José Iván Valverde Gutiérrez

Expediente 303/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
303/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
23/03/2023

Partes del expediente

  • José Iván Valverde Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    (3)...Agréguese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco de Juárez, atento a su contenido se le tiene informando que el órgano de su adscripción asumió la competencia planteada mediante auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, respecto de la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales ******************** y ********************, que dio origen al juicio de amparo del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, misma que quedó registrada con el número **** de su índice; circunstancia de la cual toma conocimiento este Juzgado Federal. En consecuencia, previas las anotaciones que obren en el libro de control respectivo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 20, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción después de seis meses.

  2. Principal

    (3) Agréguese el escrito signado por José Iván Valverde Gutiérrez, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales ********* a través del cual solicita el acceso al expediente electrónico y las notificaciones personales a través del usuario ******** Ahora, con fundamento en los artículos 3º, 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones que deban ser personales a la parte quejosa en forma electrónica, asimismo, con fundamento en los artículos 3º y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, 34 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes habilitar la consulta del expediente vía electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por conducto del usuario *************

  3. Principal

    (7)...Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta signados por la Directora General de Normatividad de la Secretaría de Movilidad y Transporte en el Estado de Hidalgo, mediante el cual, en cumplimiento a lo requerido a través de la misiva ************* de veinte de febrero actual, informa que la Secretaría de Movilidad y Transporte no cuenta con archivos físicos ni digitales de antecedentes de bases de concesionarios, permisionarios y de operadores del servicio público del transporte; asimismo, que a efecto de dar cumplimiento a lo solicitado por este órgano jurisdiccional, remitió la misiva en comento al Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo y al Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo, de los que se advierte que no se localizó domicilio a nombre de ******************** coadyuvante respecto al tercero interesado occiso ********************; circunstancia de la cual queda enterado este órgano de control constitucional, reservándose proveer lo conducente hasta en tanto las diversas autoridades requeridas den cumplimiento a lo solicitado.

  4. Principal

    (3) A las nueve horas del día de hoy, se tiene por legalmente notificada a la parte quejosa. . ., del proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, toda vez que no se presentó a notificarse ante este Juzgado Federal, del propio proveído, como se les comunicó en citatorio de dos de marzo del año en curso, lo anterior, en términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. "proveído de veintiocho de febrero pasado: I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por *****, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales *****y *****, contra actos del Juzgado Tercero de lo Familiar de Primera Instancia, con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo y otra(s) autoridad(es). En virtud de que en el presente asunto se alude a menores de edad, únicamente se insertarán las iniciales de sus nombres al momento de hacerse referencia a estos, conforme a lo dispuesto en el Capítulo III, denominado "Reglas y Consideraciones Generales para las y los Juzgadores", punto 6 relativo a la "Privacidad", y 7 relativo a "Medidas para Proteger la Intimidad y Bienestar de Niñas y Niños y Adolescentes", primer párrafo, incisos a), c) y d), todos del Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren a Niñas, Niños y Adolescentes, elaborado por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en marzo de dos mil catorce. II. Creación del expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número *** III. Decisión sobre la acción de amparo. Del contenido de la demanda de amparo, se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer del presente asunto. Con el fin de demostrar esta determinación, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; ." Asimismo, el artículo 37 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de los preceptos constitucional y legal antes trascritos se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan a continuación: a) La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante el que se presenta la demanda, lógicamente, siempre y cuando el acto reclamado haya tenido ejecución dentro de su jurisdicción. c) En el tercer párrafo del precepto en comento, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, es importante evidenciar que el referente que toman en cuenta las dos primeras hipótesis para definir la competencia es la ejecución material del acto reclamado, mientras que la última, por tratarse de actos que carecen de ejecución, tiene como criterio el lugar en que el promovente presente la demanda de amparo. En ese tenor, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar en donde la parte quejosa decidió presentar la demanda de amparo. Respecto a la distinción entre los actos que sí requieren y los que no requieren ejecución material, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 7/2015, determinó lo siguiente: "(.) Dicho precepto (el artículo 37 de la Ley de Amparo) alude a 'ejecución material', como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. (.) Lo expuesto parte de la premisa de que los actos de las autoridades pueden tener cumplimiento o consecuencias de carácter material en lugares distintos a aquellos en que se emiten. (.)" De lo anterior se desprende que la Segunda Sala del Máximo Tribunal ha estimado que por "ejecución material" debe entenderse que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material. Asimismo, se advierte el lineamiento relativo a que la "ejecución material" no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Además, se aprecia que la Segunda Sala del Alto Tribunal ha estipulado que los actos de las autoridades pueden tener cumplimiento o consecuencias de carácter material en lugares distintos a aquellos en que se emiten. Así, de conformidad con los supuestos normativos e interpretación del Máximo Tribunal que existen en materia de competencia por razón de territorio, el Juez de Distrito que conozca de una demanda de amparo, de la que considere carecer de competencia por razón de territorio, debe tener presente la naturaleza del acto reclamado (si requiere ejecución material o carece de ésta), así como sus características fundamentales (acto complejo o simple, con ejecución en diferentes lugares o en un lugar determinado). Lo anterior, para determinar en cuál de las reglas precisadas se ubica el supuesto particular, conforme a los datos que, de manera objetiva y razonable permitan dilucidar la asignación de la competencia relativa, según el momento procesal en que esto deba ocurrir. Entonces, a fin de determinar la competencia legal que corresponde al presente asunto, debe atenderse de manera fundamental a la naturaleza de los actos reclamados, los que en la especie son:  De la autoridad que señala como ordenadora Juzgado Tercero de lo Familiar de Primera Instancia con residencia en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, reclama: la orden continúa o continuada de descuento de pensión alimenticia de veinte de octubre de dos mil veinte, dictada dentro del expediente número *****, dentro del juicio de divorció bilateral (.).  De la autoridad señalada como ejecutora Juzgado Primero de lo Familiar de Primera Instancia con residencia en el Distrito Judicial de Tabares, Estado de Guerrero, Hidalgo, reclama: la ejecución mediante exhorto de la orden continúa o continuada de descuentos de pensión alimenticia dictada por la autoridad ordenadora por auto de veinte de octubre de dos mil veinte (.). Mientras que de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad el quejoso señaló en el punto 6, que tal como lo acredita con el recibo de nómina de salario del uno al quince de febrero de dos mil veintitrés, es empleado del restaurante *****, con domicilio en *****Asimismo, que en su fuente laboral se le indicó que se había ordenado un descuento mucho mayor a su salario al que se le venía descontando, que ahora su descuento sería de alrededor del 50% de su salario neto. Y que en efecto llegada la fecha de pago, en su recibo de nómina se visualizó un descuento por concepto de pensión alimenticia por la cantidad de *****Además, de las constancias que acompañó a su escrito inicial de demanda, se advierte que el promovente tiene su domicilio en *****. De lo anterior, se observa que la orden de descuento de pensión alimenticia fue emitida por el Juzgado Tercero de lo Familiar de Primera Instancia con residencia en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, dentro del expediente número *****de su índice; y, que, la ejecución a dicha orden se está llevando a cabo en Acapulco de Juárez, Guerrero, en virtud del exhorto que el citado Juzgado giró al diverso Juzgado Primero de lo Familiar de Primera Instancia con residencia en el Distrito Judicial de Tabares, Estado de Guerrero, Hidalgo, a fin de que ejecutara el descuento de pensión alimenticia por conducto de la empresa para la que el aquí quejoso labora, esto es, que su fuente laboral se encuentra ubicada en *****. La citada orden de descuento de nómina tiene ejecución material en razón de que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que en la primera quincena del mes de febrero de dos mil veintitrés, visualizó en su recibo de nómina un descuento por concepto de pensión alimenticia por la cantidad de *****. Circunstancias anteriores, que ponen de manifiesto que la competencia territorial resulta a favor de un Juzgado de Distrito en la Ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, por ser la entidad en la que se está ejecutando el descuento de pensión alimenticia que refiere el aquí quejoso. En tal sentido, teniendo en cuenta las constancias que obran en el sumario de amparo, así como hechos manifestados bajo protesta de decir verdad en la demanda, se considera que el juez competente para conocer de la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales *****y *****, es el que radica en donde se esté ejecutando el acto reclamado; y, en el caso, se trata de aquél en el que se encuentra la fuente de trabajo del citado quejoso, así como el lugar de su residencia, es decir, en el Estado de Guerrero. Por lo que, con fundamento en los artículos 107, fracción VII del Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 párrafo primero y 48, ambos de la Ley de Amparo, así como en los Acuerdos Generales 43/2012, 3/2013, 28/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; este órgano jurisdiccional declara que carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la presente demanda de amparo y declina la competencia al Juez de Distrito en turno en el Estado de Guerrero (Acapulco), al ejercer jurisdicción en el lugar donde ha de ejecutarse el acto reclamado. Lo anterior, en acato a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, sin decidir sobre la admisión de la demanda de garantías ni la suspensión de los actos reclamados, en virtud de que éstos no se ubican en la excepción contemplada en dicho precepto, pues no se tratan de alguno que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En esas condiciones, remítase el juicio de amparo en que se actúa, al Juez de Distrito en turno en el Estado de Guerrero (Acapulco), a fin de que si lo estima permitente se avoque al conocimiento y resolución del mismo, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda de derechos y del presente proveído. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Parte quejosa: *****, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales *****y *****. a. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. b. Autorizado(s). Téngase por autorizado(s) en términos restringidos del artículo 12, de la Ley de Amparo a *****, hasta en tanto acredite(n) contar con cédula profesional inscrita en el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que indica, por así solicitarse expresamente. c. Uso de medios electrónicos. Hágase del conocimiento del promovente que no requiere de autorización por parte de este tribunal para hacer uso de los mismos en la consulta del expediente físico. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Asimismo, se requiere a dichos fedatarios para que, al elaborar las síntesis de los acuerdos que deban publicarse en listas, especifiquen en la forma más completa en contenido de las resoluciones emitidas, además de integrar debidamente al expediente físico las razones de las diligencias que practiquen. VI. Exhortación a que hace alusión el artículo 263, fracción II del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, a fin de mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el numeral señalado en párrafo que antecede, se exhorta a las partes a que: I. Continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. VII. Expedición de copias. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes justificados; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. VIII. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad a los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que este juzgado, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, los mismos serán utilizados para su tramitación y registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con fines estadísticos; asimismo, en términos de los diversos 43 a 48 de la ley general en cita, quedan a salvo los derechos de las partes de acceso, ratificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los que podrán ejercitar directamente ante este tribunal, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de transparencia de éste, auxiliar de su Comisión de Transparencia. En todo caso, hágase del conocimiento de las partes que este tribunal presume su oposición a la publicación de sus datos personales y únicamente en caso de solicitud expresa, se obrará en contrario. Finalmente, acorde a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto, entre ellas, las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa, implicará que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 del ordenamiento en cita, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales."

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