José Iván Menchi Pérez

Expediente 2318/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2318/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • José Iván Menchi Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley, contra el proveído de veintiocho de septiembre del año en curso, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado proveído en que se desechó de plano la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de seis de septiembre del presente año, se dio vista a las partes para que dentro del término de tres días hábiles, manifestaran lo que a sus derechos conviniera, sin que hayan hecho pronunciamiento alguno; por lo que al haber fenecido dicho plazo, este órgano judicial determinará si está cumplido o no el fallo protector. En virtud de lo anterior, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la resolución de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª./J.26/2000 bajo el rubro: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En este sentido, es importante asentar que por sentencia definitiva dictada en este juicio de amparo, se 1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de Marzo de dos mil, p. 243 concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la menor de edad de iniciales V.E.I. Asimismo, por auto de seis de septiembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la citada resolución, las autoridades estaban obligadas a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: "SEXTO. Efectos de la concesión. A efecto de restituir a la menor quejosa en el goce de sus derechos fundamentales la autoridad responsable y las que se vinculan al cumplimiento de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, deberán: El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Titular de la Secretaría de Salud ambos de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de su ámbito de facultades, gestionar a la mayor brevedad y utilizando el máximo de recursos de que disponga el Estado mexicano adquieran la formulación de 10 microgramos de la vacuna Pfizer- BioNTech COVID-19 (tapa naranja). Por su parte el Gobernador del Estado de Yucatán, quien deberá coordinarse con las autoridades federales así como con las locales, la Secretaría de Servicios y/o Servicios de Salud del Estado de Yucatán, el Delegado Estatal de la Secretaría de Bienestar en el Estado, y el Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación vs Covid-19 Operativo Correcaminos (autoridades responsables), deberán, previo dictamen médico de resultar viable y mediante consentimiento por escrito de los padres de la niña quejosa, aplicar el esquema completo de vacunación apropiado para la edad de la menor, conforme los estándares internacionales reconocidos, conforme se expuso en esta sentencia. Así, como se aprecia, esencialmente los efectos para los cuales se emitió la sentencia de referencia es para que las responsables incluyan a la niña quejosa en la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARSCoV- 2, a fin de que fuera inoculada con el esquema completo de la vacuna Pfizer/BioNTech contra la enfermedad COVID-19. Ahora bien, como se dijo en el proveído diecinueve de agosto de dos mil veintidós, resulta un hecho notorio para esta Juzgadora federal que a partir del jueves dieciséis de junio de dos mil veintidós, se abrió el registro para vacunación contra coronavirus para los menores de cinco a once años, sin comorbilidades, siendo que la Secretaría de Salud informó que se les aplicaría la vacuna Pfizer/BioNTech. Incluso, para ese efecto, era menester ingresar al sitio oficial mivacuna.salud.gob.mx e introducir la Clave Única de Población del respectivo menor, así como seleccionar la entidad y Municipio donde se encuentra y un número telefónico de contacto; con lo que, una vez hecho lo anterior, es factible descargar e imprimir el expediente de vacunación. Esto, tal y como se advierte del link https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, el cual aparece en la página oficial del Gobierno de México, en el que obran los requisitos necesarios para que los menores de entre cinco a once años de edad, sin comorbilidades, se registren y sean candidatos a ser inoculados con la vacuna antes referida. Siendo que, en lo que corresponde a esta entidad federativa, a partir del veintiocho de junio del año en curso, comenzó a aplicarse la primera dosis de vacuna contra el COVID-19 a menores de cinco a once años de edad, en un horario de las ocho horas a las dieciocho horas; ello, de conformidad con el calendario propuesto por el Gobierno Federar en coordinación con el Gobierno del Estado. Debiéndose destacar que la información contenida en las citadas páginas de Internet, constituye un hecho notorio, por formar parte del conocimiento público a través de tales medios, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior, cuenta habida que el acceso al uso de Internet para buscar información sobre cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate; máxime que se trata de información difundida por páginas oficiales de entidades gubernamentales, por lo que es evidente que cuenta con total credibilidad en cuanto a lo en ellas expuesto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 1373, del Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dispone: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos. En ese orden de ideas, es evidente que, en el caso se encuentra cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, pues como quedó evidenciado, las autoridades federales y estatales en materia de salud han autorizado la vacunación de los menores de edad entre cinco a once años (rango de edad en el que se encuentra la menor quejosa), con la vacuna Pfizer/BioNTech, en el Estado de Yucatán, la ejecución de dicha autorización a través de la aplicación física de las dosis de la vacuna, inició el veintiocho de junio del año en curso, en esta ciudad, donde tiene su domicilio la menor aludida, incluso, mediante escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el veintinueve de agosto del año en curso, la progenitora de la menor informó que dicha menor ya había sido inoculada. Por tanto, es evidente que, con ello, se le restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales por cuya infracción se concedió el amparo; motivo por el cual, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sinexceso ni defecto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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