José Iván Villar Palma

Expediente 656/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 24 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
656/2015
Año
2015
Actuaciones
24
Última actuación
26/02/2016

Partes del expediente

  • José Iván Villar Palma
  • Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Acúsese recibo del oficio 4003, signado por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, a través del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 23/2016-IV (30) de nuestro índice.

  2. Principal

    De la certificación secretarial que antecede se desprende que ya transcurrió el plazo que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes interpusiera recurso de revisión en contra de la resolución emitida el veintidós de enero del presente año, en donde se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Iván Villar Palma.******************** se declara que la expresada resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad archívese como asunto concluido Este expediente es destruible.

  3. Principal

    Se tiene a la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, acusando recibo del exhorto 23/2016-IV (30) de nuestro índice, e informando que procedió a su diligenciación.

  4. Principal

    León, Guanajuato, veintidós de enero de dos mil dieciséis. Autoridad responsable desahoga requerimiento. Se tiene al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 12 CPS-Guanajuato, con sede en Ocampo, desahogando el requerimiento que le fue formulado en proveído de catorce de enero de dos mil dieciséis, por lo que remite las constancias relativas al egreso del quejoso, a lo que se acuerda: Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, en el oficio de cuenta, el Director General del Centro Federal de Readaptación Social 12 CPS-Guanajuato, con sede en Ocampo, Guanajuato, informa que el quejoso en el presente juicio de amparo José Iván Villar Palma, el treinta y uno de diciembre del presente año, egresó del centro de reclusión a su cargo para ser trasladado al Centro de Prevención y Reinserción Social en el Estado de Chihuahua, en cumplimiento al oficio SEGOB/CNS/OADPRS/46171, signado por el licenciado Eduardo Guerrero Durán, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en México, Distrito Federal, mismo que en copia certificada adjuntó al suyo. Asimismo, del estado de autos, se advierte que el acto reclamado en este juicio, el quejoso lo hizo consistir en la falta de atención médica en materia de traumatología dentro del Centro Federal mencionado en primer término. Siendo así, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, toda vez que se advierte actualizada de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, la que por ser una cuestión de orden público, debe analizarse en forma preferente y aun de oficio, según lo dispuesto por el numeral 62 del mismo Ordenamiento. El artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda sufrir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; [.] En términos generales, esta causa de improcedencia se ubica dentro de aquellas en las que la eventual protección de la justicia federal no podría materializarse, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, bajo la peculiaridad de que esa imposibilidad tiene como origen el que haya dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado sobre los cuales éste tuvo eficacia y, consecuentemente, ningún efecto práctico tendría esa restitución. Ciertamente, del análisis de la anterior trascripción se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Ahora bien, para que se actualice este motivo de improcedencia, necesariamente deben reunirse los siguientes elementos: Que el acto reclamado no se haya nulificado, revocado o declarado insubsistente, de tal manera que formalmente exista en la vida jurídica; y, Que con posterioridad a la emisión del acto, por cualquier causa, haya desaparecido su objeto o materia sobre el cual rigió en forma eficaz. De llegar a darse esos requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente, pues aun en el caso de que el peticionario llegare a obtener la protección constitucional, ésta no tendría efectos prácticos, puesto que no habría forma de restituirle sobre un derecho o cosa que ya no existe o no se encuentra en su esfera de intereses. Así, podemos concluir que el motivo de improcedencia en análisis se actualiza cuando los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al amparista en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo de la omisión por parte de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Cobra aplicación al caso, la tesis 2a. XCIX/2000, visible en la página 357, del tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, instancia Segunda Sala, cuyo rubro y texto son: ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. En este contexto, en virtud de que el acto reclamado (la falta de atención médica en materia de oftalmología como interno del CEFERESO 12 CPS Guanajuato), a causa de la orden de egreso del quejoso que fue ejecutada el treinta de uno de diciembre de dos mil quince; es claro que los efectos perniciosos del acto de autoridad impugnado, como sería el negarle la atención médica especializada al quejoso, no se ha concretado en su esfera jurídica, ni se concretarán, en virtud de que el entorno en el cual dicha acto se emitió, se modificó, pues en este momento, el quejoso ya egresó del Centro Federal en donde se le había negado la atención medica que requería. Por ello, se estima que en el caso cobra vigencia la causa de improcedencia a la que nos hemos referido, pues a pesar de que el acto reclamado subsiste, ya que no existe constancia que demuestre fehacientemente lo contrario, no puede surtir efecto legal o material alguno, pues el objeto del mismo dejó de existir. En mérito de lo anterior, es que se estima actualizada de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista por la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ello, como se dijo, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción V del propio cuerpo normativo, se sobresee en el presente juicio de garantías fuera de audiencia. En mérito de lo anterior, se dejan insubsistentes las diez horas con veinte minutos del once de febrero de dos mil dieciséis, señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Envío de exhorto al Juez de Distrito en turno en el Estado de Chihuahua. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordena girar atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, a efecto de que comisione al actuario de su adscripción para que notifique el presente auto al quejoso José Iván Villar Palma, quien se encuentra recluido en el Centro de Prevención y Reinserción Social del Estado de Chihuahua. Se solicita al juez exhortado, que con fundamento en el artículo 282, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2°, habilite días y horas inhábiles para la práctica de la diligencia encomendada. Orden de notificación al Director General de la Secretaría Técnica del Patrimonio Inmobiliario y Asuntos Periciales del Consejo de la Judicatura Federal y al perito oficial. Finalmente, se ordena notificar mediante oficio el presente proveído al Director General de la Secretaría Técnica del Patrimonio Inmobiliario y Asuntos Periciales del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en México, Distrito Federal, para los efectos a que haya lugar, ya que en el presente asunto se encontraba autorizado el pago de honorarios al perito Carlos Gustavo Portillo Rinas. De igual forma, se comisiona a la Actuaria Judicial de la adscripción para que de forma personal, notifique el presente proveído al perito Carlos Gustavo Portillo Rinas, a quién además deberá hacer de su conocimiento que ya no será necesaria la emisión del dictamen encomendado por las razones expuestas en el presente auto. NOTIFÍQUESE; HÁGASE PERSONALMENTE A PERITO OFICIAL CARLOS GUSTAVO PORTILLO RINAS.

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