José Jaime Cabello Rodríguez

Expediente 585/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 11 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
585/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
15/11/2018

Partes del expediente

  • José Jaime Cabello Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional el tres de septiembre del año en cita (fojas 86 y 87), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de cuatro de septiembre del actual año (foja 88), se dio vista a la parte agraviada con la referida comunicación y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó al promovente el cinco siguiente (foja 89); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del siete al once de septiembre de dos mil dieciocho. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Legislación de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, mediante sentencia terminada de engrosar el veintinueve de junio de dos mil dieciocho (fojas 49 a 70), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: a) Los artículos 23, fracción VII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores, en el comprobante de depósito de la institución bancaria Scotiabank, con número de referencia 0097000271A34403256 y la constancia de pago exhibida por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación del Recaudador de Rentas, con su informe justificado, cuyo pago fue realizado el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente.(.)" Resolución que causó ejecutoria el veintiséis de julio de dos mil dieciocho (fojas 75 y 76). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: Se desincorporara de la esfera jurídica del quejoso lo previsto en el precepto 23, fracción VII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13 de la citada ley de ingresos y se abstuviera de aplicarlos en contra del solicitante de amparo, tanto en el presente como en el futuro. Se le devolviera al agraviado la suma de $17,298.62 (Diecisiete mil doscientos noventa y ocho pesos 62/100 Moneda Nacional), por concepto de revalidación de permiso de depósito de bebidas alcohólicas, asimismo de fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit. En el entendido de que la cantidad remanente a devolver deberá encontrarse debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentados en la Oficialía de Partes de este Juzgado el tres de septiembre del actual año (fojas 86 y 87), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, exhibió copia de la captura de pantalla referente a la transferencia bancaria efectuada al quejoso por la cantidad de $17,295.62 (Diecisiete mil doscientos noventa y cinco pesos 62/100 Moneda Nacional), por concepto de la suma que en su momento erogó el solicitante del amparo con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo y su actualización correspondiente. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvieron la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que el quejoso erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la cantidad de $17,298.62 (Diecisiete mil doscientos noventa y ocho pesos 62/100 Moneda Nacional), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho (fojas 8, 9, 10 y 38) y el veintinueve de agosto del año en curso, la autoridad responsable transfirió al quejoso la cantidad antes indicada (foja 87); por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo a agosto de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero de este año entre el índice para el mes de julio de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil dieciocho fue de 132.009; y para el mes de julio de esta anualidad fue de 132.991 de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0074. Por tanto, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $17,298.62 (Diecisiete mil doscientos noventa y ocho pesos 62/100 Moneda Nacional), menos la cantidad que no es objeto de devolución, esto es, la suma de $3.00 (Tres pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a la comisión bancaria que se indicó en el formato de pago que se trata, se obtiene $17,423.60 (Diecisiete mil cuatrocientos veintitrés pesos 60/100 Moneda Nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que el citado Recaudador responsable, acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que devolvió al quejoso la cantidad de $17,295.62 (Diecisiete mil doscientos noventa y cinco pesos 62/100 Moneda Nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio. No pasa inadvertido que el monto que el Recaudador responsable debía devolver al agraviado era de $17,423.60 (Diecisiete mil cuatrocientos veintitrés pesos 60/100 Moneda Nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $17,295.62 (Diecisiete mil doscientos noventa y cinco pesos 62/100 Moneda Nacional), es decir, no entregó un faltante de $127.98 (Ciento veintisiete pesos 98/100 Moneda Nacional), pero dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría requerir a la autoridad responsable, en razón de que los gastos administrativos que realizaría el quejoso para obtener dicho monto, serían mayores al beneficio del numerario referido. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En ese tenor, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el Libro de Gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el oficio de cuenta, signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de dicha Secretaría y anexo, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el libelo de cuenta y anexo de referencia, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta presentado por el Director Jurídico General de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, a través del cual informa las gestiones realizadas con el propósito de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Legislación de la Materia, agréguense el ocurso de mérito y anexo en vías de cumplimiento al fallo protector, para que surtan sus efectos legales procedentes; en la inteligencia, de que este órgano jurisdiccional quedará en la espera del cumplimiento total a la ejecutoria dictada en autos.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual, solicita que por conducto de este órgano jurisdiccional se requiera a la parte quejosa, para que presente ante esa dependencia su Registro Federal de Contribuyentes, carta de certificación de cuentas, o en su defecto, Clabe Interbancaria, copia de la Credencial de Elector y comprobante de domicilio, a efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia concesoria del amparo; en consecuencia, agréguese a los presentes autos el libelo de cuenta para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, debe decirse al ente oficiante que el fin que se persigue en el presente caso es que se restituya el goce del derecho humano violado al disidente; en estricto acatamiento a los efectos de la sentencia de amparo, la responsable ejecutora Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, deberá restituir la cantidad erogada con motivo de los preceptos declarados inconstitucionales; esto es, se encuentra obligada a realizar las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo, entre lo que se encuentra, obtener toda aquella documentación del quejoso para acatar la ejecutoria de amparo. Máxime que, en ejecutoria de cuatro de septiembre de dos mil quince, dictada en los autos del recurso de inconformidad número 18/2015, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, determinó, entre otras cosas, que la autoridad recaudadora es la encargada de llevar a cabo la devolución del monto equivalente a la contribución fiscal reclamada en el juicio; por tanto, en atención a ésta, debe: a). Devolver a la parte quejosa la cantidad establecida en la sentencia amparadora; b). Poner a su disposición el numerario a entregar y c). Notificarle que ha quedado a su disposición la cantidad respectiva para que desde ese momento esté en aptitud de recibirla. Con independencia de lo anterior, requiérase a la parte accionante del amparo, para que en términos del artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, en el plazo de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante la autoridad responsable en mención, a hacer entrega de la documentación que se le solicita y que quedó especificada con antelación; lo anterior, en razón de que este Órgano Jurisdiccional requiere determinar lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada en autos, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Finalmente, como lo peticiona la responsable con sustento en los artículos 192, último párrafo y 193, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza una prórroga por el plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, a fin de que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Se apercibe a la responsable, que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de la materia, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Se le hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la citada Ley.

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