitó el demandado, aquí quejoso, debía interponer el incidente correspondiente; determinación que reiteró en tres de marzo del año que transcurre; de ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio. Es aplicable, la Jurisprudencia en Materia Común emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el apéndice de 1995, al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Parte, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." De igual modo, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen CXXXI, Tercera Parte, Materia Común, Sexta Época, del tenor: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. Las causas que determinan la improcedencia del juicio de amparo deben estudiarse previamente, por ser de orden público, y no importa que en el caso haya necesidad de fijar los alcances del acto que se estima consentido a fin de determinar si los actos reclamados son o no consecuencia del mismo, pues la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, supone la existencia de una relación necesaria de causa a efecto entre dos o más actos de autoridad, y lógico es que siempre que se plantee en un juicio de garantías, deban analizarse dichos actos en cuanto a su contenido y alcance jurídico, para estar en posibilidad de determinar si los reclamados son o no consecuencia de los que se estiman consentidos. De lo contrario, nunca operaría la referida causal de improcedencia." Por otra parte, respecto al acto reclamado identificado en el inciso B) que antecede, este Juzgado Federal advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados en sentido contrario, toda vez que Juanita Hernández Mateos y la menor de iniciales C.C.H., reclaman la falta de emplazamiento al juicio de origen; sin embargo, no son parte demandada, ni actora en el juico familiar de origen por lo que carecen de legitimación para promover el juicio de amparo. Los numerales en comento disponen que: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.] Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. De los preceptos trascritos se infiere que la facultad para acudir al amparo está reservada a quienes resientan un agravio, daño o perjuicio con motivo de un acto de autoridad, en uno de sus derechos legítimamente tutelados en la Constitución Federal. La mera transgresión a un derecho constitucionalmente protegido, por parte de un acto de autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente a demandar el cese de dicha transgresión y solicitar la restitución en el goce del derecho violado, esto es, lo legitima para acudir al amparo, siendo ese derecho protegido lo que constituye, precisamente, el interés jurídico previsto constitucionalmente para la procedencia del juicio de amparo, o bien, cuando esa afectación derive de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico -interés legítimo-. De esta manera, la legitimación para acudir al amparo está determinada por los siguientes aspectos: a) El amparo es un juicio que sólo puede iniciarse a instancia de parte facultada para ello. b) Dicha facultad está determinada en función a dos aspectos: Al ser el objeto y fin del juicio de amparo la protección de los derechos constitucionalmente protegidos en favor del gobernado, la persona facultada para promoverlo debe ser, en primer término, titular de dichos derechos. Esa persona debe resentir un perjuicio o agravio de manera personal y directa, o bien, por su especial situación frente al orden jurídico, en alguno de esos derechos para poder acudir al amparo, lo que constituye su legítimo interés jurídico o legítimo para hacerlo. En el caso, las promoventes en el capítulo de hechos del escrito de demanda que se provee, narraron bajo protesta de decir verdad lo cual hace prueba plena en términos de los artículos 95, 197 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, entre otros, los siguientes: (.) Precisado lo anterior, se reitera que las promoventes Juanita Hernández Mateos y la menor de iniciales C.C.H., señalaron en su demanda y escrito aclaratorio, que acuden a esta instancia a demandar la falta de emplazamiento al juicio familiar de pensión alimenticia promovido por Gabriela Martínez León en contra de José Jaime Cruz Agis, por tal motivo no cuentan con facultades para promover el juicio de amparo, virtud que a quienes podrían verse afectados con la referida determinación son, en todo caso, las partes actora o demandada en el juicio familiar de origen. Lo anterior es así, pues son ellos quienes se encuentran debidamente legitimados para promover el juicio de amparo al ser los titulares de la acción y, por tanto, quienes pueden decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y la forma en que se trasgreden sus derechos humanos o garantías individuales o derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo y, por ende, las promoventes carecen de dicha facultad al no haber sido parte material en el juicio de origen. Sin que pase inadvertido para esta Juzgadora, que la afectación que aducen ocasiona la omisión de emplazamiento a juicio que pretenden reclamar, transgrede en su perjuicio el derecho de alimentos, educación, vida digna, legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, toda vez que de acuerdo a los antecedentes narrados, en el juicio familiar de origen en el que se reitera, no son parte demandada ni actora, aún no se ha dictado una sentencia firme, que decida el fondo de la controversia y que con la misma pudieran verse afectados sus derechos, toda vez que en todo caso, la sentencia obliga a la parte demandada, mas no a las aquí promoventes. Bajo esa condición, al actualizarse las causas de improcedencia en estudio, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente se allegaran al sumario en caso de ser admitido; con fundamento en los artículos los artículo 61, fracciones XIII y XXIII, en relación con el 6 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. A mayor abundamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, precepto legal que prescribe que el interés superior de la niñez, debe ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes y cuando se tome una decisión en torno a ellos, en lo individual o colectivo, se deben evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales, aunado a que las autoridades tienen la obligación de realizar las acciones y tomar las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 113/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo III, página 2328; Registro digital: 2020401; Décima Época; Materias(s): Constitucional, de rubro: "DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE." En ese orden de ideas, esta Juzgadora considera que la determinación aquí adoptada no vulnera el interés superior de la menor C.C.H.; toda vez que de los hechos narrados por sus padres, se advierte que está bajo su cuidado, sin que se encuentre acreditado ante este órgano jurisdiccional que corre peligro o su integridad física y emocional se encuentre en riesgo. Notifíquese personalmente.
- Principal
TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DEL PROVEIDO DE TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE EL REFERIDO PROVEÍDO A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, EL CUAL ENUNCIA: "En este sentido, el artículo 114 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Por su parte, los diversos numerales 108, fracción IV y 110 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; (.)" Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica.." En virtud de lo antes asentado, se previene a la parte quejosa para que dentro del término de CINCO DÍAS contado a partir del siguiente de aquél en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: Primero. Deberán acreditar con documento fehaciente la personalidad con la que se ostentan esto es la representación de su menor hija de iniciales C.C.H., en el presente juicio de derechos; esto es así, pues no exhiben documento alguno que acredite su dicho. Al argumento citado tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO." Segundo.- Precisen el acto que aquí reclaman, en razón que resulta ambiguo. Ello es así, toda vez que ***, por propio derecho y en representación de su menor hija, reclaman "la negativa de fijación de pensión alimenticia provisional y en su momento la definitiva fijada a favor del C. ESTIF CRUZ MARTÍNEZ". Asimismo, de la lectura del escrito que se provee, se advierte que bajo protesta de decir verdad, los promoventes aducen que en el expediente 857/2021, del índice del Juzgado Primero Civil y Familiar de Apan Hidalgo, promovido por *** en representación del menor de identidad reservada E.C.M., en contra de ***, quien dio contestación a la demanda y se le fijó como pago de pensión alimenticia a favor de E.C.M. el importe mensual del salario mínimo general vigente. De igual forma, se advierte que mediante acuerdo de ocho de febrero del año en curso, en el expediente familiar mencionado, el Juez del conocimiento acordó la promoción presentada por *** e indicó que por cuanto a su solicitud de cambio de modalidad de pensión alimenticia, debía interponer el incidente respectivo, determinación que reiteró en proveído de tres de marzo del presente año. Lo antes expuesto, permite establecer que si bien los promoventes, reclaman la negativa de fijar pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva a favor de E.C.M., lo cierto es que de los hechos narrados bajo protesta de decir verdad, se advierte que en el expediente 857/2021, del índice del Juzgado Primero Civil y Familiar de Apan Hidalgo, fue fijada una pensión provisional, cuya modificación ha sido solicitada por ***, en dos ocasiones. Por tanto, a efecto de estar en posibilidad de emitir una determinación apegada a derecho, requiérase a la parte promovente, para que precise el acto que en esta vía reclama. Apercibido que de no cumplir con las anteriores prevenciones, este Juzgador tendrá por no presentada la demanda de derechos intentada, lo anterior de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Sanciones por hechos falsos. También se hace de su conocimiento que el artículo 261, fracción primera, de la Ley de Amparo, prevé sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, para el caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten. Precisión de criterios jurisprudenciales. Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y en términos del artículo 12 de Ley de Amparo a ***, en virtud de que si se encontró registro de sus células profesionales en el Módulo de Consulta del Consejo de la Judicatura, tal como se aprecia de la certificación de cuenta. De igual manera, téngasele proporcionando una cuenta de correo electrónico que se tiene como forma especial y expeditas de contacto, a través de las cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Exhortación a tramitar el asunto "en linea" Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 1°, fracción I, último párrafo, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente.". NOTIFÍQUESE
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,460 expedientes
- Jose Ignacio Ibañez Madrid597/2019
- Jose Ignacio Zuñiga Rojo969/2016
- Jose Ines Hernandez Romero831/2016
- Jose Isabel Ortega Romero1329/2016
- José Isabel Vargas Martínez958/2023
- José Jacinto Juárez Roríguez1345/2021
- José Jaime Lecona Trapala364/2021
- Jose Javier Hernandez Perez1328/2017
- José Javier Hernández Pérez486/2020
- Jose Javier Roldan Garrido608/2016
- Jose Jesus Sanchez Rosas133/2018
- José Jonathan Pichardo Alonso1572/2023