Jose Jacobo Delfin Ruiz
Expediente 1995/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 20 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1995/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 21/11/2023
Partes del expediente
- Jose Jacobo Delfin Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Ciudad de México, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por el que remite el testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión 1152/2022 de su índice, así como el expediente citado al rubro, y una memoria extraíble (USB), acúsese recibo. Hágase del conocimiento de las partes que el tribunal colegiado resolvió lo siguiente: "[.] PRIMERO. Se CORRIGE la incongruencia advertida y se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al ciudadano ************, en su carácter de particular, así como a la Secretaria de Gobernación, al Director General de Diario Oficial de la Federación, y al Banco de México, precisados en el segundo considerando de la presente ejecutoria. TERCERO. Se DESECHA el recurso interpuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. [.]" Así, del testimonio de la resolución se advierte que el órgano colegiado al estimar que no son ciertos los actos reclamados al presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, así como al ciudadano *********, en su carácter de particular, a la Secretaría de Gobernación, al Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación y al Banco de México con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo sobreseyó en el juicio y respecto del recurso de revisión presentado por el presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, lo desechó por falta de legitimación, como a continuación se trascribe: "[.] Precisado lo anterior, tal como se anticipó, se estima que en la sentencia que se revisa, el Juez de Distrito incurrió en falta de exhaustividad, al no atender lo reclamado al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en la demanda de amparo, consistente en los actos u omisiones por los que ordenara, ejecutara o tratara de ejecutar el decreto tildado de inconstitucionalidad, y los actos relacionados a la fijación de su remuneración en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. Además de los actos reclamados a dicha autoridad en la ampliación de demanda, relativos al envío a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve; las condiciones sugestivas en el sentido de reducir la remuneración, realizadas a los diputados federales del partido político denominado "*******"; la orden de publicación de dicho presupuesto; los actos u omisiones por los que ordene, ejecute o trate de ejecutar, el presupuesto reclamado, con objeto de disminuir las remuneraciones del quejoso; los efectos y consecuencias de la disminución de las remuneraciones de la propia autoridad responsable, con respecto a las remuneraciones del quejoso. Así como en lo que respecta a los actos reclamados en la ampliación de demanda al ciudadano *************, en su carácter de particular, relativos a la preparación y el envío del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve; injerir en atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, para que en dicho presupuesto se fijara su remuneración como Presidente en "$1********** pesos mexicanos"; las consecuencias y efectos que los actos reclamados pudieran tener sobre las remuneraciones del quejoso, de manera particular, en la reducción de las mismas. Y en lo tocante a los actos reclamados en la ampliación de demanda, a las autoridades señaladas con el carácter de ejecutoras, esto es, la Secretaria de Gobernación, el Director General del Diario Oficial de la Federación, y el Banco de México, los cuales tuvieran como efecto y consecuencia el inicio, tramitación y determinación de responsabilidades administrativas y/o penales, con motivo de la aplicación del presupuesto tildado de inconstitucional. Así, este Tribunal Colegiado, en reparación a la inobservancia del principio de exhaustividad en que se incurrió dentro de la sentencia recurrida, procede a realizar el pronunciamiento correspondiente a los actos no atendidos por el juzgador de amparo. Los actos en comento, reclamados al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al ciudadano *************, en su carácter de particular, así como a la Secretaria de Gobernación, al Director General del Diario Oficial de la Federación, y al Banco de México; no son ciertos. [.] Conforme a lo anterior, se estima que no son ciertos los actos reclamados al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, así como al ciudadano *************, en su carácter de particular, y al Banco de México, precisados con antelación, cuyo estudio fue omitido en la sentencia recurrida. Tampoco son ciertos los actos que tuvieran como efecto y consecuencia el inicio, tramitación y determinación de responsabilidades administrativas y/o penales, con motivo de la aplicación del presupuesto tildado de inconstitucional, reclamados en la ampliación de demanda a la Secretaria de Gobernación y al Director General del Diario Oficial de la Federación. [.] Conforme a lo expuesto y fundado, respecto de los actos que no resultan ciertos, resulta procedente SOBRESEER en el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto dentro del artículo 63, fracción IV 41, de la ley de la materia. [.] En la especie, se considera que el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, es improcedente, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 87 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, pues el otorgamiento del amparo y protección de la Justicia de la Unión en la sentencia de amparo que recurre, no le perjudica y, por ello, carece de legitimación. [.]" De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, realícense las anotaciones en el libro de control electrónico. Asimismo, glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión, toda vez que son copia fiel de las constancias que integran este sumario. De igual forma, intégrese a los autos la memoria extraíble (USB) que envía el tribunal colegiado para su resguardo. Ahora, de la resolución dictada el once de octubre de dos mil veintitrés, se advierte que los efectos de la concesión del amparo fueron para lo siguiente: "(.) NOVENO. Efectos del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo para el efecto de que el Banco de México, realice lo siguiente: Deberá dejar insubsistente la aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por lo que, en su caso, deberá devolverle las cantidades retenidas y enteradas al Instituto Mexicano del Seguro Social en cumplimiento al precepto declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018; reintegrándole como parte de sus prestaciones, percepciones extraordinarias u otros conceptos, el pago de las cuotas que fija la ley relativa causadas en razón de las remuneraciones a su cargo, sin los descuentos fundados en la norma referida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de las Condiciones Generales de Trabajo del Banco de México. Asimismo, deberá dejar insubsistentes todos y cada uno de los efectos y consecuencias derivados de la aplicación de la porción normativa declarada inválida por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad referida. (.)" Se requiere cumplimiento de sentencia En tales condiciones, con fundamento en lo que se establece en los artículos 192, párrafo segundo, en el 193 y en el 194 de la Ley de Amparo, se requiere al titular del Banco de México, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumplan con dichos efectos de la sentencia y remitan copia certificada y legible de las constancias que lo acrediten. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no desahogar este requerimiento o manifestar su imposibilidad para hacerlo: 1) Se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida de actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Ley de Amparo. 2) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de esta juzgadora la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. 3) Se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito y, en su caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación inmediata de su puesto y su consignación ante el juez de Distrito competente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento a la responsable que aun cuando deje de ostentar el cargo que desempeña seguirá siendo responsable del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrá ser consignada en términos de lo establecido en la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. En el entendido que: 1. La autoridad responsable debe cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos de lo que se establece en el artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo; lo anterior tiene fundamento en lo dispuesto en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de nuestro más Alto Tribunal: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE APARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la quejosa no hizo manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable Jefe del Servicio de Administración Tributaria; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a resolver, oficiosamente, si la ejecutoria se encuentra cumplida o no, así como si se incurrió en exceso o defecto. En ese sentido, conviene destacar que por acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 40/2018 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en la que se resolvió los recursos de revisión interpuestos en autos y determinó lo siguiente: "Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Quedan intocados el sobreseimiento en el juicio y la negativa de amparo por cuanto hace a los actos atribuidos a las Cámaras de Diputados y Senadores, Presidente de la República, Secretario de Gobernación, Secretario de Hacienda y Crédito Público, Jefe del Servicio de Administración Tributaria y Director general Adjunto del Diario Oficial de la Federación y Comisión de Mejora Regulatoria, conforme a sus respectivas competencias, consistentes en los artículos 17-D, 17-E, 17I, 17-K, 18, 19-A, 28 (en las porciones diversas a la fracción IV), 30 párrafos primero, tercero y cuarto, 42 párrafo primero, fracción IX y párrafos segundo a quinto, 53-B (en las porciones diversas a la fracción IV, segundo párrafo, 83, 84, 134 fracciones I y III, primero y segundo fracciones III y VII transitorios del Código Fiscal de la Federación, conforme a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece; las reglas I.2.2.1, II.2.1.6, II.2.8.3, II.2.8.5, II.2.8.8 y artículo primero transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil trece; las reglas I.2.1.4 párrafo último, I.2.2.5, II.2.8.8 y el artículo primero transitorio de la primera resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de marzo de dos mil catorce; los artículos 11, 33, 34, 35, 61, 62, primero y tercero transitorios del Reglamento del Código Fiscal de la Federación; las reglas I.2.2.7, II.2.8.3 y II.2.8.11 y artículo primero transitorio de la segunda resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de julio de dos mil catorce; las reglas I.2.1.31, I.2.2.7, I.2.12.8, I.2.12.10, I.2.12.12 y I.2.12.14, y artículo primero transitorio de la quinta resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de octubre de dos mil catorce; los artículos 22 fracción IV y primero transitorios de la Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de noviembre de dos mil catorce; los resolutivos tercero, cuarto y quinto de la séptima resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de diciembre de dos mil catorce; las reglas 2.1.7, último párrafo, 2.1.14, 2.2.1, 2.2.5, 2.2.6, 2.8.1.1, 2.8.1.2, 2.8.1.3, 2.8.1.4, 2.8.1.5, 2.8.1.6, 2.8.1.9, 2.8.1.17, 2.12.2, 2.12.3, 2.12.4, 2.12.9 y artículo primero transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil catorce, así como su Anexo 24; los resolutivos cuarto, décimo y artículo primero transitorio de la primera resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de marzo de dos mil quince; la regla 2.8.1.5 y artículo primero transitorio de la segunda resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de mayo de dos mil quince; las reglas 2.2.1, 2.8.1.19 y artículo primero transitorio de la tercera resolución e modificaciones al a Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de julio de dos mil quince; las reglas 2.8.1.4, 2.8.1.5, 2.8.1.9, 2.12.3 y artículo primero transitorio de la cuarta resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de septiembre de dos mil quince; los artículos 42 párrafos quinto a séptimo, 53-B, fracción I, párrafos primero y segundo, fracción II, párrafo segundo, 81 fracción XLI, 82 fracción XXXVIII y primero transitorio del Código Fiscal de la Federación, conforma a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de noviembre de dos mil quince; las reglas 2.1.6, último párrafo, 2.1.15, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.6, 2.2.7, 2.8.1.1, 2.8.1.2, 2.8.1.3, 2.8.1.4, 2.8.1.5, 2.8.1.6, 2.8.1,7, 2.8.1.11, 2.8.1.18, 2.12.2, 2.12.3, 2.12.4, 2.12.9 y artículo único transitorio de la quinta resolución de modificaciones la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de noviembre de dos mil quince; las reglas 2.1.6 último párrafo, 2.1.15, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.6, 2.2.7, 2.8.1.1, 2.8.1.2, 2.8.1.3, 2.8.1.4, 2.8.1.5, 2.8.1.6, 2.8.1.7, 2.8.1.11, 2.8.1.18, 2.12.2, 2.12.3, 2.12.4, 2.12.9 artículo primero transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de dos mil quince, así como su Anexo 24; la regla 2.8.1.19 y artículo primero transitorio de la primera resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de abril de dos mil dieciséis; las reglas 2.1.15, 2.2.1, 2.2.2, 2.12.2, último párrafo, 2.12.3, 2.12.9 y artículo primero transitorio de la segunda resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de mayo de dos mil dieciséis; las reglas 2.2.9, 2.8.1.2, 2.8.1.5, 2.12.2 y artículo primero transitorio de la tercera resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de julio de dos mil dieciséis; Anexo 24 y artículo primero transitorio de la cuarta resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de octubre de dos mil dieciséis; las reglas 2.1.7 segundo párrafo, 2.1.15, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.9, 2.8.1.1, 2.8.1.2, 2.8.1.3, 2.8.1.4, 2.8.1.5, 2.8.1.6, 2.8.1.7, 2.8.1.9, 2.8.1.11, 2.8.1.18, 2.8.1.19, 2.8.1.20, 2.12.2, 2.12.3, 2.12.4, 2.12.9 y artículos primero, décimo primero y trigésimo quinto transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, así como su Anexo 24; referendo y publicación del artículo 53-B fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, conforme a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece y dieciocho de noviembre de dos mil quince; así como la omisión de substanciar el procedimiento de mejora regulatoria y/o el procedimiento relativo a la manifestación de impacto regulatorio, previsto en los artículos 69-A a 69-Q de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, a efecto de elaborar las disposiciones fiscales mencionadas. SEGUNDO. Se confirma la sentencia recurrida en la materia del recurso competencia delegada del tribunal colegiado de circuito. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***********, respecto del artículo 28 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, reclamado a las Cámaras de Diputados y Senadores, y el Presidente de la República CUARTO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***********, en contra del artículo 53-B fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, reclamado a las Cámaras de Diputados y Senadores, y al Presidente de la República, en los términos indicados en la sentencia recurrida." Bajo esas condiciones, tomando en consideración lo resuelto por el tribunal de alzada y con el estado procesal de las actuaciones, por sentencia de trece de diciembre de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional concedió el amparo a las morales quejosas, para los siguientes efectos: "En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Resulta aplicable, el criterio contenido en la Jurisprudencia 2a./J.161/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, aprobada en sesión privada del 19 de octubre de 2016, que a la letra señala: REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Sin que el amparo concedido respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, se haga extensivo a los artículos 61 y 62 de su reglamento; toda vez que dichas disposiciones reglamentarias desarrollan supuestos normativos diversos del procedimiento de fiscalización al que se considera violatorio del derecho fundamental de audiencia de la parte quejosa." Por lo que, en auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional requirió a la autoridad responsable Jefe del Servicio de Administración Tributaria a efecto de que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. ANÁLISIS RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO RESPECTO DEL ARTÍCULO 53-B FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. En acatamiento a lo anterior, mediante oficio enviado por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, informó lo siguiente: "Al respecto, se informa que de una consulta a las bases de datos de la autoridad fiscal, se advierte que a la fecha NO ha sido instaurado el procedimiento de revisión electrónica, a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2016, a las siguientes quejosas: QUEJOSA R.F.C.************* En ese sentido, no existen actos de cobro que dejar insubsistentes para cumplir el fallo protector." En efecto, se advierte que la autoridad responsable Jefe del Servicio de Administración Tributaria, respecto de las morales quejosas, informó que no les fue instaurada revisión electrónica alguna de conformidad con lo previsto en el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación publicado el nueve de diciembre de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación vigente hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. En ese sentido, al advertirse que las morales quejosas fueron omisas en realizar manifestación alguna del oficio que antecede y dado que se advierte que la autoridad responsable Jefe del Servicio de Administración Tributaria manifestó que no ha iniciado procedimiento de fiscalización electrónica en contra de dichos contribuyentes, se concluye que con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara que el cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio ha quedado sin materia, lo que- se insiste- impide que pueda llevarse a cabo el cumplimiento del fallo protector, pues tal decisión deja sin posibilidad de exigir su cumplimiento; por lo que se ordena el archivo del expediente, una vez que adquiera firmeza el presente proveído. Es aplicable por analogía, la tesis (registro digital 2014616) III.2o.C.19 K (10a.), sustentada por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 2909, del .Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. DEBE ESTIMARSE DE IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO (SIN QUE ELLO IMPLIQUE CONTUMACIA O DESACATO ALGUNO), POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA RESPECTIVA, LA RESPONSABLE DA POR CONCLUIDO EL JUICIO DE ORIGEN Y ORDENA SU ARCHIVO DEFINITIVO, POR EL PAGO TOTAL DE LO SENTENCIADO EFECTUADO POR LOS QUEJOSOS, CON LA ANUENCIA DEL ACTOR Y DE LA TERCERO INTERESADA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 196, PÁRRAFO SEGUNDO, IN FINE, DE LA LEY DE AMPARO). De conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, in fine, de la Ley de Amparo, cuando el tribunal de amparo advierta que no está cumplida la ejecutoria que otorgó la protección de la Justicia de la Unión, o que no está total o correctamente cumplida, o bien, se considera de imposible cumplimiento, entonces deberá remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva lo que proceda. En esa medida, si el Juez responsable oportunamente informa al Juez de Distrito que tuvo a los quejosos por realizado el pago total de lo sentenciado en el juicio natural, con la anuencia de la parte actora y de la tercero interesada en el juicio de amparo, por lo que dio por concluido dicho procedimiento; mientras que el juicio de amparo se promovió por los quejosos, precisamente, contra irregularidades cometidas en la interlocutoria de liquidación de sentencia y la protección de la Justicia Federal, fue para el efecto de que se resolviera la planilla de liquidación de sentencia, en forma congruente con la totalidad de las constancias de autos y de manera motivada. En consecuencia, si la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen fue voluntariamente cumplida en su totalidad por los quejosos, con posterioridad a la concesión del amparo, es inconcuso que aun cuando ambas partes omitieran hacer alguna manifestación en cuanto a lo informado por el Juez natural en el sentido de que la actora se dio por satisfecha de las prestaciones reclamadas, tal cumplimiento voluntario de lo sentenciado, trae como consecuencia un cambio de situación jurídica, que implica que queden insubsistentes tanto la sentencia definitiva, como la interlocutoria reclamada y que deba tenerse a ambas partes por conformes con la determinación de existir imposibilidad jurídica de dar cumplimiento al fallo que concedió el amparo, puesto que es evidente que al quedar concluido el procedimiento natural por pago total de lo sentenciado, el Juez responsable está jurídicamente impedido para dictar una nueva interlocutoria para calificar la planilla de liquidación de sentencia, en razón de que ya no existe sentencia definitiva que liquidar y, por ende, tampoco existe la posibilidad legal de pronunciar una nueva interlocutoria, para los efectos que había determinado el Juez de Distrito; de ahí que, en el caso, no es jurídicamente posible cumplir la citada ejecutoria de amparo, por lo que no puede calificarse como contumaz, la actuación del Juez responsable." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, y notifíquese personalmente a la quejosa por conducto de su representante común, la presente determinación, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de la Materia. Finalmente, agréguense a los autos los escritos signados por el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la quejosa, por medio de los cuales solicita la devolución de las documentales exhibidas con su demanda de amparo y señala nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones; por tanto se provee: Como lo solicita el cursante, devuélvase las documentales exhibidas en el juicio de amparo en que se actúa, previa copia certificada que obre en autos para constancia legal. Asimismo, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, reconózcase como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. Lo anterior, sin perjuicio de que la quejosa o su legítimo representante, de manera directa y no a través de un autorizado, puedan solicitar que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, siempre que hubieran obtenido la Firma Electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la quejosa, por conducto de su representante común.
- Principal
Ciudad de México, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio enviado por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual informa que admitió a trámite el recurso planteado por la autoridad responsable Presidente de la República, registrándolo con el número de incidente en revisión 1152/2022, de su índice; de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento. Como lo solicita el tribunal de alzada, notifíquese el auto de veinticuatro de agosto pasado, dictado en el amparo en revisión 1152/2022, de su índice, por oficio a las autoridades responsables y una vez practicadas las mismas, remítanse las constancias respectivas. Asimismo, como lo solicita el Tribunal oficiante, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado, ya que se han incorporado a éste todas la promociones, documentos, autos y resoluciones, el cual está a su disposición en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expedientes (SISE); por tanto, se instruye al personal adscrito a este juzgado, encargado de ese sistema, para que realice las gestiones necesarias para ese efecto. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Ciudad de México, catorce de julio de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio enviado por Director General de Asuntos Contenciosos y Procedimientos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en representación del Presidente de la República, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes, incluido al Fiscal Ejecutivo Asistente, copia del oficio de agravios y dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el original del mismo y el cuaderno principal a los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto del Centro Auxiliar de la Primera Región, en términos del Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por conducto de la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones y de los Tribunales Colegiados de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, para la sustanciación y resolución del medio de impugnación. Como lo solicita la autoridad oficiante, con apoyo en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura y Declaratoria de cinco de julio de dos mil veintiuno, relativa a la entrada en vigor de los servicios en línea previstos en el Convenio de Colaboración para la Interconexión entre los Sistemas Tecnológicos de Gestión Jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, celebrado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, publicado este último el siete de julio de dos mil veintiuno, en consecuencia, se autorizan las notificaciones del presente expediente vía interconexión. Con copia de los recursos de revisión y de esta determinación fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, sin que sea necesario agregar alguna otra constancia, ya que el expediente se encuentra debidamente digitalizado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0). Ahora bien, infórmese a la superioridad que en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado, ya que se han incorporado al mismo todas y cada una de las promociones, documentos, autos y resoluciones, el cual está a su disposición en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por tanto, instrúyase al Analista Jurídico a efecto de que realice lo movimientos informáticos necesarios para tal efecto. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y personalmente a la parte quejosa.
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