José Iván Salinas Lago
Expediente 950/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 950/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 14/02/2023
Partes del expediente
- José Iván Salinas Lago
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Tijuana, Baja California, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la constancia actuarial que antecede de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario de la adscripción de notificar a los quejosos Julio Cesar Zambrano y José Iván Salinas Lago, el proveído de diez de febrero del año en curso; lo anterior, por los motivos ahí expuestos. En razón de lo anterior, se ordena notificar a los quejosos en mención por lista en los estrados de este Juzgado el proveído de diez de febrero del año en curso, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/drm
- Principal
quince de febrero de dos mil veintitrés, quien suscribe licenciado Rufino Salgado Ramírez, actuario adscrito al juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, hago constar; que como esta ordenado en autos, notifiqué por medio de lista que se fijó en los estrados de este Tribunal Federal, el contenido del acuerdo de diez de febrero dos mil veintitrés, a la parte agraviada Julio Cesar Zambrano y José Iván Salinas Lago, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo, y se tiene por legalmente hecha la notificación del referido acuerdo, mismo que en lo conducente dice: Tijuana, Baja California, diez de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese1 a los autos para que obre como corresponda el oficio remitido por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído dos de febrero del año en curso, remitiendo las constancias solicitadas; asimismo, se le tiene designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9º del ordenamiento legal en cita, a quienes menciona y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. En consecuencia, del estado de autos se obtiene que Roberto Méndez Torres, promovió juicio de amparo en favor de Julio Cesar Zambrana y José Iván Salinas Lago, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California en esta ciudad, y de otras autoridades, de la que se desprende que se reclama - esencialmente- detención, deportación, expulsión o repatriación, incomunicación y restricción a la libertad de tránsito en contra de los directamente agraviados Julio Cesar Zambrana y José Iván Salinas Lago. Luego, de las constancias recibida el día de hoy, remitidas por la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California en esta ciudad, consistente en copias certificadas de los Documentos Provisionales del Instituto Nacional de Migración de fecha treinta de noviembre y ocho de diciembre de dos mil veintidós, instruidos a los aquí quejosos Julio Cesar Zambrana y José Iván Salinas Lago, a la que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202, 207 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que en dichos procedimientos, el treinta de noviembre y ocho de diciembre de dos mil veintidós, esto es, posterior a la presentación de la demanda (veintisiete de noviembre de dos mil veintidós), se emitió documento provisional respecto a la salida definitiva de los aquí quejosos, concluyendo que a la fecha los quejosos en mención se encuentran en libertad. Por lo expuesto, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado sus efectos, por las consideraciones siguientes. En principio, es pertinente destacar que -como lo reconoció el Máximo Tribunal del País al analizar la Ley de Amparo abrogada- de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 772 de la ley de la materia, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia invocada se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de los particulares, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Esto es así, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de los particulares que ameriten ser borradas por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. 2 "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, registro 193758, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Ahora bien, en el caso concreto, como se anticipó, la quejosa reclama la detención, deportación, expulsión o repatriación, incomunicación y restricción a la libertad de tránsito. No obstante, de las constancias que obran en autos y que fueron previamente valoradas, se desprende que el treinta de noviembre y ocho de diciembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable emitió documentos provisionales, instruidos a los quejosos Julio Cesar Zambrana y José Iván Salinas Lago, a través de los cuales fueron puestos en libertad concluyendo en esa fecha el alojamiento en la instancia migratoria, por lo que como se dijo han cesado en sus efectos los actos reclamados. Por tanto, si -como se anticipó- el reclamo de los promoventes consiste en la detención, deportación, expulsión o repatriación, incomunicación y restricción a la libertad de tránsito y, a la fecha, se determinó su salida de la estación migratoria, en atención sus solicitudes dentro del procedimiento migratorio, del cual emanaban los actos reclamados y, como consecuencia se permitió a los quejosos abandonar las instalaciones de la autoridad responsable, debe concluirse que han cesado los efectos de los actos reclamados y sus consecuencias pues se han destruido todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que queda sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a las partes y hágase la anotación de rigor en el libro de Juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el pedimento que remite la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional; mediante el cual, solicita el acceso al expediente electrónico; en consecuencia, vista la certificación de cuenta de la que se obtiene que en el módulo de consulta de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro de coincidencia del usuario "********************", correspondiente a ********************, en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, se acuerda favorablemente la solicitud de consulta del expediente electrónico en el presente juicio; asimismo, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones. En virtud de lo anterior, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada de la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que lleve a cabo las gestiones necesarias para conceder el permiso de acceso al expediente electrónico. Finalmente, en conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la Oficina de Correspondencia Común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la Oficina de Correspondencia Común que les presta servicio; se les comunica a las partes que a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, la denominación de este órgano jurisdiccional es Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del cual se desprende que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy; sin embargo, se advierte que a la fecha se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días a fin de que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California con sede en esta ciudad y en representación del Jefe de Asuntos Jurídicos adscrito a la Oficina de Representación, Director, Jefe o Encargado de Despacho de la Estación Migratoria y Subdirector de Control y Verificación Migratoria adscrito a la Oficina de Representación todos del Instituto Nacional de Migración; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las doce horas con diez minutos del dos de febrero de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese.
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