José Iván Nepomuceno Zeferino
Expediente 879/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 879/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- José Iván Nepomuceno Zeferino
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de septiembre de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En razón a lo anterior, archívese el presente asunto como concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con apoyo en el artículo 21, inciso d), del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la razón asentada por la actuaria judicial adscrita a este juzgado, de la que se advierte que, por los específicos motivos ahí expuestos no fue posible notificar personalmente al quejoso, el acuerdo de veintinueve de julio del año en curso, en el domicilio proporcionado para oír y recibir notificaciones. En tales circunstancias, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la citada parte quejosa, el auto de veintinueve de julio de dos mil veintidós, así como las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, por medio de la lista de acuerdos, que se publica vía electrónica, así como en los estrados ubicados en las instalaciones que ocupa este órgano jurisdiccional. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la razón asentada por la actuaria judicial adscrita a este juzgado, de la que se advierte que, por los específicos motivos ahí expuestos no fue posible notificar personalmente al quejoso, el acuerdo de veintinueve de julio del año en curso, en el domicilio proporcionado para oír y recibir notificaciones. En tales circunstancias, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la citada parte quejosa, el auto de veintinueve de julio de dos mil veintidós, así como las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, por medio de la lista de acuerdos, que se publica vía electrónica, así como en los estrados ubicados en las instalaciones que ocupa este órgano jurisdiccional. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Recepción de demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por ********, por propio derecho, contra actos del Juez de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en Funciones de Administrador y otras autoridades. Regístrese la demanda en el libro de Gobierno bajo el número 879/2022 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); fórmese el expediente electrónico e impreso. Análisis del escrito de demanda. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de cuenta se advierte que el quejoso se duele de: El auto de vinculación a proceso dictado el nueve de julio de dos mil diecinueve, en la causa penal ******** del índice de la responsable. Las medidas cautelares impuestas en audiencia de nueve de julio de dos mil diecinueve, en la causa penal ******** del índice de la responsable, La citación a la audiencia intermedia, en la causa penal ******** del índice de la responsable, que tendría verificativo a las once horas con quince minutos del veintinueve de julio del año en curso. Causa de improcedencia. En principio, es necesario citar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se obtiene que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. De esa forma, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes; en otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Improcedencia en relación a los actos reclamados consistentes en el auto de vinculación a proceso e imposición de medidas cautelares dictados en la audiencia de nueve de julio de dos mil diecinueve. Ahora bien por lo que hace a los actos reclamados consistentes en: El auto de vinculación a proceso dictado el nueve de julio de dos mil diecinueve, en la causa penal ******** del índice de la responsable; y Las medidas cautelares impuestas en audiencia de nueve de julio de dos mil diecinueve, en la causa penal ******** del índice de la responsable. Es improcedente la demanda de amparo, por haber sido presentada de manera extemporánea, lo cual actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17, primer párrafo, y 18, todos de la Ley de Amparo. En principio, es necesario tener en consideración lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" El arábigo citado, contempla como causa de improcedencia el consentimiento tácito de los actos reclamados, lo cual se actualiza cuando la demanda de amparo no se presenta dentro de los plazos establecidos para tal efecto. Al respecto, el numeral 17, primer párrafo de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: El precepto citado contempla un plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo, el cual debe computarse en términos del artículo 18 de la propia ley, que establece: "Artículo 18.- Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte, el numeral 18 transcrito, se funda en un principio de conocimiento de los actos reclamados y desarrolla a través de tres supuestos la forma de computar el plazo para solicitar el amparo; a saber: 1) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclame o de su ejecución; o, 3) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de la resolución o acuerdo que reclame. Al respecto, cabe mencionar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2008-PL, analizó el numeral 21 de la abrogada Ley de Amparo, el cual es de similar redacción al artículo 18 de la vigente ley, por lo que ese criterio continúa en vigor, en términos de lo dispuesto en el artículo SEXTO transitorio de la actual Ley de Amparo. En la ejecutoria indicada, el Alto Tribunal en lo relacionado al tema que aquí se analiza determinó: Que la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis, implica que los supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Que la esencia del artículo analizado, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación. Que si en autos obra prueba fehaciente de que el quejoso conoció el contenido del acto reclamado íntegramente, con anterioridad a la fecha en que la autoridad responsable le notificó, el cómputo de los quince días, debe realizarse a partir de la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento de aquél. Que si el particular tiene conocimiento, previamente a la notificación que ordena la ley que rige el acto reclamado, a través de cualquier otro medio, como puede ser el momento en que hubiese recibido copias del mismo, es válido que a partir de ese momento inicie el cómputo del plazo para la presentación del juicio de amparo, siempre y cuando se acredite plenamente que el quejoso conoció de manera completa el acto reclamado. Que el inicio del plazo para la presentación del juicio de garantías contra un acto que legalmente debe notificarse, tendrá lugar a partir de que el quejoso tiene pleno conocimiento de éste, o se hace sabedor de él, con independencia de que la ley que lo rige establezca la notificación como medio para darlo a conocer a los interesados que sean parte del juicio. Esa ejecutoria dio origen a la jurisprudencia P./J. 115/2010, registro digital 163172, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, enero de 2011, página 5, novena época, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En el caso concreto, la parte quejosa reclama el auto de vinculación a proceso dictado el nueve de julio de dos mil diecinueve; y las medidas cautelares impuestas en esa audiencia, en la causa penal ******** del índice de la responsable. De esa forma, por la naturaleza de los actos reclamados, el término para interponer el juicio de amparo es de quince días, de conformidad con lo previsto en el artículo 17, primer párrafo de la Ley de Amparo. Al respecto, del escrito inicial de demanda, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, que en la causa penal ********, fue llamado a audiencia inicial, la cual tuvo verificativo el nueve de julio del año dos mil diecinueve, en la que se le vinculó a proceso y se impusieron medidas cautelares. En ese sentido, para verificar la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo, debe considerarse que el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados desde la fecha en que se celebró la audiencia en la que fueron dictados los actos reclamados, esto es, el nueve de julio de dos mil diecinueve; en ese sentido, conforme a lo establecido por los artículos 63 y 82 fracción I, inciso a) y último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cómputo inicia a partir del día siguiente al que se hayan realizado, como lo establece el primer párrafo del citado precepto legal. Lo expuesto tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 10/2017 (10a.), registro digital 2014200, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 42, mayo de 2017, tomo I, página 8, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES. POR REGLA GENERAL SURTEN SUS EFECTOS EN EL MOMENTO EN EL QUE SE PRACTICAN, SALVO DISPOSICIÓN LEGAL EXPRESA. La notificación es el acto procesal mediante el cual el órgano jurisdiccional da a conocer a las partes algún acontecimiento dentro del procedimiento y se materializa a través de la diligencia practicada por un funcionario con fe pública, por lo que goza de presunción de legalidad y es eficaz desde su emisión; de ahí que como acto público con fecha cierta, válidamente produce sus efectos desde que se practica, por lo que para generar consecuencias distintas, es necesario que la ley disponga la forma en que deben producirse sus efectos. En ese sentido, el surtimiento de efectos de la notificación se entiende como la posibilidad de que dicha diligencia pueda incidir en la esfera de alguna de las partes, con la finalidad de que conozca lo que acontece en el juicio y, en su caso, empiecen a correr los plazos para hacer valer algún derecho. Así, aun cuando las normas no señalen expresamente en el capítulo de notificaciones el momento en que surtirán sus efectos, debe entenderse que es aplicable la regla general relativa a que ello acontece en el momento en el que se practican, de manera que los cómputos inician a partir del día siguiente de haberse realizado, salvo disposición legal expresa." Por lo cual, el plazo de quince días para presentar la demanda transcurrió del jueves once al miércoles treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, sin tomar en consideración los días intermedios trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete, y veintiocho de julio de ese año, por corresponder a sábados y domingos; inhábiles en términos con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la demanda de amparo se depositó en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec el veintisiete de julio de dos mil veintidós (fojas 2 a 18 del juicio de amparo), es evidente que su presentación resulta extemporánea. Primera decisión. En mérito de lo expuesto, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de la propia ley, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata respecto de los actos en estudio, consistentes en el auto de vinculación a proceso e imposición de medidas cautelares dictados en la audiencia de nueve de julio de dos mil diecinueve, en la causa penal OAX/000123/2019, del índice del juzgado responsable. Improcedencia respecto del acto reclamado consistente en la citación a la audiencia intermedia. Ahora, en relación al acto reclamado consistente en la citación a la audiencia intermedia, en la causa penal ******** del índice de la responsable, se advierte que en la especie se actualiza de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De los preceptos transcritos se obtiene que los actos procesales tienen ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución, como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio; y en este caso, el amparo indirecto es procedente. En cambio, contra los actos del procedimiento de ejecución reparable, no procede el amparo indirecto, puesto que no trastocan tales derechos, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses del agraviado, actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes en el procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Al respecto, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales regula las etapas del procedimiento penal acusatorio y oral, al disponer: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme." En ese tenor, dado que en el caso se reclaman actos efectuados en la segunda etapa del proceso, pues de los antecedentes del acto reclamado que relató el quejoso bajo protesta de decir verdad, se advierte que mediante oficio 794/2019 de uno de octubre de dos mil diecinueve, la representación social formuló acusación, y el acto reclamado está relacionado con la citación a la audiencia intermedia, debe señalarse que ésta se verifica ante el juez de control y tiene por objeto conocer la acusación, ofrecer y admitir o rechazar los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos. El desarrollo de esta etapa también se divide en dos partes, a saber: una escrita, que inició con la presentación de la acusación y comprenderá los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia; otra oral, que inicia con la celebración de esa audiencia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio oral. Luego, como cada una de las etapas del procedimiento tiene un especial objetivo, el cual, una vez cumplido y agotados los recursos ordinarios y extraordinarios que en su caso procedan, debe considerarse concluida; de manera que los temas que en cada una se analizan, ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la etapa procesal siguiente. De ahí, que la citación para la celebración de la audiencia intermedia reclamada, no irroga un daño irreparable actual al quejoso, sino que la afectación a su esfera jurídica está sujeta a factores cuya verificación se desconoce, tales como que efectivamente los medios de prueba se desahoguen, la forma en que dicho desahogo se verifique y, desde luego, que el tribunal de enjuiciamiento los considere como prueba de cargo contra el procesado al emitir la sentencia en la audiencia de juicio oral. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado solo produce una afectación de índole procesal que no viola derechos sustantivos, pues de obtener sentencia favorable, la probable afectación habrá desaparecido de la esfera jurídica del impetrante. Entonces, la circunstancia de que una violación procesal ya no pueda ser examinada en un momento posterior, no la torna de imposible reparación, pues inclusive no todas las violaciones procesales son susceptibles de análisis a través del amparo, debido a que para la procedencia del amparo indirecto es menester que se vulneren derechos sustantivos (artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo) y para el amparo directo, que hayan trascendido al resultado del fallo (artículo 171 del mismo ordenamiento legal). Sirve de apoyo, la tesis XVII.1o.P.A.37 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 35, octubre de 2016, tomo IV, página 2840, de contenido: "AUDIENCIA DE CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA Y FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN. CONTRA LA OMISIÓN DE REQUERIR LA PRESENCIA FORMAL Y MATERIAL DEL IMPUTADO PARA SU CELEBRACIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO SER UN ACTO QUE TENGA UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR NO AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de sus derechos, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Por lo que los actos deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo estrictamente procesal, es decir, que produzcan una afectación material de derechos sustantivos del gobernado. En efecto, los derechos afectados por el acto de autoridad deben revestir la categoría de derechos sustantivos, definición antagónica o contraria a los de naturaleza formal o adjetiva, entendidos éstos como aquellos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, si el acto reclamado es la omisión de requerir la presencia formal y material del imputado para la audiencia de cierre de la investigación complementaria y formulación de acusación, el juicio de amparo indirecto es improcedente conforme a la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el citado artículo 107, fracción V, de la propia ley, al no ser un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, porque sus consecuencias no afectan materialmente ninguno de los derechos fundamentales del quejoso tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte." A mayor abundamiento, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, consideró que la citación a la audiencia inicial, por sí sola no es un acto que afecte la libertad de la persona a la que se dirige, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia. De igual forma, la propia Sala precisó que no era óbice a su determinación, el hecho de que en caso de que la persona citada no compareciera injustificadamente a la audiencia, pudiera ordenarse una comparecencia forzosa, porque esa situación resulta un acto futuro de realización incierta, condicionado a que la persona citada no asista sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública; por lo que la citación, es un acto de comunicación que como tal, no incide en la libertad personal del citado, por ello, determinó que contra esos actos, era improcedente el juicio de amparo. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, página 239, de rubro: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J.93/2013 [10a.)]." Si bien, en el presente caso el acto reclamado no se trata de una citación a la audiencia inicial, sí consiste en un citatorio a la audiencia intermedia, motivo por el cual, deben prevalecer las razones que sustentaron la jurisprudencia en cita, para considerar improcedente el juicio de amparo contra ese tipo de actos, al no resultar un acto que afecte la libertad de la persona a la que se dirige, al tratarse de una simple comunicación del Juez para dar continuidad al juicio. Segunda decisión. En mérito de lo expuesto, lo procedente es desechar la demanda de amparo respecto del acto reclamado consistente en la citación a la audiencia intermedia, dentro de la causa penal ******** del índice de la responsable, al encontrarse actualizada de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Domicilio y Autorizados. Se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, para oír y recibir notificaciones, el que indica para tal efecto en su demanda de amparo, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la materia a ******** toda vez que, tiene registrada cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las restantes personas que menciona, ello, por no contar con cédula registrada en dicho sistema computarizado. Comunicaciones no procesales. Con fundamento en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toma nota del correo electrónico y número telefónico que proporciona, para entablar, únicamente comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, en su caso, de ser necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. Medios electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa constancia que de ello se asiente en autos. Tiene aplicación al caso la tesis: I.3o.C.725 C, visible en la página 2847, tomo XXIX, marzo de 2009, novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Gratuidad en el servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente al quejoso y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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Recepción de demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por ********, por propio derecho, contra actos del Juez de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en Funciones de Administrador y otras autoridades. Regístrese la demanda en el libro de Gobierno bajo el número 879/2022 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); fórmese el expediente electrónico e impreso. Análisis del escrito de demanda. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de cuenta se advierte que el quejoso se duele de: El auto de vinculación a proceso dictado el nueve de julio de dos mil diecinueve, en la causa penal ******** del índice de la responsable. Las medidas cautelares impuestas en audiencia de nueve de julio de dos mil diecinueve, en la causa penal ******** del índice de la responsable, La citación a la audiencia intermedia, en la causa penal ******** del índice de la responsable, que tendría verificativo a las once horas con quince minutos del veintinueve de julio del año en curso. Causa de improcedencia. En principio, es necesario citar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se obtiene que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. De esa forma, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes; en otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Improcedencia en relación a los actos reclamados consistentes en el auto de vinculación a proceso e imposición de medidas cautelares dictados en la audiencia de nueve de julio de dos mil diecinueve. Ahora bien por lo que hace a los actos reclamados consistentes en: El auto de vinculación a proceso dictado el nueve de julio de dos mil diecinueve, en la causa penal ******** del índice de la responsable; y Las medidas cautelares impuestas en audiencia de nueve de julio de dos mil diecinueve, en la causa penal ******** del índice de la responsable. Es improcedente la demanda de amparo, por haber sido presentada de manera extemporánea, lo cual actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17, primer párrafo, y 18, todos de la Ley de Amparo. En principio, es necesario tener en consideración lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" El arábigo citado, contempla como causa de improcedencia el consentimiento tácito de los actos reclamados, lo cual se actualiza cuando la demanda de amparo no se presenta dentro de los plazos establecidos para tal efecto. Al respecto, el numeral 17, primer párrafo de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: El precepto citado contempla un plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo, el cual debe computarse en términos del artículo 18 de la propia ley, que establece: "Artículo 18.- Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte, el numeral 18 transcrito, se funda en un principio de conocimiento de los actos reclamados y desarrolla a través de tres supuestos la forma de computar el plazo para solicitar el amparo; a saber: 1) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclame o de su ejecución; o, 3) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de la resolución o acuerdo que reclame. Al respecto, cabe mencionar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2008-PL, analizó el numeral 21 de la abrogada Ley de Amparo, el cual es de similar redacción al artículo 18 de la vigente ley, por lo que ese criterio continúa en vigor, en términos de lo dispuesto en el artículo SEXTO transitorio de la actual Ley de Amparo. En la ejecutoria indicada, el Alto Tribunal en lo relacionado al tema que aquí se analiza determinó: Que la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis, implica que los supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Que la esencia del artículo analizado, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación. Que si en autos obra prueba fehaciente de que el quejoso conoció el contenido del acto reclamado íntegramente, con anterioridad a la fecha en que la autoridad responsable le notificó, el cómputo de los quince días, debe realizarse a partir de la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento de aquél. Que si el particular tiene conocimiento, previamente a la notificación que ordena la ley que rige el acto reclamado, a través de cualquier otro medio, como puede ser el momento en que hubiese recibido copias del mismo, es válido que a partir de ese momento inicie el cómputo del plazo para la presentación del juicio de amparo, siempre y cuando se acredite plenamente que el quejoso conoció de manera completa el acto reclamado. Que el inicio del plazo para la presentación del juicio de garantías contra un acto que legalmente debe notificarse, tendrá lugar a partir de que el quejoso tiene pleno conocimiento de éste, o se hace sabedor de él, con independencia de que la ley que lo rige establezca la notificación como medio para darlo a conocer a los interesados que sean parte del juicio. Esa ejecutoria dio origen a la jurisprudencia P./J. 115/2010, registro digital 163172, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, enero de 2011, página 5, novena época, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En el caso concreto, la parte quejosa reclama el auto de vinculación a proceso dictado el nueve de julio de dos mil diecinueve; y las medidas cautelares impuestas en esa audiencia, en la causa penal ******** del índice de la responsable. De esa forma, por la naturaleza de los actos reclamados, el término para interponer el juicio de amparo es de quince días, de conformidad con lo previsto en el artículo 17, primer párrafo de la Ley de Amparo. Al respecto, del escrito inicial de demanda, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, que en la causa penal ********, fue llamado a audiencia inicial, la cual tuvo verificativo el nueve de julio del año dos mil diecinueve, en la que se le vinculó a proceso y se impusieron medidas cautelares. En ese sentido, para verificar la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo, debe considerarse que el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados desde la fecha en que se celebró la audiencia en la que fueron dictados los actos reclamados, esto es, el nueve de julio de dos mil diecinueve; en ese sentido, conforme a lo establecido por los artículos 63 y 82 fracción I, inciso a) y último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cómputo inicia a partir del día siguiente al que se hayan realizado, como lo establece el primer párrafo del citado precepto legal. Lo expuesto tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 10/2017 (10a.), registro digital 2014200, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 42, mayo de 2017, tomo I, página 8, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES. POR REGLA GENERAL SURTEN SUS EFECTOS EN EL MOMENTO EN EL QUE SE PRACTICAN, SALVO DISPOSICIÓN LEGAL EXPRESA. La notificación es el acto procesal mediante el cual el órgano jurisdiccional da a conocer a las partes algún acontecimiento dentro del procedimiento y se materializa a través de la diligencia practicada por un funcionario con fe pública, por lo que goza de presunción de legalidad y es eficaz desde su emisión; de ahí que como acto público con fecha cierta, válidamente produce sus efectos desde que se practica, por lo que para generar consecuencias distintas, es necesario que la ley disponga la forma en que deben producirse sus efectos. En ese sentido, el surtimiento de efectos de la notificación se entiende como la posibilidad de que dicha diligencia pueda incidir en la esfera de alguna de las partes, con la finalidad de que conozca lo que acontece en el juicio y, en su caso, empiecen a correr los plazos para hacer valer algún derecho. Así, aun cuando las normas no señalen expresamente en el capítulo de notificaciones el momento en que surtirán sus efectos, debe entenderse que es aplicable la regla general relativa a que ello acontece en el momento en el que se practican, de manera que los cómputos inician a partir del día siguiente de haberse realizado, salvo disposición legal expresa." Por lo cual, el plazo de quince días para presentar la demanda transcurrió del jueves once al miércoles treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, sin tomar en consideración los días intermedios trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete, y veintiocho de julio de ese año, por corresponder a sábados y domingos; inhábiles en términos con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la demanda de amparo se depositó en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec el veintisiete de julio de dos mil veintidós (fojas 2 a 18 del juicio de amparo), es evidente que su presentación resulta extemporánea. Primera decisión. En mérito de lo expuesto, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de la propia ley, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata respecto de los actos en estudio, consistentes en el auto de vinculación a proceso e imposición de medidas cautelares dictados en la audiencia de nueve de julio de dos mil diecinueve, en la causa penal OAX/000123/2019, del índice del juzgado responsable. Improcedencia respecto del acto reclamado consistente en la citación a la audiencia intermedia. Ahora, en relación al acto reclamado consistente en la citación a la audiencia intermedia, en la causa penal ******** del índice de la responsable, se advierte que en la especie se actualiza de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De los preceptos transcritos se obtiene que los actos procesales tienen ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución, como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio; y en este caso, el amparo indirecto es procedente. En cambio, contra los actos del procedimiento de ejecución reparable, no procede el amparo indirecto, puesto que no trastocan tales derechos, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses del agraviado, actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes en el procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Al respecto, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales regula las etapas del procedimiento penal acusatorio y oral, al disponer: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme." En ese tenor, dado que en el caso se reclaman actos efectuados en la segunda etapa del proceso, pues de los antecedentes del acto reclamado que relató el quejoso bajo protesta de decir verdad, se advierte que mediante oficio 794/2019 de uno de octubre de dos mil diecinueve, la representación social formuló acusación, y el acto reclamado está relacionado con la citación a la audiencia intermedia, debe señalarse que ésta se verifica ante el juez de control y tiene por objeto conocer la acusación, ofrecer y admitir o rechazar los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos. El desarrollo de esta etapa también se divide en dos partes, a saber: una escrita, que inició con la presentación de la acusación y comprenderá los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia; otra oral, que inicia con la celebración de esa audiencia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio oral. Luego, como cada una de las etapas del procedimiento tiene un especial objetivo, el cual, una vez cumplido y agotados los recursos ordinarios y extraordinarios que en su caso procedan, debe considerarse concluida; de manera que los temas que en cada una se analizan, ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la etapa procesal siguiente. De ahí, que la citación para la celebración de la audiencia intermedia reclamada, no irroga un daño irreparable actual al quejoso, sino que la afectación a su esfera jurídica está sujeta a factores cuya verificación se desconoce, tales como que efectivamente los medios de prueba se desahoguen, la forma en que dicho desahogo se verifique y, desde luego, que el tribunal de enjuiciamiento los considere como prueba de cargo contra el procesado al emitir la sentencia en la audiencia de juicio oral. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado solo produce una afectación de índole procesal que no viola derechos sustantivos, pues de obtener sentencia favorable, la probable afectación habrá desaparecido de la esfera jurídica del impetrante. Entonces, la circunstancia de que una violación procesal ya no pueda ser examinada en un momento posterior, no la torna de imposible reparación, pues inclusive no todas las violaciones procesales son susceptibles de análisis a través del amparo, debido a que para la procedencia del amparo indirecto es menester que se vulneren derechos sustantivos (artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo) y para el amparo directo, que hayan trascendido al resultado del fallo (artículo 171 del mismo ordenamiento legal). Sirve de apoyo, la tesis XVII.1o.P.A.37 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 35, octubre de 2016, tomo IV, página 2840, de contenido: "AUDIENCIA DE CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA Y FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN. CONTRA LA OMISIÓN DE REQUERIR LA PRESENCIA FORMAL Y MATERIAL DEL IMPUTADO PARA SU CELEBRACIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO SER UN ACTO QUE TENGA UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR NO AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de sus derechos, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Por lo que los actos deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo estrictamente procesal, es decir, que produzcan una afectación material de derechos sustantivos del gobernado. En efecto, los derechos afectados por el acto de autoridad deben revestir la categoría de derechos sustantivos, definición antagónica o contraria a los de naturaleza formal o adjetiva, entendidos éstos como aquellos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, si el acto reclamado es la omisión de requerir la presencia formal y material del imputado para la audiencia de cierre de la investigación complementaria y formulación de acusación, el juicio de amparo indirecto es improcedente conforme a la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el citado artículo 107, fracción V, de la propia ley, al no ser un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, porque sus consecuencias no afectan materialmente ninguno de los derechos fundamentales del quejoso tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte." A mayor abundamiento, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, consideró que la citación a la audiencia inicial, por sí sola no es un acto que afecte la libertad de la persona a la que se dirige, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia. De igual forma, la propia Sala precisó que no era óbice a su determinación, el hecho de que en caso de que la persona citada no compareciera injustificadamente a la audiencia, pudiera ordenarse una comparecencia forzosa, porque esa situación resulta un acto futuro de realización incierta, condicionado a que la persona citada no asista sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública; por lo que la citación, es un acto de comunicación que como tal, no incide en la libertad personal del citado, por ello, determinó que contra esos actos, era improcedente el juicio de amparo. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, página 239, de rubro: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J.93/2013 [10a.)]." Si bien, en el presente caso el acto reclamado no se trata de una citación a la audiencia inicial, sí consiste en un citatorio a la audiencia intermedia, motivo por el cual, deben prevalecer las razones que sustentaron la jurisprudencia en cita, para considerar improcedente el juicio de amparo contra ese tipo de actos, al no resultar un acto que afecte la libertad de la persona a la que se dirige, al tratarse de una simple comunicación del Juez para dar continuidad al juicio. Segunda decisión. En mérito de lo expuesto, lo procedente es desechar la demanda de amparo respecto del acto reclamado consistente en la citación a la audiencia intermedia, dentro de la causa penal ******** del índice de la responsable, al encontrarse actualizada de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Domicilio y Autorizados. Se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, para oír y recibir notificaciones, el que indica para tal efecto en su demanda de amparo, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la materia a ******** toda vez que, tiene registrada cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las restantes personas que menciona, ello, por no contar con cédula registrada en dicho sistema computarizado. Comunicaciones no procesales. Con fundamento en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toma nota del correo electrónico y número telefónico que proporciona, para entablar, únicamente comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, en su caso, de ser necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. Medios electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa constancia que de ello se asiente en autos. Tiene aplicación al caso la tesis: I.3o.C.725 C, visible en la página 2847, tomo XXIX, marzo de 2009, novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Gratuidad en el servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente al quejoso y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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