José Jacobo Sánchez Barcenas

Expediente 1130/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1130/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
11/09/2017

Partes del expediente

  • José Jacobo Sánchez Barcenas

Actuaciones

  1. Principal

    V I S T O el estado que guardan los autos se advierte que a la fecha ha transcurrido el término que con apoyo concede el artículo 98 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para que se interpusiera recurso de queja previsto por el precepto 97 fracción I, inciso a) de la Ley en cita, en contra del auto de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa; en consecuencia, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales, por lo que háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, del conocimiento de las partes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por tanto y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DESTRUCCIÓN, con fundamento en el artículo vigésimo primero fracción l del citado acuerdo por haberse desechado la demanda de amparo. En tal virtud, hágase saber a las partes que deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito....V

  2. Principal

    REGISTRO DE EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo promovida por ***** , por violación a los derechos humanos, así como a las garantías para su protección contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo, bajo el número 1130/2017-V; y, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno que al efecto se lleva. DESECHAMIENTO Ahora, en primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda, sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: 1.- Que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este causa sea manifiesta e indudable. Así, dicho precepto, autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio, lo que en la especie acontece, como más adelante se expone. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, página: 730: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." ACTO RECLAMADO Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente: La Cédula de Segunda Convocatoria, emitida por el Comisariado Ejidal del Ejido de Santa Rosa Jáuregui, en Querétaro, en específico sus puntos VI, VII, VIII, IX y X, mediante la cual se pretende llevar a cabo la Asamblea Ejidal programada para el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, en la que posiblemente se asignen las parcelas 577, 578, 579, 581, 582, 586 y 596-A, y la ratificación del dominio pleno sobre dichas parcelas, sobre las 1400 hectáreas o parte de ellas. En ese contexto, el acto reclamado no tiene una ejecución inminente; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, en vigor: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la anterior transcripción se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto de autoridad no causa una afectación real y actual al quejoso. En efecto, el principio de agravio personal y directo implica que la afectación debe ser resentida exactamente por la persona que promueva la demanda respectiva, debiendo derivarse tal afectación precisamente del acto reclamado. Así pues, es procedente el juicio de amparo cuando existe una afectación o lesión en la persona de un gobernado, alterando su patrimonio o sus derechos personales en forma inmediata el acto reclamado. De ahí que, a criterio de este resolutor, en el caso se actualizan dos causas de improcedencia, por un lado el acto que se combate no afecta derechos fundamentales del quejoso; y, por otro lado el acto de que se duele no es real y actual, esto es se trata de un acto futuro e incierto, como se verá a continuación. Ante todo, conviene distinguir entre perjuicio (ahora afectación) e interés jurídico, pues mientras este último lo constituye la titularidad del derecho afectado, el perjuicio lo constituye la existencia de la afectación en esa esfera de derechos. Resulta aplicable la tesis con número de registro 335092, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XLVI, quinta época, visible en la página 4943, que a la letra reza: "PERJUICIO BASE DE AMPARO. El perjuicio que al quejoso causa el acto reclamado, es elemento básico para la procedencia de la acción constitucional, de suerte que si no está justificado dicho perjuicio, el amparo es improcedente". En esa virtud, en el caso se advierte que el acto reclamado por un lado no afecta a la parte quejosa y, por otro lado, tampoco se trata de un acto real y actual en su esfera de derechos. Lo anterior se considera así, ya que el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad que la asamblea de ejidatarios está programada para el día de hoy veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, por lo que a la fecha aún no existe la privación de sus derechos agrarios que estima se verán afectados con la celebración de aquélla, puesto que en esta data posiblemente se llevé a cabo o no la asamblea de ejidatarios señalada en la convocatoria de diez de agosto de dos mil diecisiete, lo cual inclusive en el supuesto de que se celebre, no implica que la decisión que ahí se llegase a tomar afectará de modo directo e inmediatos los derechos sustantivos del quejoso respecto de las parcelas y/o tierras de la cuales dice tiene derecho, aunado a que pudiere suceder que la referida reunión de asamblea se difiera para otra fecha; de ahí que en la actualidad no se afecta ningún derecho fundamental del quejoso. Es aplicable, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, con número de registro 238970, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Volumen 26, Tercera Parte, visible en la página 13, que a la letra dice: "AGRARIO. ASAMBLEA DE EJIDATARIOS. LA ORDEN PARA QUE SE CELEBRE UNA, NO AFECTA LOS INTERESES JURIDICOS DE LOS INTEGRANTES DEL NUCLEO EJIDAL. La orden o convocatoria para que se celebre una asamblea de ejidatarios, no afecta los intereses jurídicos de éstos, en atención a que tal efecto lo produciría el acuerdo que se tomara en la asamblea; de aquí que el amparo dirigido en contra de tal orden es improcedente, de acuerdo con la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la diversa, por analogía jurídica, emitida por la Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, con número de registro 211234, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Julio de 1994, visible en la página 493, que a la letra dice: "COMISARIADOS EJIDALES, DESCONOCIMIENTO DE LOS, POR LA ASAMBLEA CONVOCADA CON APOYO EN EL DICTAMEN DE LA DIRECCION GENERAL DE AUTORIDADES EJIDALES O DELEGADOS AGRARIOS ESTATALES. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. Las determinaciones de la Asamblea General de Ejidatarios de desconocer a los integrantes del comisariado ejidal del poblado y de nombrar a los nuevos miembros del mismo, deben ser aprobadas por el Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, hoy secretario de la Reforma Agraria, previo dictamen de la Dirección General de Autoridades Ejidales y Comunales, según se desprende del texto de los artículos 10, fracción XI, de la Ley Federal de Reforma Agraria, 6, fracciones IX y X, 83 y 88, fracción IV, del Reglamento Interior del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización. En consecuencia, es claro que los actos reclamados consistentes en el dictamen de la Dirección General de Autoridades Ejidales y Comunales en el expediente administrativo formado al efecto, emitido en el sentido de que debía convocarse a asamblea general de ejidatarios a fin de que tratara lo concerniente a la reorganización del comisariado ejidal, que los delegados agrarios estatales también pueden hacer conforme a los artículos 41, fracciones II y VII, y 42 de la nueva Ley Agraria, así como las convocatorias mismas, no constituyen actos definitivos para los efectos del amparo, el cual sólo sería procedente contra la resolución que, en su caso, llegara a dictar la autoridad competente aprobando la remoción de los citados miembros del comisariado ejidal de sus cargos de autoridades internas del ejido. En consecuencia, el juicio es improcedente y procede sobreseer en el mismo." Por tanto, resulta indudable que los actos reclamados son futuros, probables e inciertos, pues de lo manifestado se advierte que a la fecha no existe privación de la propiedad o posesión del quejoso que dice respecto de las parcelas que defiende en esta vía de amparo. Orienta a lo dicho, por similitud de razones jurídicas, la tesis emitida por otrora Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, con número de registro 246078, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Volumen 42, Séptima Parte, visible en la página 23, que a la letra dice: "AGRARIO. ASAMBLEA DE EJIDATARIOS. CITACION PARA CELEBRARLA. NO AFECTA LOS INTERESES DEL NUCLEO EJIDAL. Las cédulas de notificación expedidas por la autoridad agraria, por medio de las cuales se cita a los miembros de un núcleo de población para una asamblea extraordinaria, por no entrañar actos privativos de posesión, no afectan los intereses jurídicos del ejido quejoso, si se trata de un simple llamado con el objeto de que los ejidatarios comprueben haber cultivado sus tierras, por existir noticias de que las mismas fueron abandonadas; por lo que el amparo que contra esos actos se interpone, resulta improcedente." Lo anterior, cuenta habida que el juicio de amparo es procedente, únicamente cuando el acto reclamado sea concreto, es decir, que exista certeza sobre su realización, por así demostrarlo los actos previos de la autoridad, de suerte tal, que no exista duda de que necesariamente se han de llevar a cabo; hipótesis que, en el caso no se actualiza, pues no es inminente ni cierta su realización, sino que ésta es probable, por actos que según considera el quejoso las autoridades señaladas como responsables llevarán a cabo; por consiguiente, su actualización constituye un acto futuro e incierto. Es aplicable la tesis aislada XX.308 K, Octava Época, con número de registro 209001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XV-1, febrero de 1995, visible en la página 138, que a la letra dice: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACION INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías." De igual manera, tiene aplicable la tesis aislada, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 347430, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XC visible en la página 762, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS INDETERMINADOS Y FUTUROS, AMPARO IMPROCEDENTE. Tratándose de actos indeterminados y futuros, no es posible apreciar el interés jurídico que por ellos pueda resultar afectado en perjuicio del quejoso, y por tal motivo debe sobreseerse en el juicio de garantías con relación a dichos actos, de conformidad con los artículos 73, fracción VI, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Además, se colige que el juicio de amparo sólo procede contra actos reales y concretos de aplicación al momento de presentación de la demanda de amparo, tal como igualmente lo ha sostenido nuestro Alto Tribunal en criterio de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión que señala: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda". Por tanto, bajo ese orden de ideas, resulta evidente que el quejoso sólo trata de prevenirse de actos futuros e inciertos, contra los cuales resulta improcedente el juicio de amparo. De ahí que se insiste, a la fecha de la presentación de la demanda no existe perjuicio alguno en la esfera jurídica del quejoso. Aunado a que, aun en el supuesto de que al día de la fecha se llevare a cabo la asamblea ejidal señalada en la convocatoria de diez de agosto de dos mil diecisiete, y en su caso se emitiere acta de asamblea que el quejoso estime desfavorable a sus intereses, igualmente resultaría improcedente el presente juicio de amparo, ya que de igual modo se actualizaría la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general..". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". De la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de la materia, se advierte que no dispone una causa de improcedencia específica, sino una abierta, que permite decretar la improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo con un supuesto que se actualice, ya sea de algún artículo de la Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, distinto a los mencionados en las primeras fracciones de ese precepto. A su vez, la fracción II del artículo 5, de la Ley de Amparo, establece que es parte en el juicio de amparo la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal: La que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas. Asimismo, se requiere que el acto sea unilateral y obligatorio. Además, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como se ve, para que un ente del estado tenga el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto que se le atribuya haya sido emitido de forma unilateral y sea obligatorio y que a través de él, se creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas. Y por lo que ve a los particulares, tendrán el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando emitan actos con las mismas características antes mencionadas, esto es, que sean unilaterales, y obligatorios, así como que a través de ellos, se creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas; pero además que las funciones de ese particular estén determinadas por una norma general. Luego, si el acto reclamado emitido por el ente del estado o por el particular, no reúne las características destacadas, el juicio de amparo será improcedente. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del rubro y textos siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Por su parte, los artículos 10, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31 y 32 de la Ley Agraria, disponen: "Artículo 10. Los ejidos operan de acuerdo con su reglamento interno, sin más limitaciones en sus actividades que las que dispone la ley. Su reglamento se inscribirá en el Registro Agrario Nacional, y deberá contener las bases generales para la organización económica y social del ejido que se adopten libremente, los requisitos para admitir nuevos ejidatarios, las reglas para el aprovechamiento de las tierras de uso común, así como las demás disposiciones que conforme a esta ley deban ser incluídas en el reglamento y las demás que cada ejido considere pertinentes." "Artículo 21. Son órganos de los ejidos: I. La asamblea; II. El comisariado ejidal; y III. El consejo de vigilancia." "Artículo 22. El órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios. El comisariado ejidal llevará un libro de registro en el que asentará los nombres y datos básicos de identificación de los ejidatarios que integran el núcleo de población ejidal correspondiente. La asamblea revisará los asientos que el comisariado realice conforme a lo que dispone este párrafo." "Artículo 23. La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos: reglamento interno del ejido; II. Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones; III. Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de sus miembros; IV. Cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de poderes y mandatos; V. Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras de uso común; VI. Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido; VII. Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización; VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios; IX. Autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad, en los términos del artículo 75 de esta ley; X. Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común así como su régimen de explotación; XI. División del ejido o su fusión con otros ejidos; XII. Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia; XIII. Conversión del régimen ejidal al régimen comunal; XIV. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva; y XV. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido." "Artículo 24. La asamblea podrá ser convocada por el comisariado ejidal o por el consejo de vigilancia, ya sea a iniciativa propia o si así lo solicitan al menos veinte ejidatarios o el veinte por ciento del total de ejidatarios que integren el núcleo de población ejidal. Si el comisariado o el consejo no lo hicieren en un plazo de cinco días hábiles a partir de la solicitud, el mismo número de ejidatarios podrá solicitar a la Procuraduría Agraria que convoque a la asamblea." "Artículo 26. Para la instalación válida de la asamblea, cuando ésta se reúna por virtud de primera convocatoria, deberán estar presentes cuando menos la mitad más uno de los ejidatarios, salvo que en ella se traten los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23, en cuyo caso deberán estar presentes cuando menos tres cuartas partes de los ejidatarios. Cuando se reúna por virtud de segunda o ulterior convocatoria, la asamblea se celebrará válidamente cualquiera que sea el número de ejidatarios que concurran, salvo en el caso de la asamblea que conozca de los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23, la que quedará instalada únicamente cuando se reúna la mitad más uno de los ejidatarios." "Artículo 27. Las resoluciones de la asamblea se tomarán válidamente por mayoría de votos de los ejidatarios presentes y serán obligatorias para los ausentes y disidentes. En caso de empate el Presidente del comisariado ejidal tendrá voto de calidad. Cuando se trate alguno de los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, se requerirá el voto aprobatorio de dos terceras partes de los asistentes a la asamblea." "Artículo 31. De toda asamblea se levantará el acta correspondiente, que será firmada por los miembros del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia que asistan, así como por los ejidatarios presentes que deseen hacerlo. En caso de que quien deba firmar no pueda hacerlo, imprimirá su huella digital debajo de donde esté escrito su nombre. Cuando exista inconformidad sobre cualesquiera de los acuerdos asentados en el acta, cualquier ejidatario podrá firmar bajo protesta haciendo constar tal hecho. Cuando se trate de la asamblea que discuta los asuntos establecidos en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, el acta deberá ser pasada ante la fe del fedatario público y firmada por el representante de la Procuraduría Registro Agrario Nacional." "Artículo 32. El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente." De los artículos transcritos, se advierte que la asamblea, el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, son órganos de los ejidos, el órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios, la cual podrá ser convocada por el comisariado ejidal o por el consejo de vigilancia, ya sea a iniciativa propia o si así lo solicitan al menos veinte ejidatarios o el veinte por ciento del total de ejidatarios que integren el núcleo de población ejidal. Son facultades de la asamblea, la formulación y modificación del reglamento interno del ejido; aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones; informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de sus miembros; cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de poderes y mandatos; aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras de uso común; distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido; señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización; reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios; autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad, en los términos del artículo 75 de la Ley Agraria; delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común así como su régimen de explotación; división del ejido o su fusión con otros ejidos; terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia; conversión del régimen ejidal al régimen comunal; instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva; y las demás que establezca la ley de esa materia y el reglamento interno del ejido. Las resoluciones de la asamblea se tomarán válidamente por mayoría de votos de los ejidatarios presentes y serán obligatorias para los ausentes y disidentes. Que el comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido, el cual estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Lo antes expuesto permite afirmar que las resoluciones de la asamblea, no se encuentran investidas de facultades de imperio que caracteriza a las autoridades, porque aun y cuando tienen su fundamento en la Ley Agraria, no son actos susceptibles de reclamarse en la vía constitucional, por ser actos de particulares pues regulan su propia vida interna, por lo que no actualiza una relación de supra a subordinación y en las decisiones que adoptan en torno a sus facultades, participan todos los ejidatarios, es decir, que si bien no requieren acudir a los órganos judiciales, sí precisan del consenso de la voluntad de la mayoría de sus miembros, por ende, las determinaciones tomadas por los miembros del Ejido de Santa Rosa Jáuregui, Municipio y Estado de Querétaro, en la asamblea programada para esta fecha, o bien, en una ulterior con motivo de su diferimiento, no constituyen actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que no conlleva el ejercicio de una potestad administrativa, pues las decisiones se toman por la mayoría de sus miembros, esto es, no existe una relación de supra a subordinación. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra en la página 13 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 175-180, Primera Parte, Séptima Época, que dice: "AGRARIO. COMISARIADO EJIDAL. NO TIENE EL CARACTER DE AUTORIDAD, AUNQUE INTERVENGA EN LA APLICACION DE LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA. Aun cuando aparezca que el comisariado ejidal, señalado como autoridad responsable, aplicó los artículos 434, 435, 436 y 437 de la Ley Federal de Reforma Agraria impugnados de inconstitucionales, no puede estimarse que dicha aplicación de la ley sea un acto de autoridad para los efectos de la procedencia del juicio de garantías, sino que se trata de actos de particulares que no pueden ser objeto del juicio de amparo. Respecto de problemas similares, esta Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que los actos efectuados por los comisariados ejidales en cumplimiento de las atribuciones que les confiere la Ley Federal de Reforma Agraria, no son actos susceptibles de reclamarse en la vía constitucional, por ser actos de particulares, ya que dichos órganos actúan únicamente como representantes del núcleo de población ejidal y como administradores de los bienes agrarios, salvo el caso en que ejecuten o pretendan ejecutar acuerdos u órdenes de las autoridades agrarias que afecten o puedan afectar derechos agrarios individuales de los ejidatarios. El comisariado ejidal no aplica la ley como autoridad sino como simple particular, cuando interviene en el procedimiento que establecen los artículos 434, 435, 436 y 437 de la Ley Federal de Reforma Agraria, como simple conciliador en la disputa suscitada entre la quejosa y tercera perjudicada por la posesión de una parcela ejidal, y su actuación se reduce a proponer una solución práctica de avenimiento a las partes en pugna con el objeto de evitar que tengan la necesidad de ocurrir al trámite contencioso agrario que determinan los artículos 438 al 440 de la Ley Federal de Reforma Agraria. En consecuencia, estos actos del comisariado ejidal no son actos de autoridad que lesionen los derechos agrarios de la quejosa y, por consiguiente debe sobreseerse en el juicio, en este aspecto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Asimismo, las diversas tesis aisladas de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparecen publicadas en las páginas 12 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen C, Tercera Parte, Sexta Época y 5371 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXII, Quinta Época, respectivamente, que en su orden establecen: "AGRARIO. COMISARIADOS EJIDALES. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA SUS ACTOS CUANDO ACTUAN COMO PARTICULARES. Los Comisariados Ejidales son de carácter mixto en sus funciones, pues en algunos casos funcionan como autoridad y en otros como un particular, cuando representan a los ejidatarios. Ahora bien, si un comisariado ejidal se concreta simplemente a dar cumplimiento a un acuerdo de la junta general de ejidatarios relativa, realiza con ello un acto de particular, contra el cual no debe promoverse amparo, ya que en tales condiciones, su improcedencia es clara, en atención a que sólo debe enderezarse contra actos de autoridad." "COMISARIADOS EJIDALES. Los comisariados ejidales son de carácter mixto en sus funciones, pues en algunos casos funcionan como autoridad y en otros como un particular, cuando representan a los ejidatarios. Ahora bien, si un comisariado ejidal se concreta simplemente a dar cumplimiento a un acuerdo de la junta general de ejidatarios relativa, realiza con ello un acto particular, contra el cual no debe promoverse amparo, ya que en tales condiciones, su improcedencia es clara, en atención a que sólo debe enderezarse contra actos de autoridad." Confirma lo anterior, acerca de que no se está ante un acto de autoridad, lo dispuesto por el artículo 18, fracción VI, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que prevé que cuando surjan controversias entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecinados entre sí, así como los que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población, es competente para dirimir la indicada controversia surgida entre particulares, el Tribunal Unitario Agrario que corresponda, en concordancia con lo previsto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior la Tesis Aislada VII.2o.A.T.47 A, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página 979, Tomo XVII, Junio de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "EJIDATARIOS. TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA NULIDAD DEL ACTA DE LA ASAMBLEA EJIDAL, AUN CUANDO HAYAN ESTADO AUSENTES EN SU CELEBRACIÓN. Si bien el artículo 27 de la Ley Agraria dispone que las resoluciones de la asamblea tomadas por mayoría de votos de los ejidatarios presentes serán obligatorias para los ausentes y disidentes, ello no debe interpretarse en el sentido de que las mismas son inatacables por los ejidatarios ausentes que se estimen afectados con una decisión de la asamblea, pues la disposición contenida en el precepto citado sólo constituye una sanción interna para los ejidatarios ausentes, consistente en estar obligados a acatar los acuerdos tomados por la mayoría, lo que no les impide impugnar la legalidad, en el plazo conducente, del acuerdo tomado por la asamblea que, en su concepto, les cause alguna lesión a sus derechos agrarios, pues el diverso artículo 61 del mismo ordenamiento legal prevé que los perjudicados en sus derechos en virtud de la asignación de tierras podrán acudir ante el tribunal agrario para deducir individualmente su reclamación, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, conforme al cual los gobernados tienen derecho a que se les administre justicia por tribunales competentes." En esa virtud, válidamente se concluye que si el solicitante de amparo se doliere, en su caso, de la decisión tomada en una acta de asamblea, no se estaría en presencia de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Con base a lo antes expuesto, se actualiza manifiesta e indudablemente las causales de improcedencia inmersas en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 5, fracciones I y II, y 6, todos de la Ley de Amparo, lo que da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere, y, con fundamento en el artículo 12, en relación con el 24 de la ley de la materia, se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que se indican. DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con sustento en el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para practicar cualquier notificación que surjan en el presente asunto, con el fin de no entorpecer el trámite del presente juicio. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Con base en el artículo 73, así como el diverso 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en relación con el diverso 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil cuatro; hágase saber a las partes, que están en aptitud de oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando este órgano jurisdiccional determine si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta si la información correspondiente es considerada o no como reservada en términos de lo previsto en los artículos 13 y 14 de la citada Ley, en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa con oportunidad, conlleva su consentimiento para que la sentencia o determinación respectiva se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Como ejemplo de estas promociones son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo lega....V Notifíquese personalmente a la parte quejosa

  3. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE CITATORIO DE 28/08/2017 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO JOSÉ JACOB SANCHEZ BARCENAS EL AUTO DE 25/08/2017, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: REGISTRO DE EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo promovida por ***** , por violación a los derechos humanos, así como a las garantías para su protección contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo, bajo el número 1130/2017-V; y, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno que al efecto se lleva. DESECHAMIENTO Ahora, en primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda, sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: 1.- Que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este causa sea manifiesta e indudable. Así, dicho precepto, autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio, lo que en la especie acontece, como más adelante se expone. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, página: 730: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." ACTO RECLAMADO Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente: La Cédula de Segunda Convocatoria, emitida por el Comisariado Ejidal del Ejido de Santa Rosa Jáuregui, en Querétaro, en específico sus puntos VI, VII, VIII, IX y X, mediante la cual se pretende llevar a cabo la Asamblea Ejidal programada para el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, en la que posiblemente se asignen las parcelas 577, 578, 579, 581, 582, 586 y 596-A, y la ratificación del dominio pleno sobre dichas parcelas, sobre las 1400 hectáreas o parte de ellas. En ese contexto, el acto reclamado no tiene una ejecución inminente; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, en vigor: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la anterior transcripción se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto de autoridad no causa una afectación real y actual al quejoso. En efecto, el principio de agravio personal y directo implica que la afectación debe ser resentida exactamente por la persona que promueva la demanda respectiva, debiendo derivarse tal afectación precisamente del acto reclamado. Así pues, es procedente el juicio de amparo cuando existe una afectación o lesión en la persona de un gobernado, alterando su patrimonio o sus derechos personales en forma inmediata el acto reclamado. De ahí que, a criterio de este resolutor, en el caso se actualizan dos causas de improcedencia, por un lado el acto que se combate no afecta derechos fundamentales del quejoso; y, por otro lado el acto de que se duele no es real y actual, esto es se trata de un acto futuro e incierto, como se verá a continuación. Ante todo, conviene distinguir entre perjuicio (ahora afectación) e interés jurídico, pues mientras este último lo constituye la titularidad del derecho afectado, el perjuicio lo constituye la existencia de la afectación en esa esfera de derechos. Resulta aplicable la tesis con número de registro 335092, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XLVI, quinta época, visible en la página 4943, que a la letra reza: "PERJUICIO BASE DE AMPARO. El perjuicio que al quejoso causa el acto reclamado, es elemento básico para la procedencia de la acción constitucional, de suerte que si no está justificado dicho perjuicio, el amparo es improcedente". En esa virtud, en el caso se advierte que el acto reclamado por un lado no afecta a la parte quejosa y, por otro lado, tampoco se trata de un acto real y actual en su esfera de derechos. Lo anterior se considera así, ya que el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad que la asamblea de ejidatarios está programada para el día de hoy veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, por lo que a la fecha aún no existe la privación de sus derechos agrarios que estima se verán afectados con la celebración de aquélla, puesto que en esta data posiblemente se llevé a cabo o no la asamblea de ejidatarios señalada en la convocatoria de diez de agosto de dos mil diecisiete, lo cual inclusive en el supuesto de que se celebre, no implica que la decisión que ahí se llegase a tomar afectará de modo directo e inmediatos los derechos sustantivos del quejoso respecto de las parcelas y/o tierras de la cuales dice tiene derecho, aunado a que pudiere suceder que la referida reunión de asamblea se difiera para otra fecha; de ahí que en la actualidad no se afecta ningún derecho fundamental del quejoso. Es aplicable, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, con número de registro 238970, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Volumen 26, Tercera Parte, visible en la página 13, que a la letra dice: "AGRARIO. ASAMBLEA DE EJIDATARIOS. LA ORDEN PARA QUE SE CELEBRE UNA, NO AFECTA LOS INTERESES JURIDICOS DE LOS INTEGRANTES DEL NUCLEO EJIDAL. La orden o convocatoria para que se celebre una asamblea de ejidatarios, no afecta los intereses jurídicos de éstos, en atención a que tal efecto lo produciría el acuerdo que se tomara en la asamblea; de aquí que el amparo dirigido en contra de tal orden es improcedente, de acuerdo con la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la diversa, por analogía jurídica, emitida por la Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, con número de registro 211234, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Julio de 1994, visible en la página 493, que a la letra dice: "COMISARIADOS EJIDALES, DESCONOCIMIENTO DE LOS, POR LA ASAMBLEA CONVOCADA CON APOYO EN EL DICTAMEN DE LA DIRECCION GENERAL DE AUTORIDADES EJIDALES O DELEGADOS AGRARIOS ESTATALES. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. Las determinaciones de la Asamblea General de Ejidatarios de desconocer a los integrantes del comisariado ejidal del poblado y de nombrar a los nuevos miembros del mismo, deben ser aprobadas por el Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, hoy secretario de la Reforma Agraria, previo dictamen de la Dirección General de Autoridades Ejidales y Comunales, según se desprende del texto de los artículos 10, fracción XI, de la Ley Federal de Reforma Agraria, 6, fracciones IX y X, 83 y 88, fracción IV, del Reglamento Interior del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización. En consecuencia, es claro que los actos reclamados consistentes en el dictamen de la Dirección General de Autoridades Ejidales y Comunales en el expediente administrativo formado al efecto, emitido en el sentido de que debía convocarse a asamblea general de ejidatarios a fin de que tratara lo concerniente a la reorganización del comisariado ejidal, que los delegados agrarios estatales también pueden hacer conforme a los artículos 41, fracciones II y VII, y 42 de la nueva Ley Agraria, así como las convocatorias mismas, no constituyen actos definitivos para los efectos del amparo, el cual sólo sería procedente contra la resolución que, en su caso, llegara a dictar la autoridad competente aprobando la remoción de los citados miembros del comisariado ejidal de sus cargos de autoridades internas del ejido. En consecuencia, el juicio es improcedente y procede sobreseer en el mismo." Por tanto, resulta indudable que los actos reclamados son futuros, probables e inciertos, pues de lo manifestado se advierte que a la fecha no existe privación de la propiedad o posesión del quejoso que dice respecto de las parcelas que defiende en esta vía de amparo. Orienta a lo dicho, por similitud de razones jurídicas, la tesis emitida por otrora Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, con número de registro 246078, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Volumen 42, Séptima Parte, visible en la página 23, que a la letra dice: "AGRARIO. ASAMBLEA DE EJIDATARIOS. CITACION PARA CELEBRARLA. NO AFECTA LOS INTERESES DEL NUCLEO EJIDAL. Las cédulas de notificación expedidas por la autoridad agraria, por medio de las cuales se cita a los miembros de un núcleo de población para una asamblea extraordinaria, por no entrañar actos privativos de posesión, no afectan los intereses jurídicos del ejido quejoso, si se trata de un simple llamado con el objeto de que los ejidatarios comprueben haber cultivado sus tierras, por existir noticias de que las mismas fueron abandonadas; por lo que el amparo que contra esos actos se interpone, resulta improcedente." Lo anterior, cuenta habida que el juicio de amparo es procedente, únicamente cuando el acto reclamado sea concreto, es decir, que exista certeza sobre su realización, por así demostrarlo los actos previos de la autoridad, de suerte tal, que no exista duda de que necesariamente se han de llevar a cabo; hipótesis que, en el caso no se actualiza, pues no es inminente ni cierta su realización, sino que ésta es probable, por actos que según considera el quejoso las autoridades señaladas como responsables llevarán a cabo; por consiguiente, su actualización constituye un acto futuro e incierto. Es aplicable la tesis aislada XX.308 K, Octava Época, con número de registro 209001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XV-1, febrero de 1995, visible en la página 138, que a la letra dice: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACION INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías." De igual manera, tiene aplicable la tesis aislada, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 347430, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XC visible en la página 762, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS INDETERMINADOS Y FUTUROS, AMPARO IMPROCEDENTE. Tratándose de actos indeterminados y futuros, no es posible apreciar el interés jurídico que por ellos pueda resultar afectado en perjuicio del quejoso, y por tal motivo debe sobreseerse en el juicio de garantías con relación a dichos actos, de conformidad con los artículos 73, fracción VI, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Además, se colige que el juicio de amparo sólo procede contra actos reales y concretos de aplicación al momento de presentación de la demanda de amparo, tal como igualmente lo ha sostenido nuestro Alto Tribunal en criterio de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión que señala: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda". Por tanto, bajo ese orden de ideas, resulta evidente que el quejoso sólo trata de prevenirse de actos futuros e inciertos, contra los cuales resulta improcedente el juicio de amparo. De ahí que se insiste, a la fecha de la presentación de la demanda no existe perjuicio alguno en la esfera jurídica del quejoso. Aunado a que, aun en el supuesto de que al día de la fecha se llevare a cabo la asamblea ejidal señalada en la convocatoria de diez de agosto de dos mil diecisiete, y en su caso se emitiere acta de asamblea que el quejoso estime desfavorable a sus intereses, igualmente resultaría improcedente el presente juicio de amparo, ya que de igual modo se actualizaría la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general..". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". De la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de la materia, se advierte que no dispone una causa de improcedencia específica, sino una abierta, que permite decretar la improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo con un supuesto que se actualice, ya sea de algún artículo de la Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, distinto a los mencionados en las primeras fracciones de ese precepto. A su vez, la fracción II del artículo 5, de la Ley de Amparo, establece que es parte en el juicio de amparo la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal: La que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas. Asimismo, se requiere que el acto sea unilateral y obligatorio. Además, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como se ve, para que un ente del estado tenga el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto que se le atribuya haya sido emitido de forma unilateral y sea obligatorio y que a través de él, se creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas. Y por lo que ve a los particulares, tendrán el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando emitan actos con las mismas características antes mencionadas, esto es, que sean unilaterales, y obligatorios, así como que a través de ellos, se creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas; pero además que las funciones de ese particular estén determinadas por una norma general. Luego, si el acto reclamado emitido por el ente del estado o por el particular, no reúne las características destacadas, el juicio de amparo será improcedente. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del rubro y textos siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Por su parte, los artículos 10, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31 y 32 de la Ley Agraria, disponen: "Artículo 10. Los ejidos operan de acuerdo con su reglamento interno, sin más limitaciones en sus actividades que las que dispone la ley. Su reglamento se inscribirá en el Registro Agrario Nacional, y deberá contener las bases generales para la organización económica y social del ejido que se adopten libremente, los requisitos para admitir nuevos ejidatarios, las reglas para el aprovechamiento de las tierras de uso común, así como las demás disposiciones que conforme a esta ley deban ser incluídas en el reglamento y las demás que cada ejido considere pertinentes." "Artículo 21. Son órganos de los ejidos: I. La asamblea; II. El comisariado ejidal; y III. El consejo de vigilancia." "Artículo 22. El órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios. El comisariado ejidal llevará un libro de registro en el que asentará los nombres y datos básicos de identificación de los ejidatarios que integran el núcleo de población ejidal correspondiente. La asamblea revisará los asientos que el comisariado realice conforme a lo que dispone este párrafo." "Artículo 23. La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos: reglamento interno del ejido; II. Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones; III. Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de sus miembros; IV. Cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de poderes y mandatos; V. Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras de uso común; VI. Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido; VII. Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización; VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios; IX. Autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad, en los términos del artículo 75 de esta ley; X. Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común así como su régimen de explotación; XI. División del ejido o su fusión con otros ejidos; XII. Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia; XIII. Conversión del régimen ejidal al régimen comunal; XIV. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva; y XV. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido." "Artículo 24. La asamblea podrá ser convocada por el comisariado ejidal o por el consejo de vigilancia, ya sea a iniciativa propia o si así lo solicitan al menos veinte ejidatarios o el veinte por ciento del total de ejidatarios que integren el núcleo de población ejidal. Si el comisariado o el consejo no lo hicieren en un plazo de cinco días hábiles a partir de la solicitud, el mismo número de ejidatarios podrá solicitar a la Procuraduría Agraria que convoque a la asamblea." "Artículo 26. Para la instalación válida de la asamblea, cuando ésta se reúna por virtud de primera convocatoria, deberán estar presentes cuando menos la mitad más uno de los ejidatarios, salvo que en ella se traten los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23, en cuyo caso deberán estar presentes cuando menos tres cuartas partes de los ejidatarios. Cuando se reúna por virtud de segunda o ulterior convocatoria, la asamblea se celebrará válidamente cualquiera que sea el número de ejidatarios que concurran, salvo en el caso de la asamblea que conozca de los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23, la que quedará instalada únicamente cuando se reúna la mitad más uno de los ejidatarios." "Artículo 27. Las resoluciones de la asamblea se tomarán válidamente por mayoría de votos de los ejidatarios presentes y serán obligatorias para los ausentes y disidentes. En caso de empate el Presidente del comisariado ejidal tendrá voto de calidad. Cuando se trate alguno de los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, se requerirá el voto aprobatorio de dos terceras partes de los asistentes a la asamblea." "Artículo 31. De toda asamblea se levantará el acta correspondiente, que será firmada por los miembros del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia que asistan, así como por los ejidatarios presentes que deseen hacerlo. En caso de que quien deba firmar no pueda hacerlo, imprimirá su huella digital debajo de donde esté escrito su nombre. Cuando exista inconformidad sobre cualesquiera de los acuerdos asentados en el acta, cualquier ejidatario podrá firmar bajo protesta haciendo constar tal hecho. Cuando se trate de la asamblea que discuta los asuntos establecidos en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, el acta deberá ser pasada ante la fe del fedatario público y firmada por el representante de la Procuraduría Registro Agrario Nacional." "Artículo 32. El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente." De los artículos transcritos, se advierte que la asamblea, el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, son órganos de los ejidos, el órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios, la cual podrá ser convocada por el comisariado ejidal o por el consejo de vigilancia, ya sea a iniciativa propia o si así lo solicitan al menos veinte ejidatarios o el veinte por ciento del total de ejidatarios que integren el núcleo de población ejidal. Son facultades de la asamblea, la formulación y modificación del reglamento interno del ejido; aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones; informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de sus miembros; cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de poderes y mandatos; aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras de uso común; distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido; señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización; reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios; autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad, en los términos del artículo 75 de la Ley Agraria; delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común así como su régimen de explotación; división del ejido o su fusión con otros ejidos; terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia; conversión del régimen ejidal al régimen comunal; instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva; y las demás que establezca la ley de esa materia y el reglamento interno del ejido. Las resoluciones de la asamblea se tomarán válidamente por mayoría de votos de los ejidatarios presentes y serán obligatorias para los ausentes y disidentes. Que el comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido, el cual estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Lo antes expuesto permite afirmar que las resoluciones de la asamblea, no se encuentran investidas de facultades de imperio que caracteriza a las autoridades, porque aun y cuando tienen su fundamento en la Ley Agraria, no son actos susceptibles de reclamarse en la vía constitucional, por ser actos de particulares pues regulan su propia vida interna, por lo que no actualiza una relación de supra a subordinación y en las decisiones que adoptan en torno a sus facultades, participan todos los ejidatarios, es decir, que si bien no requieren acudir a los órganos judiciales, sí precisan del consenso de la voluntad de la mayoría de sus miembros, por ende, las determinaciones tomadas por los miembros del Ejido de Santa Rosa Jáuregui, Municipio y Estado de Querétaro, en la asamblea programada para esta fecha, o bien, en una ulterior con motivo de su diferimiento, no constituyen actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que no conlleva el ejercicio de una potestad administrativa, pues las decisiones se toman por la mayoría de sus miembros, esto es, no existe una relación de supra a subordinación. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra en la página 13 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 175-180, Primera Parte, Séptima Época, que dice: "AGRARIO. COMISARIADO EJIDAL. NO TIENE EL CARACTER DE AUTORIDAD, AUNQUE INTERVENGA EN LA APLICACION DE LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA. Aun cuando aparezca que el comisariado ejidal, señalado como autoridad responsable, aplicó los artículos 434, 435, 436 y 437 de la Ley Federal de Reforma Agraria impugnados de inconstitucionales, no puede estimarse que dicha aplicación de la ley sea un acto de autoridad para los efectos de la procedencia del juicio de garantías, sino que se trata de actos de particulares que no pueden ser objeto del juicio de amparo. Respecto de problemas similares, esta Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que los actos efectuados por los comisariados ejidales en cumplimiento de las atribuciones que les confiere la Ley Federal de Reforma Agraria, no son actos susceptibles de reclamarse en la vía constitucional, por ser actos de particulares, ya que dichos órganos actúan únicamente como representantes del núcleo de población ejidal y como administradores de los bienes agrarios, salvo el caso en que ejecuten o pretendan ejecutar acuerdos u órdenes de las autoridades agrarias que afecten o puedan afectar derechos agrarios individuales de los ejidatarios. El comisariado ejidal no aplica la ley como autoridad sino como simple particular, cuando interviene en el procedimiento que establecen los artículos 434, 435, 436 y 437 de la Ley Federal de Reforma Agraria, como simple conciliador en la disputa suscitada entre la quejosa y tercera perjudicada por la posesión de una parcela ejidal, y su actuación se reduce a proponer una solución práctica de avenimiento a las partes en pugna con el objeto de evitar que tengan la necesidad de ocurrir al trámite contencioso agrario que determinan los artículos 438 al 440 de la Ley Federal de Reforma Agraria. En consecuencia, estos actos del comisariado ejidal no son actos de autoridad que lesionen los derechos agrarios de la quejosa y, por consiguiente debe sobreseerse en el juicio, en este aspecto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Asimismo, las diversas tesis aisladas de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparecen publicadas en las páginas 12 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen C, Tercera Parte, Sexta Época y 5371 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXII, Quinta Época, respectivamente, que en su orden establecen: "AGRARIO. COMISARIADOS EJIDALES. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA SUS ACTOS CUANDO ACTUAN COMO PARTICULARES. Los Comisariados Ejidales son de carácter mixto en sus funciones, pues en algunos casos funcionan como autoridad y en otros como un particular, cuando representan a los ejidatarios. Ahora bien, si un comisariado ejidal se concreta simplemente a dar cumplimiento a un acuerdo de la junta general de ejidatarios relativa, realiza con ello un acto de particular, contra el cual no debe promoverse amparo, ya que en tales condiciones, su improcedencia es clara, en atención a que sólo debe enderezarse contra actos de autoridad." "COMISARIADOS EJIDALES. Los comisariados ejidales son de carácter mixto en sus funciones, pues en algunos casos funcionan como autoridad y en otros como un particular, cuando representan a los ejidatarios. Ahora bien, si un comisariado ejidal se concreta simplemente a dar cumplimiento a un acuerdo de la junta general de ejidatarios relativa, realiza con ello un acto particular, contra el cual no debe promoverse amparo, ya que en tales condiciones, su improcedencia es clara, en atención a que sólo debe enderezarse contra actos de autoridad." Confirma lo anterior, acerca de que no se está ante un acto de autoridad, lo dispuesto por el artículo 18, fracción VI, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que prevé que cuando surjan controversias entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecinados entre sí, así como los que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población, es competente para dirimir la indicada controversia surgida entre particulares, el Tribunal Unitario Agrario que corresponda, en concordancia con lo previsto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior la Tesis Aislada VII.2o.A.T.47 A, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página 979, Tomo XVII, Junio de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "EJIDATARIOS. TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA NULIDAD DEL ACTA DE LA ASAMBLEA EJIDAL, AUN CUANDO HAYAN ESTADO AUSENTES EN SU CELEBRACIÓN. Si bien el artículo 27 de la Ley Agraria dispone que las resoluciones de la asamblea tomadas por mayoría de votos de los ejidatarios presentes serán obligatorias para los ausentes y disidentes, ello no debe interpretarse en el sentido de que las mismas son inatacables por los ejidatarios ausentes que se estimen afectados con una decisión de la asamblea, pues la disposición contenida en el precepto citado sólo constituye una sanción interna para los ejidatarios ausentes, consistente en estar obligados a acatar los acuerdos tomados por la mayoría, lo que no les impide impugnar la legalidad, en el plazo conducente, del acuerdo tomado por la asamblea que, en su concepto, les cause alguna lesión a sus derechos agrarios, pues el diverso artículo 61 del mismo ordenamiento legal prevé que los perjudicados en sus derechos en virtud de la asignación de tierras podrán acudir ante el tribunal agrario para deducir individualmente su reclamación, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, conforme al cual los gobernados tienen derecho a que se les administre justicia por tribunales competentes." En esa virtud, válidamente se concluye que si el solicitante de amparo se doliere, en su caso, de la decisión tomada en una acta de asamblea, no se estaría en presencia de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Con base a lo antes expuesto, se actualiza manifiesta e indudablemente las causales de improcedencia inmersas en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 5, fracciones I y II, y 6, todos de la Ley de Amparo, lo que da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere, y, con fundamento en el artículo 12, en relación con el 24 de la ley de la materia, se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que se indican. DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con sustento en el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para practicar cualquier notificación que surjan en el presente asunto, con el fin de no entorpecer el trámite del presente juicio. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Con base en el artículo 73, así como el diverso 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en relación con el diverso 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil cuatro; hágase saber a las partes, que están en aptitud de oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando este órgano jurisdiccional determine si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta si la información correspondiente es considerada o no como reservada en términos de lo previsto en los artículos 13 y 14 de la citada Ley, en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa con oportunidad, conlleva su consentimiento para que la sentencia o determinación respectiva se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Como ejemplo de estas promociones son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo lega

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