José Ivan Palomo Santos

Expediente 1032/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 11 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1032/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
14/11/2018

Partes del expediente

  • José Ivan Palomo Santos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este asunto el veintitrés de octubre del año que transcurre, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, comuníquese a las autoridades responsables esta determinación y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por auto dictado en este asunto el veintitrés de octubre del año que transcurre, se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, mismo que causó estado con esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en el expediente documento alguno susceptible de devolución exhibido por las partes. De igual manera y en virtud de que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, archívense los cuadernos incidentales por separado y toda vez que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar; en consecuencia, el cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en dicho cuaderno incidental, algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Asimismo, con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, se declara que el duplicado respectivo es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído en los cuadernos incidentales que derivan del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable los discos versátiles digitales que remitió en este asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, únicamente agréguese a los autos el informe justificado de cuenta, toda vez que mediante acuerdo de veintitrés de octubre del año en curso, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, fuera de la audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, guárdese por separado el disco versátil digital que anexó al oficio de cuenta, y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta signado por el Juez de Control de la Primera Región Judicial del Estado de San Luis Potosí; con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, téngase al oficiante desahogando el requerimiento realizado mediante proveído de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable el disco versátil digital que anexó al oficio de cuenta. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, guárdese éste por separado y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda y aclaratorio de esta, se advierte que el quejoso reclama de los Jueces de Control y de Tribunales de Juicio Oral adscritos al Centro Integral de Justicia Penal, Sala Sede Primera Región Judicial; Subprocuraduría Especializada en Atención a Delitos Sexuales, Contra la Familia y Grupos Vulnerables; Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana para la Mujer; y Comisario General de la Policía Ministerial del Estado, la orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución. Por otra parte, atendiendo a lo manifestado por el Juez de Control de la Primera Región Judicial del Estado de San Luis Potosí, y la documental que allegó como medio de prueba, se advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de la Materia, el cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]." Como se puede advertir del dispositivo legal en cita, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. Lo anterior es así, en razón que de la reproducción de la copia certificada del disco versátil que allegó el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral del Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede en San Luis Potosí, el cual contiene el audio y video de la audiencia de vinculación a proceso celebrada el diecinueve de octubre del año en curso, en la causa penal RI/SLP/CP-724/2017, instruida en contra de José Iván Palomo Santos, se advierte que en esa data se dictó auto de vinculación a proceso al referido imputado, por el delito de violación, previsto en el artículo 171, en correlación con el 173 y 177, todos del Código Penal para el Estado de San Luis Potosí, cometido en agravio de la menor de identidad reservada con iniciales P.A.A.M. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de un documento expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la Jurisprudencia número 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que reza: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En ese contexto, si el diecinueve de octubre del año en curso, el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral del Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede en San Luis Potosí, dictó auto de vinculación a proceso en contra al aquí quejoso José Iván Palomo Santos, es claro que se generó un cambio de situación jurídica respecto de la orden de aprehensión reclamada, librada en su contra el tres de septiembre del año en curso y ejecutada el trece de octubre siguiente, puesto que debido a la emisión de la referida determinación, el mandamiento de captura ha sido sustituido por esta última, por lo que deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Corrobora lo expuesto la tesis II.2º. P.20 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que aparece publicada en la página 1287 del Libro XV, Diciembre de 2002, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y testo es el siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados". Asimismo, adquiere aplicación la tesis XVII. 1o.P.A.51 P, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que aparece publicada en la página 2687 del Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y testo es el siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE DICTÓ DICHO AUTO INDEPENDIENTEMENTE DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE LA LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso", sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, tal acontecimiento origina un cambio de situación jurídica porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el indiciado, dado el cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En ese sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo." Por tanto, al haberse actualizado respecto de la orden de aprehensión reclamada, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de la Materia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional por lo que a dicho acto se refiere. Sirve de apoyo la Jurisprudencia I.7º.P. J/3, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página1600, del Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional." El sobreseimiento decretado se hace extensivo al acto atribuido a la autoridad señalada como ejecutora Director General de la Policía Ministerial del Estado (en su denominación correcta), ya que no se combate por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace derivar del acto reclamado a la autoridad judicial responsable, y como ya se vio, en contra de éste procede sobreseer en el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis de Jurisprudencia número 516, sustentada por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, en su anterior integración, visible en la página 339, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS, PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan el carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseer por aquellos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". Por otra parte, la Subprocuradora Especializada en Delitos Sexuales, Contra la Familia y Grupos Vulnerables y la Agente del Ministerio Público adscrito a ésta, negaron la existencia de los actos consistentes en la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso y su ejecución, tal y como se advierte de los informes justificados, respectivos. En tal virtud, al no existir en autos prueba en contrario que desvirtúe estas negativas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de derechos fundamentales, por lo que se refiere a dichas autoridades y los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 284, consultable en la página 236, Tomo VI Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". No sobra señalar que en el caso, el sobreseimiento decretado, no desatiende la Jurisprudencia número 1ª./J.49/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el primero de diciembre de dos mil diecisiete, ubicada en publicación semanal, en la página web del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO", toda vez que se estima la misma no es aplicable al caso concreto, ya que ésta se refiere a actos reclamados, y a la negativa simple de la autoridad, pero no a casos en que se ofrece prueba plena que demuestra que la existencia del acto reclamado es atribuible únicamente a otra autoridad, como en el caso particular. En consecuencia, se sobresee en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las diez horas con diez minutos del treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, quedando sin efecto la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Finalmente, con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese únicamente a estos autos el pedimento suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, toda vez que en este acuerdo se sobreseyó en el juicio en que se actúa fuera de la audiencia constitucional. Como lo solicita, expídasele a su costa copia certificada del acuerdo en que se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia, previa razón que de su recibo se deje en autos. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"RAZÓN. En veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario del Juzgado da cuenta al Juez, con un oficio y un pedimento, registrados con los números de correspondencia interna 16711 y 16744.- Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta signado por el Juez de Control de la Primera Región Judicial del Estado de San Luis Potosí; con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, téngase al oficiante desahogando el requerimiento realizado mediante proveído de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable el disco versátil digital que anexó al oficio de cuenta. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, guárdese éste por separado y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda y aclaratorio de esta, se advierte que el quejoso reclama de los Jueces de Control y de Tribunales de Juicio Oral adscritos al Centro Integral de Justicia Penal, Sala Sede Primera Región Judicial; Subprocuraduría Especializada en Atención a Delitos Sexuales, Contra la Familia y Grupos Vulnerables; Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana para la Mujer; y Comisario General de la Policía Ministerial del Estado, la orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución. Por otra parte, atendiendo a lo manifestado por el Juez de Control de la Primera Región Judicial del Estado de San Luis Potosí, y la documental que allegó como medio de prueba, se advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de la Materia, el cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]." Como se puede advertir del dispositivo legal en cita, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. Lo anterior es así, en razón que de la reproducción de la copia certificada del disco versátil que allegó el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral del Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede en San Luis Potosí, el cual contiene el audio y video de la audiencia de vinculación a proceso celebrada el diecinueve de octubre del año en curso, en la causa penal RI/SLP/CP-724/2017, instruida en contra de José Iván Palomo Santos, se advierte que en esa data se dictó auto de vinculación a proceso al referido imputado, por el delito de violación, previsto en el artículo 171, en correlación con el 173 y 177, todos del Código Penal para el Estado de San Luis Potosí, cometido en agravio de la menor de identidad reservada con iniciales P.A.A.M. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 , 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de un documento expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la Jurisprudencia número 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que reza: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En ese contexto, si el diecinueve de octubre del año en curso, el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral del Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede en San Luis Potosí, dictó auto de vinculación a proceso en contra al aquí quejoso José Iván Palomo Santos, es claro que se generó un cambio de situación jurídica respecto de la orden de aprehensión reclamada, librada en su contra el tres de septiembre del año en curso y ejecutada el trece de octubre siguiente, puesto que debido a la emisión de la referida determinación, el mandamiento de captura ha sido sustituido por esta última, por lo que deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Corrobora lo expuesto la tesis II.2º. P.20 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que aparece publicada en la página 1287 del Libro XV, Diciembre de 2002, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y testo es el siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados". Asimismo, adquiere aplicación la tesis XVII. 1o.P.A.51 P, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que aparece publicada en la página 2687 del Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y testo es el siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE DICTÓ DICHO AUTO INDEPENDIENTEMENTE DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE LA LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso", sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, tal acontecimiento origina un cambio de situación jurídica porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el indiciado, dado el cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En ese sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo." Por tanto, al haberse actualizado respecto de la orden de aprehensión reclamada, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de la Materia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional por lo que a dicho acto se refiere. Sirve de apoyo la Jurisprudencia I.7º.P. J/3, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página1600, del Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional." El sobreseimiento decretado se hace extensivo al acto atribuido a la autoridad señalada como ejecutora Director General de la Policía Ministerial del Estado (en su denominación correcta), ya que no se combate por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace derivar del acto reclamado a la autoridad judicial responsable, y como ya se vio, en contra de éste procede sobreseer en el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis de Jurisprudencia número 516, sustentada por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, en su anterior integración, visible en la página 339, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS, PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan el carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseer por aquellos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". Por otra parte, la Subprocuradora Especializada en Delitos Sexuales, Contra la Familia y Grupos Vulnerables y la Agente del Ministerio Público adscrito a ésta, negaron la existencia de los actos consistentes en la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso y su ejecución, tal y como se advierte de los informes justificados, respectivos. En tal virtud, al no existir en autos prueba en contrario que desvirtúe estas negativas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de derechos fundamentales, por lo que se refiere a dichas autoridades y los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 284, consultable en la página 236, Tomo VI Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". No sobra señalar que en el caso, el sobreseimiento decretado, no desatiende la Jurisprudencia número 1ª./J.49/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el primero de diciembre de dos mil diecisiete, ubicada en publicación semanal, en la página web del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO", toda vez que se estima la misma no es aplicable al caso concreto, ya que ésta se refiere a actos reclamados, y a la negativa simple de la autoridad, pero no a casos en que se ofrece prueba plena que demuestra que la existencia del acto reclamado es atribuible únicamente a otra autoridad, como en el caso particular. En consecuencia, se sobresee en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las diez horas con diez minutos del treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, quedando sin efecto la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Finalmente, con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese únicamente a estos autos el pedimento suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, toda vez que en este acuerdo se sobreseyó en el juicio en que se actúa fuera de la audiencia constitucional. Como lo solicita, expídasele a su costa copia certificada del acuerdo en que se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia, previa razón que de su recibo se deje en autos. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe."

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