José Iván Zantana Paez

Expediente 686/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
686/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
10/07/2019

Partes del expediente

  • José Iván Zantana Paez

Actuaciones

  1. Principal

    ha causado estado la resolución y se ordena el archivo

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio firmado por el Coordinador Área Penal Zona Costa Defensoría Pública Estatal, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en catorce de junio de dos mil diecinueve, propone a la licenciada Mirna Alicia Briceño Gómez, Defensora Pública adscrita a la citada institución, para brindar el servicio de asesoría jurídica al quejoso José Iván Zantana Páez o José Iván Santana Páez. En consecuencia, se asigna a la profesionista antes citada, a efecto de brindar asesoría jurídica al quejoso José Iván Zantana Páez o José Iván Santana Páez, y éste adquiera una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se le presenten en el juicio, en razón a las condiciones restrictivas de libertad en las que se encuentra. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 1o. y 14 Constitucionales, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo, a la referida defensora pública, para que vigile la representación legal de los intereses del quejoso en el asunto que nos ocupa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que la misma deba ser examinada de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número XXIV.2o. J/2 , del rubro siguiente: "PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, PROVISIONAL O DEFINITIVAMENTE. ATENTO A QUE CONFORMA UN GRUPO VULNERABLE POR SU CONDICIÓN DE INTERNO, SI PROMUEVE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU DEMANDA NO SE ADVIERTE QUE HAYA SEÑALADO UN ABOGADO QUE LA REPRESENTE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ASIGNARLE UN DEFENSOR PÚBLICO PARA QUE LA ASESORE ADECUADAMENTE Y SE POTENCIALICE SU DERECHO HUMANO A UNA DEFENSA ADECUADA, YA QUE OMITIRLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO HA DE PRIVILEGIARSE EL EXAMEN DE LA DECISIÓN DE FONDO, AL TRAER CONSIGO MAYOR BENEFICIO AL QUEJOSO." Por consiguiente, resulta procedente turnar los autos al Actuario Judicial de la Adscripción, a fin de que se sirva notificar en forma personal el contenido del presente proveído a la defensora Mirna Alicia Briceño Gómez, adscrita a la Coordinación Área Penal Zona Costa Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, respecto de quien, el remitente señala como domicilio para ser notificada el ubicado en: calle Emiliano Zapata (calle 5ta) número 7951, entre Avenida Mutualismo y Niños Héroes, Zona Centro, de esta ciudad. En el entendido, de que, tomando en consideración que dicha Defensa representará los intereses del quejoso, y tendrá también el carácter de autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, las notificaciones personales previstas en el numeral 26, fracción I, inciso a), de dicha normatividad, podrán practicarse al impetrante, por conducto de la defensora de referencia.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por José Juan Miranda Ramos, por propio derecho, contra actos del Juez de Control Especializado en Ejecución del Partido Judicial en Tecate, Baja California y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 676/2019. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1 fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la misma; sin que sea el caso ordenar el trámite por separado y duplicado del incidente de suspensión relativo, toda vez que no fue solicitado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días de conformidad con lo dispuesto en el numeral 117 de la legislación invocada. Se señalan las diez horas con veintiséis minutos del uno de julio de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Requiérase a la autoridad responsable para que con su informe justificado remita copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, así como de las necesarias para la solución del juicio constitucional, en caso de tener actos que justificar, tal y como lo exige el artículo 117 de la Ley de Amparo; con el apercibimiento que de no rendir el respectivo informe, o de hacerlo sin remitir las constancias antes indicadas, se le impondrá multa de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, en relación con el diverso ordinal 238, de la invocada legislación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se previene a las partes para que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta veces el valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo establecido en el arábigo 251, de la ley de la materia. Ahora, toda vez que de la demanda que nos ocupa, se advierte que el agraviado se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social "El Hongo", con residencia en Tecate, Baja California, todas las notificaciones que deriven del presente asunto, deberán ordenarse en forma personal al agraviado de mérito en términos del numeral en cita, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, como lo solicita el quejoso, al momento de que se le efectúen las notificaciones que en forma personal se ordenen, hágasele entrega de una copia del auto a notificar, lo que deberá asentar el Fedatario Judicial. Por otro lado, se apercibe a la parte quejosa, que de resultar inexistente la autoridad señalada con el carácter de responsable, con la denominación por él indicada, o bien, de resultar imprecisa, sin mayor trámite, se declarará su inexistencia y se suspenderá toda comunicación con la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio I.6º.P.14 K (10ª.) , del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, titulada: "AUTORIDAD RESPONSABLE. PREVIO A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE AMPARO NO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y REQUERIRLO NUEVAMENTE PARA QUE SEÑALE LA DENOMINACIÓN CORRECTA DE AQUÉLLA, SI CON ANTERIORIDAD LO APERCIBIÓ QUE DE NO EXISTIR CON LA DENOMINACIÓN SEÑALADA EN SU DEMANDA O SER ÉSTA IMPRECISA, SIN MAYOR TRÁMITE SE TENDRÍA COMO INEXISTENTE." En otro aspecto, como lo solicita la parte quejosa, tomando en consideración que quien promueve la acción fundamental se encuentra interno en un centro de reclusión, con limitación de su capacidad para representarse por sí mismo, quien además no cuenta con la asistencia jurídica mencionada, la naturaleza del acto reclamado, el cual se hace consistir en la omisión del Juez de Control Especializado en Ejecución del Partido Judicial en Tecate, Baja California, de proveer una nueva fecha para llevar a cabo la audiencia, relativo al cuaderno de ejecución 0027/2018, también al Coordinador de la Defensoría Pública de Ejecución en Tecate, la omisión para desempeñar su trabajo, así como el contenido de los numerales 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 2, fracción I, 14, 20, fracción I, 34, fracción IX y 35 de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, 11, fracción VI y 12 fracción VII, de su Reglamento, se acuerda lo siguiente: Con el objeto de cumplir con el deber constitucional de garantizar el derecho del impetrante a la defensa adecuada, este órgano de control constitucional debe nombrarle un defensor público que lo oriente, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan en el quejoso para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueda tener para los derechos humanos de éste. Apoya a la anterior determinación, la jurisprudencia que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Así como, la jurisprudencia que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, cuyo rubro es del tenor siguiente: "PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, PROVISIONAL O DEFINITIVAMENTE. ATENTO A QUE CONFORMA UN GRUPO VULNERABLE POR SU CONDICIÓN DE INTERNO, SI PROMUEVE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU DEMANDA NO SE ADVIERTE QUE HAYA SEÑALADO UN ABOGADO QUE LA REPRESENTE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ASIGNARLE UN DEFENSOR PÚBLICO PARA QUE LA ASESORE ADECUADAMENTE Y SE POTENCIALICE SU DERECHO HUMANO A UNA DEFENSA ADECUADA, YA QUE OMITIRLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO HA DE PRIVILEGIARSE EL EXAMEN DE LA DECISIÓN DE FONDO, AL TRAER CONSIGO MAYOR BENEFICIO AL QUEJOSO." Por tanto, con apoyo en las porciones normativas aludidas en párrafos supra, se estima procedente requerir al Coordinador Zona Costa de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, para que con apoyo en el numeral 297, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, dentro del término de tres días, designe un defensor público de su adscripción, para que se imponga de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo, vigile y represente los intereses del quejoso. Con el apercibimiento que de no hacerlo así de manera justificada, se le impondrá multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo establecido por el artículo 237 fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, medida de apremio que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir el mandato aquí establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento; sin perjuicio de que en caso de desacato se proceda penalmente en su contra. Acorde a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte, las documentales que adjunta a su escrito de demanda, de las cuales se acordará lo relativo a su admisión y desahogo en la audiencia constitucional. Ahora, como lo solicita el impetrante, hágase la devolución de la prueba documental que acompañó a su escrito de demanda; en atención a lo anterior, con fundamento en el dispositivo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, previa obtención de copia que realice este Juzgado de Distrito, ello tomando en consideración, que el quejoso se encuentra privado de su libertad en un centro de reclusión, lo que hace evidente que no cuenta con los medios para obtener las copias de referencia, en el entendido, de que el diligenciario de la adscripción deberá de recabar constancia de la razón de recibo respectiva en la notificación que de este auto elabore. Sin embargo, toda vez que el numeral que antecede establece que "No objetados, en su oportunidad, los documentos que se presentaren en juicio, o resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hubieren formulado, pueden las partes pedir, en todo tiempo, que se les devuelvan los originales que hubieren presentado dejando, en su lugar, copia certificada."; atendiendo al estado que guardan los presentes autos se advierte que aún no se resuelve el juicio en que se actúa; por tanto, se impone a la parte quejosa la obligación de exhibir la misma, en el momento en que sea requerida por este Juzgado, en caso de que alguna de las partes objete su autenticidad, hasta en tanto quede firme la resolución constitucional pronunciada en autos, con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, quedarán demostrados los hechos que se pretendan probar ante la objeción planteada; medida de apremio que se estima prudente imponer, a fin de cumplir el mandato judicial aquí establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento. Enseguida, con fundamento en la fracción IV, del artículo 5, de la ley de la materia, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete, debiéndole correr traslado con copia simple de la demanda de amparo. En términos del artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito habilita los días y horas inhábiles necesarios a efecto de practicar las notificaciones personales que se deriven de la tramitación del presente asunto. Por último, atento a lo previsto en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los ordinales 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al hacerse pública la sentencia que se dicte en este asunto; apercibidas que de no hacerlo, en la versión pública que se realice de dicha determinación, se suprimirá la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 5, 14, 25, 28, 44, 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.

  4. Principal

    Agréguese el oficio signado por el delegado de las autoridades responsables obligadas al cumplimiento del fallo protector, mediante el cual informa las gestiones realizadas a efecto de cumplir con la ejecutoria de amparo.

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