José Iván Martínez Hernández

Expediente 912/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 19 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
912/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
14/01/2022

Partes del expediente

  • José Iván Martínez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Incidental

    Córdoba, Veracruz, catorce de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN POR UNA PARTE SE CONCEDIÓ Y POR LA OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otro lado, se requiere a la quejosa, para la devolución del billete de depósito número N 910420, expedido por el Banco del Bienestar por la cantidad de. lo que deberá realizar dentro del término de dos años que establece para ello el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación; apercibida que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal, esto con fundamento en lo previsto en el primero de los artículos citados. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de los documentos originales al no obrar éstos en el presente expediente.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, catorce de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN POR UNA PARTE SE CONCEDIÓ Y POR LA OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otro lado, se requiere a la quejosa, para la devolución del billete de depósito número N 910420, expedido por el Banco del Bienestar por la cantidad de. lo que deberá realizar dentro del término de dos años que establece para ello el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación; apercibida que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal, esto con fundamento en lo previsto en el primero de los artículos citados. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de los documentos originales al no obrar éstos en el presente expediente.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables, licenciado 1. Marco Antonio Rodríguez Lobato, por sí, y en representación de los licenciados 2. María Andrea García Zavaleta, 3. Marcelo Alfredo Campos Scougall y 4. Paula Morales Marín, todos Jueces de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz; 5. Fiscal Primera, 6. Fiscal Segunda, 8. Fiscal Sexta, por sí y como encargada de la 7. Fiscalía Cuarta, las anteriores Especializadas en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niños, Niñas y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Número Uno, 9 y 11. Comandante Actualmente Encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial Zona Centro-Córdoba, Veracruz y 10. Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial Zona Centro-Córdoba, Veracruz, así lo manifestaron expresamente al rendir sus respectivos informes justificados, sin que la parte quejosa ofreciera medio de convicción tendente a desvirtuar tal negativa. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto los actos y autoridades de que se trata en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 181, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia: Común, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También es aplicable la jurisprudencia número I.2o. J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 77, tomo 80, agosto de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." No pasa inadvertido que al rendir su informe justificado la autoridad responsable, licenciado 1. Marco Antonio Rodríguez Lobato, Juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, haya informado que en el índice de su juzgado se encuentra radicado el proceso penal número 163/2021, iniciado con la solicitud de la Fiscal Cuarta Investigadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y de Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Número Uno de Córdoba, Veracruz, para celebrar la audiencia inicial, con la finalidad de formular imputación en contra de José Iván Martínez Hernández, por hechos presuntamente constitutivos del delito de incumplimiento de la obligación de dar alimentos, cometido en agravio del menor identificado con el número 201 AN, representado por Alondra Romero Salazar; sin embargo, de dichas manifestaciones no se advierte la existencia de la orden de aprehensión reclamada. Finalmente, cabe destacar que no pasan inadvertidas las manifestaciones formuladas por la parte quejosa, a título de alegatos; sin embargo, resulta innecesario analizarlos, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, tomo 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar, que si bien por acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintiuno, se hizo del conocimiento de las partes que para permitir el acceso a información confidencial, se requería de su consentimiento, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrían por inconformes con la divulgación de dicha información. Ahora bien, de autos se advierte que ninguna de las partes realizó manifestación alguna en relación al acceso a la información confidencial, por lo que de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en ese sentido, se tienen por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***********, respecto de las autoridades precisadas en el considerando tercero del presente fallo y por los motivos ahí expuestos

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, tres de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio signado por el. Juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene informando que el treinta de noviembre del año en curso, reprogramó la audiencia inicial en el proceso penal. instruido en contra del aquí quejoso. por su probable intervención en el hecho señalado por la ley como delito de incumplimiento de la obligación de dar alimentos, cometido en agravio del menor identificado con el número 201 AN, representado por. y señaló las doce horas del once de febrero de dos mil veintidós, para efectuar dicha audiencia.

Quedan 15 actuaciones en este expediente

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