José Ivan Rivera Martínez

Expediente 437/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
437/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
31/05/2021

Partes del expediente

  • José Ivan Rivera Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite el Primer Síndico Municipal y Representante Legal del Ayuntamiento de San Luis Potosí; en atención a su contenido, dígasele que deberá estarse a lo acordado en proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Notifíquese.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE CATORCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO QUE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por José Iván Rivera Martínez, contra un acto de la Junta Especial Treinta y de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con copias que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 437/2021-V. En concepto de esta juzgadora, sobre la omisión reclamada, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que procede desechar la demanda constitucional en términos de la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. De la intelección de los citados preceptos se advierte, que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se promueve contra actos dictados en juicio cuyos efectos no son de imposible reparación. Asimismo, el transcrito artículo 107, fracción V, de la ley de la materia define a los actos de imposible reparación como aquéllos que afectan materialmente los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano es parte. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos, es decir, causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso, de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable. Entonces, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclaman actos cuyos efectos no afectan materialmente en forma directa e inmediata prerrogativas fundamentales, como son la libertad, la propiedad, la posesión, o que la resolución reclamada se hubiere emitido sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, o por autoridad incompetente, de manera verbal, sin fundamentación o motivación, entre otras. En el caso, la parte quejosa reclama de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado la omisión de acordar el escrito que presentó en el juicio laboral 424/2019, en el que -refiere el quejoso bajo protesta de decir verdad- se designó nuevo domicilio procesal, nuevos apoderados legales y solicitó copias simples del expediente de origen, lo que pone de manifiesto que la parte quejosa exclusivamente combate violaciones acaecidas dentro de un procedimiento jurisdiccional. Es de resaltarse que el acto que se impugna no es de aquellos contra los cuales pueda promoverse el juicio de amparo indirecto de manera inmediata por cuanto que no son de ejecución irreparable, puesto que se tratan de violaciones de carácter adjetivo. Dicho en otras palabras, la omisión reclamada no constituye un acto de imposible reparación, pues tal omisión no incide sobre derechos sustantivos de la parte quejosa, sino que sus efectos recaen en el procedimiento natural, por lo que sus consecuencias son procesales, en la medida que de la decisión sobre la designación del nuevo domicilio procesal, nuevos apoderados legales y la expedición de copias simples del expediente de origen, no depende la suerte de todo el juicio natural; por lo que resulta una violación procesal cuyos efectos se extinguen en el caso de obtener una resolución favorable, es decir, el perjuicio formal que le hubiera podido originar el acto reclamado, desaparecerá de obtener un resolución definitiva favorable, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo con tal acto de autoridad. Por consiguiente, ante la notoria e indudable actualización de la causa de improcedencia examinada, lo que procede es desechar la demanda constitucional, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizada en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a la persona que refiere, al tratarse de un asunto en materia de trabajo y el accionante ostentar el carácter de parte actora en el juicio laboral de origen; y únicamente para consultar el expediente e imponerse de los autos, a las diversas que señala, por así solicitarlo. En cambio, resulta improcedente su solicitud de recibir notificaciones al correo electrónico que cita, toda vez que la ley de la materia no contempla aquél como medio oficial para la práctica de notificaciones; no obstante, se toma nota de éste para el efecto de entablar comunicaciones no procesales que de aquí deriven. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Finalmente, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para que continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL).

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