Jose Jacobo Gutierrez Chavez
Expediente 874/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 874/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 22/09/2021
Partes del expediente
- Jose Jacobo Gutierrez Chavez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos y al advertirse que no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, mediante la cual se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Asimismo, se precisa que no se computa el plazo de las autoridades responsables, toda vez que no están legitimadas para interponer recurso de revisión, pues es inconcuso que el sobreseimiento le es únicamente desfavorable a la parte quejosa y, por ende, no puede producir agravio alguno a las responsables. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una resolución que determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; (...) Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Destino de incidentes de suspensión. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada; por lo que se ubica en la hipótesis prevista en artículo 21, inciso c), del mismo Acuerdo General; razón por la cual, el cuaderno incidental original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia que determinó sobreseer en el juicio y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Andrés Cholula, Puebla, siendo las dieciséis horas con veinte minutos del veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional de pruebas, alegatos y sentencia prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en los autos del juicio de amparo indirecto 874/2021-II; ............ Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se, VII. RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 874/2021-II, promovido por ..., respecto de los actos precisados en el apartado III, por las consideraciones expuestas en el punto IV de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Escrito del quejoso. Agréguese a los presentes autos el escrito del quejoso ...; en atención a su contenido, se provee: Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las documentales que ofrece la parte quejosa en el escrito de cuenta, mismas que se admiten por su propia y especial naturaleza, debiendo darse cuenta con ellas en la audiencia constitucional. Ahora, en relación a la prueba de inspección judicial, lo procedente es desechar dicha prueba, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa. La documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. (.)". De lo anterior, se advierte que las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el día del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. En el caso, la parte quejosa ofrece la prueba inspección judicial que, es considerada como una prueba de las que amerita un desahogo posterior. De ello que el ofrecimiento de la prueba se realizó en forma extemporánea, pues no se ofreció con al menos cinco días de anticipación a la fecha señalada para la audiencia constitucional -dieciséis horas del dieciocho de agosto del presente año-, tal como lo establece la ley de la materia. A fin de robustecer lo sustentado resulta oportuno precisar los antecedentes del presente juicio de amparo, con relación a la prueba de inspección judicial ofertada por la parte quejosa, los cuales son: 1. Mediante auto de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se tuvieron por recibidos los informes justificados de las autoridades responsables, y se ordenó dar vista a las partes con su contenido. 2. Luego, en veintiocho de julio de la anualidad en curso, se difirió la audiencia constitucional señalada para esa data, en virtud de encontrarse transcurriendo el plazo de ocho días otorgado a las partes con motivo de los informes justificados precisados en el punto anterior. 3. Se señalaron las dieciséis horas del dieciocho de agosto del presente año, para la celebración de la audiencia constitucional. 4. En once de agosto de dos mil veintiuno, se hizo de conocimiento de las parte la designación del Secretario en funciones de Juez de Distrito. 5. En dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, al no obrar en autos las constancias de notificación de las partes respecto del auto de once de agosto de dos mil veintiuno, se fijó como nueva fecha para el desahogo de la audiencia constitucional las dieciséis horas con veinte minutos del veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. De lo anterior, se concluye que en diecinueve de julio de dos mil veintiuno se dio vista a las partes con los informes justificados, y luego en veintiocho de julio de la anualidad en curso, al no mediar los ocho días de la vista otorgada, se difirió la audiencia constitucional para las dieciséis horas del dieciocho de agosto del presente año, por lo cual la parte quejosa, en todo caso, debió haber ofrecido la prueba de inspección judicial por lo menos cinco días antes de la diversa fecha señalada -dieciocho de agosto del presente año-, lo que en la especie no aconteció, pues se ofreció de manera por demás extemporánea, es decir, sin que medien los cinco días de ley, pues lo realizó hasta el diecinueve de agosto de este año. Ahora, si bien el dieciocho de agosto del año en curso, se señalaron las dieciséis horas con veinte minutos del veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia de ley, no es procedente tomar la última fecha de la audiencia constitucional para computar los cinco días de anticipación, tomando como base la fecha en que la parte quejosa tuvo conocimiento de los informes justificados. Lo anterior, pues si bien es cierto que la parte quejosa alude que derivado de los informes justificados acordados mediante proveído de diecinueve de julio del presente año, fue que tuvo conocimiento de que las responsables negaron los actos reclamados, también lo es que el veinte de julio de dos mil veintiuno, se le notificó por lista el referido proveído, por lo que la fecha límite para que, en todo caso, la parte quejosa pudiera ofrecer oportunamente la prueba en cuestión fue el diez de agosto de la anualidad en curso. Por los motivos antes mencionados, es inconcuso que la prueba de inspección judicial ofrecida por la parte quejosa resulta extemporánea. Sobre este punto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que cuando no se anuncian oportunamente para la primera audiencia las pruebas pericial, testimonial y de inspección, no pueden ofrecerse posteriormente, porque precluye ese derecho. El criterio del Pleno del Máximo Tribunal del País en el sentido de que las pruebas que necesiten una preparación especial deben ofrecerse con la oportunidad debida, se apoya en dos principios básicos: 1. El de la expeditez del procedimiento de amparo que deriva de su naturaleza sumaria, de acuerdo con el cual, si las mencionadas pruebas no se ofrecen con la anticipación exigida por el citado precepto, ya no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluído ese derecho procesal; y 2. El cimentado en el respeto a la garantía de defensa de la parte oferente, lo que significa que ésta, para gozar de la oportunidad de ofrecer las pruebas aludidas, no sólo debe contar con el plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la audiencia, sino además, que tal plazo se dé a partir de la fecha en que tenga conocimiento del hecho que trate de probar o desvirtuar con dichas probanzas, conocimiento que puede inferirse de los datos y elementos objetivos de los autos. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó el artículo 119 de la Ley de Amparo y estableció, en esencia, que el plazo para el ofrecimiento de las pruebas pericial, testimonial o de inspección judicial, no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, lo cual: a. No viola el derecho a una adecuada defensa; b. No viola el principio de interpretación más favorable a la persona; y, c. No viola el derecho de acceso a la justicia. Por tanto, se desecha de inspección judicial ofrecida por la parte quejosa, en virtud de que fue ofrecida de manera extemporánea. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Escrito del quejoso. Agréguese a los presentes autos el escrito del quejoso ...; en atención a su contenido, se provee: Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las documentales que ofrece la parte quejosa en el escrito de cuenta, mismas que se admiten por su propia y especial naturaleza, debiendo darse cuenta con ellas en la audiencia constitucional. Ahora, en relación a la prueba de inspección judicial, lo procedente es desechar dicha prueba, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa. La documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. (.)". De lo anterior, se advierte que las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el día del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. En el caso, la parte quejosa ofrece la prueba inspección judicial que, es considerada como una prueba de las que amerita un desahogo posterior. De ello que el ofrecimiento de la prueba se realizó en forma extemporánea, pues no se ofreció con al menos cinco días de anticipación a la fecha señalada para la audiencia constitucional -dieciséis horas del dieciocho de agosto del presente año-, tal como lo establece la ley de la materia. A fin de robustecer lo sustentado resulta oportuno precisar los antecedentes del presente juicio de amparo, con relación a la prueba de inspección judicial ofertada por la parte quejosa, los cuales son: 1. Mediante auto de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se tuvieron por recibidos los informes justificados de las autoridades responsables, y se ordenó dar vista a las partes con su contenido. 2. Luego, en veintiocho de julio de la anualidad en curso, se difirió la audiencia constitucional señalada para esa data, en virtud de encontrarse transcurriendo el plazo de ocho días otorgado a las partes con motivo de los informes justificados precisados en el punto anterior. 3. Se señalaron las dieciséis horas del dieciocho de agosto del presente año, para la celebración de la audiencia constitucional. 4. En once de agosto de dos mil veintiuno, se hizo de conocimiento de las parte la designación del Secretario en funciones de Juez de Distrito. 5. En dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, al no obrar en autos las constancias de notificación de las partes respecto del auto de once de agosto de dos mil veintiuno, se fijó como nueva fecha para el desahogo de la audiencia constitucional las dieciséis horas con veinte minutos del veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. De lo anterior, se concluye que en diecinueve de julio de dos mil veintiuno se dio vista a las partes con los informes justificados, y luego en veintiocho de julio de la anualidad en curso, al no mediar los ocho días de la vista otorgada, se difirió la audiencia constitucional para las dieciséis horas del dieciocho de agosto del presente año, por lo cual la parte quejosa, en todo caso, debió haber ofrecido la prueba de inspección judicial por lo menos cinco días antes de la diversa fecha señalada -dieciocho de agosto del presente año-, lo que en la especie no aconteció, pues se ofreció de manera por demás extemporánea, es decir, sin que medien los cinco días de ley, pues lo realizó hasta el diecinueve de agosto de este año. Ahora, si bien el dieciocho de agosto del año en curso, se señalaron las dieciséis horas con veinte minutos del veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia de ley, no es procedente tomar la última fecha de la audiencia constitucional para computar los cinco días de anticipación, tomando como base la fecha en que la parte quejosa tuvo conocimiento de los informes justificados. Lo anterior, pues si bien es cierto que la parte quejosa alude que derivado de los informes justificados acordados mediante proveído de diecinueve de julio del presente año, fue que tuvo conocimiento de que las responsables negaron los actos reclamados, también lo es que el veinte de julio de dos mil veintiuno, se le notificó por lista el referido proveído, por lo que la fecha límite para que, en todo caso, la parte quejosa pudiera ofrecer oportunamente la prueba en cuestión fue el diez de agosto de la anualidad en curso. Por los motivos antes mencionados, es inconcuso que la prueba de inspección judicial ofrecida por la parte quejosa resulta extemporánea. Sobre este punto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que cuando no se anuncian oportunamente para la primera audiencia las pruebas pericial, testimonial y de inspección, no pueden ofrecerse posteriormente, porque precluye ese derecho. El criterio del Pleno del Máximo Tribunal del País en el sentido de que las pruebas que necesiten una preparación especial deben ofrecerse con la oportunidad debida, se apoya en dos principios básicos: 1. El de la expeditez del procedimiento de amparo que deriva de su naturaleza sumaria, de acuerdo con el cual, si las mencionadas pruebas no se ofrecen con la anticipación exigida por el citado precepto, ya no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluído ese derecho procesal; y 2. El cimentado en el respeto a la garantía de defensa de la parte oferente, lo que significa que ésta, para gozar de la oportunidad de ofrecer las pruebas aludidas, no sólo debe contar con el plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la audiencia, sino además, que tal plazo se dé a partir de la fecha en que tenga conocimiento del hecho que trate de probar o desvirtuar con dichas probanzas, conocimiento que puede inferirse de los datos y elementos objetivos de los autos. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó el artículo 119 de la Ley de Amparo y estableció, en esencia, que el plazo para el ofrecimiento de las pruebas pericial, testimonial o de inspección judicial, no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, lo cual: a. No viola el derecho a una adecuada defensa; b. No viola el principio de interpretación más favorable a la persona; y, c. No viola el derecho de acceso a la justicia. Por tanto, se desecha de inspección judicial ofrecida por la parte quejosa, en virtud de que fue ofrecida de manera extemporánea. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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