José Iván Zapata Tuz
Expediente 1375/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1375/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- José Iván Zapata Tuz
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos y lo de cuenta se acuerda: agréguese al expediente para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, residente en esta capital, con el que acusa recibo del oficio con el que se le envió el juicio de amparo de donde deriva este cuadernillo, junto con las copias de la demanda, con motivo de que este Juzgado se declaró incompetente legalmente para conocer del mismo. Asimismo, comunica que aceptó la competencia declinada a su favor para conocer de la demanda promovida por José Iván Zapata Tuz. Y al no existir diligencias pendientes que acordar en este asunto, y previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expedientillo como asunto totalmente concluido. Por otro lado, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente cuaderno de antecedentes, es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis a que se refiere la fracción l del punto Vigésimo Primero del Acuerdo antes citado, al ser un expediente auxiliar, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, lo que podrá realizarse, una vez transcurridos los seis meses a que se refiere el primer párrafo del punto Vigésimo citado. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por **** contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y de su Presidente, que hace consistir en: La resolución de la tercería excluyente de dominio, de dos de octubre de dos mil dieciocho, derivada del juicio laboral 358/2014. Fórmese expediente, regístrese con el número 1375/2018-VI-A y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, el análisis de la demanda de mérito, permite al suscrito estimar que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer de la misma, surtiéndose por razón de grado a favor del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con sede en esta ciudad, con base en las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 107, fracción III, inciso a), Constitucional, dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado;...". Po su parte, los numerales 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. (.)" "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. (.)". Bajo esa óptica, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de la tercería excluyente de dominio, de dos de octubre de dos mil dieciocho, derivada del juicio laboral 358/2014. Determinación que, dentro de la narrativa plasmada por el quejoso en los conceptos de violación hechos valer en contra del acto reclamado, señaló lo siguiente: ". que el contrato de compraventa exhibido por el promovente de la tercería que se resuelve no ha sido elaborado por un fedatario sino que éste fue elaborado entre las partes, por lo que carece de eficacia probatoria plena, pues si bien fue ratificado ante Notario Público, dada su naturaleza, la participación del fedatario solamente tiene el valor que las layes atribuyen a un "testigo abonado y sin tacha.", lo que se evidencia que se ha emitido la resolución correspondiente en ese juicio. Sobre ese tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 126/2005, concluyó que la sentencia que resuelve la tercería excluyente de dominio, como es la reclamada por la parte quejosa, es impugnable en amparo directo. La jurisprudencia en cita es del tenor siguiente: "TERCERÍAS EXCLUYENTES DE DOMINIO O DE PREFERENCIA DE CRÉDITO EN MATERIA LABORAL. TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE, POR LO QUE LA SENTENCIA QUE LAS RESUELVE ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. De los artículos 976, 977 y 978 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que las tercerías excluyentes de dominio o de preferencia, tanto material como formalmente, tienen la naturaleza de juicio y no de incidente, pese a que el segundo de los preceptos citados establezca que se tramitarán en forma incidental, pues esta mención sólo se refiere a la forma procesal, pero no a su naturaleza sustancial, toda vez que mientras el incidente resuelve generalmente cuestiones de carácter adjetivo, la tercería decide un aspecto sustantivo (la propiedad del bien embargado o la preferencia del crédito reclamado), ajeno a la cuestión ventilada en el juicio del que surge, lo que materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. Además, el tercero es ajeno a la controversia principal y al ejercer la nueva acción debe acreditar un interés propio y distinto al de quienes son parte en aquélla; la nueva acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento singular en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes, y no suspende el curso del juicio preexistente, lo que evidencia que las tercerías excluyentes son formalmente juicios y, por ende, que las resoluciones que las deciden en cuanto al fondo, por tratarse de sentencias definitivas, son impugnables en amparo directo, en términos de los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo" (Novena Época, Registro: 176797, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, Materia(s): Laboral, Página: 952). Consecuentemente, en este asunto se actualiza la hipótesis contenida en la jurisprudencia invocada, ya que se trata de aquéllas que dada su naturaleza deben reclamarse en amparo directo, esto es, conforme a los numerales 34 y 170 fracción I, párrafos primero, segundo y tercero de la Ley de Amparo, dado que se trata de una resolución que puso fin a la tercería excluyente de dominio de que se trata, la cual formal y materialmente, como ya se vio, tiene la naturaleza de juicio y, por tanto, no es jurídicamente factible de reclamarse en amparo indirecto, como lo pretende el promovente. Tiene aplicación a lo anterior la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 126/2005, visible en la página 952, tomo XXII, Octubre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice: "TERCERÍAS EXCLUYENTES DE DOMINIO O DE PREFERENCIA DE CRÉDITO EN MATERIA LABORAL. TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE, POR LO QUE LA SENTENCIA QUE LAS RESUELVE ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. De los artículos 976, 977 y 978 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que las tercerías excluyentes de dominio o de preferencia, tanto material como formalmente, tienen la naturaleza de juicio y no de incidente, pese a que el segundo de los preceptos citados establezca que se tramitarán en forma incidental, pues esta mención sólo se refiere a la forma procesal, pero no a su naturaleza sustancial, toda vez que mientras el incidente resuelve generalmente cuestiones de carácter adjetivo, la tercería decide un aspecto sustantivo (la propiedad del bien embargado o la preferencia del crédito reclamado), ajeno a la cuestión ventilada en el juicio del que surge, lo que materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. Además, el tercero es ajeno a la controversia principal y al ejercer la nueva acción debe acreditar un interés propio y distinto al de quienes son parte en aquélla; la nueva acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento singular en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes, y no suspende el curso del juicio preexistente, lo que evidencia que las tercerías excluyentes son formalmente juicios y, por ende, que las resoluciones que las deciden en cuanto al fondo, por tratarse de sentencias definitivas, son impugnables en amparo directo, en términos de los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo." Así como la diversa tesis XXVII.3o.97 K (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III, Materia(s): Común, Página: 2229 y Registro: 2011118, que dice: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO. NO ES UN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, SINO UN JUICIO AUTÓNOMO. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales dictadas dentro del procedimiento y en relación con las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del mismo procedimiento, que pueda tener por resultado modificarlas, revocarlas o nulificarlas (principio de definitividad de las resoluciones jurisdiccionales). Si esto es así, la tercería excluyente de dominio no reviste en absoluto el carácter de recurso o medio de defensa previsto en la ley ordinaria como parte de la instancia impugnativa del mismo procedimiento, porque los recursos o medios de defensa fungen como remedios jurisdiccionales de las resoluciones emitidas por el juzgador del conocimiento, para regularizar el juicio o anular los vicios del procedimiento, ya sean de forma o de fondo; mientras que la tercería excluyente de dominio tiene los atributos propios de un juicio y no de un recurso o medio de defensa que pueda interponerse dentro del mismo procedimiento. En efecto, en la tercería excluyente de dominio se ejerce una acción distinta a la que se debate en el juicio principal, por lo que la controversia que se discute y decide está relacionada con un problema sustantivo que es diferente al que se controvierte en el procedimiento del que deriva. Además, el actor tercerista es ajeno al debate que se presenta en el juicio del que surge y al ejercer la nueva acción debe acreditar un interés propio y distinto al de quienes son parte en aquél. Tampoco suspende el curso del negocio en que se interpone; se tramita en la vía ordinaria, a través de un procedimiento propio en el que se oye a las partes y se cumplen las formalidades esenciales, lo que materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. En consecuencia, la tercería excluyente de dominio no es un recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, en los términos previstos por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo". En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 y 47 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional DECLARA CARECER DE COMPETENCIA LEGAL para conocer de la demanda de amparo promovida por José Iván Zapata Tuz. Por ello, remítase la demanda original y copias que le acompañan, al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito en esta ciudad, para que provea lo conducente, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Decimocuarto Circuito. Solicítese a la Superioridad de manera atenta, haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional la determinación que se emita con motivo de la presente determinación. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en el escrito de demanda. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Además, de conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Por otro lado, téngase por hecha la manifestación de la parte quejosa de que está anuente y de acuerdo a que aparezcan sus datos personales al publicarse la sentencia ejecutoriada del presente juicio de amparo, en cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. No obstante, se hace saber a las partes que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. De conformidad con lo previsto por la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Por último, fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente y regístrese.
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