José Jaime Arias Hernández
Expediente 592/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 592/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Jaime Arias Hernández
Actuaciones
- Principal
Se tiene por no presentada la demanda de amparo. Vista la certificación de cuenta y toda vez que la parte quejosa no cumplió con los requerimientos efectuados en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
Juzgado Federal declina competencia. Téngase recibido el oficio y anexos de cuenta signado por la jueza Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, a través del cual remite el original de la demanda de amparo promovida por *******, por su propio derecho, así como los autos del juicio de amparo 561/2023-V de ese índice, por haberse declarado legalmente incompetente para conocer de la misma. Acúsese recibo. Atento al contenido del oficio de cuenta, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; así como en los numerales 1º, 37, 38, 45 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con los puntos de acuerdo PRIMERO, relativo al Décimo Sexto Circuito, y CUARTO, párrafo segundo, del punto XVI, derivados del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria de veintitrés de enero del dos mil trece, por unanimidad de votos, en vigor a partir de esa misma fecha y publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta el quince de febrero de ese mismo año, por el que se deroga el diverso Acuerdo General 17/2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de junio del dos mil doce y deja sin efecto las disposiciones dictadas con anterioridad, este órgano de control constitucional, acepta la competencia declinada por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato y por ende, se avoca al conocimiento de la demanda de amparo remitida. II. Expediente y registro. Dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, fórmese expediente físico, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 592/2023-III. III. Quejoso. José Jaime Arias Hernández. IV. Prevención. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112, 114, fracciones, I, II y IV, así como 108, fracciones III y IV, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito, sin formular ni presentar una nueva demanda y bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: 1. Manifieste con precisión cuál o cuáles son los actos que reclama en esta instancia constitucional. Lo anterior, dado que en el apartado correspondiente, aduce reclamar la orden de detención, aprehensión, reaprehensión, detención administrativa, orden de detención por extrema urgencia, presentación forzosa, orden de arraigo, traslado, investigación y localización giradas en su contra de manera verbal o escrita y/o cualquier acto privativo y/o, la tramitación oculta de averiguaciones previas; empero, específicamente en el capítulo relativo a los antecedentes del acto, los cuales narra bajo protesta de decir verdad, se advierte que las potestades responsables que ahí menciona acudieron a buscarlo por una orden de detención o presentación para privarlo de su libertad, excluyendo con dicha manifestación a los restantes actos reclamados que enuncia como reaprehensión, presentación forzosa, arraigo y la tramitación oculta de averiguaciones previas; de ahí que deba aclarar con precisión el acto o actos que reclama en esta vía, a fin de fijar con precisión la litis constitucional. Para lo anterior, es aplicable la tesis XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, del Tomo III, de Marzo de 1996, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." En la inteligencia que de insistir en señalar como actos reclamados, la reaprehensión, presentación forzosa, arraigo y la tramitación oculta de averiguaciones previas dictadas en su contra, deberá bajo protesta de decir verdad narrar la totalidad de antecedentes relativos a dichos actos, así como señalar a qué autoridad o autoridades en concreto les atribuye los mismos. En el entendido de que dicha protesta deberá realizarla únicamente el directo quejoso, por ser un acto personalísimo que no puede ser satisfecho por persona diversa a aquél, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. En apoyo a lo anterior, cabe invocar la jurisprudencia 88/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 40/2006-SS, visible en la página 348, tomo XXIV, Julio de 2006, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA". 2. Precise con claridad a qué potestades concretamente les atribuye el carácter de autoridades responsables y la localidad en la que se ubican. Lo anterior, toda vez que si bien en el capítulo correspondiente aduce una serie de potestades judiciales y administrativas a quienes les atribuye el carácter de responsables, también lo es que en el primero de sus conceptos de violación aduce que la restricción de la libertad dictada en su contra y que al parecer pretende reclamar, emana de una autoridad administrativa y no de un tribunal, de ahí que ante la inconsistencia advertida, deba realizar la precisión exigida. Requerimiento que se torna necesario, a efecto de no retardar el procedimiento de manera innecesaria con autoridades inexistentes, aunado a un desgaste de recursos materiales y humanos, y en contravención de brindar justicia pronta y expedita en el presente asunto, tal y como lo consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Máxime que con dicha prevención se garantiza el inicio y conducción adecuada del proceso constitucional, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae la fracción III, del artículo 79, de la Ley de Amparo, no tiene el alcance de averiguar cuál es la responsable a la que se quiso demandar y no se hizo correctamente. Para el caso particular es aplicable la tesis visible en la página 186, Tomo XII, de Septiembre de 1993, Octava Época publicada en el Semanario Judicial de la Federación de rubro siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISION QUIENES SON LAS." Se apercibe al promovente que, de no cumplir con lo anteriormente requerido, se procederá conforme a los preceptos citados, y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Asimismo, apercíbase a la parte quejosa para que al dar cumplimiento a lo anterior se conduzca con verdad, pues de advertirse durante la tramitación del juicio de amparo que manifestó hechos falsos u omitió datos en la demanda con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, se procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en términos del artículo 261 de la Ley de Amparo, el cual dispone que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda se afirmen hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el acto reclamado. IX. No ha lugar a decretar la suspensión de plano. Para la emisión de la anterior determinación se tienen en cuenta las diversas manifestaciones vertidas por el impetrante en el apartado de actos reclamados en el sentido de que aparentemente pretenden inferirle actos de violencia física y moral y demás prohibidos por el artículo 22 Constitucional, lo que de suyo implicaría la concesión de la suspensión de plano y de oficio por parte de este juzgado, aun cuando no fuere expresamente solicitada dicha medida suspensional, conforme a lo estatuido en el el artículo 126, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Empero, como en el caso particular en ningún apartado de la demanda se hace referencia a la circunstancia de que ya se halle privado de su libertad personal y que con motivo de ello sea objeto de los actos que aduce, o de alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, entonces, deviene inconcuso que resulta improcedente otorgar una suspensión de plano por lo que ve a dichas manifestaciones, pues no existen datos objetivos que permitan a la suscrita obtener un mínimo grado de probabilidad de que los actos combatidos efectivamente trastoquen derechos que puedan homologarse a los contenidos en el numeral antes referido. De ahí que resulte improcedente otorgar una suspensión de plano en el caso que ocupa nuestra atención. VI. Domicilio y autorizado. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el nombre de usuario que proporciona "jjaimearias", se encuentra registrado con FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), por lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, téngase como autorizado del quejoso en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Luis Murillo Sierra, por no contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como proporcionando número telefónico y cuenta de correo electrónico para el efecto de establecer contacto no procesal, en caso de estimarse necesario. VII. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VIII. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que reforma el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace del conocimiento de las partes que las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial).
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