José Jacobo Suárez Saucedo
Expediente 793/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 793/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José Jacobo Suárez Saucedo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el escrito de ***, defensor público estatal, y con tal carácter del quejoso ***, en atención a su contenido, téngasele por hechas sus manifestaciones en relación al pronunciamiento de este juzgador, en auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, para los efectos legales a los que haya lugar. Sin que haya lugar a tener por recibido el escrito que aduce remitir el citado defensor público, toda vez que no adjuntó el mismo. Notifíquese.
- Principal
"...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Cumple requerimiento Glósese a los autos el escrito de Alberto Jair Pérez Cruz, defensor público estatal, y con tal carácter del quejoso José Jacobo Suárez Saucedo, mediante el cual cumple el requerimiento formulado en autos, e informa que, el treinta de octubre del año en curso, se constituyó en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-OAXACA", en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, a afecto de entrevistarse con el quejoso y brindarle la asesoría jurídica correspondiente, quien aduce, no quiso firmar el acta respectiva, sin embargo, le pidió que presentara su escrito ante la oficialía de partes, por lo que al efecto de provee: Desahoga prevención Agréguese a los autos el escrito de quejoso ***; en su atención, se le tiene cumpliendo con el requerimiento formulado en proveído de once de agosto del año en curso, (con la asistencia jurídica del defensor público estatal ***). En atención a su escrito se desprende que, del escrito aclaratorio de cuenta, la parte quejosa, reclama lo siguiente: "Acto RECLAMADO: La Omision por parte del Agente del Ministerio Publico adscrito al Juzgado Segundo de Oralidad con sede en la Ciudad de Guanajuato Guanajuato, para dar Cumplimiento a lo ordenado por la Titular del referido Juzgado, la Licda, *** dentro de la Causa Penal *** en audiencia para determinar vinculacion a proceso a proceso a mi Persona Ello despues de mi detención el ***" sic Incompetencia por razón de territorio Ahora bien, debe precisarse que la competencia constituye un presupuesto procesal básico para que una autoridad judicial ejerza jurisdicción y esté en posibilidad legal de realizar válidamente cualquier acto procesal. Por ende, es viable sostener que todo juez tiene jurisdicción, más no todos tendrán competencia para conocer de un asunto determinado. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que informa la tesis emitida por la antes Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 309, Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso. En ese contexto, es necesario establecer que de acuerdo con la teoría del proceso, la competencia es la definición de la facultad de un órgano para realizar actos jurisdiccionales en las relaciones que cumplan con un interés colectivo especial, entre ellas, la administración de justicia. Por otra parte, la jurisdicción es la función orgánica que se cumple con actos proyectivos en el proceso, los cuales califican y deciden una determinada pretensión. En este aspecto, la autoridad judicial tiene encomendada esta función primordialmente. En el juicio de amparo, las reglas de competencia se sitúan en los tres ámbitos siguientes: a) La instancia o vía intentada por la parte quejosa (amparo directo o indirecto). Reglamentado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Amparo. b) La materia (civil, penal, laboral y administrativa). Regulado en materia penal por el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. c) El territorio. Establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo. En ese contexto, una vez analizada la demanda de amparo, así como las constancias de autos, y atento a la naturaleza jurídica de los actos reclamados, se advierte que este órgano de control constitucional carece de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente juicio de amparo, en atención a las consideraciones siguientes. La competencia por territorio es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos; en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. De este modo, se destaca que la competencia por territorio en materia de amparo constituye tema de orden público, no sólo por ser presupuesto procesal, sino además porque encuentra su origen en el contenido de la fracción VII, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia (.)". (.) XII. (.) Si el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado de Apelación no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juzgado o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca." La norma constitucional establece la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito en tanto dispone que contará con ella quien tenga jurisdicción en el lugar en que se ejecute o tenga que ejecutarse el acto reclamado en la demanda de amparo, ello con el fin de facilitar el acceso a la justicia constitucional, pues se entiende que ordinariamente la ejecución recae en el domicilio del gobernado o dentro del ámbito espacial en que lleva a cabo su actividad laboral o productiva, siendo que el artículo 37 de la Ley de Amparo concreta estas reglas de competencia en los siguientes términos: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda" El citado precepto, a efecto de fijar la competencia, establece una primera distinción entre actos que requieren ejecución material (primer y segundo párrafos) y actos que no requieren ejecución material (tercer párrafo), a saber: a) Será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto combatido pueda tener ejecución en más de un distrito, haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, es decir, ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De las dos primeras reglas, se aprecia que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, a diferencia de la tercera que no la previene. Por tanto, es trascendente determinar si los actos reclamados tienen o tendrán ejecución material, para lo cual se considera necesario distinguir la naturaleza positiva, negativa y omisiva de los actos. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 478/2018, que dio origen a la jurisprudencia obligatoria número 1a./J. 24/2021, de rubro "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL).", sostuvo lo siguiente: "[.] Primero debe estudiarse la forma en la cual se dividen los actos, de forma genérica, de acuerdo a su naturaleza y consecuencias, para lo cual se acude a lo establecido por esta Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 343/2019. Precedente en el cual se indicó que los actos que se reclaman en el juicio de amparo se dividen en: 1. Positivos 2. Negativos, y éstos a su vez en: Actos negativos simples Actos negativos con efectos positivos Actos negativos prohibitivos 3. Omisivos o abstenciones En primer lugar tenemos los actos positivos, que son los que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable; es decir, consisten en una actividad que el gobernado estima que vulnera sus derechos fundamentales, por lo que se traducen en un hacer e implican una acción, una orden, una privación o una molestia. Por su parte, los actos negativos son aquellos en los que la autoridad manifiesta su voluntad para no conceder al quejoso lo que estima que le corresponde. Dentro de los actos negativos, se manifiesta una conducta de las autoridades que se traduce en no querer o no aceptar lo solicitado por el gobernado. En esta clase de actos se manifiesta con la conducta de las autoridades, que niegan lo que los gobernados les solicitan. En ese sentido, los actos negativos se subdividen en: Actos negativos simples; Actos negativos con efectos positivos; y, Actos negativos prohibitivos. . . los actos omisivos o abstenciones son aquéllos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer, ya sea de fuente legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el justiciable. El estudio de la presente resolución se circunscribirá a éstos. Ahora para efectos de explicar de manera clara la naturaleza de los actos omisivos, debemos acudir a lo que esta Primera Sala resolvió en el amparo en revisión ***/1997. En este caso, se puntualizó que para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta. Es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión, es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta, pasando por alto la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido. En adición, debe tenerse en cuenta que al resolver el amparo directo en revisión ***/2007 esta Primera Sala precisó que no deben confundirse las nociones de no hacer y omisión. Ello es así, pues la diferencia entre ellas es que los estados de inacción -no hacer- no están conectados con alguna razón que suponga el incumplimiento de algún deber, mientras que las omisiones sí lo están. Así, muchas de las cosas que no hacemos no tienen alguna repercusión en términos normativos; en cambio, aquellas cuestiones que no hacemos, pero que por alguna razón teníamos el deber de hacerlas, constituyen omisiones. En ese orden, para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente. [.]". Ahora bien, en el caso, la parte quejosa, en el presente juicio, reclama: La omision por parte del Agente del Ministerio Publico adscrito al Juzgado Segundo de Oralidad con sede en la Ciudad de Guanajuato Guanajuato, para dar cumplimiento a lo ordenado por la Titular del referido Juzgado, la Licda, *** dentro de la Causa Penal 1P1419-295 en audiencia para determinar vinculacion a proceso a proceso a mi Persona Ello despues de mi detención el 18 MAYO del 2019" sic. El cual atribuye al: Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Oralidad con sede en la Ciudad de Guanajuato Guanajuato. En ese sentido, del escrito de cuenta, respecto a los antecedentes del acto reclamado se advierte que la parte quejosa manifiesta que, fue detenido el dieciocho de mayo de dos mil diecinueve, y puesto a disposición del Juzgado Segundo de Oralidad, de sede en Guanajuato, Guanajuato, en donde se le inició la causa penal *** y en audiencia para determinar la vinculación a Proceso, la Jueza ***, al percatarse de actos de tortura, hacia dicha parte quejosa, ordenó al Ministerio Público Adscrito a su Juzgado, que se aplicará de manera inmediata el examen médico y psicológico de conformidad con el Protocolo de Estambul, y las diligencias respectivas para esclarecer dichos hechos. Así también que, el referido Agente del Ministerio Publico, no le ha informado, si él o diverso fiscal iniciaron la carpeta de investigación relativa de los actos de tortura. Lo expuesto permite concluir que, el acto reclamado por el quejoso es de naturaleza omisiva; por cuanto que, al conocer del causa penal ***, el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Oralidad con sede en la Ciudad de Guanajuato, Guanajuato, señalado como responsable, en su respectivo ámbito temporal, está obligado en su caso, a iniciar la investigación sobre los posibles actos de tortura, sufridos por la parte quejosa el dieciocho de mayo de dos mil diecinueve, al momento que fue detenido. Luego, de acuerdo a la naturaleza del acto reclamado, se advierte que es obligación de la autoridad ministerial, investigar los actos de tortura que se expusieron con anterioridad; lo cual a su vez constituye una garantía procesal, en la medida que con ello se tutelan los derechos de acceso efectivo a la justicia, de manera pronta y expedita, prevista en el numeral 17 Constitucional, derivado de lo cual la violación a ese derecho humano se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle la investigación dentro de los términos y plazos previstos legalmente; esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha o tramitación de la investigación respectiva. En ese sentido, es posible establecer que el acto reclamado en la demanda de amparo en cuestión, si bien es de carácter omisivo, de cualquier forma genera una afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa, precisamente dentro del trámite que debiera darse a la investigación de los actos de tortura, que la juez le dio vista. Lo anterior, porque mientras la autoridad responsable continúe con la abstención que se le atribuye, ineludiblemente provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos procesales y eventualmente sustantivos del impetrante, como es el de acceso a la justicia (de manera pronta y expedita); ya que al demorarse en proveer sobre la investigación de los actos de tortura, retarda la decisión final en dicha investigación y, con ello, se trasgrede, como ya se dijo, de manera directa el derecho fundamental de acceso a la justicia y en general el debido proceso. De modo que los actos materia de estudio, conlleven un principio de ejecución, por lo cual la regla de competencia aplicable es aquélla en la que el juez competente es el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Ello, a partir de que como se ha dicho, el acto reclamado conlleva un principio de ejecución; en la especie, que el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Oralidad con sede en la Ciudad de Guanajuato, Guanajuato, investigue dentro de los plazos legales los posibles actos de tortura, sufridos por la parte quejosa el dieciocho de mayo de dos mil diecinueve, al momento que fue detenido; además, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, sus efectos se trasladan directamente a proveer sobre la investigación e informar al quejoso respecto de la investigación de los posibles actos de tortura, que el quejoso dice fue objeto, y respecto de los cuales, la juez de la causa le dio vista, siendo ahí donde tienen su principal impacto y repercusión. Por tanto, la jurisdicción rectora reside en la autoridad responsable que ha omitido una obligación de hacer lo que las leyes procesales le imponen, lo que tiene como objeto la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en el caso en concreto, se surte el supuesto precisado en el inciso a), del citado artículo 37 de la Ley de la materia, consistente en que será competente para conocer una demanda el juez que tenga jurisdicción en el lugar en donde el acto reclamado deba tener ejecución. Así, se insiste, la omisión del Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Oralidad con Sede en la Ciudad de Guanajuato, Guanajuato, para dar cumplimiento a lo ordenado por la Titular del referido Juzgado, dentro de la Causa Penal 1P1419-295, en la audiencia donde se determinó respecto a la vinculación a proceso de la parte quejosa, consistente en investigar sobre los posibles actos de tortura, sufridos por la parte quejosa el dieciocho de mayo de dos mil diecinueve, al momento que fue detenido, es una omisión con ejecución material, y corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción tiene ejecución el acto reclamado, esto es, en Guanajuato, Guanajuato, que se encuentra ubicado fuera del territorio en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Sin que obste a lo anterior que se reclame una omisión en un juicio de amparo, en que la persona sentenciada se encuentre recluido en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra la autoridad responsable, pues en ese caso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la residencia de la autoridad responsable, en virtud de que el lugar en donde acontece la privación de la libertad de la parte quejosa (preventiva o en etapa de ejecución de la pena), es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario. En apoyo de lo anterior, se cita por el principio de identidad de razón, la jurisprudencia obligatoria de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 1a./J. 24/2021, que dice: «OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario.» En el entendido que, dicho criterio jurisprudencial es aplicable al caso, pues aun cuando se refiere a la omisión de dictar sentencia, lo cierto es que la omisión reclamada a la autoridad responsable, de investigar sobre los posibles actos de tortura, sufridos por el quejoso el dieciocho de mayo de dos mil diecinueve, al momento que fue detenido, ordenados por la Jueza Segundo de Oralidad con Sede en la Ciudad de Guanajuato, Guanajuato, también se trata de una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Y lo más importante, en dicho criterio jurisprudencial se determinó que el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique la autoridad que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Por lo que, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su procedimiento, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal, en el caso de la carpeta de investigación. Luego, si en el caso que se analiza, se reclama la omisión de la autoridad ministerial en investigar sobre los posibles actos de tortura, sufridos por el dieciocho de mayo de dos mil diecinueve, al momento que fue detenido, ordenados por la Jueza Segundo de Oralidad con Sede en la Ciudad de Guanajuato, Guanajuato, en audiencia en donde se determinó lo relativo a la vinculación a proceso de la parte quejosa, entonces, atendiendo al sentido de dicha jurisprudencia, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique la autoridad responsable que ha incumplido dichas obligaciones constitucionales (omisión de investigar), será el legalmente competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, este Juzgado resulta legalmente incompetente para conocer del juicio remitido; por tanto, en términos del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito", que en lo que interesa señala: "(.) XVI. DECIMOSEXTO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Atarjea, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, Guanajuato, San Diego de la Unión, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Xichú. Los juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Manuel Doblado, León, Ocampo, Purísima del Rincón, San Felipe y San Francisco del Rincón. Los juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Coroneo, Cortázar, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Moroleón, Salvatierra, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Tarímoro, Uriangato, Villagrán y Yuriria. Los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Abasolo, Cuerámaro, Huanímaro, Irapuato, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Romita, Salamanca, Silao y Valle de Santiago. (.)" En consecuencia, envíese el presente asunto, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, para que se realice el turno correspondiente al Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia con residencia en la ciudad del mismo nombre en turno, para que conozca del mismo, por ser el que ejerce jurisdicción, sobre la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Oralidad con sede en la Ciudad de Guanajuato Guanajuato, que conoce de la Causa Penal ***, en el cual, refiere el peticionario del amparo se ha omitido investigar sobre los posibles actos de tortura, sufridos por el dieciocho de mayo de dos mil diecinueve, al momento que fue detenido. Por tanto, solicítese atentamente el acuse de recibo correspondiente, así como el acuerdo que recaiga a la incompetencia planteada. Se ordena formar cuaderno de antecedentes, realizar las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se ordena notificación En razón a que el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13 CPS-OAXACA", con fundamento en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se ordena al Actuario notifique personalmente la anterior determinación al interno de que se trata. Por último, se ordena al Actuario Judicial de la adscripción encargado de la notificación encomendada, que deberá abstenerse de recibir documentos y objetos, de las personas que se encuentran privadas de su libertad en los centros penitenciarios, pues, tales actos escapan de las funciones que tiene legalmente establecidas y se encuentra impedido para realizar cualquier tipo de gestión o encargo a particulares, por lo que de hacer lo contrario, incurriría en responsabilidad administrativa, conforme a lo establecido en el oficio ***, de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, suscrito por el Visitador General de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; personalmente al defensor Alberto Jair Pérez Cruz, y a la parte quejosa en el lugar de su reclusión..."
- Principal
POR LISTA: "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Cumple requerimiento Glósese a los autos el escrito de Alberto Jair Pérez Cruz, defensor público estatal, y con tal carácter del quejoso José Jacobo Suárez Saucedo, mediante el cual cumple el requerimiento formulado en autos, e informa que, el treinta de octubre del año en curso, se constituyó en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-OAXACA", en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, a afecto de entrevistarse con el quejoso y brindarle la asesoría jurídica correspondiente, quien aduce, no quiso firmar el acta respectiva, sin embargo, le pidió que presentara su escrito ante la oficialía de partes, por lo que al efecto de provee: Desahoga prevención Agréguese a los autos el escrito de quejoso ***; en su atención, se le tiene cumpliendo con el requerimiento formulado en proveído de once de agosto del año en curso, (con la asistencia jurídica del defensor público estatal ***). En atención a su escrito se desprende que, del escrito aclaratorio de cuenta, la parte quejosa, reclama lo siguiente: "Acto RECLAMADO: La Omision por parte del Agente del Ministerio Publico adscrito al Juzgado Segundo de Oralidad con sede en la Ciudad de Guanajuato Guanajuato, para dar Cumplimiento a lo ordenado por la Titular del referido Juzgado, la Licda, *** dentro de la Causa Penal *** en audiencia para determinar vinculacion a proceso a proceso a mi Persona Ello despues de mi detención el ***" sic Incompetencia por razón de territorio Ahora bien, debe precisarse que la competencia constituye un presupuesto procesal básico para que una autoridad judicial ejerza jurisdicción y esté en posibilidad legal de realizar válidamente cualquier acto procesal. Por ende, es viable sostener que todo juez tiene jurisdicción, más no todos tendrán competencia para conocer de un asunto determinado. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que informa la tesis emitida por la antes Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 309, Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso. En ese contexto, es necesario establecer que de acuerdo con la teoría del proceso, la competencia es la definición de la facultad de un órgano para realizar actos jurisdiccionales en las relaciones que cumplan con un interés colectivo especial, entre ellas, la administración de justicia. Por otra parte, la jurisdicción es la función orgánica que se cumple con actos proyectivos en el proceso, los cuales califican y deciden una determinada pretensión. En este aspecto, la autoridad judicial tiene encomendada esta función primordialmente. En el juicio de amparo, las reglas de competencia se sitúan en los tres ámbitos siguientes: a) La instancia o vía intentada por la parte quejosa (amparo directo o indirecto). Reglamentado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Amparo. b) La materia (civil, penal, laboral y administrativa). Regulado en materia penal por el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. c) El territorio. Establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo. En ese contexto, una vez analizada la demanda de amparo, así como las constancias de autos, y atento a la naturaleza jurídica de los actos reclamados, se advierte que este órgano de control constitucional carece de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente juicio de amparo, en atención a las consideraciones siguientes. La competencia por territorio es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos; en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. De este modo, se destaca que la competencia por territorio en materia de amparo constituye tema de orden público, no sólo por ser presupuesto procesal, sino además porque encuentra su origen en el contenido de la fracción VII, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia (.)". (.) XII. (.) Si el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado de Apelación no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juzgado o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca." La norma constitucional establece la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito en tanto dispone que contará con ella quien tenga jurisdicción en el lugar en que se ejecute o tenga que ejecutarse el acto reclamado en la demanda de amparo, ello con el fin de facilitar el acceso a la justicia constitucional, pues se entiende que ordinariamente la ejecución recae en el domicilio del gobernado o dentro del ámbito espacial en que lleva a cabo su actividad laboral o productiva, siendo que el artículo 37 de la Ley de Amparo concreta estas reglas de competencia en los siguientes términos: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda" El citado precepto, a efecto de fijar la competencia, establece una primera distinción entre actos que requieren ejecución material (primer y segundo párrafos) y actos que no requieren ejecución material (tercer párrafo), a saber: a) Será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto combatido pueda tener ejecución en más de un distrito, haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, es decir, ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De las dos primeras reglas, se aprecia que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, a diferencia de la tercera que no la previene. Por tanto, es trascendente determinar si los actos reclamados tienen o tendrán ejecución material, para lo cual se considera necesario distinguir la naturaleza positiva, negativa y omisiva de los actos. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 478/2018, que dio origen a la jurisprudencia obligatoria número 1a./J. 24/2021, de rubro "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL).", sostuvo lo siguiente: "[.] Primero debe estudiarse la forma en la cual se dividen los actos, de forma genérica, de acuerdo a su naturaleza y consecuencias, para lo cual se acude a lo establecido por esta Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 343/2019. Precedente en el cual se indicó que los actos que se reclaman en el juicio de amparo se dividen en: 1. Positivos 2. Negativos, y éstos a su vez en: Actos negativos simples Actos negativos con efectos positivos Actos negativos prohibitivos 3. Omisivos o abstenciones En primer lugar tenemos los actos positivos, que son los que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable; es decir, consisten en una actividad que el gobernado estima que vulnera sus derechos fundamentales, por lo que se traducen en un hacer e implican una acción, una orden, una privación o una molestia. Por su parte, los actos negativos son aquellos en los que la autoridad manifiesta su voluntad para no conceder al quejoso lo que estima que le corresponde. Dentro de los actos negativos, se manifiesta una conducta de las autoridades que se traduce en no querer o no aceptar lo solicitado por el gobernado. En esta clase de actos se manifiesta con la conducta de las autoridades, que niegan lo que los gobernados les solicitan. En ese sentido, los actos negativos se subdividen en: Actos negativos simples; Actos negativos con efectos positivos; y, Actos negativos prohibitivos. . . los actos omisivos o abstenciones son aquéllos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer, ya sea de fuente legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el justiciable. El estudio de la presente resolución se circunscribirá a éstos. Ahora para efectos de explicar de manera clara la naturaleza de los actos omisivos, debemos acudir a lo que esta Primera Sala resolvió en el amparo en revisión ***/1997. En este caso, se puntualizó que para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta. Es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión, es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta, pasando por alto la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido. En adición, debe tenerse en cuenta que al resolver el amparo directo en revisión ***/2007 esta Primera Sala precisó que no deben confundirse las nociones de no hacer y omisión. Ello es así, pues la diferencia entre ellas es que los estados de inacción -no hacer- no están conectados con alguna razón que suponga el incumplimiento de algún deber, mientras que las omisiones sí lo están. Así, muchas de las cosas que no hacemos no tienen alguna repercusión en términos normativos; en cambio, aquellas cuestiones que no hacemos, pero que por alguna razón teníamos el deber de hacerlas, constituyen omisiones. En ese orden, para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente. [.]". Ahora bien, en el caso, la parte quejosa, en el presente juicio, reclama: La omision por parte del Agente del Ministerio Publico adscrito al Juzgado Segundo de Oralidad con sede en la Ciudad de Guanajuato Guanajuato, para dar cumplimiento a lo ordenado por la Titular del referido Juzgado, la Licda, *** dentro de la Causa Penal 1P1419-295 en audiencia para determinar vinculacion a proceso a proceso a mi Persona Ello despues de mi detención el 18 MAYO del 2019" sic. El cual atribuye al: Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Oralidad con sede en la Ciudad de Guanajuato Guanajuato. En ese sentido, del escrito de cuenta, respecto a los antecedentes del acto reclamado se advierte que la parte quejosa manifiesta que, fue detenido el dieciocho de mayo de dos mil diecinueve, y puesto a disposición del Juzgado Segundo de Oralidad, de sede en Guanajuato, Guanajuato, en donde se le inició la causa penal *** y en audiencia para determinar la vinculación a Proceso, la Jueza ***, al percatarse de actos de tortura, hacia dicha parte quejosa, ordenó al Ministerio Público Adscrito a su Juzgado, que se aplicará de manera inmediata el examen médico y psicológico de conformidad con el Protocolo de Estambul, y las diligencias respectivas para esclarecer dichos hechos. Así también que, el referido Agente del Ministerio Publico, no le ha informado, si él o diverso fiscal iniciaron la carpeta de investigación relativa de los actos de tortura. Lo expuesto permite concluir que, el acto reclamado por el quejoso es de naturaleza omisiva; por cuanto que, al conocer del causa penal ***, el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Oralidad con sede en la Ciudad de Guanajuato, Guanajuato, señalado como responsable, en su respectivo ámbito temporal, está obligado en su caso, a iniciar la investigación sobre los posibles actos de tortura, sufridos por la parte quejosa el dieciocho de mayo de dos mil diecinueve, al momento que fue detenido. Luego, de acuerdo a la naturaleza del acto reclamado, se advierte que es obligación de la autoridad ministerial, investigar los actos de tortura que se expusieron con anterioridad; lo cual a su vez constituye una garantía procesal, en la medida que con ello se tutelan los derechos de acceso efectivo a la justicia, de manera pronta y expedita, prevista en el numeral 17 Constitucional, derivado de lo cual la violación a ese derecho humano se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle la investigación dentro de los términos y plazos previstos legalmente; esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha o tramitación de la investigación respectiva. En ese sentido, es posible establecer que el acto reclamado en la demanda de amparo en cuestión, si bien es de carácter omisivo, de cualquier forma genera una afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa, precisamente dentro del trámite que debiera darse a la investigación de los actos de tortura, que la juez le dio vista. Lo anterior, porque mientras la autoridad responsable continúe con la abstención que se le atribuye, ineludiblemente provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos procesales y eventualmente sustantivos del impetrante, como es el de acceso a la justicia (de manera pronta y expedita); ya que al demorarse en proveer sobre la investigación de los actos de tortura, retarda la decisión final en dicha investigación y, con ello, se trasgrede, como ya se dijo, de manera directa el derecho fundamental de acceso a la justicia y en general el debido proceso. De modo que los actos materia de estudio, conlleven un principio de ejecución, por lo cual la regla de competencia aplicable es aquélla en la que el juez competente es el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Ello, a partir de que como se ha dicho, el acto reclamado conlleva un principio de ejecución; en la especie, que el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Oralidad con sede en la Ciudad de Guanajuato, Guanajuato, investigue dentro de los plazos legales los posibles actos de tortura, sufridos por la parte quejosa el dieciocho de mayo de dos mil diecinueve, al momento que fue detenido; además, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, sus efectos se trasladan directamente a proveer sobre la investigación e informar al quejoso respecto de la investigación de los posibles actos de tortura, que el quejoso dice fue objeto, y respecto de los cuales, la juez de la causa le dio vista, siendo ahí donde tienen su principal impacto y repercusión. Por tanto, la jurisdicción rectora reside en la autoridad responsable que ha omitido una obligación de hacer lo que las leyes procesales le imponen, lo que tiene como objeto la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en el caso en concreto, se surte el supuesto precisado en el inciso a), del citado artículo 37 de la Ley de la materia, consistente en que será competente para conocer una demanda el juez que tenga jurisdicción en el lugar en donde el acto reclamado deba tener ejecución. Así, se insiste, la omisión del Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Oralidad con Sede en la Ciudad de Guanajuato, Guanajuato, para dar cumplimiento a lo ordenado por la Titular del referido Juzgado, dentro de la Causa Penal 1P1419-295, en la audiencia donde se determinó respecto a la vinculación a proceso de la parte quejosa, consistente en investigar sobre los posibles actos de tortura, sufridos por la parte quejosa el dieciocho de mayo de dos mil diecinueve, al momento que fue detenido, es una omisión con ejecución material, y corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción tiene ejecución el acto reclamado, esto es, en Guanajuato, Guanajuato, que se encuentra ubicado fuera del territorio en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Sin que obste a lo anterior que se reclame una omisión en un juicio de amparo, en que la persona sentenciada se encuentre recluido en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra la autoridad responsable, pues en ese caso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la residencia de la autoridad responsable, en virtud de que el lugar en donde acontece la privación de la libertad de la parte quejosa (preventiva o en etapa de ejecución de la pena), es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario. En apoyo de lo anterior, se cita por el principio de identidad de razón, la jurisprudencia obligatoria de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 1a./J. 24/2021, que dice: «OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario.» En el entendido que, dicho criterio jurisprudencial es aplicable al caso, pues aun cuando se refiere a la omisión de dictar sentencia, lo cierto es que la omisión reclamada a la autoridad responsable, de investigar sobre los posibles actos de tortura, sufridos por el quejoso el dieciocho de mayo de dos mil diecinueve, al momento que fue detenido, ordenados por la Jueza Segundo de Oralidad con Sede en la Ciudad de Guanajuato, Guanajuato, también se trata de una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Y lo más importante, en dicho criterio jurisprudencial se determinó que el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique la autoridad que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Por lo que, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su procedimiento, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal, en el caso de la carpeta de investigación. Luego, si en el caso que se analiza, se reclama la omisión de la autoridad ministerial en investigar sobre los posibles actos de tortura, sufridos por el dieciocho de mayo de dos mil diecinueve, al momento que fue detenido, ordenados por la Jueza Segundo de Oralidad con Sede en la Ciudad de Guanajuato, Guanajuato, en audiencia en donde se determinó lo relativo a la vinculación a proceso de la parte quejosa, entonces, atendiendo al sentido de dicha jurisprudencia, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique la autoridad responsable que ha incumplido dichas obligaciones constitucionales (omisión de investigar), será el legalmente competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, este Juzgado resulta legalmente incompetente para conocer del juicio remitido; por tanto, en términos del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito", que en lo que interesa señala: "(.) XVI. DECIMOSEXTO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Atarjea, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, Guanajuato, San Diego de la Unión, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Xichú. Los juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Manuel Doblado, León, Ocampo, Purísima del Rincón, San Felipe y San Francisco del Rincón. Los juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Coroneo, Cortázar, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Moroleón, Salvatierra, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Tarímoro, Uriangato, Villagrán y Yuriria. Los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Abasolo, Cuerámaro, Huanímaro, Irapuato, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Romita, Salamanca, Silao y Valle de Santiago. (.)" En consecuencia, envíese el presente asunto, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, para que se realice el turno correspondiente al Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia con residencia en la ciudad del mismo nombre en turno, para que conozca del mismo, por ser el que ejerce jurisdicción, sobre la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Oralidad con sede en la Ciudad de Guanajuato Guanajuato, que conoce de la Causa Penal ***, en el cual, refiere el peticionario del amparo se ha omitido investigar sobre los posibles actos de tortura, sufridos por el dieciocho de mayo de dos mil diecinueve, al momento que fue detenido. Por tanto, solicítese atentamente el acuse de recibo correspondiente, así como el acuerdo que recaiga a la incompetencia planteada. Se ordena formar cuaderno de antecedentes, realizar las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se ordena notificación En razón a que el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13 CPS-OAXACA", con fundamento en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se ordena al Actuario notifique personalmente la anterior determinación al interno de que se trata. Por último, se ordena al Actuario Judicial de la adscripción encargado de la notificación encomendada, que deberá abstenerse de recibir documentos y objetos, de las personas que se encuentran privadas de su libertad en los centros penitenciarios, pues, tales actos escapan de las funciones que tiene legalmente establecidas y se encuentra impedido para realizar cualquier tipo de gestión o encargo a particulares, por lo que de hacer lo contrario, incurriría en responsabilidad administrativa, conforme a lo establecido en el oficio ***, de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, suscrito por el Visitador General de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; personalmente al defensor ***, y a la parte quejosa en el lugar de su reclusión..."
- Principal
POR LISTA: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte ha transcurrido el plazo de tres días concedido a ********************, Defensor Público Estatal, y con tal carácter del quejoso ********************, para que cumpliera el requerimiento efectuado en auto de dieciséis de octubre del año en curso. En ese sentido, previo a imponer la multa a la que fue conminado, requiérase por última vez a ********************, Defensor Público Estatal, para que dentro del plazo de tres días, remita el resultado de la entrevista practicada al quejoso, -la que se requirió con la finalidad de brindar la asesoría jurídica, así como para asistir al impetrante de amparo para cumplir la prevención formulada en auto de once de agosto del año en curso-. En el entendido, que si por alguna razón no se llevó a cabo la citada visita carcelaria, deberá informar una nueva fecha para que la realice. Apercibido que de no cumplir con el requerimiento que le fue formulado dentro del plazo que le es otorgado, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización vigente, que es la cantidad equivalente a cinco mil ciento ochenta y siete pesos, cero centavos ($5,187.00), a razón de 103.74 como valor diario, de conformidad con lo previsto en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 259 y 238 de la misma. No obstante lo anterior, toda vez que el defensor público ********************, ha sido omiso en dar cumplimiento a los requerimientos efectuados por esta autoridad de amparo, en relación al resultado de la entrevista en mención, mediante oficio, hágasele del conocimiento al Jefe de Departamento de Amparos y Litigio Estratégico de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca, dicha circunstancia, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese; personalmente al Defensor Público ********************.
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